El guion parece sacado de la mente de un novelista especializado en thrillers políticos y crimen organizado, pero lamentablemente es la cruda realidad que enfrentan los ciudadanos de Tenancingo, en el Estado de México. En lo que ya se considera uno de los mayores escándalos de corrupción, simulación y cinismo institucional de los últimos años, la presidenta municipal, Nancy Nápoles, ha pasado de ser la supuesta víctima de un crimen de alto impacto a convertirse en la principal sospechosa de un desfalco millonario. Y como si la farsa de su propio secuestro no fuera suficiente indignación para el pueblo que juró proteger, la edil ha decidido emprender una agresiva cacería legal y económica contra los periodistas independientes que se atrevieron a destapar la cloaca de su administración.
Todo comenzó a gestarse el último día de mayo, una fecha que quedará tristemente marcada en la memoria del municipio. Ese día, la alcaldesa Nancy Nápoles fue la protagonista de un extraño y dramático episodio. De acuerdo con los primeros reportes, la presidenta municipal llegó a su domicilio en compañía de su familia. En ese instante de aparente normalidad y tranquilidad hogareña, un vehículo se aproximó de manera abrupta. Del automóvil descendieron un hombre y una mujer, quienes, presuntamente armados, la amenazaron con lujo de violencia y la obligaron a acompañarlos hacia un rumbo desconocido.
La noticia corrió como pólvora. El secuestro de una alcaldesa en funciones no es un asunto menor en un país donde la seguridad ciudadana es un tema sumamente delicado. Inmediatamente después de su desaparición, la familia de la edil recibió la escalofriante llamada de los supuestos captores. La exigencia era exorbitante, completamente fuera de toda proporción común: pedían la cantidad de 40 millones de pesos a cambio de su li
beración con vida. Frente a este aterrador escenario, las autoridades estatales y federales desplegaron de inmediato un impresionante y costoso operativo táctico y de inteligencia para localizar a la funcionaria.
Sin embargo, el drama dio un giro inesperado y casi milagroso. Poco tiempo después, y justo en los momentos de mayor tensión del operativo de búsqueda, Nancy Nápoles apareció por su propio pie en las instalaciones del Ministerio Público. Su versión oficial indicaba que, en un acto de valentía y astucia, había logrado escapar de las garras de sus temibles secuestradores.
Pero en la investigación criminal, las casualidades rara vez existen y las inconsistencias no tardan en salir a la luz. Los peritos e investigadores de la fiscalía comenzaron a notar piezas que simplemente no encajaban en el rompecabezas del relato de la presidenta municipal. Las contradicciones en sus declaraciones, sumadas al análisis detallado de las rutas y tiempos, llevaron a las autoridades a tirar del hilo, encontrando una verdad mucho más perturbadora que el propio delito que se investigaba en un principio.
El operativo de seguridad continuó, pero esta vez no para buscar a una víctima, sino para desarticular a los verdaderos responsables. La fiscalía logró la detención de tres personas fuertemente involucradas en el supuesto plagio. Lo que dejó a todo el Estado de México atónito fue la identidad de dos de estos detenidos: el propio esposo y el cuñado de la alcaldesa. Ambos individuos, que se encontraban escondidos en el estado de Oaxaca al momento de ser interceptados por la ley, terminaron por quebrar el pacto de silencio. Según los informes oficiales de la investigación, los familiares expusieron que toda la operación criminal no fue más que un montaje orquestado desde adentro, y que fue la misma Nancy Nápoles quien les dio las indicaciones precisas y detalladas para ejecutar el falso secuestro.
¿Cuál era el motivo detrás de tan elaborada y arriesgada mentira? La fiscalía y los críticos de su gobierno apuntan a una razón sumamente lucrativa: encubrir un gigantesco hoyo financiero. Se acusa a la edil de pretender utilizar el rescate del falso secuestro como una cortina de humo perfecta para desfalcar al Ayuntamiento por la gigantesca cantidad de 40 millones de pesos. El plan, maquiavélico en su concepción, buscaba saquear las arcas públicas simulando que el dinero había sido entregado al crimen organizado para salvar la vida de la máxima autoridad de Tenancingo.
El impacto psicológico y social que este escándalo ha dejado en la comunidad es incalculable. Los habitantes, quienes depositaron su confianza en las urnas esperando un gobierno de transparencia y honestidad, hoy se sienten profundamente traicionados. Un secuestro no es un tema de juego. Las familias viven con el temor constante de la inseguridad, y que una autoridad utilice este doloroso flagelo social como una herramienta de teatro político demuestra una grave falta de ética. Al fingir un secuestro, se desvían recursos y atención vitales, ofendiendo a las víctimas reales que sufren a diario por la violencia.
