En el turbulento panorama político de Sinaloa, pocas figuras han dejado un legado tan controvertido y, a la vez, esclarecedor como el de Héctor Melesio Cuén Ojeda. El exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y diputado electo no solo fue un actor clave en la vida pública del estado, sino que, en sus momentos finales, se convirtió en un denunciante audaz que no temió señalar a los hombres más poderosos de su entidad. Lo que comenzó como un podcast convencional se transformó, a la luz de los acontecimientos recientes, en un testamento político que hoy exige ser analizado con lupa.
Apenas cinco días antes de ser asesinado, Cuén utilizó su plataforma digital para desgranar lo que él denominó una red de corrupción sistémica. Sus palabras, que en su momento pudieron parecer parte del habitual juego de confrontaciones políticas, adquieren hoy una dimensión dramática y urgente. En este espacio, abordamos los puntos clave de aquella denuncia final que vinculaba directamente al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y al senador morenista Enrique Inzun
za Cázarez.
Señalamientos contra el núcleo del poder en Sinaloa
Durante su última participación pública, Héctor Melesio Cuén fue directo y sin rodeos. Su crítica no se limitó a discursos generales sobre la ética pública; él fue específico, citando nombres, contextos y situaciones que, a su juicio, demostraban una descomposición profunda en la administración estatal.
Uno de los ejes centrales de su denuncia fue el presunto enriquecimiento inexplicable de la familia del gobernador Rubén Rocha Moya. Cuén cuestionó la evolución financiera de los hijos del mandatario desde 2021, contrastando su situación económica previa con el estilo de vida que ostentaban posteriormente. Sus relatos incluían detalles sobre la precariedad pasada, mencionando incluso deudas personales de los involucrados, para enfatizar que el salto patrimonial carecía de una explicación legítima basada en el servicio público. Estas declaraciones no solo cuestionaban la integridad del gobernador, sino que ponían el foco sobre la gestión de recursos públicos y la influencia ejercida desde el poder ejecutivo.
La sombra del Poder Judicial y el senador Inzunza
Más allá de las acusaciones financieras, Cuén dirigió su artillería contra Enrique Inzunza Cázarez, entonces titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y actual senador. Para el exrector, Inzunza representaba el verdadero control detrás del trono, una figura con la suficiente soberbia como para, supuestamente, sugerirle al gobernador que gozaba de inmunidad total gracias al control judicial.
El relato de Cuén sobre Inzunza es, quizás, uno de los aspectos más perturbadores de su denuncia. Según el exrector, el entonces magistrado no solo ejercía una influencia desmedida sobre las decisiones gubernamentales, sino que también disfrutaba de un papel de observador cínico, desgastando la imagen del gobernador a través de las propias acciones y omisiones de este. La narrativa de Cuén dibujaba un escenario de lucha de poderes donde las instituciones —supuestamente diseñadas para impartir justicia— eran instrumentalizadas para fines particulares o para la protección de intereses políticos, dejando a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad total frente a la supuesta impunidad.
El retiro de la protección: Un presagio trágico
Uno de los puntos más inquietantes de la denuncia de Cuén se refiere a su propia seguridad. En el mismo podcast, Cuén narró un episodio que, en retrospectiva, parece haber sido la antesala de su destino. Tras un evento público en Mazatlán, donde se destacó que contaba con el resguardo de la Guardia Nacional, el panorama cambió drásticamente en cuestión de horas.
Según el testimonio del exrector, poco después de que la prensa hiciera eco de su seguridad, recibió una notificación de que dicho servicio sería retirado. Cuén vinculó este hecho directamente con las instrucciones que, según él, habrían partido desde el entorno cercano al gobernador, específicamente bajo la influencia de Enrique Inzunza. La retirada de la protección estatal no fue vista por Cuén como un mero ajuste administrativo, sino como una señal clara de que se le estaba dejando desprotegido, facilitando así el camino para cualquier ataque.
Un asesinato que trasciende fronteras
El 25 de julio, la tragedia se consumó. Héctor Melesio Cuén fue asesinado en el mismo sitio donde, según el testimonio del capo Ismael “El Mayo” Zambada, este último habría sido citado y posteriormente secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán. Esta conexión, revelada tras la entrega de Zambada a las autoridades estadounidenses, ha dotado a la muerte de Cuén de una complejidad internacional, vinculando la política local de Sinaloa con las estructuras del crimen organizado transnacional.
La denuncia final de Cuén no ha perdido vigencia; por el contrario, cada día cobra mayor relevancia en un contexto donde la verdad parece ser la pieza más escasa del rompecabezas. Sus advertencias sobre redes de corrupción, el uso faccioso de las instituciones judiciales y el aparente abandono de la seguridad ciudadana siguen resonando en los pasillos políticos y en la conciencia colectiva.
Hoy, la figura de Héctor Melesio Cuén se alza no solo como la de un político opositor, sino como la de alguien que, ante la inminencia de su propia muerte, decidió dejar un rastro. Un rastro de palabras, denuncias y señalamientos que hoy obligan a las autoridades y a la sociedad a cuestionar qué está pasando realmente en los estratos más altos del poder en Sinaloa. La historia, en última instancia, buscará dar respuesta a las preguntas que él planteó y, quizás, confirmar si su último podcast fue, en efecto, el aviso de una tragedia que pudo haberse evitado. ¿Estamos preparados para conocer toda la verdad? La respuesta, aunque incómoda, es necesaria para la democracia y la justicia.
