Y lo más grave, Juan Jesús fue torturado para obligarlo a confesar un crimen que no cometió. El abogado mostró las lesiones, golpes en las manos, marcas en las costillas, heridas visibles que no estaban cuando fue detenido. Juan Jesús apenas pudo hablar con su defensor. Tenía miedo. Estaba nervioso. No había privacidad en la sala porque personal de la fiscalía vigilaba cada palabra, pero en los pocos segundos que pudo comunicarse le dijo algo crucial.
Yo no fui y entonces vino el golpe mediático. La defensa anunció que tiene un video de las cámaras del edificio, un video que la fiscalía no ha presentado como prueba, un video que muestra a un hombre mayor de entre 50 y 60 años ingresando al edificio repetidamente con mujeres jóvenes, subiendo al elevador con ellas, besándolas, tocándolas de manera inapropiada.
Un hombre que operaba una red de engaños laborales desde ese mismo inmueble. La pregunta explosiva quedó flotando en el aire. ¿La fiscalía arrestó al culpable equivocado o simplemente necesitaba un chivo expiatorio para calmar la presión social? El juez Óscar García Bravo validó la detención de Juan Jesús como legal.
Eso significa que los procedimientos formales se cumplieron según la ley, pero legal no significa justo. Y lo que ocurrió durante esa audiencia reveló grietas profundas en la investigación. La fiscalía presentó su caso con contundencia aparente. El Ministerio Público imputó a Juan Jesús por el delito de feminicidio agravado. Expusieron los datos de prueba.
La caseta de vigilancia donde trabajaba el acusado tenía restos hemáticos que coincidían genéticamente con Edit Guadalupe. Las muestras de sangre formaban un patrón de limpieza reciente, lo que indica que alguien intentó borrar evidencia. El desarmador encontrado cerca del cuerpo tenía huellas dactilares de Juan Jesús.
Los dictámenes periciales preliminares establecieron que Edith murió por una herida de instrumento punsocortante en el pecho. La herida perforó uno de sus pulmones provocando hemorragia interna. La necropsia confirmó que las lesiones eran compatibles con agresión física severa sostenida. El cuerpo fue encontrado en el sótano del estacionamiento oculto bajo arena en una bolsa plástica.
Juan Jesús era el vigilante de turno ese día. fue la última persona que la vio con vida según registros de cámaras exteriores. Todo parecía indicar culpabilidad absoluta, pero entonces la defensa comenzó a desarmar la narrativa. Julián Octavio González argumentó que los datos presentados no sostienen que su cliente cometió el crimen.
Señaló inconsistencias específicas en la integración de la carpeta de investigación que no especificó públicamente para no revelar su estrategia defensiva antes de tiempo. Lo que sí reveló fue explosivo. Existe un video de las cámaras de seguridad del edificio que muestra a un hombre distinto ingresando repetidamente al inmueble acompañado de diferentes mujeres jóvenes.
Según la defensa, este individuo de entre 50 y 60 años exhibía comportamientos sospechosos dentro del edificio días antes del crimen. En las imágenes se le ve subiendo al elevador con mujeres jóvenes besándolas en el cachete, tocándolas de manera inapropiada por la parte posterior. Este video crucial para establecer líneas alternativas de investigación supuestamente está en el celular de Juan Jesús.
La defensa argumenta que este hombre podría estar operando una red de captación de mujeres mediante ofertas falsas de empleo desde ese edificio y que la fiscalía no ha explorado plenamente esta línea investigativa porque necesitaba cerrar el caso rápidamente bajo presión mediática. Además, la defensa denunció irregularidades graves durante la detención.
Juan Jesús presenta golpes en las manos, marcas en las costillas y heridas que no tenía cuando fue arrestado la noche del 17 de abril. Según el abogado, agentes de la policía de investigación lo golpearon mientras estaba bajo custodia en la fiscalía. El abogado adelantó que podría iniciar un protocolo por tortura si se comprueban las lesiones.
Durante la audiencia, Juan Jesús apenas pudo comunicarse con su defensor. No había privacidad real. Personal procesal de la fiscalía estaba presente todo el tiempo vigilando. El joven mostraba miedo evidente. Estaba nervioso, limitado en sus palabras, pero en los pocos segundos que pudo hablar le dijo a su abogado, “En pocas palabras me dijo que no, pero un poco limitado por la cuestión de que no estábamos totalmente solos en la sala”, explicó González a los medios.
