En algún momento de ese año, Guzmán de Cena tomó la decisión que cambiaría la historia del crimen organizado latinoamericano. Desertó y no lo hizo solo. Se llevó consigo a 34 compañeros de armas, hombres que como él habían jurado defender a la nación mexicana y que ahora pondrían ese juramento en el archivo de los recuerdos para abrazar algo más lucrativo y más poderoso.
El nombre que adoptaron tiene una ironía que con el tiempo resultaría casi literaria. La letra Z era el código que utilizaba la policía judicial federal mexicana para identificar a sus oficiales de mayor rango. Aquellos que habían sido entrenados para perseguir a los criminales tomaron el símbolo de quienes debían perseguirlos y lo convirtieron en su identidad, los zetas.
El nombre resonaría durante los años siguientes con una frecuencia creciente en los despachos de los funcionarios de seguridad, en las redacciones de los periódicos y, sobre todo, en los hogares de quienes tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. En sus primeros años de existencia, los ZAS operaban dentro de la estructura del cartel del Golfo, como lo que oficialmente eran el brazo armado de la organización.
protegían los cargamentos, ejecutaban a los deudores que no pagaban, eliminaban a los rivales que amenazaban las plazas controladas por Cárdenas Guillén y garantizaban que nadie en el ecosistema criminal del noreste de México se atreviera a cuestionar la autoridad del cartel, pero lo hacían con una metodología que no tenía precedentes en el mundo del narcotráfico mexicano.
Planificaban cada operación con la disciplina de una misión militar. Coordinaban ataques simultáneos en múltiples ubicaciones. Montaban emboscadas que dejaban sin posibilidad de respuesta a los enemigos. Usaban comunicaciones encriptadas y rotaban sus posiciones con una frecuencia que dificultaba enormemente el seguimiento por parte de las autoridades.
No eran delincuentes que sabían disparar, eran soldados que habían elegido el lado equivocado. El dinero fluyó, las plazas se expandieron y con la expansión llegó el crecimiento. Los cetas comenzaron a reclutar más allá de sus filas originales de desertores militares. incorporaron a exmiembros de la Policía Federal, hombres que conocían los procedimientos de las fuerzas del orden desde adentro y podían anticipar las operaciones en su contra.
Cruzaron la frontera hacia Guatemala y reclutaron a exmiembros de los Caiviles, la unidad de fuerzas especiales guatemalteca, que había ganado una reputación de extrema dureza durante los años del conflicto armado interno. y reclutaron también a jóvenes, muchos de ellos adolescentes, criados en la pobreza del noreste de México y el norte de Centroamérica, para quienes el salario semanal que ofrecía la organización representaba varias veces, lo que cualquier empleo legal podría pagarles en un mes.
La captura de Osiel Cárdenas Guillen en el año 2003 fue el catalizador que los zas necesitaban, aunque ellos mismos quizás no lo sabían en ese momento. Con el líder del cartel del Golfo Entre rejas, la relación de dependencia que había mantenido a los cetas como apéndice de otra organización quedó disuelta. Tenían los hombres, tenían las armas, tenían el conocimiento operativo, tenían las rutas y tenían algo que ningún otro grupo criminal en México poseía en ese grado.
Tenían disciplina, tenían estructura de mando, tenían la capacidad de actuar de manera autónoma en múltiples frentes simultáneamente. Arturo Guzmán de Cena, el Z1 fundador, no vivió para presenciar la independencia total. Fue abatido en un tiroteo en Matamoros. Tamaulipas, en noviembre del año 2002, apenas meses antes de la captura de Cárdenas Guillén.
Tenía 33 años. Había puesto en marcha algo que ni él mismo habría podido prever en toda su magnitud. El monstruo que había creado no necesitaba ya a su creador para seguir creciendo. Seguiría creciendo de todas formas, alimentado por el dinero, el terror y la impunidad. Heriberto Lascano.
Lascano entró en la historia del crimen organizado mexicano, no como fundador, sino como el arquitecto que tomó los cimientos que otros habían puesto y sobre ellos construyó un edificio criminal de proporciones nunca vistas. Conocido dentro y fuera de la organización como Ella Lazca y registrado en los archivos de inteligencia con el código C3.
Lazano comprendió desde el primer momento que liderar una organización criminal de las dimensiones que los zas estaban alcanzando requería algo más que ferocidad, requería estrategia, requería visión empresarial, requería la capacidad de inspirar un miedo tan profundo que la simple mención del nombre de la organización fuera suficiente para paralizar la voluntad de resistencia de cualquier posible oponente.
Bajo su liderazgo, los zetas dejaron de ser el brazo armado de nadie y se convirtieron en un cartel autónomo con una estructura que combinaba la jerarquía militar con la lógica empresarial del crimen organizado transnacional. Cada plaza tenía su comandante. Cada comandante respondía ante una cadena de mando clara y cada eslabón de esa cadena sabía perfectamente cuáles eran las consecuencias de la desobediencia o la traición.
Esas consecuencias no eran abstractas, eran concretas, visibles y diseñadas para ser recordadas. El modelo económico que Lascano construyó para los ZAS fue en muchos sentidos una innovación dentro del mundo del crimen organizado, donde otros carteles dependían casi exclusivamente del tráfico de narcóticos. Los zas diversificaron sus fuentes de ingreso con una amplitud que los hacía prácticamente invulnerables a las interrupciones de cualquier negocio en particular.