Cuando la verdad comenzó a salir a la luz gracias a la labor incansable de la prensa local, la reacción de Nancy Nápoles no fue la renuncia, la disculpa ni el arrepentimiento. En su lugar, optó por la venganza política. En un acto que organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión califican como represión absoluta, la alcaldesa inició acciones legales contra los comunicadores que expusieron las irregularidades de su gestión y cuestionaron públicamente el montaje de su plagio.
El blanco principal de su furia son los periodistas Ángel Ávila Calvo, Ramón Castañeda Mondragón, Arturo Escobar Sánchez y Alejandro López Vázquez, todos ellos valientes colaboradores del espacio informativo local conocido como La Madeja Política de Tenancingo. La presidenta municipal los acusa formalmente de supuestos actos de “violencia digital”, “hostigamiento”, “intimidación” y de causar un “daño a su reputación”. Pero el nivel de cinismo llega a su punto máximo al conocer la sanción que exige: Nápoles busca cobrarles 125,000 pesos a cada uno de los reporteros, sumando un total de medio millón de pesos, bajo el concepto de reparación del daño. En esencia, intenta silenciar a la prensa independiente estrangulando su economía de forma arbitraria.
Los periodistas ya fueron citados por la autoridad judicial en el municipio de Metepec, donde se les advirtió sobre la posibilidad latente de una fuerte sanción económica si no acatan las exigencias. Además, denuncian que la edil ha llegado al extremo de pedirle a la ciudadanía, de manera abierta, que se abstengan de hacer comentarios sobre ella en las redes sociales, en lo que representa una flagrante violación a la libertad de expresión y al derecho al libre tránsito de la información.
Ante la avalancha de críticas mediáticas y la evidencia abrumadora en su contra por parte de la fiscalía, Nancy Nápoles decidió emitir un mensaje en video tratando de limpiar su imagen pública, aunque con escaso éxito. En su declaración, con un tono que pretendía mostrar firmeza pero que destilaba una evidente preocupación, negó de manera contundente la existencia de cualquier desfalco a las arcas del municipio. “Pido al Órgano Superior de Fiscalización que se apersone en el momento que quiera en el municipio para que compruebe que no existe tal hecho”, sentenció ante la cámara.
En lugar de asumir las responsabilidades por los actos confesados por su propia familia en Oaxaca, la edil ha optado por la clásica estrategia de la victimización. Argumenta, sin presentar pruebas tangibles, que todo es producto de un complot político diseñado para desacreditarla como persona, como mujer y como servidora pública. Apunta sus acusaciones hacia supuestos subalternos que, según sus palabras, operan en el territorio bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. “Soy una mujer íntegra y no será hoy ni nunca que eso cambie”, declaró, asegurando que tiene la frente en alto, que seguirá dando la cara y que no le debe nada a nadie.
A pesar de sus esfuerzos por desviar la atención, el respaldo institucional hacia su figura se ha desmoronado por completo. La gravedad de las acusaciones y el fuerte impacto de las investigaciones obligaron al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), institución política que la llevó al poder, a tomar medidas drásticas. El partido decidió retirarle de forma inmediata todos sus derechos partidistas, argumentando que sus reprobables acciones han dañado severamente la imagen del instituto político ante la ciudadanía.
La sociedad civil y el gremio periodístico tampoco la han dejado pasar. La respetada organización “100 Periodistas por el Estado de México” ha levantado la voz de manera enérgica y solidaria, calificando las demandas de la alcaldesa como un acto de intimidación y de persecución política originado por el estricto rigor del trabajo informativo de los acusados. Han dejado en claro que es inaceptable que una funcionaria bajo la rigurosa lupa de la ley, envuelta en un escándalo de corrupción y de simulación criminal, pretenda utilizar las herramientas legales del Estado para castigar a los mensajeros de la verdad.
Lo que ocurre actualmente en Tenancingo es mucho más que una simple noticia local. Es un claro ejemplo de las alarmantes tácticas que algunos gobernantes están dispuestos a utilizar para aferrarse al poder, encubrir sus graves errores y amedrentar a una sociedad que solo exige respuestas. A pesar de las constantes amenazas judiciales y la asfixiante presión desde el palacio municipal, los periodistas de La Madeja Política han dejado un mensaje contundente: no darán un solo paso atrás en su compromiso inquebrantable con la verdad. Ahora, la justicia del Estado de México tiene la obligación histórica de llegar hasta las últimas consecuencias, sin fabricar culpables y desmantelando por completo esta indignante red de engaños que tanto daño le ha hecho a la credibilidad democrática del municipio.
