La primera es lo que dice la carta, la segunda es lo que no dice y la tercera, la más importante, es lo que este momento revela sobre cómo funciona realmente el poder en España en este preciso instante. Empecemos desde el principio. Esta mañana, antes de que arrancara el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez publicó una carta dirigida a la ciudadanía española.
No es la primera vez que lo hace. Ya lo hizo cuando su mujer fue imputada. Ya lo hizo cuando anunció sus días de reflexión. El formato carta es su herramienta favorita para los momentos más delicados, porque una carta le permite controlar el tono, controlar el mensaje y, sobre todo, evitar las preguntas. Porque en una carta nadie te interrumpe.
En una carta no hay periodistas. En una carta no hay oposición que te ponga en un aprieto. Solo tu voz, tus palabras, tu relato. Y el relato de esta carta es potente. Hay que reconocerlo. Sánchez escribe sobre el orgullo de ser español. Habla de los abuelos que emigraron a América, de los jóvenes que se fueron después de la crisis del 2008.
Construye un puente emocional entre los españoles que salieron a buscar una vida mejor y los inmigrantes que hoy viven en situación irregular en España. Es un argumento moral que apela a la memoria histórica, a la empatía, a la justicia. Es, si se quiere, un buen argumento. Pero hay algo que esa carta no menciona, algo que estaba en los titulares exactamente esta misma semana.
El juez peinado acaba de procesar a Begoña Gómez, la mujer del presidente, por malversación y apropiación indebida. No es una imputación, es un procesamiento, un paso más en la dirección de un juicio. Y mientras ese nubarrón se cierne sobre la Moncloa, a el presidente está en Pekín firmando el decreto más polémico de la legislatura.
coincidencia puede ser, pero en política las coincidencias merecen análisis, no ingenuidad. Analicemos entonces la geografía de esta decisión. Sánchez no estaba en Madrid por casualidad. Está en China en visita oficial reuniéndose con Shijin Ping, el líder de la segunda economía del mundo, quien declaró públicamente que España y China están del lado correcto de la historia.
Mientras tanto, en Madrid, el Consejo de Ministros era presidido por primera vez por Carlos Cuerpo, el vicepresidente primero. Primera vez en su historia que Cuerpo presidía esa reunión. piénsalo bien, el decreto más controvertido de la legislatura, el que la Comisión Europea ha cuestionado públicamente, el que la oposición ha catalogado de efecto llamada, el que el Consejo de Estado pidió modificar en varios puntos.
Ese decreto lo aprobó el Consejo de Ministros sin que el presidente estuviera en la sala y la defensa pública llegó en forma de carta desde Pekín. ¿Por qué importa esto? Porque el mensaje político que se envía desde esa geografía es muy específico. Sánchez está diciéndole al mundo que España mira hacia China, hacia Asia, hacia el sur global, hacia un orden multipolar que ya no gira exclusivamente alrededor de Washington o Bruselas.
Y simultáneamente les está diciendo a los españoles que la integración de medio millón de personas es un acto de normalización, no de ruptura. Pero la Comisión Europea no comparte esa lectura de normalización. Bruselas ha expresado su preocupación de forma oficial. El problema que plantean es concreto y tiene implicaciones para toda la Unión Europea.
Cuando España regulariza a medio millón de personas, esas personas obtienen libertad de circulación dentro del espacio Schengen. Pueden ir a Alemania, a Francia, a los Países Bajos. pueden ir a cualquier país miembro y esos países no participaron en la decisión, no votaron este decreto, no diseñaron sus criterios, pero van a convivir con sus consecuencias.
Es un problema de soberanía compartida que el gobierno español ha decidido resolver de forma unilateral y Bruselas lo ha dicho con todas las letras. El gobierno, por supuesto, tiene sus argumentos y no son despreciables. España es hoy la economía que más crece en Europa. Ese crecimiento tiene una cara que muchos prefieren no ver.
El sector servicios, la agricultura, el cuidado de mayores, la construcción. Sectores que funcionan en gran medida gracias a trabajadores inmigrantes, muchos de ellos en situación irregular. Lo que el decreto hace en términos técnicos es convertir una realidad económica informal en una realidad legal formal.
Personas que ya trabajan, que ya cotizan de alguna forma, que ya pagan en las tiendas y conviven en los barrios, pasan a tener papeles. El argumento del gobierno no es solo moral, es un argumento de sostenibilidad del sistema. Sin cotizaciones adicionales, las pensiones se complican. El envejecimiento demográfico es un hecho. España necesita trabajadores.
Los trabajadores ya están aquí. Regularizarlos es desde esta lógica una decisión de gestión pública, no un acto de caridad. Pero entonces surge la pregunta que el gobierno no quiere responder en voz alta. Si la regularización es necesaria, si es justa, si es lógica desde el punto de vista económico.
¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no en 2020 o en 2022 o en 2024? ¿Por qué ahora en 2026 en plena precampaña en Andalucía con el procesamiento de Begoña Gómez encima de la mesa con las elecciones de 2027 en el horizonte? Porque la respuesta honesta es que este decreto no surgió de un análisis técnico tranquilo, surgió de un pacto político, un pacto entre el PSOE y Podemos que se firmó en enero y que ha tardado meses en materializarse.
Lo dice el propio entorno del presidente, lo confirman las fuentes. Fue un acuerdo político para sostener la legislatura, un acuerdo que se tomó en consideración en el Congreso con el respaldo de todos los grupos salvo box, pero que lleva bloqueado desde 2024. Y ahí está la fisura que la carta de Sánchez no puede tapar con buenas palabras.
Porque cuando un proceso político tan importante para tantas personas depende no de una política pública coherente y planificada, sino de la negociación entre partidos para mantenerse en el poder, la legitimidad de ese proceso se debilita. Aunque el resultado sea correcto. La forma importa, los plazos importan, el contexto importa y el contexto de este decreto tiene muchas capas incómodas.
La primera, el Consejo de Estado pidió modificaciones, concretamente en la forma de verificar los antecedentes penales de los solicitantes. El organismo que tiene la función de asesorar jurídicamente al gobierno advirtió que el mecanismo para comprobar que los solicitantes no tienen antecedentes en sus países de origen era insuficiente.
