El panorama político y de seguridad en México es un laberinto complejo donde las verdades a medias, las agendas ocultas y las contradicciones flagrantes suelen ser la moneda de cambio habitual. Detrás de los discursos oficiales y las conferencias de prensa meticulosamente diseñadas, existe un submundo de intereses que rara vez sale a la luz de manera íntegra. Sin embargo, cuando el análisis profundo y la memoria histórica se cruzan, las máscaras de la política comienzan a caer una por una. Recientemente, en una reveladora conversación periodística entre Manuel Pedrero y el reconocido abogado penalista César Gutiérrez Priego, se desmenuzaron algunos de los episodios más oscuros e incongruentes de la actualidad política mexicana. Desde operativos de seguridad que parecen sacados de una puesta en escena, hasta la insostenible hipocresía de figuras del pasado que hoy buscan erigirse como faros de moralidad.
El primer gran misterio que sacude a la opinión pública tiene su epicentro en el estado norteño de Chihuahua. En este contexto, la política local nos regala un episodio que roza lo absurdo y que demanda una explicación inmediata. Hace poco, el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos, presumió con un enorme despliegue mediático el desmantelamiento de un supuesto narcolaboratorio de proporciones verdaderamente titánicas. Estamos hablando de una instalación de 440 metros cuadrados que, en teoría, representaba un golpe maestro contra el crimen organizado. En cualquier escenario lógico, un espacio de esa inmensa magnitud destinado a la producción masiva de susta
ncias ilícitas debería estar repleto de evidencia incriminatoria, toneladas de precursores químicos, maquinaria en pleno funcionamiento y, por supuesto, personal criminal operando el lugar. Sin embargo, la realidad de este operativo fue completamente distinta y sumamente perturbadora.
Al ingresar al enorme recinto, las autoridades no encontraron ni una sola pizca de droga sintética. Peor aún, el saldo de detenidos en este supuesto golpe al narcotráfico fue de un rotundo y vergonzoso cero. Las instalaciones lucían como si hubieran sido abandonadas cuidadosamente días antes, como si los criminales hubieran recibido una cortesía gubernamental avisando sobre la inminente llegada de las fuerzas de seguridad. Como bien señala Gutiérrez Priego, en materia penal no existen las coincidencias. Este extraño suceso levanta sospechas gravísimas, especialmente cuando se ha revelado que la geolocalización de este sitio fue supuestamente proporcionada por agentes de la inteligencia estadounidense. ¿Fue este operativo un simple montaje estratégico? ¿Una gran excusa fabricada para justificar y permitir la entrada e intervención directa de agentes de la CIA en territorio mexicano? Ante estas flagrantes anomalías, el abogado sugiere que, por pura congruencia política, María Eugenia Campos debería solicitar licencia de su cargo para permitir una investigación transparente, aplicando exactamente el mismo estándar de exigencia que políticos de su misma corriente han demandado de manera tajante para otros gobernadores en el país.
Pero el paisaje surrealista de Chihuahua no termina en los laboratorios vacíos. En la capital del estado, el alcalde Marco Bonilla ha protagonizado un escándalo diplomático que raya en la negligencia absoluta o en la traición a los protocolos de Estado. De manera furtiva y a escondidas, Bonilla emprendió un viaje directo a Washington para reunirse con autoridades del Departamento de Estado estadounidense con la intención de buscar convenios bilaterales. El problema fundamental radica en que realizó esta maniobra sin informar en absoluto a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pasando por alto la soberanía diplomática y las leyes que rigen a los funcionarios públicos. Si un alcalde decide abandonar el país para una gira de trabajo oficial, tiene la obligación legal de solicitar permiso a su cabildo y, en un caso internacional, notificar al Congreso del Estado.
Cuando fue cuestionado, la defensa del equipo del alcalde se basó en lo que en el derecho penal se conoce como “error de prohibición”, argumentando esencialmente una ignorancia de la ley al afirmar que no sabían que dicha acción estaba prohibida. Esta excusa es no solo inaceptable para un funcionario de alto nivel que cuenta con ejércitos de asesores legales pagados con erario público, sino que tampoco lo exime de responsabilidades penales o administrativas. La ignorancia de la ley no perdona su cumplimiento, y las acciones furtivas de Bonilla abren una peligrosa puerta sobre qué tipo de negociaciones se están llevando a cabo en el extranjero a espaldas del gobierno federal mexicano.
