La primera capa es el hallazgo de la auditoría. La ASF revisó las cuentas de Birmex correspondientes al año 2023 y encontró un déficit de 104 millones de pesos. No una estimación, no una sospecha, una cifra oficial con expediente entregada formalmente al Congreso. Para dimensionar ese dinero, alcanza para pagar 2 años de pensión a 35,000 adultos mayores o para surtir medicamentos básicos a los hospitales de un estado mediano durante año y medio.
Ese dinero desapareció entre pagos que no se pudieron comprobar, proveedores que cobraron sin demostrar que entregaron y medicina vencida que llegó a pacientes que no lo sabían. Los detalles son los que duelen. Birmex le pagó 819 millones de pesos a una empresa llamada Almacenaje y distribución Avior por guardar y repartir medicamentos 819,0000.
Cuando la auditoría pidió los documentos que probaran que ese servicio se prestó de verdad, Birmex los tenía. El papel que debía existir no existía. El servicio que se pagó no se pudo comprobar que se haya prestado. Cero comprobante, 819 millones de pesos que salieron del estado y cuyo destino real no tiene respaldo documental.
Ahí no paró. Birmex también le pagó 152 millones de pesos a otra empresa, farmacéuticos Maipo, por distribución de medicamentos. Misma historia, sin evidencia de servicio prestado y además entregó al ICCTE 8060 piezas de medicamentos caducos. Medicina vencida para pacientes reales, firmada, aprobada y entregada por funcionarios que cobraban quincena mientras hacían eso.
La auditoría emitió 11 promociones de responsabilidad administrativa, 11 señalamientos formales contra personas que debieron responder por lo que pasó y el sistema respondió como siempre había respondido. El reporte llegó a la cámara en febrero. Nadie fue destituido de inmediato. Nadie apareció en ninguna conferencia dando explicaciones.
El caso se quedó en el estante y dos semanas después el mismo Birmex con los mismos mecanismos, los mismos proveedores y los mismos contactos, intentó repetir la jugada con 13,000 millones más. Nadie esperaba que alguien lo parara esta vez, pero aquí es donde todo cambia. La segunda capa es lo que ocurrió en marzo de 2025.
Eduardo Clark, subsecretario del sector salud, fue a la mañanera a decir en voz alta lo que el sistema siempre había enterrado. Hay posibles indicios de corrupción en la compra consolidada. La licitación ya estaba adjudicada, los contratos ya tenían nombre, pero el dinero todavía no había salido. Y en ese margen, en ese espacio entre la firma y el pago, alguien jaló el freno.
La Secretaría Anticorrupción declaró la nulidad total de la licitación entera. No una corrección, no un ajuste. Nulidad total. Shane Baum salió a confirmar las destituciones. El director general Iván de Jesús Olmos Cancino, fuera. La directora administrativa Emma Luz López fuera la directora de logística Carla Anaya. Fuera el director de planeación.
Fabián López. Fuera. Y el nuevo director de Birmex es Carlos Uyoa, colaborador de confianza de Shane Baum desde su etapa en la Ciudad de México. La presidenta lo resumió en una frase, dijimos cero corrupción y es cero corrupción. Y si te gustan estas historias que revelan lo que casi nadie se atreve a contar, suscríbete porque lo que viene después te va a dejar pensando.
Pero el operativo no terminó adentro porque mientras caían los funcionarios internos, Raquel Buen Rostro llegó a la conferencia del 29 de abril con una lista. 59 empresas bajo investigación, no un número redondo para el titular. 59 razones sociales con RFC, contratos y documentos cuestionados. Lo más fuerte vino cuando empezaron a desglosar los perfiles.
Entre esas 59 empresas, Buen Rostro confirmó que varias tienen un giro comercial que no tiene nada que ver con el sector salud. Algunas son inmobiliarias, otras venden combustibles. Empresas que rentan locales o venden gasolina participando en licitaciones para suministrar pastillas y jeringas al sistema de salud del gobierno mexicano.
Imagina esto. Una empresa gasolinera con contratos activos para venderle medicamentos a los hospitales del pueblo. Eso no es un error de trámite. Eso es una red de prestanombres construida durante años con funcionarios adentro que abrían la puerta y empresas afuera que cobraban los contratos sin capacidad real surtir nada.
El caso más documentado es Biomix Lab México. Entre 2022 y 2024 acumuló cerca de 100 contratos por más de 276 millones de pesos. El 25 de abril, la Secretaría Anticorrupción la inhabilitó por 15 meses, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Expediente SN-025-2024. La razón proporcionar información falsa en licitaciones no era la primera vez.
En 2024 ya había recibido una inhabilitación de 3 meses por entregar bienes con irregularidades, 100 contratos, dos inhabilitaciones, 276 millones. Después viene Ansoft Comercializadores, también inhabilitado por 15 meses con multa por falsificar informes de laboratorio para cumplir requisitos técnicos.
Y al corte actual, el total de empresas sancionadas ya suma 17. 17 compañías fuera del sistema con inhabilitaciones de 1 a 2 años y las 42 restantes de las 59 en investigación activa. Hay además una empresa sin nombre revelado todavía. porque su expediente ya está en la Fiscalía General de la República. Esta empresa falsificó registros de CofEPRIS, no los presentó vencidos ni incompletos, los falsificó.
Eso no es terreno administrativo, eso puede terminar en cargos penales reales. Aquí aparece la pregunta que nadie quería hacer en voz alta y los 104 millones que ya se fueron en 2023, porque ese es el flanco que sigue abierto. Las 13 investigaciones administrativas activas tienen nombres detrás, pero esos nombres todavía no son públicos porque la ley lo permite mientras el proceso no concluye.
Eso significa que hoy mismo hay personas que firmaron los contratos irregulares de 2023, que aprobaron los pagos sin comprobante, que dejaron pasar 8,000 piezas de medicamentos caducos al ICSSc y que todavía no enfrentan cargos penales. La diferencia entre las dos capas de este escándalo es la diferencia entre lo que el gobierno puede hacer y lo que todavía no ha hecho.
En 2025 el dinero no salió, los contratos se cancelaron, los funcionarios cayeron, las empresas se inhabilitaron. Eso es verificable y es real. En 2023 el dinero sí salió y los culpables de ese hoyo de 104 millones todavía no tienen nombre en ningún banquillo. El sistema anticorrupción en México tiene un problema estructural que no desaparece con destituciones.
