Fue el operador político que mantuvo funcionando la maquinaria priista durante algunos de sus años más difíciles. Que alguien de ese calibre abandone el partido no es una renuncia, es una demolición. Con Osorio Chong salieron nombres que pesan toneladas en la historia del PRI. Claudia Ruiz Maieur, exdirigente nacional del partido, nieteta de Carlos Salinas de Gortari a través de la rama Salinas, hija de José Francisco Ruiz Maieu, cuyo asesinato en 1994 fue uno de los crímenes políticos más impactantes del México moderno. Ruis Maie era una
presidenciable frustrada, una mujer que muchos consideraban la carta más fuerte que el PRI podía jugar para intentar una recuperación electoral. Se fue. Erubiel Ávila. exgobernador del Estado de México, la entidad más populosa del país, un hombre que manejó uno de los presupuestos estatales más grandes de América Latina.
Se fue Nubia Mayorga, senadora de la República con peso político propio y con una red de contactos que abarcaba múltiples estados. Se fue y no se fueron solos. 200 militantes más abandonaron el partido esa misma tarde. En una sola tarde. 200 personas firmaron su renuncia el mismo día. No fue una renuncia individual que se acumula gota a gota.
Fue un torrente. Fue una estampida coordinada diseñada para causar el máximo daño mediático posible y lo logró. Osorio Chong no dejó lugar a interpretaciones ambiguas. Sus palabras fueron una sentencia. dijo textualmente que Alejandro Moreno atrapó y destruyó al PRI, que lo hizo pedazos, que su gestión es la peor dirigencia en la historia del partido.
Viniendo de cualquier otra persona, esas palabras serían graves. Viniendo del exsecretario de Gobernación, del excoordinador de la bancada en el Senado, del hombre que durante años fue el rostro visible del pri, esas palabras son un epitafio. Pero lo más revelador de todo no fueron las palabras, sino lo que vino después.
Los renunciantes no se fueron a Morena, no se sumaron al oficialismo, no aceptaron embajadas, ni consulados, ni cargos en el gobierno federal, crearon un movimiento independiente llamado Congruencia por México. El nombre no es casual, es un mensaje. Dice que la congruencia ya no existe dentro del PRI. Dice que para ser congruente hay que estar fuera.
y dice de manera implícita, pero brutal, que prefieren estar en el desierto político, sin partido, sin estructura, sin presupuesto, sin nada, antes que estar dentro del PRI de alito Moreno. Eso es lo que piensa la élite fundadora del prismo moderno sobre la dirigencia actual. Y la lista de renuncias no se detuvo con el éxodo de Osorio Chong.
siguió creciendo semana tras semana como una bola de nieve que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Jorge Carlos Ramírez Marín, exdiputado federal, expresidente de la Cámara de Diputados, una de las figuras más influyentes del priismo yucateco, renunció. Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, un estado donde el PRI tenía raíces profundísimas que se remontaban a los ccicazgos postrevolucionarios.
se fue Adrián Rubalcaba, exalcalde de Cuajimalpa en la Ciudad de México, donde mantener presencia priista era ya de por sí un logro en territorio dominado por la izquierda, siguió al día siguiente con su carta de renuncia. Annie Luingram, diputada local de Veracruz, estado clave en cualquier cálculo electoral nacional, presentó su renuncia pública.
Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, un hombre que manejó uno de los estados más complicados del país en términos de seguridad y gobernabilidad, renunció en conferencia de prensa y fue directo como una bala. Dijo que Alito ha hecho del PRI un grupo sectario. No dijo que el partido tiene problemas. No dijo que la dirigencia necesita ajustes”, dijo Grupo Sectario.
Esas palabras tienen un peso específico enorme. Un grupo sectario es una organización cerrada que excluye a los que piensan diferente, que exige lealtad absoluta al líder y que castiga cualquier disidencia. Eso es lo que un exgobnador priista dice que se ha convertido el partido. Manlio Fabio Beltrones, figura histórica del priismo sonorense y nacional, uno de los operadores políticos más hábiles que el sistema político mexicano ha producido.
