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Cali después de la BOMBA — ¿Puede el PRESIDENTE Petro garantizar la PAZ en Colombia

 Lo que van a ver es una reconstrucción de los hechos y un relato sobre el valor que se necesita para hablar por los que ya no tienen voz. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Escríbelo en los comentarios. Para Javier, un paramédico de 45 años de la Defensa Civil en Cali, el sonido de la sirena era la banda sonora de su vida. Era una llamada al deber, una carrera contra el tiempo para salvar una vida.

Pero la noche del 21 de agosto de 2025, la explosión que sacudió el barrio de Salomia no se pareció a nada que hubiera escuchado antes. Fue un rugido profundo, vesteral, que hizo temblar los cimientos de la ciudad y de su propia alma. Un camión bomba había explotado frente al batallón de infantería Pichincha.

 Javier y su equipo fueron de los primeros en llegar. La escena era un infierno dantesco. El olor a azúcar quemada de un puesto de churros cercano se mezclaba con el olor acre de la cordita, el cráter humeante, los edificios residenciales con las ventanas reventadas, los gritos de los heridos mezclados con el llanto de los niños.

Durante horas, en medio del humo, el polvo y el caos, Javier hizo su trabajo. Vendó heridas, inmovilizó fracturas, consoló a los moribundos. se movía como un autómata, impulsado por la adrenalina y años de entrenamiento. Pero mientras trabajaba, una pregunta lo carcomía por dentro, un taladro en su mente.

 Su hermano menor, David, de apenas 19 años, había ingresado al ejército tres meses antes. Era un soldado bachiller y estaba prestando su servicio en ese mismo batallón. La última vez que lo vio, David le había confesado su miedo, no a los combates, sino al aburrimiento y a la incertidumbre. Javier le había dicho que estuviera orgulloso, que servir al país era un honor.

 Ahora esas palabras le sabían a veneno. Durante horas, Javier intentó llamarlo, pero el teléfono de David estaba apagado. En cada rostro joven y sin vida que encontraba entre los escombros, en cada cuerpo que ayudaba a subir a una ambulancia, temía reconocer el de su hermano. La confirmación llegó al amanecer. En la frialdad de una morgue improvisada, un oficial con el rostro cansado leyó un nombre de una lista.

David Rojas. Javier sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. El paramédico que había intentado salvar a todo el mundo, no había podido hacer nada por la única persona que más le importaba. El rescatista necesitaba ser rescatado, pero no había nadie que pudiera hacerlo. Mientras Cali se sumía en el luto, el país se sumía en un feroz debate político.

 El atentado fue rápidamente atribuido a las disidencias de las FARC, el autodenominado estado mayor central, EMC, uno de los principales grupos con los que el gobierno del presidente Gustavo Petro mantenía un cese al fuego y negociaciones de paz como parte de su política de paz total. Para la oposición, el atentado era la crónica de una muerte anunciada.

Llevaban meses advirtiendo que los ces al fuego estaban siendo aprovechados por los grupos armados para fortalecerse, rearmarse y expandir su control territorial. Acusaban al gobierno de ser ingenuo, de dar concesiones a terroristas a cambio de una paz ficticia. Para el gobierno era una tragedia, pero también una prueba de la necesidad de continuar el diálogo.

 Argumentaban que estos eran los coletazos de la guerra, actos de facciones que se oponían a la paz y que abandonar la negociación sería darle la victoria a los violentos. Pero para Javier, sentado en la casa de sus padres, recibiendo el pésame de sus vecinos, todo ese ruido político era un insulto.

 Su hermano no era un coletazo de la guerra, era un joven con sueños, que amaba el fútbol y que quería estudiar ingeniería. Su muerte no era un daño colateral en un complejo proceso de paz, era un asesinato. Y para Javier ese asesinato tenía un responsable político, un gobierno que en su opinión había creado las condiciones para que ocurriera.

 La promesa de la paz total había traído la guerra a la puerta de su casa. Y él, que había dedicado su vida a salvar a otros, ahora solo sentía el deseo de exigir justicia. Los días que siguieron al atentado, Cali fue una ciudad en duelo. El velorio de David en la modesta casa de sus padres en el barrio Alfonso López se convirtió en un microcosmos del dolor de la ciudad.

 Vecinos, amigos y familiares llenaban la pequeña sala susurrando oraciones y compartiendo recuerdos. Javier, de pie junto al ataúd escuchaba las historias. David como el niño travieso que empinaba cometas, el adolescente que soñaba con ser ingeniero para construir puentes, el joven soldado que enviaba la mitad de su sueldo a casa.

 Cada recuerdo era una daga en el corazón de Javier, un recordatorio de todo lo que se había perdido. Bajo el manto de la tristeza crecía una corriente subterránea de rabia. Javier se convirtió, sin buscarlo, en el epicentro de ese dolor. Como paramédico que estuvo en la escena y como hermano de una de las víctimas, su testimonio era devastadoramente real.

 Los medios de comunicación lo buscaban, pero él se negaba a hablar. Sentía que sus palabras serían utilizadas como armas en la guerra política que despreciaba. El gobierno, mientras tanto, intentaba controlar la narrativa. El ministro de Defensa habló de hechos aislados que no comprometen la voluntad de paz del EMC. El presidente Petro en su cuenta de Twitter publicó un mensaje de condolencia y reafirmó su inquebrantable compromiso con el diálogo como única salida.

Para Javier y las demás familias de las víctimas, esas palabras sonaban a traición. Se sentían como si el gobierno estuviera más preocupado por salvar su proceso de paz con los verdugos que por hacer justicia para sus muertos. “Están negociando sobre el ataúd de mi hermano”, le dijo Javier a su padre en un arrebato de dolor.

 Llaman gestos de paz a un cese al fuego que les permite a esos asesinos moverse por la ciudad. planear un atentado y matar a nuestros hijos. ¿Qué clase de paz es esta? Es la paz de los sepulcros. La indignación de Javier llegó a su punto de ebullición cuando se anunció que el presidente Petro viajaría a Cali. La agenda oficial incluía un consejo de seguridad a puerta cerrada y una visita a los heridos en el hospital.

 Para el gobierno era un acto de presencia y solidaridad. Para Javier era una puesta en escena, un tour de relaciones públicas sobre su tragedia personal. No voy a permitir que venga a tomarse una foto con los heridos para limpiar su imagen. Le dijo a un grupo de familiares de otras víctimas que se habían reunido en su casa.

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