murió en julio de 2022 en su domicilio sin haber pisado una cárcel. La hacienda de Morelos para ese entonces llevaba años sirviendo desayunos de huevo con epazote y mezcal artesanal a turistas de fin de semana. Ahora viene la primera cosa que prometí contarte y necesito que prestes atención a cómo sucedió esto, porque el mecanismo importa tanto como el resultado.

 Cuando terminó el ***enio de Echeverría en 1976, las propiedades vinculadas a operaciones de la DFS no fueron transferidas a ningún organismo de transparencia ni sometidas a ningún proceso de auditoría, simplemente siguieron existiendo bajo el mismo esquema opaco que las había creado. Algunas pasaron a control directo del nuevo gobierno de José López Portillo.

 Otras quedaron en un limbo administrativo que en la práctica significaba que la seguían administrando los mismos operadores que las habían usado, y otras, un número que nadie ha podido documentar con precisión, comenzaron a cambiar de manos a través de testaferros. La Hacienda de Morelos entró en ese tercer grupo. Los documentos disponibles muestran que en 1979 el inmueble apareció registrado a nombre de una persona física que, según periodistas de investigación que trabajaron el tema en la década de 2000, tenía vínculos documentados con al menos

dos exfuncionarios de la DFS. Ese nombre no importa ahora mismo, pero reaparece más adelante en esta historia, así que guardalo. A lo largo de los años 80, el predio cambió de propietario al menos dos veces más. Cada transacción fue formal, notariada, con impuestos pagados. El dinero que circuló en esas operaciones era lo suficientemente modesto como para no activar ninguna alarma en las autoridades fiscales.

 La propiedad pasó por un periodo de aparente abandono parcial entre 1987 y 1993, años en que varios vecinos de la zona recordaron, según testimonios recogidos por una organización civil morelense, a mediados de los 2000, que el lugar se veía descuidado, pero tenía siempre por lo menos un vehículo estacionado en el frente.

 en 1994, coincidiendo con el año del levantamiento zapatista y del asesinato de Colosio, un año en que México estaba demasiado ocupado mirando hacia otras partes para prestar atención a un predio en Morelos. El inmueble fue adquirido por una sociedad anónima constituida apenas 6 meses antes. El objeto social de esa empresa, según su acta constitutiva que está disponible en el Registro Público del Comercio del Estado, era Administración y desarrollo de bienes, inmuebles, turismo y hotelería. La sociedad tenía dos socios.

Ninguno tenía antecedentes públicos relevantes, ninguno tenía experiencia documentada en el sector turístico. La remodelación comenzó en 1997, tardó aproximadamente 3 años. Cuando terminó, el inmueble tenía 10 habitaciones, una piscina renovada, un jardín ampliado y una zona de spa construida sobre lo que según los planos originales del edificio, había sido una habitación de planta baja con características de aislamiento sonoro inusuales para una hacienda de época.

Esa habitación desapareció de los planos de remodelación. En su lugar, los nuevos planos, debidamente sellados y aprobados por el municipio, mostraban una sala de masajes y una zona de hidroterapia. El hotel abrió al público en algún momento del año 2001. Tuvo buenas reseñas desde el principio.

 La decoración era auténtica. Los muros coloniales le daban ese tipo de atmósfera que los turistas de Ciudad de México buscan cuando quieren desconectarse sin irse demasiado lejos. El nombre que eligieron no hacía ninguna referencia a la historia del lugar, era el nombre de una flor. Atento a esto porque lo que viene es lo que hace que esta historia deje de ser una historia de bienes raíces y se convierta en algo completamente diferente.

 Cuando el operativo entró al inmueble, los peritos no iban buscando documentos, iban buscando otra cosa, indicios de modificaciones estructurales que pudieran ser relevantes para una investigación relacionada con el uso histórico del inmueble. Era un cateo con objetivos específicos autorizado por orden judicial y el protocolo establecía que debían documentar el estado actual de la construcción, compararlo con planos históricos disponibles y registrar cualquier anomalía.

 La anomalía apareció en la primera hora. En la habitación que los planos de 1997 identificaban como sala de masajes número dos, uno de los peritos notó algo que no debería estar ahí, una diferencia de densidad en el aplanado de una de las paredes interiores. El aplanado nuevo, el que formaba parte de la remodelación del 97, era liso uniforme del tipo que se aplica sobre una superficie previamente tratada, pero en una franja de aproximadamente 40 cm de ancho, a una altura de entre 80 cm y 1,40 del piso, la superficie presentaba una

irregularidad mínima, casi imperceptible a simple vista, que el perito detectó con iluminación rasante. Lo que había debajo del aplanado nuevo era otro aplanado más viejo. Y detrás del aplanado viejo, dentro del espesor del muro de adobe original, había un espacio hueco de unos 12 cm de profundidad. Y dentro de ese espacio, envueltos en varias capas de tela encerada que los había protegido durante décadas de la humedad del muro, había documentos.

