El estado de Guerrero se encuentra nuevamente en el epicentro de la discusión pública nacional e internacional, pero esta vez el conflicto ha escalado más allá de las fronteras mexicanas para instalarse en los tribunales del viejo continente. En un hecho calificado como histórico y sin precedentes en la lucha por la justicia comunitaria, la periodista y activista indígena Marcela de Jesús Natalio se trasladó hasta la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, para interponer una denuncia formal por presuntos crímenes de lesa humanidad. El documento señala de manera directa a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, a ocho presidentes municipales de la región y a los liderazgos del grupo delictivo conocido como “Los Ardillos”, abriendo un expediente internacional que expone las complejas redes de supuesta complicidad, omisión y parentesco que asfixian a las comunidades originárias del sur de México.
La base de esta denuncia internacional radica en la profunda crisis humanitária y de seguridad que padece la región de la montaña baja de Guerrero, un territorio habitado predominantemente por pueblos indígenas. De acuerdo con los datos presentados ante la justicia internacional, la violencia alcanzó niveles intolerables que derivaron en ataques armados sistemáticos contra diversas localidades de la zona. Estas agresiones no solo paralizaron por completo las dinámicas cotidianas, afectando gravemente el comercio local, la economía de subsistencia y el derecho a la educación de cientos de niños y jóvenes, sino que provocaron un éxodo masivo de la población. Miles de personas se vieron obligadas a abandonar de forma intempestiva sus viviendas, parcelas de cultivo y todo su patrimonio familiar para salvaguardar sus vidas, configurando un escenario de desplazamiento forzado que la activista califica como una muestra inobjetable de la incapacidad o la deliberada inacción de las instituciones estatales para otorgar garantías básicas de seguridad.
El expediente entregado en La Haya detalla con precisión el modus operandi atribuído a la organización criminal “Los Ardillos”. El documento recopila evidencias sobre el uso de tácticas de combate avanzadas contra la población civil, que incluyen amenazas colectivas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, uso de armamento táctico de alto poder y, de manera más alarmante, el despliegue de drones equipados con artefactos explosivos para infundir terror en las comunidades organizadas. Sin embargo, el núcleo más controversial de la acusación no se limita a las acciones del grupo criminal, sino a la presunta red de protección política que les ha permitido operar con total impunidad en la región, involucrando de manera corresponsable a los funcionarios públicos encargados de la administración de la justicia y el gobierno.
En el centro de los señalamientos de carácter político se encuentra la gobernadora Evelyn Salgado, a quien la denuncia acusa formalmente de mantener una conducta de omisión deliberada y de no implementar mecanismos efectivos de seguridad interior para contener el avance territorial y armamentístico del grupo delictivo. Pero la red de supuesta narco-política se vuelve aún más nítida y alarmante en el ámbito de los gobiernos locales de la región. El caso más emblemático expuesto en la denuncia es el de la alcaldesa del municipio de Chilapa, Mercedes Carballo Chino. Investigaciones periodísticas e informes de inteligencia integrados en el expediente señalan que la presidenta municipal es cuñada directa de Celso Ortega Jiménez, identificado por las autoridades federales como uno de los máximos líderes de “Los Ardillos”. Este vínculo familiar directo se fundamenta en el matrimonio de la hermana de la funcionaria, Celsa Carballo Chino, con el mencionado jefe delictivo, lo que para los denunciantes representa un claro conflicto de intereses y una preocupante fusión entre las estructuras del poder público y la delincuencia organizada.
La lista de alcaldes denunciados ante el tribunal internacional abarca a una parte sustancial de la geografía política de la zona de conflicto. Junto a la alcaldesa de Chilapa, fueron incluidos de manera formal en la demanda David Astudillo, presidente municipal de Quechultenango; Pedro Ojeda, alcalde de Ahuacuotzingo; Gerardo Mozo, mandatario local de Mochitlán; Alberto Michi, alcalde de Tixtla; Ángel Aguilar, de Copalillo; Jesús Vázquez, presidente de Mártir de Cuilapan; y Guillermo Matías, alcalde de Atlixtac. La acusación sostiene de forma categórica que estos mandatarios locales, en conjunto con la administración estatal, incurrieron en delitos de colaboración, tolerancia y facilitación del entorno delictivo al permitir de manera sistemática la perpetración de los ataques contra los pueblos indígenas, a pesar de que la gravedad de la situación era de conocimiento público y existían constantes llamados de auxilio por parte de las víctimas.
Un elemento clave que agrava la postura de las autoridades municipales señaladas es su reciente retiro de las mesas de coordinación para la construcción de la paz, un mecanismo institucional diseñado para articular los esfuerzos de seguridad entre los diferentes niveles de gobierno. Aunque los alcaldes argumentaron de manera pública que su abandono se debió a que dicha instancia había dejado de cumplir con sus objetivos primarios, los integrantes del Consejo Nacional Indígena (CNI) manifestaron una postura mucho más crítica. Para la organización indígena, la decisión de fracturar este espacio de coordinación gubernamental responde en realidad a intereses alineados con la estrategia de control territorial de “Los Ardillos”, buscando desactivar los mecanismos de vigilancia y respuesta policial en las zonas vulnerables.