Un hombre que fue presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, que fue gobernador de Sonora, que fue candidato a la presidencia del partido en múltiples ocasiones y que representaba la vieja guardia del pragmatismo priista en su máxima expresión, se fue. Su salida no fue ruidosa como la de Osorio Chong, pero fue quizás más significativa porque Beltrones era el puente entre el PRI del siglo XX y el PRI del siglo XXI.
Era el hombre que podía hablar con todas las facciones, que entendía todos los códigos, que manejaba todos los hilos. Que él decidiera que ya no valía la pena quedarse, dice más sobre el estado terminal del partido que 100 discursos. Alejandra del Moral, la mujer que el PRI eligió como su candidata para intentar retener el Estado de México y que perdió ante Delfina Gómez en una elección que marcó el fin de la hegemonía priiststa en la entidad más importante del país.
Del Moral representaba el intento desesperado del PRI por renovarse, por presentar caras nuevas, por demostrar que el partido podía ser algo diferente. Perdió y después de perder se fue del partido. El mensaje es demoledor. Ni siquiera los que el PRI eligió como sus mejores cartas creen ya en el proyecto. Dulce María Sauri, exgobnadora de Yucatán y exdirigente nacional del PRI, una de las mujeres con mayor trayectoria dentro del priismo, renunció, pero no sin antes lanzar una advertencia pública que resultó ser proféticamente exacta.
dijo que Alito busca control absoluto y que está imponiendo una convocatoria a modo para perpetuarse. Tenía razón en cada palabra. Cada una de sus predicciones se cumplió al pie de la letra. Alito efectivamente logró el control absoluto. Efectivamente impuso convocatorias a modo. Efectivamente se perpetuó.
Y quienes advirtieron lo que venía fueron ignorados o expulsados. Más de 10 figuras políticas de gran peso abandonaron el partido en un periodo concentrado. 10 nombres que en cualquier otro momento de la historia del Peri habrían sido suficientes para provocar una crisis de liderazgo inmediata, una asamblea extraordinaria, una renuncia del dirigente y una refundación del partido. Pero no pasó nada de eso.
Alito absorbió los golpes uno tras otro como si fueran irrelevantes y siguió al frente, protegido por los estatutos que él mismo modificó. Y hay algo que los grandes medios no cubren porque no genera titulares impactantes, pero que es quizás lo más doloroso de todo este proceso. Los miles de militantes de base que se fueron sin micrófono, sin conferencia de prensa, sin carta pública, sin que nadie registrara su nombre en ningún lado.
Hombres y mujeres que durante 20, 30, 40 años fueron priistas de convicción, que repartieron propaganda en sus colonias, que llevaron vecinos a votar en cada elección, que organizaron asambleas en sus secciones electorales, que creyeron sinceramente que el PRI era el mejor vehículo para mejorar sus comunidades.
Esas personas simplemente dejaron de ir. Dejaron de contestar las llamadas del comité, dejaron de poner la banderita tricolor en su ventana, se quedaron en casa el día de la elección. Nadie los contabiliza, nadie escribe sobre ellos, pero son la verdadera base de cualquier partido político y sin ellos no hay estructura, no hay movilización, no hay votos, no hay nada.
Ahora necesitas entender cómo fue posible que un solo hombre capturara una institución tan grande y tan compleja como el PRI, porque no basta con decir que Alito es ambicioso o que es un mal líder. El PRI tenía mecanismos internos, reglas, contrapesos. tradiciones que supuestamente impedían exactamente esto.
Y sin embargo, todos esos mecanismos fallaron, todos fueron neutralizados. Y la forma en que Alito lo logró es una lección magistral sobre cómo se destruye una institución democrática desde adentro. Una lección que debería aterrorizar a cualquiera que crea en la importancia de las instituciones. Alito Moreno fue elegido presidente del PRI con un mandato que tenía fecha de caducidad.
Los estatutos del partido establecían claramente cuándo debía terminar su gestión, pero Alito tenía otros planes. Sin convocar a una Asamblea Nacional, que es el máximo órgano de decisión del partido y el único con legitimidad para modificar las reglas fundamentales, propuso 52 modificaciones a los estatutos. 52, no una, ni dos, ni 10.