 Para un segundo, pensá en lo que eso significa en términos prácticos. alguien en algún momento de fines de los 70 o principios de los 80, la datación forense de los materiales de protección apunta a ese periodo. Tomó documentos que no quería destruir, pero tampoco quería que estuvieran accesibles y los escondió dentro de un muro.

 No en una caja fuerte, no en un archivo con llave, dentro de un muro. Eso no es el comportamiento de alguien que está archivando. Eso es el comportamiento de alguien que está preservando algo que sabe que en algún momento va a importar, pero que en ese momento no puede tener encima. Los documentos eran tres tipos de materiales.

 El primero era una serie de listas mecanografiadas con nombres, en muchos casos acompañados de fechas y de siglas internas que los especialistas interpretaron como códigos de unidades o de operativos. El segundo era un conjunto de fichas individuales del tipo que la DFS usaba para sus registros de detenidos, pero que a diferencia de las que habían aparecido en archivos desclasificados anteriores, no tenían ningún sello de ingreso formal al sistema.

 Eso significaba en términos operativos que las personas registradas en esas fichas nunca habían existido oficialmente como detenidas. El tercer tipo era algo todavía más difícil de encuadrar. eran páginas de un registro de actividades internas escrito a mano con una letra que los peritos grafólogos describieron como formada, probablemente masculina, con instrucción media alta, que detallaba con fechas y horarios movimientos de personas dentro del inmueble entre 1974 y 1978.

Los investigadores que trabajaron con ese material en las semanas siguientes Alcateo identificaron en las listas mecanografiadas al menos 117 nombres que podían ser cruzados con bases de datos de desapariciones forzadas del periodo. De esos 117, 73 ya estaban en algún registro de organizaciones de derechos humanos como personas desaparecidas.

 Los otros 44 no aparecían en ninguna lista conocida. eran literalmente nuevos desaparecidos, personas cuya familia, si es que quedaba familia viva, nunca había recibido ninguna notificación oficial de nada porque el Estado nunca reconoció haberlas tenido. Eran fantasmas que el sistema había generado y luego olvidado en un muro. Lee eso otra vez.

 44 personas que no existían en ningún registro de desaparecidos. 44 familias. Si todavía existen esas familias que nunca recibieron una respuesta porque nunca hubo una pregunta oficial. El Estado no los detuvo oficialmente, así que el Estado no los desapareció oficialmente, así que el Estado no tiene nada que responder. Ese es el mecanismo.

Así funciona la impunidad cuando está bien diseñada. Pero esto todavía no era lo más pesado. Y antes de llegar a lo que viene, necesito que entiendas el contexto completo de cómo se preservaron y se destruyeron los archivos de la DFS, porque sin ese contexto lo que sigue no tiene el peso que merece.

 Cuando la DFS fue formalmente disuelta en 1985, después de que su entonces director Miguel Nazar Jaro, uno de los nombres más oscuros de la historia reciente de México, se vio implicado en escándalos que ya no podían contenerse. Los archivos de la institución pasaron a un estado de custodia que nadie supervisó de manera efectiva.

 Una parte fue transferida al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que heredó las funciones de inteligencia. Otra parte, según múltiples fuentes periodísticas y académicas, fue destruida. Y una tercera parte, nadie sabe con certeza cuánta simplemente desapareció. No fue destruida formalmente, no fue transferida, desapareció.

 En 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, conocida como Femosp. Fue un esfuerzo real, con recursos reales y con un equipo que incluía investigadores serios. Lograron cosas importantes, identificaron patrones de operación, documentaron casos, construyeron un informe que en su versión preliminar era devastador para varios expresidentes y exfuncionarios.

 Ese informe, conocido como el informe Riquelme, por el nombre del investigador que lo coordinó, nunca fue publicado en su versión completa por el gobierno. La versión que circula que académicos y periodistas obtuvieron a través de filtraciones es sustancialmente diferente de los borradores que se conocieron en privado. Varias secciones fueron eliminadas o suavizadas entre el borrador y lo que el gobierno estuvo dispuesto a hacer público.

