HARFUCH REVELA los TERRENOS LUJOSOS de la AMANTE del MENCHO que se SUBASTARÁN

12 terrenos de lujo, mansiones con elipuerto, ranchos de 500 ha, todo comprado con sangre. Atención, atención. Lo que estás viendo en pantalla ahora mismo son imágenes aéreas que muy pocos han podido ver. 12 propiedades de lujo extremo repartidas entre Jalisco y Colima. Más de 500 haáreas con mansiones privadas, lagos artificiales, helipuertos, piscinas Infinity, establos con caballos de raza pura, bodegas climatizadas y sistemas de seguridad que rivalizan con instalaciones militares.

Todo registrado a nombre del amante de Nemesio o Ceguera Cervantes, el Mencho. Todo adquirido con dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, todo pagado con extorsión, secuestro y narcotráfico. Y todo eso desde la tarde del miércoles 27 de mayo de 2026 quedó en manos del Estado mexicano para ser subastado públicamente.

Los recursos irán directamente a las víctimas del crimen organizado. Omar García Harf no disparó un tiro para lograr esto. Lo hizo con carpetas de investigación, órdenes de aseguramiento y un equipo de inteligencia financiera que llevaba meses rastreando cada transacción sospechosa. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar.

Porque mientras las cámaras transmitían en vivo desde la conferencia de prensa en Jalisco, mientras Harfuch mostraba los videos aéreos de esas propiedades millonarias, en una oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera, se revisaba una libreta de pasta negra que había sido asegurada semanas atrás en una de esas propiedades.

Una libreta manuscrita con nombres, fechas y montos. No era un cuaderno cualquiera, era el registro personal de operaciones inmobiliarias que el amante del Mencho había llevado durante 3 años. Y en esa libreta aparecía un nombre que todavía no ha sido mencionado públicamente, un notario público con despacho en Guadalajara que autorizó al menos siete de las 12 operaciones.

Su nombre Rodrigo Peña Guzmán. Ese nombre aparece cuatro veces en las Escrituras, seis veces en la libreta negra. Y hasta este momento sigue en libertad. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harf. Quédate hasta el final porque en este video vas a entrar cuarto por cuarto, terreno por terreno a las propiedades más lujosas que el CGJ logró acumular en su época dorada.

Vas a conocer el detalle exacto de cada rancho, cada mansión, cada sistema de seguridad privado que resguardaba esos paraísos construidos con sangre. Vas a escuchar palabra por palabra lo que Harf dijo en conferencia de prensa la tarde del 27 de mayo. Vas a entender cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que permitió comprar tierras millonarias sin levantar una sola alerta financiera durante años.

Y al final vas a quedarte con una pregunta que nadie ha respondido todavía. ¿Quién más, además del notario, facilitó que estas propiedades se registraran sin problema en el registro público de la propiedad? Porque si 12 terrenos de alto valor se compraron con facturas falsas, con empresas fantasma y con dinero en efectivo sin que ninguna autoridad local lo detectara, alguien tuvo que cerrar los ojos y ese alguien tiene nombre.

Todavía no lo conocemos, pero está en las carpetas que Harf no mostró en la conferencia. La historia completa empieza ahora. La tarde del miércoles 27 de mayo de 2026 a las 16:45 horas exactamente, Omar García Harfuch subió al estrado de la sala de conferencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Jalisco.

Detrás de él, una pantalla de proyección mostraba la imagen aérea de un rancho de 523 haáreas con una mansión de estilo toscano en el centro, rodeada de árboles podados con precisión y un lago artificial con forma de herradura. La imagen había sido capturada por un dron de la Guardia Nacional apenas tres semanas antes. Harf no llegó solo.

A su lado estaban el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dos fiscales especializados en extinción de dominio y un representante del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. No era una conferencia de prensa improvisada, era el cierre de una investigación de 11 meses que arrancó en junio de 2025, cuando el CJNG todavía operaba con fuerza en 22 estados y Nemesio Ceguera Cervantes todavía no había sido abatido.

Todo comenzó con una transferencia bancaria de 3.2 millones de pesos que llegó a una cuenta empresarial registrada a nombre de una constructora fantasma en Zapopan. La transferencia activó una alerta automática en la Unidad de Inteligencia Financiera porque el emisor de los recursos era una empresa de transporte refrigerado con sede en Colima, que había sido señalada 6 meses antes por facturación apócrifa.

