Hubo un tiempo, no muy lejano en los calendarios pero que hoy parece pertenecer a otra era política, en que una inmensa mayoría de analistas, expertos internacionales y observadores creían firmemente que la estrategia de Nayib Bukele en El Salvador era una auténtica excepción. Se repetía hasta la saciedad que lo ocurrido en aquel pequeño rincón de Centroamérica era un caso completamente aislado, un fenómeno peculiar e imposible de replicar en otras latitudes. Los escépticos aseguraban con rotunda confianza que ningún otro país del continente seguiría ese camino de mano dura y que, tarde o temprano, la región entera volvería a caer en la inercia de las mismas políticas tradicionales. Esas mismas políticas que, durante largas y dolorosas décadas, permitieron que el crimen organizado, la violencia desmedida y la inseguridad más asfixiante dominaran las calles a sus anchas, secuestrando la libertad de millones de personas inocentes.
Sin embargo, el tiempo tiene una forma fascinante de desmontar las certezas más arraigadas. Mientras millones de ciudadanos latinoamericanos observaban con extrema atención y un silencioso anhelo los cambios radicales que ocurrían en la nación salvadoreña, algo mucho más grande, profundo y sísmico comenzaba a gestarse en la sombra. Hoy, ese murmullo se ha convertido en un rugido ensordecedor, y los ojos de toda América Latina están clavados fijos sobre el Perú. Lo que estamos presenciando no es simplemente una elección presidencial de rutina; es un momento definitorio que no solo decidirá el futuro inmediato de un país de más de treinta millones de habitantes, sino que tiene el potencial explosivo de confirmar una tendencia política imparable que se expande como un reguero de pólvora por todo el continente.
Esta no es una tendencia nacida en los despachos de los teóricos, sino que está siendo impulsada desde las calles, alimentada por ciudadanos que han llegado al límite de su resistencia. Hablamos de poblaciones enteras que están exhaustas, profundamente cansadas de vivir bajo el yugo de la delincuencia, de las extorsiones diarias, del terror del sicariato que cobra vidas inocentes sin piedad. Es el clamor de quienes han soportado años de gobiernos ineficaces, administraciones paralizadas e incapaces de devolver la tranquilidad básica a sus pueblos. Y en medio de este escenario de hartazgo generalizado y desesperación palpable, emerge un nombre que ha vuelto a acaparar, con una fuerza inusitada, todos los titulares de la prensa nacional e internacional: Keiko Fujimori.
La candidata de la derecha peruana ha logrado una hazaña política que muchos consideraban improbable, colocándose al mismísimo borde de una victoria que podría catalogarse como histórica. Lo ha hecho en el marco de unas elecciones marcadas por una polarización política sin precedentes, donde las pasiones están a flor de piel y el país parece dividido por una línea invisible pero profunda. Mientras los resultados oficiales continúan siendo analizados de manera minuciosa, gota a gota, y miles de votos provenientes de los peruanos en el extranjero esperan ser contabilizados para inclinar definitivamente la balanza, todo apunta en una dirección asombrosa. Perú estaría a punto de elegir a una presidenta que, durante toda su intensa campaña electoral, no titubeó en hacer una promesa audaz: aplicar medidas directamente inspiradas en el exitoso modelo de seguridad que hizo mundialmente famoso a Nayib Bukele en El Salvador.
La narrativa de campaña de Keiko Fujimori ha sido directa, cruda y desprovista de ambigüedades, conectando visceralmente con el miedo y la frustración de la gente. Su propuesta estrella resuena con fuerza: la construcción de megacárceles. Un combate frontal y sin cuartel contra el crimen organizado. Un endurecimiento severo de las penas penales para los delincuentes. Y, por encima de todo, la instauración de una política de tolerancia cero contra todos aquellos que se dedican a sembrar el pánico y el terror en las calles peruanas. Durante sus discursos multitudinarios, la candidata fue categórica: “Construiremos cuatro penales grandes, un megapenal para los reos de alta peligrosidad. Construiremos así una cárcel que se llama el CECOT en El Salvador, donde Bukele en ocho meses lo hizo, aquí también”.
Pero más allá de las infraestructuras penitenciarias masivas, el mensaje de Fujimori ha tocado una fibra profundamente emocional en la cotidianidad de los trabajadores peruanos. Como ella misma ha relatado en sus intervenciones, lo más importante y revelador sucede a ras de suelo: “Cuando converso con los transportistas me dicen: ‘Señora, esos dos que están en la moto, esos son. Todos sabemos quiénes son. Aquí lo que hace falta es decisión política y tener los pantalones bien puestos'”. Esta anécdota, aparentemente sencilla, encapsula la tragedia diaria de millones de personas que conviven con sus extorsionadores, viéndolos pasar frente a sus negocios y sus familias, mientras el Estado mira hacia otro lado.
