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El fin de la impunidad: El maxi proceso judicial de Estados Unidos que amenaza con desmantelar la élite política mexicana

El panorama político en México ha entrado en una fase de incertidumbre sin precedentes. Tras años de especulaciones y señalamientos sobre la infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras del Estado, un nuevo evento ha encendido todas las alarmas en el Palacio Nacional. La detención de un general retirado, quien fuera pieza clave en la seguridad de un importante estado del país, y su entrega ante las autoridades estadounidenses, marca un punto de quiebre definitivo. Según expertos en la materia, este no es un suceso aislado, sino el preludio de un “maxi proceso” judicial que promete alcanzar las capas más profundas de la clase política mexicana.

La narrativa oficial, que durante meses ha intentado minimizar las acusaciones de corrupción y protección a grupos criminales, se enfrenta ahora a una realidad que ya no puede ser ignorada. El especialista Edgardo Buscaglia ha sido contundente al señalar que las autoridades norteamericanas han iniciado una ofensiva sistemática para desarticular las redes de protección activa que, durante décadas, han permitido a los carteles operar con una impunidad pasmosa. A diferencia de otros tiempos, donde las relaciones comerciales solían amortiguar las fricciones políticas, el escenario actual bajo la nueva administración estadounidense es distinto: la estabilidad política de México ha dejado de ser una prioridad frente a la necesidad de resultados contundentes contra el crimen organizado.

Lo que estamos viendo es un proceso legal basado en violaciones a la ley cometidas en territorio estadounidense. Ya sea por el uso de su sistema financiero para lavar dinero proveniente de sobornos o por la facilitación del tráfico de drogas con el amparo de funcionarios públicos, el brazo de la justicia internacional ha llegado a los responsables. Las 10 acusaciones presentadas recientemente son, según las propias autoridades de la DEA y legisladores estadounidenses, solo el comienzo de una purga necesaria. Se trata de un mecanismo judicial que permite beneficios procesales a cambio de testimonios, una herramienta que, en el contexto mexicano, es prácticamente inexistente y que promete convertir a muchos políticos en colaboradores de la justicia.

Esta situación coloca a la presidenta Sheinbaum en una encrucijada histórica. Hasta el momento, su administración ha optado por una postura de espera, argumentando la necesidad de pruebas y cuestionando la veracidad de los señalamientos. Sin embargo, el tiempo político se ha evaporado. La detención del militar en Nueva York no deja espacio para más dilaciones. La mandataria tiene ante sí dos caminos: continuar con la defensa de un sistema político que se desmorona bajo el peso de sus propias complicidades, o tomar la delantera, colaborar activamente con las investigaciones y comenzar una limpieza profunda desde el interior de su propio partido.

El ejemplo histórico de otros países, como Colombia en los años 90, ofrece una lección clara. Aquellos procesos judiciales, iniciados desde el exterior contra miembros de las altas esferas políticas, terminaron por actuar como un catalizador para que las propias instituciones locales comenzaran a purgar su sistema. México se encuentra en una situación similar. La Fiscalía General de la República tiene, por primera vez en mucho tiempo, una oportunidad real de dejar de actuar como un satélite de intereses ajenos a la justicia y comenzar a procesar delitos cometidos en territorio nacional. De lo contrario, la historia señalará a la actual administración no como una gestora del cambio, sino como una guardiana de una “mafiocracia” que ha causado ríos de sangre y miles de desapariciones en el país.

El proceso no se limita a sentencias de prisión. El objetivo central de este maxi proceso debe ser el decomiso de activos. La recuperación de los miles de millones de dólares que han sido desviados por políticos corruptos es esencial para la reparación del daño a las víctimas. Familias de desaparecidos y ciudadanos afectados por la violencia esperan que esta justicia no sea solo un ejercicio de encarcelamiento, sino un verdadero mecanismo de resarcimiento económico.

La exigencia es clara: México merece despertar de esta pesadilla. La presión política no debería ser vista como una amenaza, sino como la oportunidad para recuperar la soberanía frente a la delincuencia organizada que ha secuestrado las instituciones públicas. La presidenta tiene la opción de pasar a la historia como una estadista que lideró la transformación necesaria o, por el contrario, quedar marcada por la pasividad y la complicidad frente a una red criminal que ha debilitado el tejido social hasta sus cimientos.