El equipo de analistas financieros cruzó los datos con el registro público de la propiedad y encontró que esa misma constructora había comprado en abril de 2024 un terreno de 87 haáreas en el municipio de Tapalpa. El terreno estaba registrado como uso agrícola, pero las imágenes satelitales mostraban algo distinto. Una residencia de dos pisos con techo de teja roja, una alberca Infinity de 25 m de largo y un elipuerto pavimentado con señalización profesional.

Esa fue la primera propiedad, pero no fue la única. Durante los siguientes 5 meses, el equipo de Harf rastreó cada una de las transacciones vinculadas a esa constructora fantasma y encontraron un patrón. Cada 60 o 90 días, una nueva propiedad se registraba nombre de empresas con nombres genéricos, desarrollos del Bajío CADCB, Inmobiliaria Los Pinos del Pacífico, constructora y arrendadora Valle Verde, todas con el mismo representante legal, todas con el mismo notario público autorizando las escrituras, todas con el mismo esquema de pago. Transferencias de

montos menores a los 5 millones de pesos para no activar alertas automáticas, seguidas de pagos en efectivo documentados con recibos de caja firmados por terceros. En total, 12 propiedades, todas en zonas de alto valor inmobiliario, todas con acabados de lujo extremo, todas compradas entre 2022 y 2025 y todas adquiridas con dinero del cártel Jalisco Nueva Generación.

El 22 de febrero de 2026, Nemesio Ceguera Cervantes fue abatido durante un operativo militar en el fraccionamiento Tapalpa Country Club. Su muerte desató una ofensiva sin precedentes contra la estructura financiera del SEPO DNG. Cuentas bancarias congeladas, empresas fantasma desmanteladas, redes de lavado de dinero expuestas.

Pero Harf sabía que el golpe no estaba completo si las propiedades inmobiliarias que el cártel había acumulado durante años seguían intocadas, porque esas propiedades no solo representaban capital acumulado, representaban prestigio, refugio y una red de bienes raíces que podía ser utilizada por las células que quedaban activas para financiar su reorganización.

Por eso, en marzo de 2026, Harf ordenó iniciar los procedimientos legales de extinción de dominio contra cada una de las 12 propiedades identificadas. La primera en ser asegurada fue el rancho de Tapalpa, 523 ha, valor estimado 48 millones de pesos. La orden de aseguramiento se ejecutó el 3 de abril a las 06:30 horas. Un convoy de la Guardia Nacional entró por el camino de terracería que conecta la propiedad con la carretera federal.

No hubo resistencia, no hubo disparos, solo un cuidador de 62 años que abrió la puerta principal cuando los agentes tocaron. Dentro los peritos encontraron todo intacto. Muebles de diseño importado, electrodomésticos de gama alta, una bodega climatizada con capacidad para 500 botellas de vino, cuatro cuatrimotos estacionadas en el garaje y un establo con 12 caballos de raza pura española.

En la oficina del segundo piso, una laptop del con sesión abierta en una cuenta de correo personal y en uno de los cajones del escritorio, la libreta de pasta negra. Esa libreta tenía 64 páginas manuscritas. Cada página listaba una operación inmobiliaria con fecha, monto, ubicación y nombre del notario que autorizó el trámite.

No era un documento oficial, era un registro personal que alguien llevaba con meticulosidad obsesiva. Los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera compararon esas anotaciones con los registros públicos de propiedad. Todo coincidía, fechas exactas, montos exactos, nombres exactos y en siete de las 12 operaciones aparecía el mismo notario, Rodrigo Peña Guzmán, titular de la notaría pública número 84 en Guadalajara.

Su nombre no apareció en la conferencia de prensa del 27 de mayo, pero sí apareció en las carpetas de investigación que Jarfuch entregó a la Fiscalía General de la República dos días después. La segunda propiedad asegurada fue una residencia de tres niveles en el fraccionamiento privado Puerta de Hierro en Zapopan. Valor estimado 22 millones de pesos.

La casa tenía seis recámaras, cada una con baño independiente, acabados en mármol carrara, domótica completa, cine en casa, gimnasio privado y una terraza con vista panorámica hacia el bosque La primavera. Estaba registrada con a nombre de Inmobiliaria Los Pinos del Pacífico. El representante legal era un hombre de 34 años sin historial laboral registrado ante el SAT.