El narcotráfico seguía siendo la columna vertebral. La cocaína colombiana que cruzaba México en dirección al norte era el producto estrella de la organización y las ganancias que generaba eran difíciles de cuantificar con precisión. Un kilo de cocaína que salía de Colombia por un valor de pocos miles de dólares, alcanzaba en las calles de las ciudades estadounidenses un precio entre 10 y 20 veces mayor.
Las rutas que los zas controlaban en el noreste de México eran las más directas hacia los estados del sur y el centro de los Estados Unidos. Solo ese negocio generaba cientos de millones de dólares al año para la organización, pero los zas no se detuvieron. Ahí la extorsión, a la que dentro de la organización llamaban cobrar el piso, se convirtió en una fuente de ingresos tan sistemática y tan organizada que se parecía más a un impuesto paralelo que a la actividad criminal que legalmente era.
Cualquier negocio que operara en territorio controlado por los ZAS, desde una pequeña tienda de abarrotes hasta una mediana empresa de transportes, debía pagar una cuota mensual. La cuota se fijaba en función de la capacidad económica del negocio. Las consecuencias del impago eran graduales, pero inexorables.
Primero llegaba una advertencia verbal. Si el propietario la ignoraba, llegaba la destrucción de bienes o el daño físico a empleados. Si seguía resistiendo, desaparecía. Esta práctica generaba un flujo constante de efectivo en decenas de ciudades y municipios. Un ingreso que no dependía de los precios del mercado internacional de las drogas ni de las fluctuaciones de la demanda.
Era predecible, estable y brutalmente eficiente. El secuestro fue el tercer gran pilar económico de los ZAS y aquí también introdujeron innovaciones que transformaron una práctica criminal preexistente en algo que parecía sacado de un manual corporativo. La organización dividió el negocio del secuestro en equipos especializados. Un equipo se dedicaba exclusivamente a la identificación de blancos, personas con visibles signos de riqueza o cuyos perfiles económicos habían sido investigados a través de las redes de informantes que los ZAS tenían en cada
municipio donde operaban. Otro equipo ejecutaba el levantón, el secuestro propiamente dicho. Un tercer equipo se ocupaba de la negociación del rescate con las familias con la frialdad de un ejecutivo que discute los términos de un contrato. Un cuarto equipo custodiaba a los secuestrados en casas de seguridad que rotaban con frecuencia para evitar su localización.
Los rescates variaban desde unos pocos miles de dólares en el caso de familias de clase media hasta varios millones en el caso de empresarios o familias adineradas. El proceso era despiadado en su eficiencia. El tráfico de personas fue quizás el negocio de los ZAS que generó la mayor cantidad de víctimas en términos absolutos.
Las rutas migratorias que cruzaban el territorio de la organización, principalmente en Tamaulipas, Veracruz y Coahuila, eran utilizadas por decenas de miles de personas al año, hombres y mujeres de Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y otros países latinoamericanos que intentaban llegar a los Estados Unidos.
Los cetas convirtieron esas rutas en peajes del horror. Los migrantes que podían pagar compraban el derecho a cruzar el territorio controlado por la organización. Los que no podían pagar eran retenidos. A los hombres se les ofrecía frecuentemente una alternativa brutal. trabajar para el cartel como sicarios, porteadores de droga o vigilantes o morir.
A las mujeres las esperaba un destino que no necesita descripción para ser entendido en toda su tragedia. Los que ni pagaban ni resultaban útiles para los intereses del cartel eran ejecutados y enterrados en fosas que tardaron años en ser descubiertas. El robo de hidrocarburo, conocido en México como huachicol, fue otra innovación criminal de los ZAS que generó pérdidas cuantificadas en cientos de millones de pesos para el Estado mexicano.
La organización perforaba los oleoductos de petróleos mexicanos, la empresa estatal petrolera, extraía el crudo o los derivados y los vendía en el mercado negro a precios que atraían a compradores de toda la cadena de distribución energética. En el estado de Tamaulipas, las pérdidas anuales de petróleos mexicanos por este concepto llegaron en algunos años a representar sumas que habrían financiado hospitales, escuelas y carreteras para miles de ciudadanos.
En cambio, financiaron la expansión territorial de los ZAS. Para lavar el torrente de dinero ilícito que todas estas actividades generaban, la organización construyó una red de empresas legales fachada, ranchos ganaderos que en el papel producían carne, pero en la práctica servían como depósitos de armamento y centros de detención, restaurantes y hoteles cuya facturación no correspondía con la cantidad de clientes que físicamente atendían.
empresas de transporte terrestre que mezclaban cargamentos legales con drogas, negocios de importación y exportación que utilizaban las facturas como vehículo para justificar movimientos de dinero que en realidad tenían su origen en el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. El dinero sucio entraba al sistema financiero a través de estas empresas y salía convertido en capital legal, listo para reinvertirse o para financiar el estilo de vida de los mandos de la organización.
La expansión geográfica de los ZAS durante la primera década del siglo XXI fue de una velocidad que sorprendió incluso a los analistas de inteligencia más avezados. Para mediados de esa década, la organización tenía presencia activa en más de la mitad de los Estados México. Luego cruzaron fronteras. En Guatemala establecieron alianzas y captaron reclutas entre los exmiembros de las fuerzas especiales.