La comunidad internacional observa con atención. Los próximos pasos de la administración serán determinantes. La era de las respuestas evasivas ha terminado, y el silencio, ante la contundencia de las pruebas que comienzan a emerger, será interpretado como una admisión de culpa. La purga de la delincuencia organizada de Estado, que durante dos décadas ha sido un tema de constante discusión pública, finalmente se está llevando a cabo, aunque sea por una vía externa y dolorosa para el sistema político mexicano. Es el momento de la verdad, de la transparencia y de entender que, cuando se trata de la integridad de una nación, nadie, sin importar su cargo o rango, debe estar por encima de la ley. La transformación que el país exige no vendrá de los discursos, sino de las acciones contundentes que hoy, más que nunca, se vuelven una necesidad urgente e impostergable.

Estamos también hablando en este momento con el Dr. Edgardo Buscaglia, con quien hemos conversado por años, por años sobre el tema de la delincuencia organizada, por años sobre el caso mexicano. Y bueno, Dr. Uscaglia. Primera bomba. El anuncio de las 10 acusaciones en contra del gobernador con licencia Rochamoy hace algunos días eh y otras cuestiones en estos últimas fechas.

 Pero segunda bomba, esta es un punto de quiebre saber que este general retirado se ha entregado. Todo indica que se entregó en Estados Unidos y lo que puede venir. Doctor Buscaglia, gracias por estar en esta transmisión especial. Buen día. Hola, buen día, Carmen. Espero que me escuchen bien desde allá. Eh, mira, lo que estás viendo en este momento y con base a la muy excelente descripción de tu equipo de periodistas es que las autoridades federales norteamericanas están erigiendo un maxi proceso contra la clase política

mexicana. eh como indicó muy bien el director de la DE hace 3 días y como indicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano, esto es uno de los estos 10 casos que estuvimos analizando hasta ahora son solo el comienzo de un maxi proceso contra la clase política mexicana, donde van a llegar al corazón mismo del poder político de la presidenta Shainbound con la idea de desmantelar las redes de protección de la delincuencia organizada, protección pasiva o protección activa. De la protección que

se lo acusa Rocha Moya es de protección activa, directamente involucrándose él en la protección del cartel de Sinaloa. En el caso de protección pasiva, protección institucional, también vas a tener a políticos principalmente de Morina, pero también de otros partidos, donde vas a observar causas penales similares en un maxi proceso donde se van a vincular todos los casos.

 Esto no solamente se va a limitar a Sinaloa, el cartel de Sinaloa, también van a ir contra el cartel de Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales en donde ellos vean que hay financiamiento de campañas políticas sistemáticas a lo largo de los años. vas a encontrar que muchos miembros de la clase política mexicana se le van a otorgar beneficios procesales, beneficios en cuanto a números de años de cárcel mucho menores, eh protección, testimonios colaborantes protegidos, se van a otorgar todo tipo de beneficios

procesales. Sistema legal norteamericano permite el otorgamiento de beneficios procesales que en el caso mexicano son ciencia ficción. Con eso, la colaboración de políticos mexicanos con las causas penales por delincuencia organizada van a ser cada vez mayores. Esto mismo yo lo vi en los años 90, en la época del presidente Clinton en el caso colombiano, donde comenzaron con cuatro casos principalmente y llegaron al presidente Semper, el presidente de Colombia en su momento.

 Tenemos que esperar que algo así suceda. Lamentablemente esto no se está haciendo en México, que es donde debería hacerse de manera soberana. El sistema político mexicano impide que el sistema judicial pueda procesar este tipo de maxicausas donde decenas de políticos comiencen a ser purgados. Lamentablemente esto lo tiene que suceder en Estados Unidos, pero si se hace de acuerdo a la ley norteamericana, dado que a todos estos políticos mexicanos y funcionarios se los va a acusar de violar la ley americana en territorio norteamericano. Acá no se

están procesando causas penales por comportamientos en México, sino por violación a la ley en territorio norteamericano, ya sea porque el dinero de los sobornos pasó por el sistema financiero norteamericano o porque pasó droga del lado mexicano al mexic al norteamericano con protección de algunos de estos funcionarios.

 Lo cierto es que vamos a ver decenas de causas hacia futuro. Ya lo anunció el director de la DEA en comparecencia ante el Congreso hace 3 días. Ya lo anunció el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano y así va a ser lamentablemente. Y esta gente va a tener que purgarse, va a tener que purgar esa mafia, esa delincuencia organizada de Estado sobre la cual tú y yo venimos hablando hace casi 20 años, Carmen.

 Eso se va a purgar por las buenas o por las malas, pero va a tener que purgarse y con esto esperemos que comiencen a combatir la delincuencia organizada en serio. Como yo te dije hace varios días cuando tuvimos entrevistas contigo, recordarás que dijo, “Esta es una oportunidad histórica para la presidenta Shabam de tomar la delantera y comenzar a purgar comenzando por su propio partido, comenzando por su propio núcleo.

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