El martes 20 de febrero parecía ser un día más en el frenético ritmo de las guardias y los pasillos de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, una noticia estaba a punto de paralizar a la comunidad médica y de desatar uno de los escándalos penales y éticos más graves de las últimas décadas. Alejandro Salazar, un prometedor médico residente de apenas 29 años, conocido cariñosamente en su entorno como “Alito”, fue hallado muerto en su departamento ubicado sobre la calle Juncal, en el exclusivo barrio porteño de Palermo. Salazar no era un novato ni un improvisado; era un profesional en pleno ascenso que prestaba servicios simultáneamente en dos de las instituciones públicas más prestigiosas y exigentes del país: el Hospital Rivadavia y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Cuando el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y los efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron al domicilio, la escena que encontraron heló la sangre de los peritos de la División de Criminalística. El cuerpo de Alejandro Salazar no yacía simplemente sin vida; estaba rodeado de un arsenal de insumos médicos altamente restringidos. Frascos vacíos, jeringas usadas y ampollas a medio consumir conformaban un escenario que, a los ojos de cualquier experto, solo debería existir dentro de los límites estériles y sumamente controlados de una sala de operaciones de alta complejidad. Las sustancias en cuestión no eran drogas recreativas tradicionales, sino propofol y fentanilo.
La autopsia posterior fue categórica y no dejó margen para dudas ni especulaciones: la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio fulminante, consecuencia directa de una sobredosis letal originada por este peligroso cóctel farmacológico. A primera vista, la tragedia parecía encajar en el lamentable y cada vez más frecuente cuadro de un médico joven desbordado por la presión, que buscó una vía de escape y sufrió una sobredosis accidental. No obstante, la fiscalía a cargo de la investigación demostró una astucia fundamental al ordenar que se peritaran de inmediato los frascos hallados en la escena del crimen. Ese simple procedimiento técnico fue la llave que abrió la caja de Pandora.
Los números de lote impresos en las ampollas incautadas no correspondían al mercado negro tradicional, ni habían sido adquiridos a través de recetas falsificadas en una farmacia de barrio. Tenían una trazabilidad directa, clara y meticulosamente documentada: habían sido comprados oficialmente y debían estar bajo estricta llave en los gabinetes del área de anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, una de las instituciones médicas privadas más importantes y respetadas de toda la República Argentina. Este dato duro y objetivo provocó un giro de 180 grados en la causa. Alejandro Salazar no había conseguido esas drogas letales por su cuenta; era el eslabón final y la víctima fatal de un circuito clandestino de sustracción de fármacos que operaba con total impunidad desde las entrañas mismas de los quirófanos porteños.
Con la ruta de los fármacos establecida, la justicia puso en su radar a dos profesionales de la salud vinculados directamente con el Hospital Italiano. El primero de ellos, Hernán Boveri, un médico anestesiólogo de planta con acceso pleno a los insumos quirúrgicos. La segunda, Delfina Lanusse, conocida en su círculo íntimo como “Fini”, una médica residente que venía forjando su carrera con experiencia previa en áreas clínicas e inmunológicas en el prestigioso Hospital Universitario Austral entre los años 2021 y 2023. La implicación de ambos profesionales dio pie a una profunda investigación por sustracción de estupefacientes y defraudación, develando una realidad que superaba la más oscura de las ficciones.
Lo que la investigación comenzó a destapar fue la existencia de un submundo horripilante, un secreto a voces que circulaba en ciertos nichos hospitalarios: las denominadas “Propofest” (fiestas del propofol). Estos eventos no eran simples reuniones de fin de semana con consumo de drogas ilegales convencionales como la cocaína o el éxtasis. Se trataba de fiestas clandestinas, muchas de ellas con un fuerte componente sexual, organizadas en la privacidad de departamentos particulares, donde el principal atractivo era el consumo de fármacos de uso estrictamente hospitalario, robados de manera sistemática de los inventarios de las clínicas.