52 cambios en un solo paquete diseñado para reconfigurar completamente la estructura de poder interno del partido. Entre esas 52 modificaciones había una que era la clave de todo, el cambio al artículo 83 fracción 37 que permitía que el Consejo Política Nacional, un órgano mucho más pequeño y mucho más fácil de controlar que la Asamblea Nacional, prorrogara el mandato del dirigente.
Eso es como si el presidente de una empresa le pidiera a su propia junta directiva nombrada por él que le extendiera el contrato sin consultar a los accionistas. Es una captura de manual. Miguel Ángel Osorio Chonk denunció el golpe inmediatamente. En ese momento todavía estaba dentro del partido intentando resistir desde adentro.
Aseguró públicamente que Alito les había prometido a los expresidentes del partido y a la militancia que no buscaría prorrogar su dirigencia, que les dio su palabra y que les mintió. La palabra mintió pronunciada por un exsecretario de Gobernación dirigida al presidente de su propio partido es algo que no tiene precedentes en la historia del PRI.
En el viejo priismo las diferencias se arreglaban en privado. El hecho de que Osorio Chong se viera obligado a hacer esta denuncia en público demuestra que los canales internos ya estaban completamente bloqueados. La reforma fue aprobada por el Consejo Político Nacional en sesión extraordinaria, sin Asamblea Nacional, sin consulta a las bases, sin debate abierto, sin votación de los militantes, solo un grupo de incondicionales de Alito levantando la mano en una sala cerrada.
Alito extendió su mandato con la misma facilidad con la que un dictador extiende el suyo. La diferencia es que en lugar de tanques en la calle usó manos levantadas en un salón. El resultado es el mismo, perpetuación en el poder sin legitimidad democrática real. Pero la primera extensión no fue suficiente para saciar la ambición de Alito. Necesitaba más.
Necesitaba blindarse de manera definitiva y para eso convocó a la vi4ª Asamblea Nacional Ordinaria en pleno proceso electoral federal. La timing no fue casualidad. Convocar la Asamblea durante el proceso electoral tenía una ventaja táctica. La atención pública y mediática estaba centrada en las campañas, en los candidatos, en las encuestas.
Nadie estaba prestando atención a lo que pasaba en las entrañas del PRI y Alito aprovechó esa distracción para dar el golpe definitivo. En esa asamblea se aprobó una modificación al artículo 178 de los estatutos. La reforma eliminó de un plumazo la prohibición de reelección en cargos dirigentes. El viejo texto decía que los líderes del partido no podían reelegirse.
El nuevo texto, el texto de Alito, estableció que las personas titulares de la presidencia y la Secretaría General podrán ser elas por tres periodos consecutivos, tres periodos de 4 años cada uno, 12 años en total, 12 años al frente del partido, más que muchos presidentes de la República, más que cualquier dirigente partidista en la historia democrática de México.
Carolina Villano, secretaria general del PRI y aliada incondicional de Alito, también quedó protegida por la misma reforma. La asamblea fue descrita por quienes asistieron como un espectáculo completamente coreografiado, sin oposición interna permitida, sin debate real, sin voces disidentes, solo lealtades compradas, silencios cómplices y aplausos mecánicos cada vez que Alito hablaba.
Era una asamblea al estilo de los partidos únicos del siglo XX, una formalidad vacía diseñada para revestir de legalidad una decisión que ya estaba tomada antes de que se abriera la primera puerta del salón. Dulce María Sauri, con la claridad que la caracterizó antes de su propia renuncia, había advertido días antes exactamente lo que iba a pasar.
dijo que había una sospecha que se estaba volviendo realidad con esa reforma, que Alito tenía control absoluto en las asambleas estatales y que estaba imponiendo una convocatoria a modo. Su advertencia fue ignorada, o más bien fue confirmada. La reforma pasó sin resistencia porque Alito ya había cooptado todas las estructuras locales del partido.
Los comités directivos estatales estaban llenos de personas leales a él. Los delegados a la asamblea fueron seleccionados por él. Los que podrían haber disentido ya se habían ido o estaban silenciados por la amenaza de quedar fuera del reparto de candidaturas y recursos. El problema legal apareció inmediatamente después de la Asamblea.
