El proyecto estrella de la actual administración, bautizado con el ambicioso nombre de Olinia, prometía marcar un antes y un después en la historia industrial de la nación. Presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum como el primer automóvil eléctrico cien por ciento mexicano, la iniciativa nació bajo una imponente narrativa cargada de orgullo nacional y supuesta vanguardia tecnológica. Sin embargo, lo que inicialmente se vendió a la opinión pública como el gran salto hacia la soberanía automotriz y la movilidad sustentable, hoy se encuentra sumergido en un profundo fango de irregularidades, sospechas de corrupción, un descarado nepotismo corporativo y un alarmante secretismo institucional que pone en riesgo no solo las finanzas públicas, sino la seguridad misma de los futuros usuarios.
La gran revelación del proyecto se llevó a cabo con bombo y platillo en el municipio de Zumpango, en el Estado de México. Ante los medios de comunicación y las autoridades gubernamentales, se detalló que este revolucionario automóvil eléctrico estaba siendo desarrollado por las mentes más brillantes del país, específicamente por investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Tecnológico Nacional de México. La propuesta sonaba casi demasiado buena para ser verdad: un vehículo eléctrico con tecnología diseñada completamente en territorio nacional, con un precio estimado altamente competitivo de ciento cincuenta mil pesos y con la promesa formal de inundar el mercado nacional durante el verano del año 2027. La llamada cuarta transformación celebraba este hito como una victoria innegable de la ingeniería y la política social, ofreciendo una alternativa de movilidad verdaderamente accesible pa
ra las familias mexicanas.
No obstante, detrás de los aplausos y los discursos triunfalistas, se estaba tejiendo una red de contratos cuestionables que pronto saldría a la luz. La fachada de pureza institucional comenzó a desmoronarse gracias a una meticulosa investigación periodística publicada por Jorge García Orozco. El comunicador sacó a la luz pública una serie de documentos e irregularidades que destruyen la credibilidad del proyecto Olinia desde sus cimientos. De acuerdo con los hallazgos de García Orozco, el contrato fundamental para realizar el diseño integral y la fabricación del prototipo del automóvil no fue entregado a un conglomerado automotriz de prestigio, ni a un grupo de ingenieros especializados. El millonario contrato fue otorgado a “Rocketel”, una empresa cuya actividad comercial principal es la consultoría en telecomunicaciones y la comercialización de telefonía celular.
Resulta profundamente indignante y desconcertante que la tarea de diseñar el primer automóvil eléctrico del país recayera en las manos de una compañía que no posee absolutamente ninguna experiencia conocida, ni en el diseño automotriz, ni en la fabricación de vehículos, ni mucho menos en la compleja industria de la electromovilidad. Los dueños detrás de la fachada de Rocketel son Adrián Francisco Aguirre Palme y Adrián Aguirre Gómez, empresarios fuertemente arraigados en el sector de las telecomunicaciones, con vínculos directos a corporativos como Maxcom y 4 Play Telecom. Por si fuera poco, estos empresarios son descendientes de Francisco Aguirre Jiménez, el reconocido fundador de Grupo Radio Centro. Esta conexión evidencia cómo los grandes presupuestos públicos destinados a la innovación terminan, una vez más, en las arcas de linajes empresariales sin relación alguna con el objetivo del proyecto.
El aspecto financiero de esta operación es igualmente escandaloso. La adjudicación otorgada a Rocketel fue por casi seis millones de pesos, lo que representa prácticamente una cuarta parte del presupuesto total asignado al proyecto Olinia para el año 2025, el cual ascendía a un total de veinticinco millones de pesos. ¿Y qué fue lo que los ciudadanos obtuvieron a cambio de esta inyección millonaria de recursos públicos? Según la investigación, los entregables finales presentados por la empresa de telecomunicaciones consistieron principalmente en una serie de documentos administrativos, planes de difusión mediática y un manual de identidad visual del vehículo. El diseño integral del automóvil eléctrico y la fabricación del prototipo, que eran el objeto original y fundamental del millonario contrato, simplemente brillaron por su ausencia.