La logística empleada en estos encuentros demuestra un nivel de premeditación y perversión que causa estupor. El propofol, protagonista indiscutido de estas veladas, es un anestésico intravenoso de acción ultrarrápida. Es la misma droga que se hizo mundialmente tristemente célebre por haber causado la muerte del ícono del pop, Michael Jackson. Su manejo en medicina requiere una precisión extrema, ya que su rango terapéutico es microscópico. La frontera farmacológica entre lograr que un paciente alcance una sedación profunda y plácida para una endoscopía, y causarle un paro respiratorio irreversible que termine en la muerte, es cuestión de unos pocos miligramos. Por lo tanto, consumir propofol de forma recreativa exigía, de manera obligatoria, conocimientos médicos sumamente avanzados.
En estas reuniones clandestinas, los organizadores empleaban bombas de infusión continuas. Estos sofisticados aparatos médicos, sustraídos o adquiridos en el mercado gris, permitían administrar la droga por vía intravenosa de manera constante y milimétrica. El objetivo era que los participantes alcanzaran un estado prolongado de preanestesia o ensoñación profunda; un limbo disociativo donde perdían el contacto con la realidad sin llegar a apagar por completo su conciencia. Sin embargo, el riesgo de una depresión respiratoria letal era inminente, constante y perfectamente conocido por todos los presentes. Estaban jugando una macabra ruleta rusa, desafiando a la muerte en busca de un placer artificial extremo.
Para mitigar este riesgo inaceptable, las “Propofest” contaban con una figura que añade un matiz aún más siniestro a la historia: una “guardia médica improvisada”. Siempre había un profesional de la salud designado para mantenerse completamente sobrio y en estado de alerta máxima durante el transcurso del evento. Este cuidador estaba equipado con un resucitador manual, el dispositivo conocido médicamente como bolsa Ambu. Si a alguno de los participantes se le pasaba la dosis, entraba en apnea (dejaba de respirar) y su piel comenzaba a tornarse cianótica por la falta de oxígeno, el encargado de la guardia debía abalanzarse sobre él para brindarle asistencia respiratoria mecánica manual. En la jerga de estos encuentros clandestinos, a esta maniobra de rescate al filo de la navaja se la denominaba “ambusear”.
Las investigaciones preliminares determinaron que estos oscuros encuentros se dividían en dos modalidades principales. Por un lado, reuniones de carácter sexual entre colegas y conocidos del estrecho ambiente hospitalario, que buscaban potenciar sus sensaciones a través de la disociación anestésica. Por otro lado, existían indicios de “viajes controlados” que se comercializaban como experiencias exclusivas y de alto riesgo a clientes externos, personas dispuestas a pagar por alcanzar estados alterados de la conciencia bajo una supuesta “supervisión médica profesional”.
El martes 20 de febrero, la ruleta rusa finalmente cobró su cuota. Sea por un error humano en la programación de la bomba de infusión, por el efecto sinérgico impredecible y devastador al combinar el propofol con el fentanilo, o simplemente porque el encargado de la guardia se distrajo, se durmió o no llegó a “ambusear” a tiempo, Alejandro Salazar cruzó el umbral sin retorno. La red de contención falló, y el joven médico perdió la vida en el piso de un departamento de Palermo, víctima de la irresponsabilidad criminal de sus propios colegas.
A medida que el caso tomaba estado público, las redes sociales comenzaron a jugar su propio papel en la propagación del escándalo. Rápidamente se viralizó un mensaje de audio de WhatsApp, grabado presuntamente por una médica, donde se relataba con lujo de detalles cómo operaban estas fiestas. Pero el audio iba más allá de la mera anécdota macabra; lanzaba una acusación gravísima, afirmando que desde las más altas esferas de las instituciones médicas y asociaciones gremiales se estaba orquestando un plan para tapar todo el asunto. El objetivo, según la voz anónima, era proteger a los organizadores y evitar que el prestigio inmaculado de la especialidad anestesiológica quedara manchado con sangre y drogas.