En Honduras y El Salvador tejieron relaciones con las pandillas conocidas como maras, que les servían de distribuidores y de fuente de información. En los Estados Unidos usaban a grupos como la Texas Syndicate y el barrio Azteca para la distribución final de la mercancía. En Europa y en la costa occidental de África, sus tentáculos llegaban a través de intermediarios colombianos que servían de puente entre la producción andina y los mercados de consumo europeos.
Era una empresa global, era una empresa construida sobre cadáveres, sobre el terror de millones de personas y sobre un flujo de dinero que parecía no tener límite ni fondo. Si hay una región geográfica que encarna en toda su crudeza, lo que los cetas significaron para la población civil de México, esa región es Tamaulipas.
Este estado del noreste del país, que comparte cientos de kilómetros de frontera con el estado de Texas fue durante los años 2000 y la primera mitad de la década de 2010 uno de los territorios más peligrosos del planeta. No en el sentido abstracto de los índices estadísticos, sino en el sentido concreto y cotidiano de que las personas que vivían allí o que tenían la mala fortuna de atravesarlo enfrentaban un riesgo real e inmediato de ser asesinadas, secuestradas o simplemente borradas del mapa sin que nadie jamás rindiera cuentas por ello. El 22 de
agosto del año 2010 es una fecha que debería figurar en todos los libros de historia de América Latina. Debería ocupar en la conciencia colectiva continental el mismo lugar que otras tragedias que definieron épocas. No lo ocupa y esa ausencia de memoria es en sí misma una forma de injusticia. Ese día, un convoy de vehículos de los ZAS interceptó en la carretera federal varios autobuses que transportaban migrantes centroamericanos por el territorio de Tamaulipas.
Los pasajeros de esos autobuses eran personas corrientes, hombres y mujeres que habían dejado atrás sus países, sus familias y sus vidas para intentar llegar a los Estados Unidos. Muchos habían vendido sus pertenencias para financiar el viaje. Muchos llevaban encima el dinero reunido durante años de trabajo duro en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Ecuador.
Viajaban con miedo porque todo el mundo sabía que las rutas mexicanas eran peligrosas, pero viajaban también con esperanza. la esperanza de llegar, de trabajar, de enviar dinero a casa, de construir algo que en sus países de origen les había sido negado. Los sicarios de los cetas los sacaron de los autobuses y los llevaron a un rancho abandonado conocido como el Wizachal en el municipio de San Fernando, a pocas horas de la frontera con los Estados Unidos.
Allí les hicieron una oferta que era al mismo tiempo una trampa mortal, unirse a la organización, convertirse en sicarios, trabajar para el cartel. La mayoría de aquellas 72 personas se negó. Algunos intentaron suplicar, algunos rezaron en silencio, algunos miraron a los ojos a sus compañeros de viaje buscando una señal de que había alguna salida, alguna posibilidad que no hubiera sido contemplada todavía.
No la había. Las ataron, les vendaron los ojos, las alinearon y comenzaron los disparos. 58 hombres y 14 mujeres fueron ejecutados aquella tarde en ese rancho de Tamaulipas. 72 personas que no habían hecho nada más que intentar cruzar un país en busca de una vida mejor. Sus nombres provenían de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Ecuador, de Brasil.
Venían de familias que en los días siguientes comenzarían a hacer llamadas telefónicas que nadie respondería, que esperarían mensajes que nunca llegarían y que tardarían semanas, meses o años en entender que la persona que habían despedido en el aeropuerto o en la estación de autobuses no iba a volver. Hubo un sobreviviente, un joven ecuatoriano cuyo nombre completo es Luis Freddy Lala Pomavilla, que tenía aproximadamente 19 años en ese momento.
Recibió dos disparos, uno en el cuello y otro en la mandíbula. Cayó entre los cuerpos de sus compañeros y permaneció quieto mientras los sicarios remataban a los que todavía mostraban signos de vida. Cuando los asesinos se fueron, Luis Freddy se incorporó. Estaba herido de gravedad.
Estaba en un lugar que no conocía, en un país que no era el suyo, en un territorio donde la única ley era la del cartel. Comenzó a caminar. Caminó durante horas por caminos de tierra, desangrado y aterrorizado, hasta que encontró un retén militar de la Marina Mexicana. Su testimonio fue lo que puso en marcha la operación que llevaría a las autoridades hasta el rancho y ante los 72 cuerpos que esperaban allí.
Los fusileros navales mexicanos que llegaron al lugar en respuesta al testimonio de Luis Freddy se enfrentaron a los sicarios de los cetas, que aún custodiaban la escena. Hubo un tiroteo. Cuando el polvo se asentó y los hombres de la marina accedieron al interior del rancho, lo que encontraron superó todo lo que habían podido imaginar.
Los cuerpos estaban apilados. El olor era insoportable bajo el calor de agosto de Tamaulipas. El mundo recibió la noticia con el horror que merece cualquier masacre de civiles y entonces pensó, o quizás esperó, que aquello era un hecho excepcional, una atrocidad irrepetible, un momento de barbarie que no se volvería a producir. Estaba equivocado.