La forma en que se entregó este contrato añade otra capa de opacidad al escándalo. La contratación de Rocketel no se llevó a cabo mediante una licitación pública y transparente, sino a través de un opaco procedimiento de invitación restringida. Este mecanismo gubernamental fue utilizado para invitar a competir a empresas que, de manera absurda, tampoco tenían la más mínima relación con la industria automotriz ni con la ingeniería eléctrica. Las otras compañías que fueron invitadas a participar en este simulacro de competencia incluían a un negocio dedicado a la reparación de computadoras y a otra agencia que ofrecía servicios de contratación de personal y recursos humanos. Se trató, a todas luces, de un proceso diseñado a modo para que Rocketel se alzara con la adjudicación millonaria sin enfrentar ninguna competencia técnica real.
El rastro de las irregularidades condujo a los investigadores hasta el sureste del país. La investigación periodística señala que el domicilio fiscal registrado oficialmente por Rocketel se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán. Específicamente, en una vivienda ubicada en la calle 23, número 198, interior 4, en la colonia San Miguel, muy cerca del conocido Parque del Alemán. Las imágenes y reportajes realizados en ese sitio son contundentes: no se observa ningún tipo de infraestructura corporativa, laboratorios de ingeniería, ni oficinas formales que sugieran siquiera de lejos la operación de una empresa tecnológica millonaria encargada de desarrollar vehículos eléctricos de última generación. Se trata, en esencia, de una dirección que opera como una simple fachada habitacional.
Pero la trama de encubrimiento y nepotismo alcanza su punto más alto en la Ciudad de México. Una investigación paralela llevada a cabo por el medio especializado en negocios “El CEO”, reveló que Rocketel también cuenta con supuestas oficinas en un exclusivo y costoso edificio ubicado en la calle Montes Urales número 754, en la colonia Lomas de Chapultepec. Lo verdaderamente explosivo de este hallazgo es que, en ese exacto y mismo inmueble, opera una empresa denominada “Asesoría y Servicio 2R”. Esta última compañía es propiedad absoluta de Roberto Capuano Tripp. El escándalo estalla al confirmar que Roberto Capuano Tripp es, al mismo tiempo, el funcionario que funge como director del proyecto Olinia. Esta gigantesca “coincidencia”, donde el director del proyecto gubernamental y la empresa proveedora sin experiencia comparten el mismo techo corporativo, materializa un conflicto de interés de proporciones históricas que la actual administración ha intentado ignorar.
Más allá del despilfarro económico y la corrupción en los contratos, existe un factor que amenaza directamente la integridad física de los mexicanos: la seguridad del vehículo. El periodista Jorge García Orozco destacó que existen profundas e inquietantes interrogantes sobre qué tan seguro es realmente el Olinia. Ante las solicitudes formales de información ciudadana, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación tomó la drástica decisión de clasificar como estrictamente confidencial toda la documentación técnica relacionada con el proyecto.
En términos prácticos, la dependencia gubernamental se negó rotundamente a entregar a los ciudadanos los datos vitales sobre las pruebas de colisión, las especificaciones técnicas de deformación del chasis y los montos adicionales invertidos en la seguridad de los pasajeros. El argumento institucional para esconder esta información de vida o muerte fue que hacerla pública “afectaría la ventaja competitiva” del proyecto en el mercado nacional. Ocultar las pruebas de choque de un automóvil que pretende ser de consumo masivo bajo el pretexto de los secretos de mercado es una irresponsabilidad institucional mayúscula, dejando en la indefensión a las familias que confíen ciegamente en el discurso oficial.
Así, con un rastro de información bloqueada, millones de pesos entregados por diseño de membretes en lugar de prototipos funcionales, y una alarmante red de complicidades entre directivos gubernamentales y familias empresariales de las telecomunicaciones, el auto Olinia corre el grave peligro de convertirse en el mayor fraude de la década. Lo que debió ser un proyecto emblemático de soberanía e innovación, está terminando por ser otro doloroso recordatorio de que las grandes promesas tecnológicas, cuando son secuestradas por la opacidad y los intereses personales, siempre terminan siendo pagadas por la confianza y el bolsillo del ciudadano. Hoy, la pregunta no es si el Olinia llegará al mercado en 2027, sino cuántos millones más desaparecerán en el camino antes de que se rinda cuentas por este monumental engaño.