Cuando los agentes llegaron a la propiedad del 11 de abril encontraron que la casa estaba habitada. Había ropa en los closets, alimentos frescos en el refrigerador, productos de higiene personal en los baños, pero no había nadie adentro. Los vecinos del fraccionamiento dijeron que vieron salir una camioneta suburban negra sin placas la noche anterior, alrededor de las 22 horas.

Nadie preguntó quién se iba. Nadie preguntó por qué. En zonas donde el silencio garantiza seguridad, no preguntar tiene nombre, complicidad. La tercera propiedad estaba en la costa, un terreno de 340 ha hectáreas frente al mar en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Dentro del terreno, una villa de estilo contemporáneo con paredes de cristal, piscina Infinity que se fundía visualmente con el océano, deck de madera tipo TCA, bodega de vino subterránea y un muelle privado con capacidad para dos embarcaciones.

Valor estimado 67,0000000es. La propiedad estaba registrada a nombre de desarrollos del bajío CADCB, el mismo esquema, el mismo notario, la misma libreta negra que documentaba cada paso de la operación. Cuando los peritos revisaron la bodega subterránea, encontraron 287 botellas de vino, la mayoría europeas, con precios que oscilaban entre los 800 y los $4500 por botella.

Todo perfectamente ordenado, todo climatizado, todo listo para recibir visitas que nunca más llegarían. La cuarta propiedad era un rancho ganadero de 612 haectáreas en el municipio de Tepatitlán, zona de los Altos de Jalisco. Dentro del rancho operaba una explotación ganadera real con más de 400 cabezas de ganado registradas ante Sagarpa.

Había un administrador contratado formalmente, nómina registrada, facturas por venta de ganado y hasta permisos sanitarios al día, todo legal en apariencia. Pero el origen del capital que financió la compra del rancho no lo era. Según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, los 34,000000es de pesos que costó el rancho provinieron de tres transferencias realizadas por empresas de transporte vinculadas al CJNG, empresas que movían cargamentos de aguacate en tráileres refrigerados, empresas que también movían

metanfetamina oculta entre los palets de fruta. El rancho no era solo una inversión, era una operación de lavado activo que generaba ingresos legales mientras legitimaba capital sucio. La quinta propiedad estaba en Colima, un terreno de 290 hectáreas en las afueras de Comala con una cazona estilo hacienda colonial de dos plantas, cantera labrada en los marcos de las ventanas, fuente central de cantera rosa en el patio, caballerizas para 20 ejemplares y un viñedo experimental de 2 haectáreas plantadas con uva tempranillo. Valor

estimado 41,0000000es. La Cazona tenía biblioteca con más de 2000 libros, sala de música con piano de cola staway, comedor para 18 personas y una cocina equipada con electrodomésticos de la marca Miele. Todo diseñado con un gusto estético impecable, todo construido con dinero manchado de sangre.

La sexta propiedad era un lote urbano en el centro histórico de Guadalajara, un edificio de cuatro niveles con fachada de cantera restaurada declarado patrimonio histórico. En Planta Baja operaba una galería de arte. En los niveles superiores, departamentos de lujo con techos de 4 m de altura, pisos de duela de parota y ventanales emplomados originales del siglo XIX.

El edificio estaba evaluado en 19 millones de pesos. Estaba registrado a nombre de constructora y arrendadora Valle Verde. Mismo esquema, mismo notario, misma libreta negra con anotaciones manuscritas que detallaban fecha de compra, monto pagado y nombre del intermediario que negoció la operación. La séptima propiedad era otro rancho, esta vez en el municipio de Autlán de Navarro, 478 ha con una casa principal de arquitectura rústica contemporánea, techo de teja de barro, vigas de madera aparente, chimenea de piedra volcánica

en la sala principal y dos cabañas para huéspedes con acabados tipo butico hotel. El rancho tenía además una presa artificial alimentada por un arroyo natural, zona de campamento con palapas techadas y una zona de tiro deportivo con seis líneas de fuego a 100 m. Valor estimado 52 millones de pesos. Los peritos que revisaron la propiedad reportaron que todo estaba en perfecto estado de mantenimiento.