En la primavera del año siguiente, 2011, mientras las autoridades mexicanas trabajaban en la investigación de la masacre de San Fernando, comenzaron a llegar reportes de algo que inicialmente nadie quería creer en toda su dimensión. Las comunidades cercanas al municipio hablaban de olores extraños que emergían de la tierra en determinados puntos de los alrededores.
Las excavadoras de la marina empezaron a trabajar y encontraron una fosa. Luego otra, luego otra más, luego otra. Al final del proceso de exhumación que se extendió durante semanas y que requirió la presencia de decenas de peritos forenses de varios estados, el número total de cuerpos extraídos de 47 fosas clandestinas en los alrededores de San Fernando llegó a 193 193 hombres y mujeres que habían pasado por esa misma carretera en los meses anteriores, que habían sido sacados de sus autobuses en retenes falsos montados por los zetas y que habían desaparecido
en ese suelo de Tamaulipas sin que ninguna autoridad se hubiera molestado en buscarlos. Muchos eran migrantes centroamericanos, otros eran ciudadanos mexicanos que habían cometido el error de abordar el autobús equivocado en el momento equivocado. Los testimonios de exmiembros de la organización que fueron capturados en los años posteriores y que colaboraron con las investigaciones describen lo que ocurría en las casas de seguridad y los ranchos de los zas en esa época de una manera que es difícil de escuchar y más difícil todavía de
olvidar. Los hombres capturados que no accedían a unirse a la organización eran forzados a pelear entre sí. Peleas a muerte, armados con cuchillos, con machetes, con martillos y otras herramientas que los sicarios ponían a su disposición, no por generosidad, sino porque necesitaban identificar a los más violentos, a los más dispuestos a matar, a los que podían ser convertidos en instrumentos útiles para la organización.
Los que sobrevivían esas peleas y demostraban la ferocidad que el cartel buscaba eran reclutados. Los que no sobrevivían ya no eran un problema. Las mujeres que caían en manos de los cetas en esas circunstancias sufrían un destino que ninguna cifra estadística puede describir con la precisión del horror real. Y al final, con independencia de lo que hubiera ocurrido en esas horas o esos días de cautiverio, quienes no representaban un valor operativo para la organización eran ejecutados.
La carretera federal que atraviesa Tamaulipas de Sur a Norte ganó en esos años un nombre que los conductores que la recorrían pronunciaban en voz baja y con la mirada fija al frente, la carretera de la muerte. Los autobuses que circulaban de noche por esa ruta eran detenidos con una frecuencia que las autoridades no podían ignorar, salvo eligiendo deliberadamente ignorarla.
Los conductores, que en muchos casos habían sido sobornados o amenazados, no ofrecían resistencia. Los pasajeros eran separados según criterios que solo los sicarios entendían. Algunos eran devueltos al autobús después de ser despojados de su dinero y sus teléfonos. Otros desaparecían en las camionetas de los ZAS y sus familias comenzaban entonces una espera que en demasiados casos no tenía fin.
El costo de todo esto en vidas humanas es un número que las instituciones oficiales nunca han querido reconocer en su totalidad. El costo en sufrimiento humano es una cantidad que no tiene unidad de medida. El costo institucional, el daño que la presencia de una organización criminal capaz de secuestrar autobuses en una carretera federal causó a la credibilidad del Estado mexicano fue incalculable.
Y debajo de todo, sosteniendo el edificio entero del horror, estaba la corrupción. Los funcionarios que no preguntaban, los policías que miraban hacia otro lado, los militares que habían sido comprados, los alcaldes que recibían un sobre mensual y a cambio garantizaban que la maquinaria de los cetas funcionara sin interrupciones.
Si la masacre de San Fernando representó lo que los cetas eran capaces de hacerle a los extranjeros más vulnerables, que tenían la mala fortuna de cruzar su territorio, lo que ocurrió en Allende de Coahuila. En los primeros meses del año 2011 representó algo cualitativamente diferente y en cierto sentido todavía más perturbador.
Representó lo que esta organización era capaz de hacerle a una comunidad entera de ciudadanos mexicanos, a familias con décadas de arraigo en esa tierra, como acto de venganza interna por una traición que quizás nunca ocurrió exactamente de la manera en que los zetas creyeron que había ocurrido. Todo comenzó con información.
La información es en el mundo del crimen organizado un activo tan valioso como el dinero y a veces más peligroso que las armas. La Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como la Drug Enforcement Administration, había logrado obtener los números de identificación personal de los teléfonos celulares que utilizaban Miguel Ángel Treviño Morales y su hermano Omar Treviño Morales.
El primero era conocido dentro de la organización como D40, el segundo como D40 y 2. Eran en ese momento los hombres más poderosos de los ZAS, los que de facto controlaban las operaciones del cartel en ausencia del Azcano, los que tomaban las decisiones que determinaban la vida y la muerte de miles de personas.
Esa información fue compartida por la Drug Enforcement Administration con una unidad especializada de la Policía Federal Mexicana que había sido entrenada y parcialmente financiada por los estadounidenses. Pero esa unidad tenía un problema que era al mismo tiempo una metáfora perfecta del Estado mexicano de esa época. Estaba infiltrada.
Alguien dentro de ella o en algún punto de la cadena por la que la información viajó antes de llegar a sus destinatarios operativos era un informante de los cetas y ese informante cumplió con su trabajo. Los datos llegaron a oídos de Miguel Ángel y Omar Treviño antes de que pudieran ser utilizados para localizarlos y detenerlos.
