En la República Dominicana, una nación marcada recientemente por una escalada de violencia de género, el caso de Esmeralda Moronta de los Santos se ha convertido en un símbolo devastador de la desprotección y la fragilidad del sistema ante el acoso constante. A sus 36 años, Esmeralda no solo era una madre dedicada y una hermana amorosa; era una emprendedora brillante que había logrado transformar su pasión por la repostería en un negocio propio. Sus pasteles personalizados y dulces artesanales no solo representaban su sustento, sino los sueños que planeaba expandir este mismo año. Sin embargo, su camino fue truncado de manera abrupta y trágica por el hombre de quien, irónicamente, buscaba resguardarse.
Para quienes seguían su emprendimiento en redes sociales, Esmeralda era sinónimo de alegría y determinación. No obstante, en la intimidad, su vida se había
convertido en un calvario. Su expareja, Omar Tejeda Guzmán, padre de uno de sus hijos, no aceptaba el fin de la relación ocurrida meses atrás. El hostigamiento era constante: la perseguía, la acusaba falsamente de tener otra pareja y, según registros y denuncias, llegó al extremo de instalar un sistema de rastreo GPS en su vehículo para monitorear cada uno de sus movimientos. Esmeralda no vivía tranquila; el miedo la acompañaba a donde fuera, obligándola a buscar ayuda profesional como último recurso para preservar su integridad y la de sus dos pequeños hijos.
Un desenlace fatal frente a la justicia
El 13 de mayo, cumpliendo con lo que dictan los manuales de prevención y protección, Esmeralda acudió a la Fiscalía de Violencia de Género de Santo Domingo Este. Eran las 2:52 de la tarde cuando ingresó al recinto. En su denuncia, fue clara: temía por su vida y solicitaba una orden de alejamiento inmediata. Lo que nadie imaginó, y lo que hoy causa una profunda indignación social, es que ese lugar, diseñado para proteger a las víctimas, se convertiría en el escenario de su ejecución.
Las cámaras de seguridad captaron el horror. Apenas unos segundos después de abandonar la fiscalía, Esmeralda fue emboscada por su agresor. En un acto de desesperación, corrió por las calles tratando de salvar su vida, buscando refugio en un colmado local, pero no logró escapar. Tejeda Guzmán disparó repetidamente contra ella antes de quitarse la vida con la misma arma. La tragedia no solo dejó a una familia destrozada, sino que expuso las profundas grietas en los protocolos de atención a víctimas en el país.
El adiós que nadie debía dar
El sepelio de Esmeralda en el cementerio Cristo Redentor fue una escena desgarradora. Entre llantos, gritos y un dolor incontenible, sus familiares expresaron la impotencia de un sistema que les falló. Las hermanas de la víctima, al aferrarse al ataúd, lanzaron un mensaje directo a las autoridades, incluyendo a la ministra de la Mujer y a las figuras judiciales pertinentes: exigieron una explicación sobre por qué no se garantizó la seguridad de una mujer que había ido a buscar ayuda precisamente a la entidad encargada de protegerla. Durante el entierro, la situación fue tan crítica que algunos parientes, en su desesperación, intentaron abrir el ataúd para despedirse una última vez, marcando un momento de dolor indescriptible para la comunidad presente.
Un debate necesario y doloroso
La indignación no solo se centró en el feminicidio, sino también en las reacciones posteriores. Durante el funeral del agresor, la madre de Omar Tejeda Guzmán aseguró ante las cámaras que su hijo estaba “en la presencia de Dios”. Estas declaraciones provocaron una oleada de repudio en las redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron la falta de empatía hacia la víctima y sus hijos huérfanos. Por otro lado, la Procuraduría General de la República inició una investigación para determinar si los protocolos de protección fueron activados correctamente.
Un punto de conflicto que ha surgido en la investigación es un documento firmado por Esmeralda en el que aparentemente rechazaba ser trasladada a una casa de acogida. Sin embargo, defensores de los derechos de la mujer argumentan que muchas víctimas se ven obligadas a rechazar estas medidas, ya que implicaría abandonar su trabajo, sus hijos y su hogar, mientras el agresor permanece en libertad. Este caso ha puesto de relieve la urgencia de que las instituciones no solo ofrezcan refugio, sino que garanticen la seguridad real y efectiva en el entorno cotidiano de las mujeres.
El llamado a un cambio real
Con cerca de 50 mujeres asesinadas en lo que va del año en República Dominicana, el nombre de Esmeralda Moronta se suma a una lista que crece ante la mirada atónita de la sociedad. Sus allegados piden que “no sea una más”. La exigencia es clara: mayor empatía por parte de los funcionarios, presencia de seguridad efectiva en las fiscalías y, sobre todo, una respuesta estatal que no deje a las mujeres a su suerte después de presentar una denuncia. Esmeralda ya no está, y su sueño de un negocio próspero se desvaneció, pero su historia hoy obliga al país a mirarse en el espejo y aceptar que, mientras el sistema falle en los momentos críticos, ninguna mujer estará realmente a salvo. Es tiempo de que la justicia no solo se firme en un papel, sino que se sienta en la calle, protegiendo a quienes más lo necesitan.
