Justicia de Dos Libretas: Cuando la Ley tiene Color
En el México contemporáneo, bajo la narrativa de la “Cuarta Transformación”, el concepto de igualdad ante la ley ha sufrido una metamorfosis inquietante. Para el observador atento, resulta cada vez más evidente que la justicia nacional opera bajo dos manuales distintos: uno para los adversarios del régimen, cuya rapidez y contundencia parecen dictadas por la urgencia política, y otro, un manual de impunidad selectiva, para los consentidos del sistema. Mientras la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, es sentada frente a la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir cuentas por un operativo antinarco, una larga lista de figuras morenistas permanece en una zona de confort absoluta, alérgica a los citatorios a pesar de las montañas de pruebas, reportes de inteligencia y denuncias formales que pesan sobre ellos.
Este fenómeno no es una percepción aislada; es una estructura que ha normalizado el trato diferenciado. La Fiscalía ha demostrado una agilidad sorprendente para acorralar a figuras de la oposición, mientras que, cuando se trata de gobernadores, legisladores u operadores vinculados al partido oficialista —señalados por delitos que van desde el huachicol fiscal y el lavado de dinero hasta el tráfico de armas—, el procedimiento se vuelve lento, opaco y, en la mayoría de los casos, inexistente. La pregunta que resuena en los pasillos de la opinión pública no es solo por qué no se investiga, sino por qué se ha institucionalizado un blindaje que convierte a ciertos personajes en figuras de porcelana: intocables, sagradas e inalcanzables para la justicia.
El Caso Grotesco: Adán Augusto y las 37 Denuncias
El ejemplo más extremo de esta parálisis judicial es, sin duda, el caso del senador morenista Adán Augusto López Hernández. Resulta casi surrealista que una figura política de su envergadura, con un historial que incluye 37 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, continúe caminando por el Senado con la despreocupación de quien no debe nada. Presentadas en octubre de 2025 por la exdiputada María Elena Pérez Jaén, estas acusaciones no son nimiedades: incluyen peculado, desvío de recursos públicos y un daño patrimonial estimado en 800 millones de pesos, detectado en auditorías a las cuentas públicas de Tabasco durante su gestión como gobernador.
La estrategia de la denunciante fue dividir el caso en 37 carpetas separadas para evitar que la FGR desechara el paquete completo mediante un acuerdo técnico, una táctica que debería haber forzado una investigación minuciosa. Sin embargo, la Fiscalía ha mantenido los expedientes en el congelador. Sumado a esto, se ha documentado la transferencia de 40 millones de pesos a cuentas ligadas al entorno del funcionario, provenientes de empresas catalogadas por el SAT como factureras. Pero en la 4T, estas evidencias no provocan citatorios, sino silencios cómplices. Adán Augusto, protegido por el fuero constitucional que él mismo se encarga de preservar, sigue operando desde el Legislativo mientras la justicia duerme el sueño de los justos.
La Red de los “Intocables”: Un Recorrido por la Impunidad
El caso de Adán Augusto es apenas la punta del iceberg de un sistema diseñado para proteger a sus piezas clave. Al analizar caso por caso, el patrón se repite con una precisión alarmante.
1. Alfonso Durazo: El Silencio tras la Tragedia
En marzo de 2021, la familia LeBarón presentó una denuncia penal contra el entonces Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, por omisión y responsabilidad penal tras la masacre de 2019 donde fueron asesinados tres mujeres y seis menores. La acusación fue clara: las autoridades conocían el nivel de violencia en la zona. Pese a que el caso involucraba vidas humanas y una negligencia grave, la FGR jamás citó a Durazo. Mientras el hoy gobernador de Sonora se limitaba a defender su gestión como “un esfuerzo mayor”, la investigación se centró exclusivamente en los integrantes del grupo criminal, dejando intacta la responsabilidad del mando superior.
2. Mara Lezama: El Blindaje en Quintana Roo
La gobernadora de Quintana Roo acumula denuncias desde 2021 por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, vinculadas a la empresa familiar desarrolladora KPAL. Además, cuenta con señalamientos por tráfico de influencias en contratos otorgados a Romedic, empresa ligada al círculo íntimo de Andrés Manuel López Beltrán. A pesar de que la empresa había sido boletinada por Cofeprix, los contratos continuaron fluyendo. Las denuncias presentadas por legisladores panistas se acumulan en los archivos de la Fiscalía sin que la gobernadora haya sido llamada a declarar una sola vez.