Los hermanos Treviño procesaron la información con la lógica fría y despiadada que había caracterizado su ascenso dentro de la organización. Alguien los había traicionado. Ese alguien tenía que estar dentro de su propia red porque solo alguien que conociera sus teléfonos, su entorno inmediato, sus movimientos habituales, podría haber facilitado esa información a las autoridades.
y la investigación interna que realizaron con los métodos brutales que la organización utilizaba para ese tipo de averiguaciones, apuntó hacia dos familias con apellidos específicos que residían en Allende, un pequeño municipio ganadero del estado de Coahuila, a pocos kilómetros de la frontera con Eagle Pass en Texas.
Allende era, en el contexto del noreste de México, una comunidad que no se distinguía en nada particular, aproximadamente 23,000 habitantes, una economía basada en la ganadería y el comercio fronterizo, familias que llevaban generaciones viviendo en ese territorio, que conocían a sus vecinos, que compartían las celebraciones y los duelos de una comunidad pequeña donde casi todo el mundo tenía algún tipo de relación con casi todo el mundo.
Como en tantos municipios del norte de México, algunos de sus habitantes tenían vínculos con el crimen organizado. Eso era inevitable en un territorio que los cetas habían penetrado profundamente, pero esos vínculos no convertían a la comunidad entera en cómplice de nada. Los treviños, sin embargo, no hacían esas distinciones.
No les interesaban las distinciones. Querían destruir no solo a los hombres que creían responsables de la filtración, sino a todo lo que los rodeaba. Sus familias, sus amigos, sus vecinos que compartían sus apellidos, las personas que habían compartido una mesa con ellos o que simplemente habían tenido la mala suerte de vivir cerca de sus casas.
Querían enviar un mensaje que se escuchara en todos los rincones de la organización. Un mensaje que ningún miembro de los cetas pudiera malinterpretar. La traición no tiene precio posible de pagar. La traición arrastra consigo a todos los que están a tu alrededor. El 18 de marzo del año 2011, al caer la tarde, un convoy compuesto por al menos 60 sicarios fuertemente armados entró a Allende.
Llevaban listas de nombres, llevaban direcciones, llevaban instrucciones que habían recibido de los más altos niveles de la organización y llevaban también la certeza de que podían operar con total impunidad porque la policía municipal de Allende, que teóricamente debía proteger a los habitantes de ese municipio, había sido comprada por los ZAS.
Los agentes que estaban de turno aquella noche recibían un pago mensual del cartel. Aquella noche sencillamente no intervinieron los sicarios. Fueron de rancho en rancho, de casa en casa, derribaban portones con las camionetas blindadas. sacaban a sus ocupantes a la fuerza, hombres, mujeres, ancianos, niños, sin distinguir entre quienes estaban en alguna lista y quienes simplemente habían tenido la desgracia de estar presentes en ese momento.
Los cargaban en vehículos y los llevaban a ranchos aislados en las afueras de la localidad, lejos de la carretera, lejos de los vecinos que pudieran escuchar o ver algo que luego pudieran reportar. El cuerpo de bomberos de Allende recibió llamadas de emergencia aquella noche. Llamadas que describían incendios, explosiones, el sonido de disparos.
El jefe del cuerpo de bomberos también recibió una llamada, pero diferente. Era una llamada del cartel. Si los bomberos salían a responder, también ellos serían objetivo. Los bomberos de Allende no salieron esa noche. Lo que ocurrió en esos ranchos aislados en las horas siguientes es uno de los episodios más oscuros de la historia criminal de América Latina.
Las víctimas fueron ejecutadas. Sus cuerpos fueron colocados en galeras y galpones cubiertos de paja seca. Los sicarios regaron esos espacios con diesésel y gasolina y les prendieron fuego. Las llamas ardieron durante horas. Lo que no se consumió en el fuego fue depositado en barriles metálicos, rociado con más combustible y quemado hasta que no quedara nada que un forense pudiera identificar.
Huesos, dientes, cenizas. Los miembros de la organización tenían un nombre para ese proceso. Lo llamaban El Guiso, un eufemismo doméstico para una práctica diseñada para borrar toda evidencia de la existencia de las víctimas. Pero la operación no terminó esa noche. Durante las semanas siguientes, los zas volvieron a Allende y a los municipios vecinos de Villa Unión y Piedras Negras en oleadas sucesivas para completar lo que habían comenzado.
Las casas de las familias Objetivo fueron demolidas, primero con herramientas, luego con explosivos. Los vecinos fueron amenazados para que guardaran silencio. A algunos se los incentivó a participar en el saqueo de los bienes de las víctimas. Convirtiéndolos así en cómplices materiales de la destrucción, atándolos a la versión del cartel de lo que había ocurrido, neutralizando de antemano su posible voluntad de testimoniar.