 La FEMOSPEP fue cerrada en 2006 con la mayor parte de sus investigaciones sin conclusión formal. Sus archivos fueron transferidos en teoría al Archivo General de la Nación, pero la accesibilidad real de esos materiales para investigadores independientes ha sido, según quienes han intentado trabajar con ellos, desigual en el mejor de los casos y obstruccionista en el peor.

 Lo que se encontró en los muros de la hacienda de Morelos era en ese sentido, algo distinto a todo lo anterior. No era un archivo que alguien hubiera decidido preservar o destruir según conveniencia política. Era un archivo que alguien había escondido porque quería que existiera, pero que no podía estar en ningún lugar visible.

 Eso cambia la naturaleza del material de una manera que los especialistas en archivos traumáticos, ese es el nombre académico que recibe esta categoría de documentos, los que fueron ocultados deliberadamente por sus propios creadores. encuentran significativa. El registro de actividades internas, el tercer tipo de material encontrado en el muro, es el que más preguntas genera, porque un registro de ese tipo, escrito a mano por alguien con acceso operativo al lugar implica que quien lo escribió quería que esas actividades quedaran registradas,

no para el expediente oficial que no existía, porque lo que ocurría ahí no existía oficialmente, sino para algo más. ¿Para quién escribía esa persona? ¿Para sí misma? para un futuro hipotético en que eso pudiera importar, para cubrirse en el caso de que alguien intentara hacerle responsable exclusivo de algo que había sido una operación colectiva.

 No hay respuesta definitiva para esas preguntas, pero el hecho de que alguien en plena operación de una casa de tortura clandestina haya decidido documentar lo que ocurría y esconder esa documentación dentro de un muro, es una de esas grietas por donde se cuela algo que se parece a la conciencia o a la precaución. o a ambas cosas al mismo tiempo.

 Y ahora llegamos a lo más pesado de todo, lo que hace que esta historia no sea solo la historia de un inmueble en Morelos, lo que hace que sea la historia de México. El hotel Boutique, que operó durante años en esa hacienda, no era una anomalía. Era en escala reducida y con decoración de buen gusto el modelo completo de cómo este país procesó su pasado, o más exactamente de cómo no lo procesó.

 Pensá en el mecanismo. Una propiedad usada para cometer crímenes de estado pasa por varias manos a través de operaciones formalmente correctas. Las personas que la administraron en sus años oscuros nunca fueron procesadas, así que no existe ninguna sentencia que vincule el inmueble a ningún delito. Sin condena, sin vinculación formal, la propiedad no puede ser confiscada ni sometida a ningún proceso especial.

 puede ser vendida, remodelada, rebautizada y abierta al público como negocio lícito. Los muros quedan, la historia no. Esto no pasó solo en Morelos. Hay documentación periodística e histórica sobre al menos una docena de inmuebles en distintos estados de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Jalisco, que tuvieron usos similares durante la guerra sucia y que posteriormente fueron absorbidos por el mercado inmobiliario sin ningún proceso de reconocimiento oficial de lo que habían sido. Algunos siguen siendo

propiedades privadas de uso residencial, algunos son oficinas, al menos dos son establecimientos de alimentos y bebidas que funcionan con buenas reseñas en portales de internet. No es una metáfora, es literal. Estamos comiendo enchiladas sobre el piso donde desaparecieron personas. El debate que existe en otros países que atravesaron procesos de violencia estatal, Alemania, Argentina, Chile, Sudáfrica, sobre qué hacer con los sitios de memoria, cómo preservarlos, cómo marcarlos, cómo honrar a las víctimas sin convertir el

horror en atracción turística. Ese debate en México nunca tuvo la escala ni la institucionalidad que hubiera necesitado para producir resultados comparables. Hay esfuerzos, hay organizaciones civiles que trabajan el tema con rigor y con compromiso real. Hay académicos que llevan décadas construyendo un registro histórico que el Estado nunca quiso construir.

 Pero a nivel de política pública, de decisión de Estado, de voluntad política sostenida para nombrar lo que pasó y responder por ello, México sigue debiendo. Echeverría murió en 2022 sin haber pasado un solo día en prisión. Miguel Nazar J Har, el director de la DFS en los peores años de la guerra, sucia murió en 2012 en condiciones similares.

 Luis de la Barreda Moreno, otro nombre asociado a la DFS, murió en 2020. El general Francisco Quiroz Hermosillo, señalado en múltiples investigaciones por sus participaciones durante ese periodo, murió en 2004. La lista de personas que tuvieron responsabilidad operativa o demando en las estructuras que usaron lugares como esa hacienda y que murieron sin enfrentar ningún proceso judicial efectivo es larga.