Lo único que Juan Jesús alcanzó a hacer durante la audiencia fue enviar una nota escrita. El contenido no fue revelado públicamente, pero su abogado indicó que refuerza la versión de inocencia. El defensor solicitó formalmente la duplicidad del término constitucional. Este recurso legal permite ampliar el plazo de resolución de la situación jurídica de 72 a 144 horas.
¿Por qué? para tener tiempo de presentar pruebas adicionales para integrar el vídeo como evidencia formal, para preparar una estrategia defensiva más sólida y para que Juan Jesús pueda declarar con privacidad real en el reclusorio sin vigilancia constante de la fiscalía. El juez concedió la duplicidad. La audiencia se suspendió.
La continuación quedó programada para el miércoles 22 de abril a las 10 de la mañana. Durante ese plazo de 144 horas, tanto la defensa como la fiscalía tendrán que presentar todas sus pruebas y ahí se determinará si Juan Jesús es vinculado a proceso o liberado. Afuera de los juzgados de dr. La vista, los padres de Juan Jesús dieron declaraciones antes de que comenzara la audiencia.
Su versión de los hechos contrasta radicalmente con la narrativa oficial y plantea preguntas que las autoridades no han respondido. La madre de Juan Jesús, visiblemente angustiada, exigió justicia tanto para Edit como para su hijo. Queremos justicia para Edit y para mi hijo. Yo como madre digo cómo es que mi hijo va a hacer algo así y regresar.
Las pruebas que tiene el Ministerio Público en contra de mi hijo no son verdaderas, declaró ante cámaras. Ella insiste en que Juan Jesús es víctima de un montaje, que las autoridades necesitaban un culpable rápido para calmar la indignación pública, que su hijo es un chivo expiatorio. “Pido justicia para mi hijo que es inocente.
Nada más pido justicia para mi hijo. A él lo amenazaron.” Afirmó categóricamente. Emanuel, el hermano mayor de Juan Jesús, también habló. Lamento mucho lo sucedido con la chica, con Edit. Ningún ser humano merece terminar de esa forma. Pero mi hermano es una persona de bien”, expresó una preocupación específica que amplifica las dudas sobre el caso.
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Una de nuestras preocupaciones es que esté amenazado y lo estén obligando a declararse culpable de algo que no ha hecho. No hay evidencia de él declarándose culpable. La familia reveló detalles sobre Juan Jesús que humanizan al acusado más allá de los titulares. Tiene 24 años, está casado, tiene hijos pequeños.
Vive en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Todos los días hacía un trayecto de 2 horas y media desde su casa hasta el edificio en la alcaldía Benito Juárez. Trabajaba turnos de 24 por 24 horas como vigilante. Y aquí viene un dato crucial. Juan Jesús llevaba apenas 3 meses trabajando en Torremurano y según sus padres fue contratado mediante Facebook, exactamente el mismo método que se usó para atraer a Edit Guadalupe.
Lo que plantea la pregunta, ambos fueron víctimas del mismo engaño. La misma red criminal que atrajo a Edit también reclutó a Juan Jesús como vigilante para usarlo después como chivo expiatorio. La familia narró como se enteraron de la detención. El 17 de abril, Juan Jesús se presentó normalmente a trabajar a las 8:30 de la mañana.
Avisó a su esposa como siempre, pero después los mensajes dejaron de llegarle al teléfono. A las 2 de la tarde, su esposa le marcó desde el teléfono de la casa. “¿Por qué no te llegan los mensajes?”, le preguntó. Juan Jesús respondió, “Es que estoy en la fiscalía.” Esa fue la última comunicación. Horas después, la familia se enteró por un video viral en redes sociales que Juan Jesús había sido detenido como presunto feminicida.
No recibieron notificación oficial, no les permitieron verlo. Se enteraron por las noticias junto con el resto de México. No ha podido ver a su hijo declaró el padre. Nos enteramos de la detención por un familiar que vio el video. El padre compartió detalles del video de vigilancia que tienen como prueba.