La Ley General de Partidos Políticos es muy clara en un punto específico. Prohíbe que los partidos modifiquen sus documentos básicos durante los procesos electorales. Es una regla lógica diseñada para evitar exactamente lo que Alito hizo. Que un dirigente use la distracción de las campañas para cambiar las reglas del juego a su favor mientras nadie mira.
La reforma a los estatutos del PR se aprobó cuando aún estaba en curso el proceso electoral federal. Era una violación flagrante de la ley. El Instituto Nacional Electoral tuvo que intervenir. El Consejo General del INE analizó el caso y con siete votos a favor y cuatro en contra invalidó las reformas a los estatutos del PRI. Los consejeros que votaron por la invalidación fueron Dania Rabel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Arturo Castillo, José Martínez, Rita Bell y UC KIP Espadas.
Su argumento fue contundente y jurídicamente sólido. Las reformas violaron el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos porque se realizaron fuera del plazo legal. Era una resolución clara, bien fundamentada, que en cualquier democracia funcional habría sido el fin de la historia. Alito habría tenido que aceptar que sus reformas eran ilegales y someterse a las reglas vigentes.
Pero México no es cualquier democracia. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente reveladora sobre el estado real de las instituciones en nuestro país. Alito no aceptó la resolución del INE, la impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en materia electoral y cuyas decisiones son inapelables.
El Tribunal Electoral revocó la decisión del INE, consideró válida la reforma de alito. Los magistrados argumentaron que existían precedentes donde se habían permitido modificaciones estatutarias en procesos electorales bajo lo que llamaron circunstancias excepcionales. Citaron casos de Morena, del PRD y del Partido del Trabajo, donde se habían validado cambios similares, pero había una diferencia fundamental que los magistrados decidieron ignorar o minimizar.
Aquellos casos involucraban ajustes a reglas para definir candidaturas, modificaciones operativas necesarias para que los partidos pudieran participar en las elecciones en curso. El caso de Alito era completamente diferente. No se trataba de definir candidatos, se trataba de perpetuar al dirigente. No era una necesidad operativa, era una maniobra de concentración de poder personal.
En esa asamblea se aprobó una modificación al artículo 178 de los estatutos. La reforma eliminó de un plumazo la prohibición de reelección en cargos dirigentes. El viejo texto decía que los líderes del partido no podían reelegirse. El nuevo texto, el texto de Alito, estableció que las personas titulares de la presidencia y la Secretaría General podrán ser electas hasta por tres periodos consecutivos, tres periodos de 4 años cada uno, 12 años en total, 12 años al frente del partido, más que muchos presidentes de la República, más que cualquier
dirigente partidista en la historia democrática de México. Carolina Villano, secretaria general del PRI y aliada incondicional de Alito, también quedó protegida por la misma reforma. La Asamblea fue descrita por quienes asistieron como un espectáculo completamente coreografiado, sin oposición interna permitida, sin debate real, sin voces disidentes, solo lealtades compradas, silencios cómplices y aplausos mecánicos cada vez que Alito hablaba.
Era una asamblea al estilo de los partidos únicos del siglo XX, una formalidad vacía diseñada para revestir de legalidad una decisión que ya estaba tomada antes de que se abriera la primera puerta del salón. Dulce María Sauri, con la claridad que la caracterizó antes de su propia renuncia, había advertido días antes exactamente lo que iba a pasar.
dijo que había una sospecha que se estaba volviendo realidad con esa reforma, que Alito tenía control absoluto en las asambleas estatales y que estaba imponiendo una convocatoria a modo. Su advertencia fue ignorada o más bien fue confirmada. La reforma pasó sin resistencia porque Alito ya había cooptado todas las estructuras locales del partido.
Los comités directivos estatales estaban llenos de personas leales a él. Los delegados a la asamblea fueron seleccionados por él. Los que podrían haber disentido ya se habían ido o estaban silenciados por la amenaza de quedar fuera del reparto de candidaturas y recursos. El problema legal apareció inmediatamente después de la Asamblea.