Este tipo de sumisión a los intereses extranjeros nos lleva a un debate aún mayor: la actual tensión entre México y Estados Unidos respecto a las órdenes de extradición y la disparidad en los estándares probatorios. En medio de un clima político convulso por las elecciones en el país vecino, la fiscalía del distrito sur de Nueva York ha estado presionando intensamente para la captura y extradición de diversos funcionarios y exfuncionarios mexicanos, basándose en el testimonio de testigos colaboradores. Sin embargo, la narrativa estadounidense del delito de “conspiración” choca frontalmente con el rigor del sistema judicial mexicano. En Estados Unidos, la mera declaración de un criminal que busca reducir su condena puede ser suficiente para cimentar un caso de conspiración. Por el contrario, para que un juez de control en México emita una orden de aprehensión, se requieren pruebas materiales sustanciales y contundentes, no simples dichos.
Como señala irónicamente el debate, pretender detener y extraditar a un ciudadano mexicano con evidencias tan endebles como “una servilleta con anotaciones” es un insulto al debido proceso. A pesar de esto, vemos a legisladores y políticos de la oposición mexicana exigiendo entregas exprés de sus adversarios políticos sin importar el sustento legal, demostrando que su interés no es la justicia, sino el golpeteo mediático. Esta exigencia irresponsable ignora deliberadamente los procedimientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de la República, instituciones que actúan como filtros necesarios para evitar que la soberanía judicial de la nación sea pisoteada por intereses electorales foráneos.
Finalmente, esta ola de hipocresía política encuentra su máxima expresión cuando analizamos a los personajes que hoy se erigen como los grandes críticos de la seguridad nacional. Uno de los casos más paradigmáticos y frustrantes es el de Francisco Labastida Ochoa. Recientemente, este expolítico ha acaparado reflectores en diversos medios de comunicación, pontificando sobre la existencia de un supuesto “narcoestado” y adoptando la postura de un patriarca moral intachable. Sin embargo, un análisis riguroso de la historia de México destroza esta ilusión con una contundencia implacable.
Para entender la dimensión del cinismo, es vital viajar en el tiempo al año 1989. En aquel entonces, Francisco Labastida fungía como el todopoderoso gobernador del estado de Sinaloa. Fue precisamente en ese año turbulento cuando el gobierno, presionado internacionalmente, ejecutó la detención del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del entonces dominante Cártel de Guadalajara. Lo que la memoria selectiva de Labastida y de los medios conservadores intenta borrar, es un hecho histórico irrefutable: junto con el gran capo del narcotráfico, el ejército mexicano capturó a la cúpula de seguridad del propio estado de Sinaloa. Altos mandos como el comandante de la Policía Judicial y el comandante de la policía municipal de Culiacán, hombres que respondían directamente a la administración de Labastida Ochoa, fueron arrestados por sus profundos nexos de complicidad con la mafia.
Ante el escándalo de que sus propios jefes policíacos fueran la mano derecha del narcotráfico, la respuesta histórica de Labastida a la prensa de la época fue una tibia y evasiva excusa: argumentó que simplemente “no se había dado cuenta” y que sus subordinados le “habían fallado”. Pero la historia no se detiene ahí. La captura de Félix Gallardo en 1989 provocó la fractura del Cártel de Guadalajara, y de sus cenizas emergieron los tres monstruos que desangrarían al país en las décadas siguientes: el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez y, de manera primordial, el Cártel de Sinaloa. Es decir, la estructura criminal más poderosa y sanguinaria de la historia moderna de México nació, creció y se consolidó territorialmente exactamente en el periodo en que Francisco Labastida era gobernador, operando bajo las narices de un gobierno estatal profundamente infiltrado. Que hoy este mismo personaje tenga la audacia de criticar las políticas de seguridad y señalar la infiltración del crimen organizado, no solo es una falta de respeto a la inteligencia ciudadana, sino una demostración brutal del cinismo que enferma a la política tradicional.
La conversación concluye con una felicitación por el 50 aniversario de vida del abogado César Gutiérrez Priego, un recordatorio cálido de que, frente a la fría maquinaria del poder, el compromiso humano y la búsqueda incansable de la verdad son valores que deben celebrarse. La salud de una democracia no se mide por las declaraciones de los políticos en los reflectores, sino por la capacidad de los ciudadanos de escarbar en el pasado, cuestionar las narrativas oficiales y desenmascarar a quienes, con las manos manchadas por la historia, intentan vender lecciones de limpieza moral. Es imperativo que la sociedad mexicana despierte y mantenga viva la memoria; solo así se evitará que los verdugos de ayer sigan fingiendo ser los salvadores del mañana.