El jardín podado, las cabañas limpias, las camas tendidas, como si alguien hubiera planeado regresar en cualquier momento. La octava propiedad era un terreno de 95 haectáreas en las afueras de Chapala, con vista directa al lago. Dentro del terreno había una residencia minimalista de una sola planta con muros de concreto aparente, ventanales de piso a techo, alber cadenado con sistema de corriente artificial y un jardín Z con rocas traídas desde Japón.

Valor estimado 28 millones de pesos. La casa estaba amueblada con piezas de diseñadores reconocidos internacionalmente. En la cochera había dos vehículos, una camioneta Range Rover Bog 2023 y un sedan BMW serie 7. Ambos vehículos también fueron asegurados y pasaron a formar parte del inventario de bienes destinados a subasta.

La novena propiedad estaba en el pueblo mágico de Maamitla, un terreno boscoso de 120 haáreas con una cabaña de lujo de tres niveles construida con troncos de pino canadiense, chimenea doble altura, jacuzzi exterior con vista al bosque, cocina gourmet y sistema de calefacción radiante en pisos. Valor estimado 31 millones de pesos.

La cabaña estaba equipada con tecnología de automatización completa, luces, cortinas, temperatura, música, todo controlado desde una tablet. Los agentes que aseguraron la propiedad reportaron que en el refrigerador había alimentos frescos con fecha de caducidad vigente. Alguien había estado ahí días antes del aseguramiento.

La décima propiedad era un rancho en el municipio de Tala. 550 haectáreas dedicadas al cultivo de agul. Dentro del rancho operaba una destilería artesanal de tequila registrada formalmente ante el Consejo Regulador del Tequila. Producían aproximadamente 15,000 L anuales de tequila reposado con marca propia.

Todo legal en papel, todo financiado con recursos del narcotráfico. Valor estimado del rancho, 58 millones de pesos. La destilería tenía barricas de roble blanco americano, línea de embotellado semiautomática, bodega de añejamiento climatizada y un showroom para recibir visitantes y distribuidores. Todo diseñado para aparentar una operación empresarial legítima mientras lavaba capital criminal.

La undécima propiedad era una finca en el municipio de Sayula, 203 ha con casa principal, estilo mexicano contemporáneo, patio central con arcadas, fuente de cantera labrada, capilla privada con retablo dorado del siglo XVII y un jardín botánico con más de 400 especies de plantas nativas de Jalisco. Valor estimado 36,00000 de pesos.

La capilla había sido restaurada con fondos privados. El retablo había sido evaluado por expertos en arte sacro en más de 2 millones de pesos. Todo dentro de una propiedad comprada con dinero de extorsión, secuestro y narcotráfico. La duodécima y última propiedad era un penthouse en una torre residencial de lujo en Puerta de Hierro, Zapopan.

Piso 24, tres recámaras, cuatro baños, terraza privada de 180 m² con vista panorámica a la ciudad. Acabados en mármol travertino. Cocina italiana marca Escabolini. Sistema de sonido. Voz integrado en todas las habitaciones. Valor estimado 14 millones de pesos. El pentenhouse estaba mueblado con piezas de diseño contemporáneo.

En el closet principal había ropa de marca europea. En el baño principal perfumes de nicho franceses con precios superiores a los $300 por frasco. Todo ordenado, todo en su lugar, todo listo para una vida de lujo que ya no existiría. 12 propiedades. Valor acumulado estimado 520,000ones de pesos. Todas adquiridas entre 2022 y 2025.

Todas registradas a nombre de empresas Fantasma, todas autorizadas por el mismo notario en siete de los 12 casos y todas documentadas con precisión quirúrgica en una libreta de pasta negra que ahora reposa como evidencia en las oficinas de la Fiscalía General de la República. La tarde del 27 de mayo, Omar García Harfuch subió al estrado con esa información en la mano.

No llevaba la libreta, llevaba un folder azul con 47 páginas de resumen ejecutivo. leyó una vez el documento antes de subir, cerró el folder y dio la orden de iniciar la conferencia. A las 16:47 horas, Harf comenzó a tablar. Su voz era grave, pausada, sin inflexiones dramáticas. No gritó, no acusó con adjetivos, dejó que los datos hablaran por sí mismos.