Estas propuestas de mano dura y control estricto, que hace apenas unos pocos años habrían sido duramente criticadas, vilipendiadas y tachadas de extremas por numerosos sectores políticos, intelectuales y mediáticos, hoy han experimentado una metamorfosis asombrosa. Se han convertido, sin lugar a duda, en una de las principales y más urgentes demandas de millones de ciudadanos peruanos. La gente de a pie ya no pide debates teóricos sobre criminología; exige, con desesperación, recuperar la paz, el orden y el derecho fundamental a caminar por su propio barrio sin el temor a perder la vida por un teléfono móvil o por no pagar un cupo de extorsión.
Pero para comprender la verdadera magnitud de este suceso, debemos alzar la mirada. Esta historia va muchísimo más allá de una simple y reñida elección presidencial peruana. Lo que se está desarrollando y desenvolviendo ahora mismo en el Perú podría ser la confirmación definitiva de un fenómeno político telúrico que ya ha comenzado a transformar de manera irreversible el rostro de América Latina. Es un fenómeno que los analistas y politólogos más avezados ya han bautizado con un nombre propio: “el efecto Bukele”. Una corriente de pensamiento y acción que nace de una pregunta en apariencia sencilla, pero que alberga un poder devastador para el status quo tradicional: ¿Qué es realmente más importante para un Estado? ¿Proteger celosamente los derechos de los criminales que aterrorizan a la sociedad, o garantizar de manera absoluta la seguridad, la integridad y el derecho a la vida de los ciudadanos de bien?
Durante años, Nayib Bukele sostuvo esta postura desafiante, una filosofía que generó los más fuertes, agrios y polarizados debates tanto dentro como fuera de las fronteras de El Salvador. El presidente salvadoreño, desafiando a las organizaciones internacionales y a los críticos de la comunidad global, afirmó en repetidas e insistentes ocasiones que la obligación primordial, esencial e innegociable de cualquier gobierno es proteger a las familias honestas. Su deber es resguardar a los trabajadores que se levantan de madrugada, a los estudiantes que forjan su futuro, y a todos aquellos ciudadanos pacíficos que simplemente desean vivir y prosperar en paz.
Para sus más férreos críticos y detractores, sus medidas de excepción y su política penitenciaria eran demasiado severas, autoritarias e incluso peligrosas para el orden democrático tradicional. Sin embargo, para sus millones de fervientes seguidores, estas acciones representaban exactamente lo que hacía falta, el remedio amargo pero necesario para enfrentar una crisis de seguridad endémica que, durante décadas, parecía un rompecabezas imposible de resolver. Hoy, mientras la sociedad peruana observa con el aliento contenido el desenlace de una de las elecciones más cerradas, agónicas y reñidas de su historia reciente, millones de personas en todo el continente recuerdan vívidamente aquellas palabras del mandatario salvadoreño. Porque hay una verdad irrefutable en la sociología política moderna: cuando la inseguridad ciudadana escala hasta convertirse en el principal, dominante y abrumador problema de una nación, los ciudadanos, inevitablemente, comienzan a buscar y a encumbrar líderes que estén dispuestos a actuar con una firmeza inquebrantable.
La situación actual en el Perú es un auténtico thriller político. Las cifras que emanan de los organismos electorales muestran una contienda extremadamente ajustada, un empate técnico prolongado que mantiene al país en vilo. Aunque los resultados oficiales continúan avanzando con la lentitud propia de un proceso escrupuloso, diversos análisis estadísticos, cruces de datos y proyecciones de expertos han colocado a Keiko Fujimori con amplias, sólidas y reales posibilidades de coronarse como la próxima y definitiva presidenta del Perú.
Las declaraciones en este clima de incertidumbre están cargadas de prudencia y estrategia. “Los peruanos, con Dios, creo que tenemos que esperar hasta el final, como lo he dicho ayer. Cada acta va a ser muy importante. Así es que creo que lo que corresponde en estos momentos es paciencia y mucha serenidad”, son las palabras que resuenan en los cuarteles generales, intentando calmar los ánimos exaltados. Se hace un llamado urgente a las bases operativas: “Hago también un llamado a que los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales que tenemos, más de cien de ellos desplegados en todo el Perú, pues van a tener que pelear, analizar cada una de estas actas. Y bueno, vamos a tener que esperar y respetar los resultados, sea cual sea el ganador”.