 No es una lista de hombres que escaparon al sistema, es una lista de hombres a quienes el sistema protegió hasta el final porque el sistema era de ellos. Los 44 nombres nuevos que aparecieron en las listas del muro son el símbolo más concreto de eso. No son una metáfora, son personas. Tenían edades, tenían familias, tenían nombres que alguien les puso cuando nacieron.

 En algún momento de los años 70 entraron a esa hacienda en Morelos y no volvieron a salir. Y el Estado mexicano nunca reconoció que eso hubiera ocurrido. Sus familias, las que todavía existen, las que no se disolvieron en el tiempo y en el dolor, no saben todavía si sus muertos están en esas listas. La notificación de los familiares, el proceso de identificación, la eventual comunicación con quienes puedan reclamar esos nombres es un proceso largo y doloroso que acaba de empezar.

 Pero al menos ahora existe. Antes de que esos documentos salieran del muro, esas 44 personas no existían en ningún sentido oficial, ahora existen. Eso es lo que hace un cateo. Eso es lo que hace un investigador que entra a una habitación con iluminación rasante y nota una irregularidad en el aplanado. Eso es lo que hace alguien que décadas antes decidió esconder esos papeles dentro de un muro en lugar de quemarlos.

 La historia de México tiene muchas capas. Literalmente, lo que pasó con esa hacienda no fue un accidente ni una excepción sin contexto. Fue el resultado lógico de un proceso que empezó en 1968 y que nunca tuvo un corte real. El 2 de octubre de 1968, el Estado mexicano disparó contra sus ciudadanos en Tlatelolco.

 En los años siguientes perfeccionó los métodos para hacerlo de manera menos visible. Construyó una infraestructura de desaparición, casas, agentes, protocolos. redes de silencio que funcionó durante más de una década. Cuando esa infraestructura se volvió demasiado incómoda, no la desmanteló con transparencia, la disolvió en el mercado, en los archivos incompletos, en los expedientes que se pierden, en las propiedades que se venden y después construyó encima.

 Hay una pregunta que este caso obliga a hacerse y es una pregunta que incomoda porque no tiene respuesta fácil. ¿Quién sabía? No los operadores directos, cuya responsabilidad es más obvia, sino los que vivían alrededor, los vecinos de Hutepec, que veían los vehículos llegar de noche, los empleados que trabajaban en la hacienda antes de que fuera hotel, que preparaban comida y limpiaban cuartos y probablemente escuchaban cosas.

 Los funcionarios municipales que aprobaron los planos de remodelación en los 90 sin preguntar demasiado, los empresarios que invirtieron en el proyecto turístico, los turistas que se hospedaron ahí y dejaron reseñas de cuatro estrellas. No estoy diciendo que todos esos actores tuvieran responsabilidad penal. Estoy diciendo que la impunidad no se sostiene sola.

Necesita un ecosistema de indiferencia, de conveniencia, de no preguntar demasiado, de preferir una historia limpia a una verdad complicada. Ese ecosistema es el que permite que una casa de tortura se convierta en un spa. Y ese ecosistema no desapareció cuando terminó la guerra sucia. Sigue funcionando en distintos formatos, en distintos contextos, con distintos actores.

 Cada vez que una investigación sobre crímenes del pasado se archiva sin conclusión. Cada vez que un expediente se pierde, cada vez que alguien con poder decide que el costo político de la verdad es demasiado alto, los 117 nombres identificados en las listas del muro, los 73 ya conocidos y los 44 nuevos, son la evidencia más reciente de que el pasado de México no está enterrado, está guardado en los muros esperando que alguien llegue con la iluminación correcta.

 Eso no cambia el país por sí solo, pero nombrar lo que pasó es el primer paso para que algún día alguien responda por ello y mientras más gente sepa esta historia, más difícil le resulta al sistema seguir haciendo como que no ocurrió. La semana que viene vamos a entrar en otro caso igual de pesado, la red de propiedades que el cártel del Golfo construyó en los años 90 utilizando testaferos con credenciales políticas activas y como parte de esa red sigue operando hoy bajo distintos nombres.

 Si no te querés perder eso, ya sabés, suscribite, activan y si conocés a alguien que crea que estas historias merecen ser contadas, pasale el video. Y antes de que te vayas, quiero dejarte con esto. 44 nombres que no estaban en ninguna lista. 44 personas que para el Estado mexicano no existían. 44 familias que en algún lugar, si todavía existen, llevan décadas sin respuesta.

 ¿Cuántos más siguen dentro de los muros?