El número real de víctimas de lo que se conoce hoy como la masacre de Allende es uno de los misterios más dolorosos de ese capítulo de la historia mexicana. El gobierno del estado de Coahuila tardó años en reconocer públicamente la magnitud de lo ocurrido. Cuando finalmente lo hizo, habló de 54 desaparecidos confirmados. 54. Un número que parece casi razonable, casi manejable, casi como si lo ocurrido en Allende fuera una tragedia de escala normal dentro de la violencia del narco mexicano.
las organizaciones de víctimas, los investigadores independientes, los periodistas que dedicaron años a reconstruir los hechos con testimonios de sobrevivientes, de testigos, de exmiembros de la organización que colaboraron con las investigaciones, hablan de hasta 300 personas muertas o desaparecidas, 300, en un municipio de 23,000 habitantes en cuestión de semanas.
La diferencia entre 54 y 300 no es una diferencia estadística. Es la diferencia entre la narrativa oficial de un estado que no quería asumir la responsabilidad que le correspondía y la realidad vivida por una comunidad que perdió a cientos de sus miembros, que vio sus casas destruidas, que fue forzada al silencio bajo amenaza de muerte y que durante años no tuvo otra opción que cargar con ese dolor en secreto, sin reconocimiento, sin justicia, sin que el mundo supiera lo que había pasado.
El caso de Allende permaneció prácticamente desconocido para la opinión pública internacional durante casi una década. Fue una investigación publicada en el año 2017 por la periodista Ginger Thompson en el medio de periodismo de investigación propública, la que comenzó a sacar la historia a la luz. Años más tarde, una producción de la plataforma Netflix titulada Somos amplió el alcance de esa memoria y llevó lo ocurrido en Allende a pantallas de todo el mundo.
Pero el reconocimiento tardío no equivale a justicia. Los responsables materiales e intelectuales de la masacre de Allende nunca han sido juzgados en su totalidad. Las familias que perdieron a sus seres queridos aquella primavera de 2011 siguen esperando que alguien rinda cuentas de verdad.
Ningún cartel, por poderoso que sea, es eterno. Y los zas, que habían demostrado ser más resistentes y más adaptables que cualquier otro grupo criminal de su época, comenzaron a mostrar sus grietas internas antes de que ninguna fuerza externa pudiera derribarlos definitivamente. La historia de su descomposición es, en cierto modo, la demostración de que el miedo puede construir imperios, pero no puede sostenerlos indefinidamente.
Los imperios del miedo se devoran a sí mismos. El primer golpe decisivo llegó el 9 de octubre del año 2012. Eriberto Lazano. Lazcano, el Lazca, el hombre que había transformado a un grupo de desertores militares en el cartel más temido del continente americano. Fue localizado en el estado de Coahuila. Los fusileros navales mexicanos que lo interceptaron se enfrentaron a su escolta en un tiroteo que duró lo suficiente como para resultar letal para el líder de la organización.
Lazcano murió en ese enfrentamiento. Tenía 37 años. Había pasado más de una década construyendo, expandiendo y dirigiendo una maquinaria criminal que movía cientos de millones de dólares al año, que controlaba el destino de millones de personas en decenas de ciudades y municipios, que había comprado jueces y gobernadores y generales.
Murió en un camino de terracería de Coahuila, como muchas de sus víctimas habían muerto en caminos similares por orden suya. Tras su muerte, el poder dentro de los ZAS recayó sobre Miguel Ángel Treviño Morales. Z40, el mismo hombre que había ordenado la masacre de Allende, el mismo cuya paranoia había borrado del mapa a una comunidad entera de ciudadanos inocentes.
Su reinado al frente de la organización duró apenas 9 meses. El 15 de julio del año 2013, elementos de la marina mexicana lo interceptaron en un rancho del estado de Tamaulipas. El desenlace fue tan anticlimático como revelador. No hubo tiroteo, no hubo resistencia armada. El hombre que había aterrorizado a regiones enteras de México durante años, el hombre que había dado órdenes que costaron la vida de cientos de personas, se rindió sin disparar un solo tiro.
Fue trasladado a un penal de máxima seguridad. Años después, el 27 de febrero del año 2025, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos federales por narcotráfico, lavado de activos y violaciones de derechos humanos. Su hermano Omar Treviño Morales Z42 intentó asumir la conducción de la organización tras la captura de Miguel Ángel. Tuvo menos tiempo todavía.
fue capturado el 3 de marzo del año 2015 y siguió el mismo camino que su hermano, un penal de máxima seguridad en México y posteriormente, en esa misma fecha del año 2025, la extradición a los Estados Unidos. La ausencia de liderazgo fuerte y unificado desencadenó lo que dentro del mundo del crimen organizado se conoce como fragmentación y que desde el exterior parece un proceso de desintegración caótico, pero que desde el interior de una organización criminal es vivido como una guerra civil permanente, donde las alianzas se forman
y se rompen en cuestión de días y donde la única moneda válida es la lealtad que se puede comprar en ese momento. La organización, que alguna vez había sido monolítica, disciplinada como una unidad militar y dotada de una cadena de mando que funcionaba con precisión, se rompió en facciones rivales que comenzaron a enfrentarse entre sí con la misma ferocidad que antes habían dirigido contra sus enemigos externos.
La principal fractura generó dos grandes bloques. El cartel del noreste, heredero del legado Z en Nuevo Laredo y Tamaulipas, quedó bajo el control de Juan Gerardo Treviño Chávez, sobrino de Z40, conocido como El Huevo. Y por otro lado, una facción dispersa en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Coahuila, que se identificaba como la vieja escuela de la organización original, intentaba mantener viva la identidad fundacional del grupo.