3. Marina del Pilar Ávila: El Escándalo que se Desvanece
El caso de la gobernadora de Baja California es particularmente ilustrativo de la resistencia institucional. Denunciada por presunta vinculación con una red de tráfico de armas y lavado de dinero encabezada por su exesposo, Carlos Torres, Marina del Pilar ha visto cómo su caso se desinfla ante la falta de acción de la FGR. Aunque Estados Unidos revocó su visa en 2025 —un golpe diplomático de gran calibre—, en México la Fiscalía ha limitado sus indagatorias a particulares y exfuncionarios, evitando tocar a la mandataria bajo el pretexto del fuero constitucional, sin que exista un intento real de iniciar un proceso de desafuero.
4. El “Coyote” Favorito: Andrés Manuel López Beltrán
Quizás el personaje con mayor protección en la historia reciente de México sea “Andy”. Denunciado formalmente en agosto de 2025 por el diputado Federico Döring, el expediente en su contra lo vincula con una red de corrupción en aduanas fronterizas y huachicol fiscal, basada en informes de inteligencia militar de la Sedena. La acusación es contundente: delincuencia organizada, contrabando y lavado de dinero para financiar campañas políticas. Sin embargo, la carpeta permanece “congelada” por razones que cualquier analista político identifica como puramente políticas. Es el intocable por excelencia, el coyote que, según la narrativa oficial, no necesita dar explicaciones porque su linaje lo exime de cualquier sospecha.
Justicia Selectiva: ¿Color de Piel o Color de Partido?
Lo que diferencia a estos casos de otros procesos judiciales en el país es la naturaleza del trato recibido. Cuando un funcionario de oposición es señalado, la maquinaria mediática y judicial se activa con una precisión de relojero: se filtran documentos, se hacen comparecencias públicas y se crea un clima de culpabilidad inmediata. Cuando el señalado es un cuadro de Morena, la “prudencia” de la Fiscalía se vuelve extrema.
Se argumenta constantemente el fuero constitucional como un escudo inamovible. Sin embargo, el fuero no es una licencia para delinquir; es un mecanismo diseñado para proteger el ejercicio de la función pública, no para ocultar crímenes de lesa humanidad, desvíos millonarios o colusión con el crimen organizado. La diferencia radica en que, para los “amigos” del régimen, el desafuero es una palabra prohibida, una medida que solo se aplica si el objetivo es político y no judicial.
Esta justicia de color también se refleja en la actitud ante la prensa. Mientras Claudia Sheinbaum y otros voceros del movimiento insisten en que “no hay corrupción” y que sus funcionarios son los más honestos del mundo, se niegan sistemáticamente a someterse a la prueba más básica de la transparencia: dar la cara. El lema “el que nada debe, nada teme” parece haber sido borrado del vocabulario de la 4T. Ante las acusaciones, la respuesta no es la apertura a la investigación, sino el ataque a la prensa, el desprecio por la fiscalización y el refugio tras las carpetas archivadas.
Conclusión: La Alergia Selectiva a la Rendición de Cuentas
La conclusión es inevitable: México padece un sistema de justicia con alergia selectiva a la rendición de cuentas. No es una cuestión de culpabilidad o inocencia —eso es tarea de los jueces—, sino de carácter. Un servidor público que presume de rectitud y de servir al “pueblo bueno” debería ser el primero en exigir una investigación exhaustiva ante cualquier sospecha para limpiar su nombre. Pero en la 4T, la prudencia ante la Fiscalía se confunde con cobardía o, peor aún, con la complicidad de saber que el sistema no está diseñado para juzgarlos, sino para protegerlos.
La justicia que distingue colores termina por erosionar la confianza democrática. Cuando la ciudadanía percibe que los gobernantes pueden desviar cientos de millones, proteger redes de huachicol o estar vinculados al crimen organizado mientras otros son procesados por minucias, el tejido social se desgarra. Adán Augusto viendo el fútbol en el Senado mientras le pesan 37 carpetas de investigación no es un símbolo de poder; es un símbolo de decadencia. La 4T, que prometió cambiar el rostro de la política nacional, ha terminado por instaurar un régimen donde, efectivamente, algunos son más iguales que otros ante la ley. Mientras el fuero y los acuerdos políticos sigan siendo más fuertes que la evidencia, México seguirá esperando esa justicia imparcial que, al parecer, hoy solo existe en los discursos de campaña.
