El panorama judicial y policial de la República Dominicana ha registrado cambios drásticos en las últimas horas, generando intensos debates en la opinión pública. Dos casos de gran impacto mediático, que involucran presuntas estructuras criminales, delitos de alta gravedad y persecuciones armadas, han vuelto a colocarse en el centro de la atención tras las recientes decisiones de los tribunales y los golpes estratégicos asestados por las unidades tácticas de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Por un lado, el controvertido caso de Carlos José Troche, conocido popularmente en el mundo digital y social como “Nino Dólar”, ha dado un vuelco absoluto que ha dejado a la ciudadanía con más preguntas que respuestas. Tras haber sido arrestado en medio de un aparatoso e imponente despliegue policial en un complejo de villas en San José de las Matas (Sajoma), un tribunal dispuso su libertad inmediata, junto a otros nueve implicados, mediante el pago de una garantía económica y la imposición de visitas periódicas.
El operativo inicial en Sajoma había sido catalogado por las autoridades como un desmantelamiento mayor. La intervención, encabezada por la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), el Ministerio Público y cuerpos tácticos élite, termin
ó en ese momento con la detención de 17 personas en total, divididas entre 11 hombres y seis mujeres, varias de ellas de nacionalidad colombiana. Durante el allanamiento a la propiedad, los agentes del orden incautaron un arsenal que incluía un fusil de asalto AM15 con abundantes municiones, dos pistolas calibre 9 milímetros, múltiples cargadores, un pasamontañas, 20 teléfonos celulares y cuatro vehículos de alta gama.
Además del armamento, las autoridades confiscaron un maletín repleto de joyas de color amarillo, entre las que destacaban cadenas gruesas, anillos, pulseras, guillos y relojes de lujo, así como porciones de un vegetal y un polvo blanco que se presumía correspondían a sustancias controladas. El expediente acusatorio original vinculaba formalmente a los arrestados con delitos de tráfico de armas, narcotráfico, sicariato, asociación de malhechores y trata de personas con fines de explotación sexual, señalando directamente a las mujeres extranjeras como presuntas víctimas del grupo.
A pesar de la contundencia de las evidencias presentadas en los informes oficiales, el tribunal encargado del caso determinó que los imputados podían continuar el proceso judicial fuera de las celdas, fijando una fianza de 500,000 pesos para cada uno. A su salida del recinto judicial, un Nino Dólar visiblemente aliviado y sonriente defendió su inocencia frente a los medios de comunicación, asegurando que su vinculación con el caso fue una exageración mediática creada por las autoridades para generar “sonido” público.
El propio implicado argumentó que no tenía ninguna relación con las armas encontradas en la propiedad y que su única acción esa noche fue asistir a una fiesta privada a divertirse. Según sus declaraciones, al momento de iniciarse el allanamiento de la Dintel, él se encontraba durmiendo plácidamente en una de las habitaciones de la villa, desconociendo por completo las actividades o los objetos que portaban los demás asistentes al evento. Tras asegurar que la justicia divina y el trabajo de sus abogados demostraron su verdad, afirmó que se reincorporará de inmediato a sus proyectos habituales.
El caso adquiere un matiz aún más complejo con los testimonios públicos de las jóvenes de nacionalidad colombiana involucradas en el suceso. Las mujeres han alzado su voz para denunciar presuntos atropellos por parte de los organismos de investigación, alegando que se les han vulnerado sus derechos fundamentales desde el primer día del arresto. Según explicaron, llegaron a la zona del río utilizando una plataforma de transporte privado (Uber) y, tras coincidir con el grupo de Nino Dólar, aceptaron una invitación casual para trasladarse a la villa a continuar la celebración.
Las jóvenes insisten en que desconocían por completo las identidades, los antecedentes o las actividades de los anfitriones de la fiesta. Además, manifestaron su profunda preocupación debido a que las autoridades locales aún retienen sus teléfonos celulares y sus pasaportes originales, lo que les impide comunicarse con sus familiares en Colombia o realizar cualquier trámite para salir de la República Dominicana. Denunciaron que sus dispositivos electrónicos fueron revisados minuciosamente sin que existiera una orden judicial previa y que no se les permitió realizar una sola llamada telefónica para solicitar asistencia legal o consular, por lo que han pedido formalmente la intervención de la embajada de su país.
Mientras la polémica por la liberación del grupo en Sajoma continúa creciendo en las comunidades de Santiago y San José de las Matas, la Policía Nacional anotó un éxito importante en la lucha contra la delincuencia organizada en otra zona de la provincia. En un operativo conjunto llevado a cabo a tempranas horas de la mañana, agentes de la Dintel, respaldados por el equipo de operaciones especiales SWAT y fiscales del Ministerio Público, lograron la captura de uno de los prófugos más buscados de la región norte del país.
El detenido fue identificado plenamente como Edgar Emil Almonte de la Cruz, alias “Ega”, quien fue localizado durante un allanamiento sorpresa en una residencia ubicada en el sector Ensanche Mella I, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos). Almonte de la Cruz era requerido activamente por la justicia mediante una orden de arresto formal, acusado de cometer robos agravados, asociación de malhechores y tentativa de homicidio.
El expediente criminal que pesa sobre alias “Ega” se remonta a un grave incidente armado ocurrido el 9 de mayo del año 2025 en el estacionamiento de un conocido establecimiento comercial situado en la autopista Duarte, en el sector El Embrujo Tercero de Santiago. Según las investigaciones de la Policía Nacional, el capturado formaba parte de un grupo delictivo que despojó de sus pertenencias a un ciudadano y procedió a desarmar a un vigilante privado, quitándole su arma de reglamento. El hecho desencadenó una intensa persecución a tiros en la que un hombre de 44 años resultó con heridas de bala de gravedad.
Durante su traslado a la sede policial, Almonte de la Cruz adoptó una postura de total hermetismo frente a las preguntas de los periodistas que cubrían el suceso. El detenido evitó dar detalles sobre el asalto y la balacera en El Embrujo, limitándose a declarar de forma escueta que se dedica al negocio de los préstamos financieros y que no tenía comentarios que hacer respecto a las acusaciones formuladas por el Departamento de Homicidios. El Ministerio Público confirmó que el imputado será presentado ante el juez de la instrucción en los plazos que establece la ley para que se le conozcan las medidas de coerción correspondientes por los delitos cometidos.