La Ley General de Partidos Políticos es muy clara en un punto específico. Prohíbe que los partidos modifiquen sus documentos básicos durante los procesos electorales. Es una regla lógica diseñada para evitar exactamente lo que Alito hizo. Que un dirigente use la distracción de las campañas para cambiar las reglas del juego a su favor mientras nadie mira.
La reforma a los estatutos del PRI se aprobó cuando aún estaba en curso el proceso electoral federal. Era una violación flagrante de la ley. El Instituto Nacional Electoral tuvo que intervenir, el Consejo General del INE analizó el caso y con siete votos a favor y cuatro en contra invalidó las reformas a los estatutos del PRI. Los consejeros que votaron por la invalidación fueron Dania Rabel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Arturo Castillo, José Martínez, Rita Bell y UC Kip Espadas.
Su argumento fue contundente y jurídicamente sólido. Las reformas violaron el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos porque se realizaron fuera del plazo legal. Era una resolución clara, bien fundamentada, que en cualquier democracia funcional habría sido el fin de la historia. Alito habría tenido que aceptar que sus reformas eran ilegales y someterse a las reglas vigentes.
Pero México no es cualquier democracia y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente reveladora sobre el estado real de las instituciones en nuestro país. Alito no aceptó la resolución del INE, la impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en materia electoral y cuyas decisiones son inapelables.
El Tribunal Electoral revocó la decisión del INE. Consideró válida la reforma de alito. Los magistrados argumentaron que existían precedentes donde se habían permitido modificaciones estatutarias en procesos electorales bajo lo que llamaron circunstancias excepcionales. Citaron casos de Morena, del PRD y del Partido del Trabajo donde se habían validado cambios similares, pero había una diferencia fundamental que los magistrados decidieron ignorar o minimizar.
Aquellos casos involucraban ajustes a reglas para definir candidaturas, modificaciones operativas necesarias para que los partidos pudieran participar en las elecciones en curso. El caso de Alito era completamente diferente. No se trataba de definir candidatos, se trataba de perpetuar al dirigente. No era una necesidad operativa, era una maniobra de concentración de poder personal.
La distinción es enorme y el hecho de que el Tribunal Electoral la ignorara genera preguntas muy serias sobre el funcionamiento real del sistema de justicia electoral en México. Con esa resolución, Alejandro Moreno Cárdenas quedó blindado jurídicamente 11 años más al frente del partido y el PRI quedó oficialmente capturado.
Ya no era un partido con un problema de liderazgo, era un partido que había dejado de ser un partido en cualquier sentido democrático de la palabra. Era una franquicia personal con registro electoral. Carolina Villano salió a defender la decisión del tribunal con un mensaje que reveló más de lo que probablemente pretendía.
escribió en redes sociales que lo mejor del PRI se quedó en el PRI y que llegó la hora de que el PRI sea de los verdaderos priistas, de las bases. La palabra verdaderos es la clave, porque en el vocabulario de la dirigencia actual del PRI, verdadero priiststa no significa alguien comprometido con los principios del partido o con el bienestar del país.
Significa alguien leal a Alito. Quien se opone a Alito, por más trayectoria que tenga, por más décadas de militancia que acumule, por más servicios que haya prestado al partido, no es verdadero priista, es traidor, es adversario, es alguien que debe irse. La lógica es perfecta para un culto personalista, pero absolutamente letal para cualquier institución que pretenda ser democrática.
Los señalamientos de corrupción contra Alito Moreno han sido constantes durante toda su gestión y añaden una capa adicional de gravedad a todo lo que estamos describiendo. Porque no estamos hablando solo de un líder autoritario que concentra poder. Estamos hablando de un líder autoritario sobre el cual pesan acusaciones serias que nunca han sido investigadas adecuadamente.
15 exgobernadores del PRI, 15 firmaron una carta pública exigiendo su renuncia. 15 personas que en algún momento tuvieron bajo su responsabilidad la gobernación de estados enteros de la República consideraron que la situación era tan grave que debían dar un paso que en la tradición priista era prácticamente impensable. Hacer pública una demanda interna.
