En el vasto e impredecible teatro de la política mexicana, hay eventos que trascienden la simple anécdota para convertirse en verdaderas radiografías de la crisis de un partido. Esta semana, Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), decidió protagonizar uno de esos episodios que quedarán marcados en la memoria colectiva, no por su brillantez diplomática, sino por el asombroso nivel de contradicción y desesperación que evidencian.
A más de tres mil kilómetros de distancia de la realidad que viven millones de mexicanos, el líder priista publicó en sus redes sociales una fotografía posando en el interior del Capitolio de los Estados Unidos. Impecablemente trajeado y con una amplia sonrisa, Alito Moreno acompañó la imagen con un texto que decía: “Seguimos denunciando a los narcopolíticos de Morena”. Con este simple acto, el dirigente del que alguna vez fue el partido hegemónico de México cruzó una línea histórica: acudió a una potencia extranjera para suplicar intervención en los asuntos internos de su propia nación.
El Turismo de la Desesperación Política
El viaje de Moreno a la capital estadounidense no fue unas vacaciones improvisadas, sino una gira meticulosamente planeada con una agenda que roza lo insólito. Durante tres días, el presidente del PRI se dedicó a vender una narrativa apocalíptica en los pasillos del poder internacional.
Primero, se reunió con congresistas del Partido Republicano para convencerlos de que México ha caído en las garras de una “narcodictadura terrorista y comunista”. La acumulación de estos adjetivos, que parecen sacados de un manual de propaganda de la Guerra Fría, fue el eje central de su discurso. Posteriormente, posó junto a María Corina Machado, figura de la oposición venezolana, en un intento forzado por equiparar al gobierno mexicano, elegido democráticamente por más de 35 millones de ciudadanos, con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Sin embargo, el punto más alarmante de su expedición fue la presentación de una solicitud formal ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para que el partido en el poder, Morena, sea declarado oficialmente como una organización vinculada al terrorismo. Sí, el mismo partido que dominó la política mexicana durante 70 años ininterrumpidos y cuyos exmandatarios han llenado prisiones en todo el continente, fue al extranjero a pedir que se catalogue como terrorista a la opción que la mayoría del país eligió en las urnas.
La Paradoja Diplomática y la Respuesta en Palacio Nacional
El destino tiene un sentido del humor bastante afilado. Exactamente el mismo día en que Alito Moreno posaba sonriente en el Capitolio exigiendo condenas internacionales contra México, el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos —la misma entidad a la que acudió a quejarse— emitía un comunicado felicitando públicamente al gobierno mexicano por su destacada cooperación en materia de seguridad fronteriza y combate al crimen. La ironía fue tan gigantesca que no pasó desapercibida.
La respuesta desde Palacio Nacional no tardó en llegar y fue, en palabras simples, demoledora. La presidenta Claudia Sheinbaum no recurrió a los gritos ni a los insultos que suelen caracterizar el debate político actual. Con la frialdad de quien tiene los datos de su lado, resumió la gira internacional de la oposición con una frase lapidaria en su conferencia matutina: “Están haciendo el ridículo”.
Pero Sheinbaum no se detuvo en la burla. Decidió sacar a la luz una de las páginas más oscuras de la historia política reciente, una lista de nombres que la actual dirigencia del PRI quisiera borrar desesperadamente de los motores de búsqueda y de la memoria de los votantes.
La Memoria No Perdona: Los 11 Fantasmas del PRI
“Allá anda diciendo que el gobierno de México está vinculado con la delincuencia”, señaló Sheinbaum antes de hacer la gran pregunta: “¿Quién está haciendo el ridículo?”. Acto seguido, procedió a leer el verdadero legado del partido tricolor. Una enumeración de 11 gobernadores emanados del PRI que han sido arrestados, extraditados o sentenciados por la justicia nacional e internacional:
Javier Duarte (Veracruz): Detenido en Guatemala tras meses prófugo de la justicia. Su administración dejó una herida profunda e imperdonable en el país cuando se documentó que, bajo su mandato, hospitales públicos administraban agua destilada en lugar de quimioterapias a niños con cáncer, mientras los fondos de salud desaparecían.
Roberto Borge (Quintana Roo): Detenido en un aeropuerto de Panamá justo cuando intentaba huir a Europa, actualmente sentenciado por operaciones ilícitas, peculado y ejercicio indebido de la función pública.
César Duarte (Chihuahua): Capturado en Miami y extraditado a México, acusado de organizar una red masiva para desviar miles de millones de pesos del presupuesto estatal.
Tomás Yarrington (Tamaulipas): Sentenciado en los Estados Unidos a más de 9 años de prisión federal por delitos graves de lavado de dinero vinculados directamente con cárteles de la droga.
Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas): Extraditado a territorio estadounidense, enfrentando severos cargos criminales por lavado de activos ilícitos.
Andrés Granier (Tabasco): Encarcelado y sentenciado por el saqueo sistemático de las arcas públicas. Se hizo famoso internacionalmente tras encontrarse en su residencia cientos de trajes de lujo y cajas repletas de zapatos de diseñador adquiridos con dinero cuya procedencia no pudo explicar.