En el video hay una persona mayor de entre 50 y 60 años que metía muchachillas de entre 20 y 25 años. Se ve en el vídeo cómo suben en el elevador. Le da un beso en el cachete y la toquete por la parte de atrás. Según él, este hombre operaba desde el edificio captando mujeres jóvenes para propósitos que aún no están claros.
La familia insiste en que no tienen información sobre la supuesta empresa que operaba en ese edificio. La empresa que supuestamente contrataba mujeres para diversos servicios. La empresa que citó a Edit. Nadie sabe quién la dirigía. Nadie sabe si realmente existía o era solo una fachada y las autoridades no han investigado esa línea a fondo.
Lo que la familia de Juan Jesús está sugiriendo es perturbador, que su hijo y Eredit Guadalupe fueron víctimas de la misma red criminal, que alguien más cometió el feminicidio y que las autoridades, bajo presión mediática brutal, arrestaron al sospechoso más conveniente sin investigar todas las líneas.
A pesar de las alegaciones de la defensa, el juez Óscar García Bravo dictó prisión preventiva oficiosa contra Juan Jesús. Esta medida cautelar significa que permanecerá en el reclusorio preventivo varonil norte mientras dure el proceso judicial. No puede salir bajo fianza. No puede esperar el juicio en libertad. Permanecerá encerrado independientemente de si las pruebas son contundentes o no.
La prisión preventiva oficiosa es obligatoria en México para ciertos delitos graves, incluido el feminicidio. El juez no tiene discreción, aunque existan dudas sobre la culpabilidad, aunque la defensa presente evidencia alternativa, aunque haya inconsistencias en la investigación, el acusado debe permanecer en prisión hasta que se resuelva el caso.
Es una medida controversial que organizaciones de derechos humanos han criticado por violar la presunción de inocencia. Juan Jesús pasará las siguientes semanas, quizá meses, en el reclusorio norte. Su abogado, Julián Octavio González, anunció que visitará el reclusorio para poder hablar con su cliente en mejores condiciones.
Voy a pasar a hablar con él en el reclusorio porque no teníamos mucha privacidad. Estaban ahí los procesales. Lo noté un poco con miedo. Voy a hablar bien con él para que me diga las cosas en privado ahí dentro de locutorios, explicó. La audiencia de continuación está programada para el miércoles 22 de abril a las 10 de la mañana.
Durante el plazo de 144 horas que otorgó el juez, ambas partes prepararán sus casos. La fiscalía presentará pruebas adicionales para fortalecer la acusación. La defensa intentará integrar el video de vigilancia como evidencia formal y buscará demostrar que existen otras líneas de investigación no exploradas. En esa audiencia del 22 de abril se determinará si Juan Jesús es vinculado a proceso o no.
Si el juez determina que existen elementos suficientes para considerar que probablemente cometió el delito, será vinculado. El proceso continuará hacia juicio oral. Si el juez determina que las pruebas son insuficientes, podría ser liberado, aunque esto es extremadamente raro en casos de alto perfil mediático. La defensa tiene una estrategia clara.
Primero, impugnar las pruebas de la fiscalía argumentando irregularidades en su obtención. Las denuncias de tortura podrían invalidar cualquier confesión si existiera. Los golpes documentados podrían demostrar que hubo coacción. Segundo, presentar el video que supuestamente muestra a otra persona involucrada.
Si logran convencer al juez de que hay un sospechoso alternativo creíble, podrían debilitar significativamente el caso de la fiscalía. Tercero, argumentar que la investigación fue apresurada y sesgada, que las autoridades, bajo presión pública inmensa, después de los escándalos de corrupción en el caso, necesitaban un culpable rápido, que arrestaron a la persona más obvia, el vigilante del edificio, sin explorar adecuadamente otras posibilidades.
Que Juan Jesús es conveniente como chivo expiatorio, pero no necesariamente culpable. La fiscalía, por su parte, tiene que defender su caso. Debe explicar por qué las manchas de sangre estaban en la caseta de vigilancia donde trabajaba Juan Jesús. ¿Por qué el desarmador tenía sus huellas? ¿Por qué no hay registro de que otra persona estuviera en esa área en el momento crítico? ¿Por qué si existe ese video del hombre mayor con mujeres jóvenes, eso no descarta la participación de Juan Jesús? Mientras tanto, la familia de
Edit Guadalupe espera justicia. Ellos creen firmemente que Juan Jesús es culpable, que las pruebas son claras, que la defensa está jugando con tecnicismos legales para liberar a un asesino. Su dolor es real, su indignación justificada. Pero el sistema judicial no puede operar basándose solo en dolor e indignación.