Hoy revelamos los terrenos lujosos del amante del mencho que serán subastados. Pausa de 3 segundos. Mientras el pueblo sufría violencia y extorsiones, ellos vivían en un paraíso pagado con sangre. En la pantalla detrás de él aparecieron las imágenes aéreas de las 12 propiedades, una por una. Rancho de Tapalpa, residencia en Puerta de Hierro, Villa frente al mar en Cuatlán, Rancho Ganadero en Tepatitlán, Hacienda en Comala, edificio histórico en Guadalajara, rancho en Autlán, residencia en Chapala, Cabaña en Masamitla, Rancho Tequilero en Tala,

Finca en Sayula, Penhous en Zapopan. Cada imagen con su valor estimado en la esquina inferior derecha, cada propiedad con su ubicación exacta. Estos bienes regresarán al pueblo mexicano. Pausa de 2 segundos. Cada peso obtenido en la subasta irá directamente a las víctimas del Sejos Socognege. Harf no mencionó el nombre del notario, no mencionó la libreta negra, no mencionó las empresas fantasma, eso quedó fuera de cámara, pero sí dejó claro que las investigaciones continuaban, que habían nombres pendientes, que había responsables

todavía no identificados públicamente y que el proceso no terminaría con la subasta. El lujo del narco se termina. Esa fue la última frase que Harf pronunció en el micrófono antes de abrir la sesión de preguntas. Los periodistas levantaron la mano, las cámaras se enfocaron, las preguntas empezaron a llegar, pero Harfots no respondió ninguna que tuviera que ver con nombres específicos todavía bajo investigación.

Respondió con datos duros, con cifras, con procedimientos legales, con plazos. La subasta estaba programada para iniciar en 60 días. Los bienes serían valuados por peritos independientes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Las bases de licitación serían publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Cualquier ciudadano podría participar siempre y cuando cumpliera con los requisitos legales. Todo transparente, todo público, todo documentado. Pero mientras Harfuch hablaba en el estrado, en una oficina tres pisos más arriba, un equipo de analistas forenses digitales revisaba los archivos extraídos de la laptop del asegurada en el rancho de Tapalpa.

correos electrónicos, documentos PDF, hojas de cálculo, facturas escaneadas, contratos digitalizados y en una carpeta titulada Operaciones 2024 encontraron un archivo de Excel con 19 hojas de cálculo. Cada hoja correspondía a una propiedad. 12 de esas hojas coincidían con las propiedades ya aseguradas, pero siete hojas más listaban terrenos y casas que todavía no habían sido identificadas.

Siete propiedades adicionales, siete nuevas investigaciones, siete nuevos objetivos. Eso no se dijo en la conferencia de prensa, eso no apareció en los noticieros, eso quedó clasificado como información en proceso de verificación, pero está ahí, en los archivos, en las carpetas abiertas, en las investigaciones activas que Harf ordenó continuar la mañana del 28 de mayo.

Ahora bien, aquí viene la pregunta que nadie ha respondido públicamente todavía. ¿Cómo es posible que 12 propiedades de lujo extremo con valores que van desde los 14 hasta los 67 millones de pesos se hayan comprado, registrado y escriturado sin que ninguna autoridad local lo detectara durante años? Porque estamos hablando de operaciones inmobiliarias de alto valor, estamos hablando de transferencias bancarias millonarias, estamos hablando de empresas fantasma que presentaban documentación falsa ante notarios públicos y estamos hablando de registros

públicos de la propiedad que aceptaban esas escrituras sin levantar una sola alerta. Eso plantea una pregunta incómoda. ¿Quién más estaba involucrado? Porque si un notario público autorizó siete de esas 12 operaciones, alguien tuvo que revisar esos documentos en el registro público de la propiedad.

Alguien tuvo que validar que las empresas existían. Alguien tuvo que verificar que los representantes legales eran quienes decían ser. Y alguien tuvo que firmar los folios de inscripción que convirtieron esas operaciones en legales ante la ley. Ese alguien tiene nombre, tiene cargo, tiene oficina, pero su nombre todavía no ha sido mencionado públicamente.

En los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera, ese alguien tiene un nombre en clave, el arquitecto. No porque sea arquitecto de profesión, sino porque fue el responsable de diseñar la estructura legal que permitió que esas propiedades se registraran sin problema. El arquitecto no movió dinero, no compró terrenos, no firmó contratos, pero sí facilitó que otros lo hicieran y en términos legales eso tiene nombre: Complicidad por omisión dolosa.