Ambas facciones combatieron entre sí y con otros carteles en una espiral de violencia que convirtió algunos de los territorios que los Cetas habían controlado en escenarios de guerra permanente, donde la población civil pagaba el precio de batallas que no había elegido y que no comprendía. El cartel del noreste mantuvo una capacidad operativa significativa durante algunos años bajo el liderazgo del huevo.
Pero el 27 de febrero del año 2022, Juan Gerardo Treviño Chávez fue capturado por las autoridades mexicanas. Con su detención cayó el último gran heredero del linaje Z. Y en febrero del año 2025, el gobierno de los Estados Unidos designó oficialmente al cartel del noreste como organización terrorista extranjera el mismo estatus legal que ya tenía el cartel de Jalisco Nueva Generación.
Una designación que tiene consecuencias jurídicas y financieras de enorme alcance para cualquier persona o entidad que sea identificada colaborando con la organización. Hoy lo que queda de los ZAS no guarda ningún parecido con la organización que durante más de una década desafió al Estado mexicano con una capacidad de fuego y una brutalidad sin precedentes.
Son células dispersas y desconectadas que operan principalmente a nivel local, sobreviviendo a través de la extorsión de pequeños negocios, el robo de combustible y el control de rutas menores de tráfico en territorios donde ningún cartel más poderoso les ha disputado todavía el espacio. Han perdido el poder transnacional, han perdido la capacidad de intimidar a gobiernos enteros, han perdido la cohesión que los hacía tan letales.
han perdido, en definitiva, todo aquello que los definía como organización. Pero lo que no han perdido, porque eso no se pierde con la captura de un líder ni con la fragmentación de una organización es su legado. Y ese legado es oscuro, profundo y duradero, de una manera que ninguna noticia sobre capturas o extradiciones puede contrarrestar por sí sola.
Los zetas cambiaron el crimen organizado en México y en América Latina de maneras que todavía no se comprenden completamente ni se han documentado en su totalidad. Antes de ellos, los carteles eran fundamentalmente organizaciones de tráfico, violentas, corruptas, peligrosas, sí, pero con una lógica de negocio que, en último término tendía a evitar los excesos de violencia que podían atraer demasiada atención institucional o internacional.
Los grandes carteles de los años 80 y 90, el de Medellín en Colombia, el de Guadalajara en México, tenían códigos no escritos sobre los límites de la violencia que era permisible ejercer sin comprometer la viabilidad del negocio. Los Zas rompieron esos códigos deliberadamente, convirtieron el terror en una herramienta empresarial en el sentido más literal y más frío de la expresión.
No mataban solo para eliminar rivales o para castigar traiciones. Mataban para demostrar que podían matar, para que el espectáculo de la violencia comunicara un mensaje que llegara más lejos y durara más tiempo que cualquier amenaza verbal. Los cuerpos decapitados que aparecían en los cruces de carreteras con mensajes firmados por la organización, los videos de ejecuciones que circulaban por internet con una frialdad que dejaba a los espectadores sin palabras.
Las fosas clandestinas que se descubrían de tiempo en tiempo, cada una con su carga de cuerpo sin identificar y de historias de dolor que nadie se había molestado en contar. Todo eso era comunicación. Todo eso era parte de una estrategia de terror diseñada para garantizar que nadie que pudiera ser un obstáculo para los zetas tuviera la tentación de serlo.
Esa estrategia fue observada, estudiada y copiada. El cartel de Jalisco Nueva Generación, que emergió como la principal amenaza criminal en México en los años posteriores al declive de los cetas, adoptó métodos de violencia extrema que eran en muchos aspectos herederos directos del manual que los CETAs habían escrito.
grupos criminales en Ecuador, en Guatemala, en El Salvador, que hasta entonces habían operado con niveles de violencia que podríamos calificar de convencionales dentro del mundo del crimen organizado, comenzaron a incorporar tácticas zetas en su forma de operar. Los descuartizamientos, las fosas, los mensajes escritos en los cuerpos de las víctimas, la destrucción de comunidades enteras como acto de comunicación criminal.
Todo eso tiene una genealogía que remonta a las decisiones estratégicas que Heriberto Lazano y los hermanos Treviño tomaron en los cuarteles improvisados del noreste de México en los primeros años de la década del 2000. El daño institucional que los cetas causaron al Estado mexicano es otra dimensión de su legado que resulta difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar.
La corrupción policial, judicial y política no fue inventada por los ZAS. Existía antes que ellos y existirá después, pero los ZAS la industrializaron a una escala que no tenía precedentes. La policía municipal de docenas de ciudades quedó completamente capturada, no en el sentido de que algunos agentes recibían sobornos ocasionales, sino en el sentido de que la institución entera funcionaba como un apéndice del cartel.
Los alcaldes que recibían transferencias mensuales de la organización y a cambio garantizaban que las operaciones del cartel no encontraran obstáculos en sus municipios. Los mandos militares que compartían información de inteligencia sobre operaciones planeadas contra el cartel, a cambio de pagos que eran, en el mejor de los casos, una traición a su uniforme y, en el peor, una condena a muerte para los agentes que participarían en esas operaciones.