Necesita certeza legal. Y esa certeza en este momento no existe. Hay dos narrativas completamente opuestas. Una dice que Juan Jesús es un feminicida que actuó solo y está tratando de evadir responsabilidad. La otra dice que es una víctima de un sistema corrupto que necesitaba cerrar el caso rápidamente. Y en medio está la verdad que el juez Óscar García Bravo tendrá que determinar el 22 de abril.
Lo que está claro es que este caso está lejos de estar resuelto. La audiencia del sábado no cerró nada, solo abrió más preguntas. El caso de Edit Guadalupe expuso las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano. Primero fue la negligencia, autoridades que ignoraron una desaparición durante 48 horas cruciales.
Luego fue la corrupción, funcionarios que pidieron sobornos a una familia desesperada y ahora podría ser la precipitación, un arresto apresurado bajo presión mediática, sin investigación completa. Porque la pregunta fundamental sigue sin respuesta clara. Realmente arrestaron al culpable. Las pruebas físicas colocan a Juan Jesús en la escena.
Pero estar en la escena no es lo mismo que cometer el crimen. Era el vigilante del edificio. Por supuesto que su sangre, sus huellas, su ADN estarían en la caseta donde trabajaba todos los días. La pregunta real es, ¿esas pruebas demuestran que mató a Edit o solo demuestran que trabajaba ahí? La existencia de ese video del hombre mayor con mujeres jóvenes, si se confirma, cambia completamente la narrativa.
Sugiere que había una operación criminal funcionando desde ese edificio, una red de captación mediante ofertas falsas de empleo. Y si esa red existía, ¿quién la dirigía? ¿El vigilante de 24 años que llevaba 3 meses trabajando ahí? ¿O alguien más con poder, recursos y experiencia? Las denuncias de tortura añaden otra capa de complejidad.
Si Juan Jesús fue golpeado bajo custodia, cualquier declaración que haya hecho podría ser producto de coacción. Y si las autoridades recurrieron a violencia para obtener evidencia, ¿qué más están dispuestos a manipular para cerrar el caso? El problema de fondo es sistémico. México tiene tasas bajísimas de resolución de crímenes violentos.
La presión pública en casos mediáticos es inmensa. Las autoridades necesitan mostrar resultados rápidos y en ese ambiente la tentación de tomar atajos es enorme. Arrestar al sospechoso obvio, construir un caso alrededor de él, ignorar evidencia que no encaja en la narrativa, presentarlo como culpable antes de que haya juicio.
Pero la justicia no puede funcionar así. No puede sacrificar certeza por velocidad. no puede condenar basándose en conveniencia. Porque si Juan Jesús es inocente y lo encarcelan, eso significa dos cosas terribles. Primero, que un inocente perdió su libertad. Segundo, que el verdadero asesino sigue libre y podría volver a atacar.
La audiencia del 22 de abril será crucial. Ahí veremos si el juez toma en serio las alegaciones de la defensa o si simplemente ratifica la versión de la fiscalía. Veremos si ese video misterioso realmente existe y qué muestra. Veremos si las autoridades están dispuestas a investigar líneas alternativas o si ya decidieron que Juan Jesús es culpable pase lo que pase.
Mientras tanto, dos familias sufren. La familia de Editt Guadalupe perdió a una hija de 21 años con toda la vida por delante. Merecen justicia real, no solo un chivo expiatorio conveniente. y la familia de Juan Jesús enfrenta la posibilidad de que su hijo, esposo y padre pase décadas en prisión por un crimen que, insisto, no cometió.
Lo único seguro es que este caso está lejos de terminar. La audiencia del sábado fue solo el principio y lo que salga a la luz en las próximas semanas podría cambiar completamente nuestra comprensión de qué pasó realmente en Torrem Murano el 15 de abril. La pregunta que todos deberíamos estar haciéndonos no es solo quien mató a Edit Guadalupe, es nuestro sistema de justicia es capaz de descubrirlo o simplemente necesita un culpable para satisfacer la indignación pública porque si es lo segundo, entonces ninguno de
nosotros está realmente a salvo. Oh.