La respuesta corporativa no se hizo esperar. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, a través de su gerente general, Gisela Vila, salió al cruce de estas acusaciones. Vila desmintió categóricamente el contenido del audio, calificándolo de un mero “storytelling” inventado para generar ruido mediático y pánico. Su argumento principal para desacreditar la grabación se basó en un tecnicismo agudo: la mujer del audio utilizaba repetidamente la palabra “anestesista”. Según Vila, ningún profesional moderno de la especialidad, con sus doce años de formación académica (cinco de medicina y siete de especialización), se llamaría a sí mismo “anestesista”, sino “anestesiólogo”. Para la Asociación, esto era prueba suficiente de que el audio era falso o había sido grabado por alguien ajeno al núcleo duro y profesional de la especialidad. Además, afirmaron que cualquier falla en el control de inventarios recaía exclusivamente sobre la administración del hospital, despegándose de cualquier responsabilidad institucional.
A pesar de los intentos por calmar las aguas, la maquinaria judicial, bajo la atenta dirección del fiscal Lucio Herrera, avanzó con una celeridad inusual. Esta urgencia estuvo motivada por el alto riesgo de que los imputados destruyeran pruebas documentales o manipularan los testimonios de colegas dentro del hermético ámbito hospitalario. Con la evidencia material en su poder, particularmente el reporte del Hospital Italiano que confirmaba el faltante exacto de los lotes encontrados junto al cadáver de Salazar, el juzgado llamó a los imputados a prestar declaración indagatoria.
Debido a los protocolos vigentes, las audiencias se realizaron de forma remota. El 18 de marzo fue el turno de Delfina Lanusse, seguida una semana después, el 25 de marzo, por Hernán Boveri. La estrategia de las defensas técnicas fue un manual de evasivas: negaron rotundamente los hechos, rechazaron ser los organizadores de las fiestas sexuales clandestinas y desconocieron haber extraído material de forma ilícita, argumentando supuestas falencias endémicas en el sistema de stock de las farmacias hospitalarias. Sin embargo, ante la gravedad extrema de la imputación y los considerables recursos económicos de los profesionales, la justicia consideró que existía un riesgo real de fuga. Inmediatamente, se dictó la prohibición de salida del país para ambos, reteniendo sus pasaportes y cargando las correspondientes alertas rojas en el sistema nacional de migraciones.
Desde una perspectiva netamente legal, el caso representa un complejo desafío para la dogmática penal argentina. El sentido común de la ciudadanía exigiría ver tras las rejas a estos profesionales por homicidio y narcotráfico desde el primer día. No obstante, el derecho requiere precisión absoluta en la tipificación. Actualmente, Boveri y Lanusse no se encuentran imputados formalmente por la muerte de Salazar ni por la venta de drogas, sino por el delito de “administración fraudulenta”, específicamente en la modalidad de defraudación fiduciaria, contemplado en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal Argentino.
La razón por la que se aplica esta figura y no un simple cargo de “hurto” radica en la posición de poder de los médicos. El inciso castiga a quien, teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos, viola sus deberes para procurar un lucro indebido o causar un daño. Al ser empleados de confianza del Hospital Italiano, con acceso irrestricto a fármacos vitales y costosísimos, el acto de sustraerlos configura un quiebre directo de esa confianza y una defraudación a su empleador. Las penas por este delito van de un mes a seis años de prisión, a lo que se suma un elemento devastador para los acusados: la inhabilitación especial que terminaría con sus carreras médicas para siempre.
Pero la espada de Damocles que pende sobre los acusados es el cargo por la muerte de Alejandro Salazar. Si la justicia avanza sobre la responsabilidad directa del deceso, se abren dos caminos legales dispares. La hipótesis de mínima sería una imputación por “homicidio culposo” (artículo 84 del Código Penal), donde la fiscalía argumentaría que la muerte fue el resultado de impericia, imprudencia o negligencia médica al fallar en la maniobra de reanimación (el fallido “ambuseo”). Esta figura conlleva penas de 1 a 5 años de cárcel.