Los analistas en los medios de comunicación, transmitiendo en vivo para canales como Canal N, dibujan el mapa de un país fracturado. Los resultados iniciales han arrojado una radiografía de una división casi matemática del país en dos mitades prácticamente iguales. Ante la pregunta de cómo deben asumir Fuerza Popular y sus contrincantes este resultado arrojado por las urnas, la respuesta revela el monumental desafío de gobernabilidad que se avecina. El resultado evidencia, sin atisbo de duda, una gran y profunda división de los peruanos. Corresponderá a los partidos políticos y a la madurez de todos sus dirigentes, una vez que el polvo se asiente y se declare el resultado final, empezar a tender los puentes de diálogo correspondientes, mostrando la predisposición necesaria para evitar que la fractura social se convierta en un abismo ingobernable.
En esta ecuación electoral milimétrica, cada variable cuenta. Incluso el voto en el extranjero, históricamente un detalle marginal, podría terminar siendo el factor decisivo, el peso pluma que incline definitivamente y de manera irreversible la balanza a favor de la propuesta de mano dura. Los conteos rápidos y la experiencia de segundas vueltas anteriores arrojan luz sobre el comportamiento del electorado. Se sabe que en el extranjero y en ciertos bastiones, Fujimori mantiene una ventaja estratégica, mientras que en las áreas rurales y remotas, las preferencias han favorecido al candidato Sánchez. La verdadera incógnita radica en las variaciones del ausentismo y en cómo estos márgenes fluctuarán en el tramo final.
Pero hay un tercer grupo de datos que falta considerar y que mantiene a los comandos de campaña sin dormir: las mesas que han sido impugnadas y observadas por supuestas irregularidades. La mayoría de estas controversias se concentran en Lima, la capital del país, que es tradicionalmente una zona de fuerte arraigo y donde Fujimori suele obtener victorias contundentes. En la medida en que estas impugnaciones se vayan resolviendo en los tribunales electorales, la lógica estadística sugiere que un porcentaje muy importante de esas mesas terminarán sumando votos a favor de la candidata de derecha.
La mayor parte de los expertos en estadística que están analizando estos datos masivos coinciden en un escenario particular. Quienes conocen el trabajo desde adentro, realizando cálculos internos exhaustivos y simulando distintos y complejos escenarios electorales, llegan a una conclusión reveladora: en la mayor parte de esos escenarios proyectados, la victoria final se inclina hacia Fujimori. El porcentaje apretado que se ha vislumbrado en las primeras etapas del conteo no incluye casi nada del decisivo voto en el extranjero, no incluye el peso total de algunas zonas remotas del sector rural, y fundamentalmente, no incluye las actas impugnadas de la capital. Por ello, aunque en ciertos momentos del escrutinio se pueda vislumbrar una ligera ventaja para Sánchez, los modelos matemáticos y predictivos desarrollados con mayor rigor en la mayor parte de los casos sitúan a Keiko Fujimori ligeramente por delante, acariciando la banda presidencial.
Como era de esperarse en un clima de tan alta tensión, la reacción no se ha hecho esperar. Mientras tanto, desde distintos y variados sectores de la izquierda peruana, se multiplican las denuncias públicas, las acusaciones de irregularidades y las fricciones. Son las tensiones políticas clásicas y propias de una elección que se define por un margen tan cerrado, donde cada voto vale su peso en oro. Sin embargo, a pesar del ruido y la furia del momento, la expectativa general crece de forma exponencial con cada nueva actualización de las autoridades electorales. Todos son conscientes de que el resultado final de esta contienda podría enviar un mensaje absolutamente contundente, claro y sin filtros a toda la región latinoamericana.
Y es que el Perú no es, ni por asomo, el único país donde el tema de la seguridad ciudadana se ha convertido en el eje central, casi exclusivo, del debate político nacional. Lo mismo está ocurriendo con una fuerza arrolladora en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Costa Rica y en otras tantas naciones hermanas. En todos estos lugares, millones de ciudadanos comunes, trabajadores incansables, observan con una mezcla de envidia, atención y esperanza lo sucedido en El Salvador. Se miran al espejo de su propia realidad manchada por la violencia y se preguntan, cada vez en voz más alta, si un modelo similar, adaptado a sus realidades pero con la misma contundencia implacable, podría por fin devolverles la tranquilidad que han perdido durante tantos años de inacción gubernamental.