La investigación sobre el arquitecto comenzó en abril de 2026, cuando los analistas de inteligencia financiera empezaron a cruzar los nombres de los funcionarios públicos que habían intervenido en los procesos de registro de las 12 propiedades. Encontraron que en nueve de los 12 casos el mismo funcionario había firmado los folios de inscripción, un hombre de 51 años con 18 años de antigüedad en el registro público de la propiedad de Jalisco.

Un funcionario sin historial de sanciones administrativas, sin denuncias previas, sin señalamientos públicos, hasta que su firma apareció en nueve escrituras vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Esa firma activó una línea de investigación paralela. Los analistas revisaron todas las operaciones inmobiliarias en las que ese funcionario había intervenido durante los últimos 5 años.

Encontraron 347 registros. La mayoría eran operaciones normales, compraventas estándar, herencias, donaciones. Pero 23 de esas operaciones tenían características sospechosas. Empresas con domicilios fiscales inexistentes, representantes legales sin historial laboral, pagos en efectivo documentados con recibos genéricos.

Y en 14 de esas 23 operaciones, el mismo notario, Rodrigo Peña Guzmán. El patrón era claro, el notario autorizaba, el funcionario registraba y entre ambos legitimaban operaciones que en cualquier sistema de alertas debieron haber sido rechazadas de inmediato, pero no lo fueron. ¿Porque alguien del sistema decidió que no lo fueran? Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfook y la respuesta está en una carpeta de investigación que fue turnada se hacíó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco el 29 de mayo de 2026, dos días después de

la conferencia de prensa. La carpeta incluye nombres, fechas, documentos, firmas y una recomendación legal: iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa y penal contra el funcionario identificado como el arquitecto. Hasta el día de hoy esa carpeta sigue en proceso. No han habido detenciones, no ha habido conferencias de prensa, no ha habido titulares.

Pero la investigación avanza y el nombre del arquitecto ya no es un secreto para quienes tienen acceso a los archivos clasificados. Ahora hablemos del notario. Rodrigo Peña Guzmán, titular de la notaría pública número 84 en Guadalajara, 47 años. Licenciado en derecho por la Universidad de Guadalajara.

Notario desde 2011, sin antecedentes penales, sin sanciones administrativas previas, con un despacho ubicado en una zona residencial de clase media alta en Guadalajara. Un hombre que en apariencia ejercía su profesión con normalidad hasta que su nombre apareció siete veces en la libreta negra asegurada en el rancho de Tapalpa.

Según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, Rodrigo Peña Guzmán autorizó escrituras por un valor acumulado de más de 310 millones de pesos entre 2022 y 2025. Siete de esas escrituras correspondían a las propiedades del CJNG, pero había más. Los analistas encontraron que el notario también había autorizado operaciones inmobiliarias vinculadas a otras tres empresas fantasma que actualmente están bajo investigación por lavado de dinero.

En total, 14 operaciones sospechosas, todas con el mismo esquema, todas con pagos en efectivo documentados de manera irregular, todas registradas sin problema en el registro público de la propiedad. El 15 de mayo de 2026, agentes de la Fiscalía General de la República se presentaron en el despacho del notario con una orden de cateo.

Aseguraron 11 computadoras, cuatro discos duros externos, 23 carpetas con documentos físicos y el archivo completo de operaciones realizadas entre 2020 y 2026. El notario no estaba en el despacho cuando llegaron los agentes, estaba en su casa. Cuando fue notificado de la orden de Cateo, se presentó voluntariamente ante la fiscalía acompañado de su abogado.

Rindió declaración durante 4 horas. Negóber tenido conocimiento de que las empresas para las que autorizó escrituras fueran fantasma. Argumentó que su trabajo como notario es dar fe pública de los actos jurídicos que se presentan ante él, siempre y cuando la documentación esté en orden. Y aseguró que toda la documentación que recibió cumplía con los requisitos legales en apariencia.

Esa defensa es técnicamente válida, pero también es insuficiente porque un notario público no solo da fe, también tiene la obligación legal de verificar la autenticidad de los documentos que se le presentan. tiene la obligación de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera y tiene la obligación de rechazar operaciones que presenten indicios de lavado de dinero.

Rodrigo Peña Guzmán no reportó ninguna operación sospechosa, no rechazó ninguna escritura, no activó ninguna alerta y eso, en términos legales, puede constituir omisión dolosa en el ejercicio de sus funciones como fedatario público. La fiscalía todavía no ha formulado cargos formales, pero la investigación está activa.