Los funcionarios federales que servían de escudo legal para las empresas fachada de la organización, los jueces que dictaban resoluciones favorables a miembros del cartel que habían sido detenidos. Ese tejido de corrupción no desaparece cuando cae el líder de una organización criminal. Tiene vida propia, tiene inercia.
Las personas que aprendieron a vivir en la relación de dependencia con el crimen organizado no dejan de hacerlo de un día para el otro solo porque la organización se fragmente o porque sus líderes sean extraditados a los Estados Unidos. La corrupción que los CETAs financiaron y sistematizaron durante más de una década dejó una marca en las instituciones del noreste de México que todavía hoy, años después del declive del cartel, sigue siendo visible para quien quiera verla.
Y luego están las víctimas, las víctimas vivas y las víctimas muertas, las 72 personas ejecutadas en San Fernando en agosto del año 2010, cuyos nombres completos fueron en muchos casos conocidos solo por sus familias y por los funcionarios consulares de sus países, que tardaron semanas en confirmar las identidades. Las 193 personas cuyos cuerpos fueron extraídos de las 47 fosas clandestinas del mismo municipio, muchas de las cuales siguen sin ser identificadas formalmente años después.
Los cientos de víctimas de la masacre de Allende, cuyo número exacto el Estado mexicano, nunca ha querido reconocer en su totalidad. Los miles de migrantes que desaparecieron en las rutas controladas por los zetas y cuyos restos nadie ha buscado con la sistematicidad y los recursos que el tamaño de la tragedia requiere.
Las familias de todos ellos que viven con una herida que no cierra, porque la herida que deja la desaparición forzada de un ser querido no cierra sin verdad, sin justicia y sin que alguien que tenga la autoridad para hacerlo reconozca lo que ocurrió y asuma la responsabilidad que le corresponde. De los cientos de personas que participaron en crímenes como las masacres de San Fernando y Allende, solo un puñado ha recibido condenas.
En algunos casos, ni siquiera eso. Los Zas existieron como organización unificada durante algo más de una década. Una década que en el calendario parece un periodo corto, pero que en el terreno de las consecuencias humanas representa una eternidad de sufrimiento. En ese tiempo generaron un rastro de destrucción que va mucho más allá de los cuerpos contados en las fosas y de los expedientes judiciales archivados en los tribunales del noreste de México.
generaron un miedo que se instaló en la memoria colectiva de regiones enteras y que alteró para siempre la manera en que sus habitantes se relacionan con el Estado, con la autoridad y con la posibilidad de que alguien los defienda cuando lo necesitan. Generaron una desconfianza institucional que es, en último término, uno de los activos más valiosos que cualquier organización criminal puede esperar dejar como herencia en el territorio donde operó.
No fueron el primer cartel en la historia de México y América Latina, tampoco serán el último. El ecosistema criminal que produjo a los cetas sigue intacto en sus condiciones estructurales más profundas, lo que los cetas demostraron con una brutalidad que no tiene parangón en la historia moderna del crimen organizado latinoamericano es hasta dónde puede llegar una organización criminal cuando dispone de conocimiento militar, de financiamiento ilimitado, de corrupción sistémica y de la convicción de que la violencia
llevada a su extremo más calculado es el instrumento más eficiente que existe para construir poder. Esa demostración ya fue hecha. Esa lección ya fue aprendida por demasiados actores en demasiados países y eso es quizás la dimensión más ominosa y más duradera del legado de los Zetas. Los ZAS fueron, en definitiva, el espejo más brutal y más honesto que el crimen organizado le ha puesto al Estado mexicano y a la sociedad latinoamericana en lo que va del siglo XXI.
Lo que ese espejo reflejó no fue agradable, no fue tranquilizador, no fue algo que se pueda ver y luego dejar atrás sin que cambie la manera en que se mira el mundo. Pero ese espejo existe, esa imagen permanece. y mirarla de frente, sin apartar los ojos, sin buscar excusas ni consolaciones fáciles, es lo único que hace posible algún día que la historia no se repita exactamente de la misma manera, porque la memoria no es un ejercicio de nostalgia.
La memoria, cuando se trata de crímenes de esta magnitud, es el único acto de resistencia que le queda a quienes no tienen poder para hacer otra cosa. Es el acto de decir en voz alta y sin importar que incomode que esto ocurrió, que estas personas existieron, que sus nombres merecen ser pronunciados y que los responsables merecen ser juzgados.
Aunque el juicio llegue tarde, aunque llegue incompleto, aunque llegue con las cicatrices de la impunidad todavía frescas, la memoria es lo que separa la historia de la simple estadística criminal. Y mientras haya alguien dispuesto a contar estas historias y alguien dispuesto a escucharlas, las víctimas de los zetas no habrán desaparecido del todo.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia te ha impactado, si crees que estas memorias merecen ser preservadas y no enterradas bajo el peso del tiempo y la indiferencia, te pido un favor muy sencillo. Dale a me gusta en este video, suscríbete al canal Relato Mafioso y deja tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué pensaste, qué sentiste, qué te generó escuchar esta historia.
Esas reacciones son las que nos permiten seguir haciendo este trabajo y traerte más relatos que el mundo preferiría olvidar. En Relato Mafioso seguiremos contando las historias que tienen que ser contadas con el rigor, el respeto a las víctimas y la profundidad que merecen. Nos vemos en el próximo episodio.
