El ajedrez de la política mexicana es, a menudo, un terreno fértil para las ironías más despiadadas y los giros de tuerca más insospechados. Sin embargo, pocas veces en la historia reciente hemos sido testigos de un efecto bumerán tan contundente y poético como el que actualmente protagonizan Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y Ernestina Godoy. Lo que en enero de 2024 fue celebrado con bombo y platillo como una victoria monumental por parte de la oposición, hoy se ha transformado en la peor pesadilla del líder nacional del PRI. En una jugada que nadie logró anticipar, el hombre que intentó cerrarle las puertas del poder a una fiscal capitalina, terminó empujándola directamente hacia el cargo de procuración de justicia más poderoso de todo el país. Y lo que es peor para él: ella ahora custodia el expediente que podría sepultarlo.
El Bloqueo que Cambió la Historia: La “Victoria” de Alito
Retrocedamos en el tiempo hasta enero de 2024. Alejandro Moreno Cárdenas, operando con toda la maquinaria política a su disposición, movilizó a los legisladores locales del PRI en la Ciudad de México con un objetivo claro y contundente: bloquear a toda costa la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital. En aquel momento, Alito se erigió como el gran estratega de la oposición, felicitando públicamente a sus legisladores y llamándolos “valientes” por frenar a quien él mismo calificó despectivamente como una “fiscal carnala” al servicio del régimen.
La soberbia de aquella victoria duró apenas 16 meses. En su afán por demostrar fuerza, Alito no escatimó en represalias contra los suyos. Cuando las diputadas priistas Mónica Fernández César y Wesley Chantal Jiménez decidieron votar a favor de Godoy, yendo en contra de la línea partidista impuesta, Moreno ordenó su expulsión inmediata e implacable. Hoy, esa anécdota es el complemento perfecto de esta tragicomedia: Mónica Fernández es actualmente diputada federal por Morena, y Ernestina Godoy, la mujer que Alito creyó haber derrotado, ostenta un poder infinitamente superior al que habría tenido en la Ciudad de México.
El Ascenso de Ernestina Godoy y la Fiscalía General
El 3 de diciembre de 2025 marcará un antes y un después en esta saga. El Senado de la República ratificó a Ernestina Godoy como Fiscal General de la República (FGR). De pronto, la mujer a la que se le había negado la jurisdicción capitalina asumió el control de la institución de procuración de justicia más poderosa de México. Su mandato, que se extiende desde 2025 hasta 2034, le otorga acceso sin restricciones a todas las investigaciones federales, a lo largo y ancho de los 32 estados del país.
Y es precisamente aquí donde la ironía alcanza su punto de ebullición. Al asumir su cargo, Godoy heredó una serie de casos de alto perfil político que habían estado acumulando polvo en los archivos. Entre esos pendientes resplandece, con luz propia, una carpeta específica que hace sudar frío a más de uno en la sede del PRI.
La Carpeta Fed FEMCC Camp 002752: Los Pecados del Pasado
En los intrincados pasillos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reposa la carpeta de investigación número Fed FEMCC Camp 002752. Este documento no es una simple queja administrativa; es un compendio que investiga delitos de suma gravedad cometidos presuntamente por Alejandro Moreno Cárdenas. La lista de acusaciones es abrumadora: enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
El periodo bajo escrutinio abarca desde el año 2015 hasta el 2020, coincidiendo de manera precisa con su etapa como gobernador del estado de Campeche y sus primeros pasos como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Es imperativo señalar que esta investigación federal opera de manera paralela, pero independiente, al proceso que maneja la Fiscalía Anticorrupción de Campeche. La carpeta federal tiene dientes mucho más afilados, con capacidad para investigar crímenes que cruzan fronteras estatales y que involucran el entramado financiero a nivel nacional.
Siete Años de Impunidad y la Sombra de Gertz Manero
La pregunta que resuena en la opinión pública es obligada: ¿Por qué un caso tan explosivo permaneció inactivo durante siete largos años? La respuesta apunta de manera directa a la gestión de Alejandro Gertz Manero. Durante su mandato al frente de la FGR (2019-2025), se documentaron múltiples cuestionamientos sobre el manejo político de los casos. Varias investigaciones contra figuras prominentes de la oposición avanzaron a paso de tortuga o, como en el caso de Alito, simplemente se congelaron.
Siete años sin un solo ejercicio de acción penal visible, sin diligencias sustantivas reportadas públicamente. Siete años en los que el expediente de Moreno durmió el sueño de los justos, junto a otros casos mediáticos que conformaban la llamada “burocracia dorada” de la opacidad. Pero el relevo en la FGR lo cambió todo.
El Nuevo Plan Estratégico y las Promesas de Godoy
El 17 de abril de 2026, Ernestina Godoy presentó su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029. Y aunque se cuidó mucho de no mencionar el nombre de Alejandro Moreno, sus palabras resonaron como un trueno en los oídos del priista: “Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias. Nunca más una fiscalía opaca”.
Godoy ha prometido explícitamente llevar ante los tribunales casos que cuenten con un sólido sustento jurídico, marcando una línea divisoria clara respecto a la era de Gertz Manero, donde abundaban las carpetas abiertas que jamás veían la luz de una sala de audiencias. Esta declaración de intenciones convierte a la carpeta Fed FEMCC Camp 002752 en una bomba de tiempo lista para ser detonada.
El Reloj Corre: El Desafuero y el Fatídico 30 de Abril
Por si el panorama no fuera lo suficientemente negro para Alito, un segundo reloj avanza de manera inexorable. El proceso de desafuero impulsado en la Cámara de Diputados, alimentado por la Fiscalía de Campeche, tiene como fecha límite el 30 de abril. Si para ese día el desafuero no llega al pleno, Alito conservará su inmunidad constitucional hasta septiembre, protegiéndolo de las órdenes de aprehensión del fuero común.