En el viejo PRI las cosas se arreglaban en privado. Que 15 exgobernadores rompieran esa regla no escrita demuestra que todos los mecanismos internos de resolución de conflictos habían sido dinamitados. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, filtró audios donde presuntamente Alito discutía actos de corrupción.
Los audios fueron reproducidos miles de veces en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Alito negó su autenticidad. Nunca se abrió una investigación penal formal para determinar si los audios eran reales o fabricados. Los audios quedaron en el limbo mediático, en esa zona gris donde México deposita tantas de sus acusaciones de corrupción.
ni confirmados, ni desmentidos, ni investigados, ni archivados, simplemente flotando en el aire mientras la vida política sigue su curso como si nada hubiera pasado. Más recientemente, el gobierno de Claudia Shane Baum expropió terrenos en Campeche que pertenecían a la madre de Alejandro Moreno.
Shainbound declaró públicamente que son propiedades adquiridas con lavado de dinero. Alito denunció persecución política. La acusación y la contraacusación quedaron ahí, como otro capítulo más en la interminable telenovela de la corrupción política mexicana. Pero la pregunta que nadie responde satisfactoriamente persiste. ¿Por qué un dirigente partidista necesita reformar estatutos para perpetuarse en el poder? ¿Qué es exactamente lo que está protegiendo al blindarse de esa manera? ¿Por qué alguien pelearía con tanta ferocidad por mantener un cargo que en teoría es de
servicio al partido y no de beneficio personal? Las respuestas posibles son todas inquietantes. Y mientras todo esto ocurría dentro del PRI, mientras las renuncias se acumulaban y los estatutos se modificaban y los tribunales validaban la perpetuación y los audios flotaban en el limbo, Claudia Shaba gobernaba desde Palacio Nacional sin tener que dedicar ni un minuto de su agenda a destruir a la oposición, porque la oposición se estaba destruyendo sola.
No hubo campaña de desprestigio del gobierno contra el PRI. No hubo operativos de inteligencia para provocar las renuncias. No hubo ofertas de cargos públicos para seducir a los priistas. Todo lo que ocurrió dentro del PRI fue producto exclusivo de las decisiones de Alito Moreno y de la reacción de quienes no estaban dispuestos a tolerarlas.
Shainbow fue espectadora de un espectáculo que beneficiaba enormemente a su gobierno sin que ella tuviera que pagar ningún costo político. Cada renuncia pública de un priista de alto perfil generaba un ciclo noticioso que recordaba a la población por qué había votado por el cambio. Cada reforma estatutaria confirmaba la narrativa de que los partidos tradicionales eran estructuras antidemocráticas controladas por élites corruptas.
Cada escándalo de Alito reforzaba la imagen de Morena como la alternativa a un sistema podrido. Morena no necesitaba hacer propaganda. Alito era la mejor propaganda de Morena y los beneficios no fueron solo narrativos, fueron concretos, medibles, tangibles. Varios renunciantes del PRI terminaron apoyando directa o indirectamente proyectos de la cuarta transformación.
Nuvia Mayorga se unió al Partido Verde, aliado de Morena en la coalición gobernante. Otros expriistas formaron el Frente Congruencia por México, que aunque se presentó como independiente, en la práctica no tiene peso electoral para competir contra Morena y funciona como un espacio de transición para políticos que eventualmente podrían sumarse al oficialismo.
Una oposición fragmentada, dividida, peleada entre sí, sin liderazgos creíbles y sin propuestas coherentes, es el escenario soñado para cualquier gobierno que busca consolidar su poder. Y eso es exactamente lo que Alito le ha regalado a Shaba. No parcialmente, completamente. Cada día que Alito permanece al frente del PRI es un día más de hegemonía sin contrapesos para Morena.
Ahora necesitas ver cómo el colapso del PRI se conecta con las batallas legislativas que se están librando en este momento, porque es ahí donde las consecuencias se vuelven tangibles para la vida de todos los mexicanos. Mientras Alito se dedicaba a modificar estatutos y a expulsar disidentes, Morena avanzaba su agenda legislativa con una facilidad que habría sido impensable si la oposición estuviera unida y fuerte.
La reforma electoral propuesta por el gobierno de Claudia Shainbaum es el ejemplo más claro. La iniciativa propone cambios.