Para asegurar la procedencia y solidez jurídica de la denuncia ante la Corte Penal Internacional, Marcela de Jesús Natalio aportó un robusto paquete de evidencias que contradice las versiones oficiales de pacificación en la zona. Entre las pruebas entregadas destacan documentos oficiales de la propia Secretaría de Gobernación federal en los que se reconoce formalmente la existencia de un desplazamiento forzado interno y masivo en la montaña baja de Guerrero. Asimismo, se integraron testimonios directos y declaraciones juradas de las víctimas que narran el horror de los ataques, acompañados de peritajes audiovisuales y restos balísticos recolectados en las zonas agredidas. Con estas herramientas, la justicia internacional evaluará el nivel de responsabilidad de la cadena de mando en Guerrero, en un proceso que promete redefinir la rendición de cuentas de la clase política mexicana ante los ojos del mundo.
Una activista indígena llevó ante la Corte Penal Internacional una denuncia que señala a la gobernadora de Guerrero y a ocho alcaldes por presuntos vínculos con el crimen. En este video te cuento quiénes son los señalados, qué dice la denuncia presentada ante la A y cuáles son las pruebas que fueron entregadas a la justicia internacional.
La periodista y activista indígena Marcela de Jesús Natalio presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional con sede en la Ala contra la gobernadora de Guerrero, Evely Salgado, ocho alcaldes de la región y el grupo criminal conocido como los ardillos, a quienes responsabiliza por crímenes dehumanidad.
La denuncia se centra en la grave crisis humanitaria que atraviesa la región de la montaña baja de Guerrero, particularmente el municipio de Chilapa. Durante mayo de este año, una serie de ataques armados contra comunidades indígenas paralizó actividades económicas, comerciales y educativas en amplias zonas del territorio.
Como consecuencia, miles de habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares para proteger su vida. Muchas familias dejaron atrás sus tierras, viviendas y patrimonio, una situación que, según la denuncia, refleja tanto la magnitud de la violencia como la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de la población.
A partir de estos hechos, el documento presentado ante la Corte atribuye a los ardillos una serie de conductas como ataques armados coordinados, amenazas colectivas, asesinatos, desapariciones, uso de armamento de alto poder, ataques con drones explosivos, control violento del territorio y persecución sistemática contra comunidades indígenas organizadas.
Mientras tanto, los señalamientos no se limitan al grupo criminal. La denuncia también apunta a una presunta responsabilidad de autoridades estatales y municipales. Entre ellas figura la gobernadora Evely Salgado, a quien se acusa de no haber actuado de manera efectiva para contener la violencia. En el ámbito municipal destaca el caso de la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballochín.
Diversas investigaciones periodísticas señalan que es cuñada de Celso Ortega Jiménez, identificado como uno de los principales líderes de los ardillos, ya que su hermana Celsa Carballo Chino, está casada con el presunto jefe criminal. Junto con ella también fueron denunciados David Astudillo, alcalde de Quechultenango, Pedro Ojeda de Aguacotzingo, Gerardo Mozo de Mochitlán, Alberto Michi de Tixtlan, Ángel Aguilar de Catepec, Jesús Vázquez de mártir de Cuilapán y Guillermo Matías de Axtrilac.
De acuerdo con el documento, tanto los presidentes municipales como la gobernadora habrían incurrido en actos de colaboración, tolerancia, facilitación u omisión deliberada al permitir que los ataques continuaran, pese a que la situación era ampliamente conocida y denunciada por las comunidades afectadas.
Según la acusación, esta falta de acción contribuyó a mantener un escenario de impunidad. Aparte se señala que algunos de estos alcaldes abandonaron la mesa de coordinación para la construcción de la paz instalada en Chilapa bajo el argumento de que dicho mecanismo ya no estaba cumpliendo sus objetivos. No obstante, integrantes del Consejo Nacional Indígena sostienen que detrás de esa decisión podrían existir intereses alineados con el grupo criminal que opera en la región.
Así, para respaldar las acusaciones ante la Corte Penal Internacional, la activista entregó documentación oficial de la Secretaría de Gobernación que reconoce el desplazamiento forzado masivo de habitantes de la zona. También presentó testimonios, declaraciones juradas de víctimas y diversas evidencias materiales, entre ellas restos balísticos y peritajes audiovisuales relacionados con los ataques denunciados.
¿Tú qué opinas? ¿Crees que la Corte Penal Internacional debería intervenir en casos como este? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y si te gustó este video, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita.