Mario Villanueva (Quintana Roo): Uno de los primeros grandes escándalos de narcopolítica. Sentenciado tanto en México como en Estados Unidos por vínculos innegables con el crimen organizado.
Humberto Moreira (Coahuila): Expresidente nacional del PRI. Fue detenido temporalmente en España por lavado de dinero. Tras dejar el gobierno de Coahuila, se descubrió una megadeuda estatal secreta que superaba los 36,000 millones de pesos, hipotecando el futuro de generaciones de coahuilenses.
Rodrigo Medina (Nuevo León): Procesado formalmente por peculado y un daño patrimonial gigantesco al estado industrial de Nuevo León.
Fidel Herrera (Veracruz): Señalado e investigado múltiples veces por sus presuntos lazos de protección a la delincuencia organizada durante su sexenio.
Fueron 11 mandatarios estatales del mismo partido que hoy, desde Washington, se atreve a señalar al gobierno actual de vínculos criminales.
El Verdadero Motivo: Construyendo un Escudo de Impunidad
Es fundamental conectar los puntos para entender por qué Alejandro Moreno hace este tipo de viajes de relaciones públicas internacionales. La razón no tiene absolutamente nada que ver con la diplomacia, ni con un genuino interés por el bienestar del país. Se trata de pura y llana supervivencia política y personal.
Mientras Alito tomaba vuelos a Estados Unidos, en México la realidad judicial lo está alcanzando. La Fiscalía Anticorrupción del estado de Campeche —estado que él mismo gobernó— mantiene activos cinco expedientes en su contra. Las acusaciones no son menores: se le investiga por el desvío documentado de más de 83 millones de pesos provenientes de recursos públicos. Además, la justicia investiga la adquisición de una fastuosa mansión valuada en más de 130 millones de pesos, una cifra matemáticamente imposible de justificar con sus ingresos legales como funcionario público. Por si fuera poco, dos ex altos funcionarios de su administración ya han sido detenidos y enfrentan procesos por peculado.
Con el PRI hundido en un histórico 8% en las encuestas de intención de voto, con una alianza opositora fracturada donde el PAN y Movimiento Ciudadano marcan cada vez más distancia, el camino se le angosta. Lo que Moreno buscaba en el Capitolio no era salvar a México, era fabricarse una coartada perfecta. Su estrategia es clara: si logra que congresistas extranjeros lo reconozcan como un “opositor político perseguido por una dictadura”, cualquier orden de aprehensión legítima que emita la fiscalía por sus actos de corrupción podrá ser vendida a la opinión pública como una “venganza de estado”. Fue a construir un escudo de humo para el momento inevitable en que la justicia toque a su puerta.
La Obligación de la Autocrítica
Como analistas de la realidad nacional, la honestidad nos obliga a no mirar hacia un solo lado. Es cierto que el argumento del líder priista se desmoronaría por sí solo si en el partido gobernante no existieran dudas razonables. El caso de Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Morena en Sinaloa, y los recientes señalamientos internacionales en su entorno, representan una mancha real que la Cuarta Transformación no puede darse el lujo de minimizar.
Si el actual gobierno quiere mantener la autoridad moral con la que Sheinbaum lee la infame lista de los 11 gobernadores del PRI, debe demostrar con hechos contundentes que no se solapará la impunidad en casa. Hasta el momento, hay una diferencia sustancial en las reacciones institucionales. Históricamente, el PRI respondió a los escándalos de sus gobernadores tapándolos, ayudándolos a escapar en helicópteros del gobierno o negando las acusaciones hasta el último segundo. Por su parte, la actual administración ha optado por mantener investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) bajo la promesa pública de no encubrir a nadie. Pero esta postura solo tendrá peso histórico si se sostiene con consecuencias legales contundentes, sin importar el color del partido.
Gobernar Frente a Posar: El Veredicto Ciudadano
El patrón histórico está a la vista de todos. La imagen de un político buscando refugio o validación en el extranjero cuando el panorama interno se complica es exactamente la misma fotografía mental que los mexicanos tienen de los exgobernadores prófugos antes mencionados.
Para la oposición, la lección de esta semana debería ser amarga pero necesaria: mientras su estrategia central consista en implorar intervención foránea en lugar de construir un proyecto político honesto y atractivo dentro del país, seguirán encarnando el “ridículo” que les señalaron desde la presidencia.
El pueblo de México ha madurado enormemente. Los votantes de hoy ya no se dejan engañar por sonrisas ensayadas en el Capitolio. Hoy exigen resultados concretos y castigo a quienes vacían las arcas públicas. La disyuntiva es muy clara: por un lado, hay quienes asumen la responsabilidad de gobernar enfrentando la compleja realidad nacional; por el otro, hay quienes prefieren huir, tomarse fotografías a miles de kilómetros de distancia y rogarle a gobiernos ajenos que los salven de los expedientes judiciales que los esperan en casa. Esa es la triste realidad del PRI actual, una historia de impunidad y evasión que el país se ha prometido a sí mismo no volver a repetir.
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