El panorama político de Colombia se ha fracturado de manera irremediable en los últimos días, dejando al descubierto las grietas de una estructura de poder donde la lealtad es un bien escaso y las traiciones se calculan con frialdad quirúrgica. A pocas semanas de las elecciones que definirán el rumbo del país, los colombianos asisten a un espectáculo mediático y político sin precedentes. La reciente exposición pública de alianzas inconfesables, la estigmatización sistemática de candidatos progresistas y el mutismo cómplice de las instituciones electorales han configurado un escenario alarmante. Las revelaciones que han sacudido a la opinión pública no son simples anécdotas de campaña; representan la radiografía exacta de un sistema donde la ética ha sido sacrificada en el altar de los intereses económicos y el afán desmedido por el control del Estado.
El detonante de este terremoto político tiene nombre y apellido: Vicky Dávila. La directora de la revista Semana, medio que ha consolidado una línea editorial férrea y evidente, ha lanzado una ofensiva mediática que ha dejado atónitos a propios y extraños. Lo que en un principio parecía ser un bloque cohesionado de la extrema derecha, hoy se desmorona ante los ojos del país. Dávila ha puesto en la mira, nada más y nada menos, que a la campaña de Paloma Valencia en el departamento de Norte de Santander. Esta embestida, lejos de ser un ejercicio puramente periodístico, revela los profundos movimientos telúricos en las entrañas de las élites financieras de Colombia. Los dueños del capital, los grandes banqueros, han decidido cambiar sus apuestas. Su nuevo alfil es Abelardo de la Espriella, y para allanar su camino, es imperativo debilitar a las figuras del Centro Democrático que alguna vez consideraron aliadas.
La evidencia que ha desatado la tormenta es contundente. Un video expuesto públicamente muestra un evento de campaña de Paloma Valencia en la ciudad de Cúcuta, un territorio históricamente complejo y estratégico. Lo escandaloso no es el evento en sí, sino quién estaría detrás de su financiamiento y movilización. Se trata de Wilmer Carrillo, representante a la Cámara por Norte de Santander, un político que carga sobre sus hombros una condena a ocho años de cárcel por corrupción. Carrillo, quien logró el salto de la Cámara al Senado, encarna la politiquería que muchos discursos prometen erradicar. Sin embargo, en el video se observa a una Paloma Valencia enérgica, respaldada por la llamada “ola naranja”, que no es otra cosa que la maquinaria política del propio Carrillo. Los gritos de apoyo, las menciones a figuras del Partido Liberal como el senador quemado Alejandro Carlos Chacón, y el fervor de los asistentes, pintan un cuadro de incoherencia brutal. ¿Cómo es posible que una candidata que enarbola la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción acepte, a la vista de todos, el respaldo de un político condenado?
La respuesta de Vicky Dávila fue fulminante y expuso la hipocresía de estas alianzas. Apelando a un tono de indignación moral, cuestionó públicamente a Valencia: “¿Por qué recibió el apoyo del congresista de la U, Wilmer Carrillo, condenado por corrupción para su evento de campaña en Cúcuta?”. Dávila, quien compartió espacios y tarimas con Valencia durante la “gran consulta” de la derecha, afirmó no poder quedarse callada ante semejante traición a los principios asumidos frente a los colombianos. “Hay que limpiar la política y no todo vale para ganar votos”, sentenció la periodista. Sin embargo, detrás de esta aparente rectitud, se teje una trama de intereses mucho más oscura.
La revelación de este video no fue un acto aislado de periodismo de investigación; fue el clímax de una estrategia meticulosamente planeada. Semanas antes, la línea editorial de Semana ya venía marcando un camino, un sendero de distanciamiento y hostilidad hacia ciertos sectores del uribismo. Esta metamorfosis mediática generó ondas de choque internas. Prueba de ello son los chats revelados por María Andrea Nieto, ex colaboradora de la revista, quien expuso conversaciones con Miguel Uribe. En estos mensajes, fechados presuntamente en abril, Uribe expresaba su desconcierto ante los ataques de Dávila: “Yo no he atacado ni me he metido con Vicky Dávila en nada. ¿Por qué está empeñada en atacarme a mí?”. La respuesta que se vislumbra en el análisis político es cruda: Dávila estaba preparando el terreno para la defensa a ultranza de Abelardo de la Espriella, y cualquier obstáculo en ese camino debía ser neutralizado. La traición, como menciona Nieto en sus mensajes, dolió profundamente en las filas conservadoras, dejando un sabor a “dolor de patria” ante la manipulación del debate público.
Pero la hipocresía en la política colombiana parece no conocer límites, y las piezas del tablero se mueven con una doble moral asombrosa. Mientras Vicky Dávila destroza a Paloma Valencia por sus nexos con un político corrupto en Cúcuta, en el departamento del Cesar se gesta una alianza igual o más cuestionable. Medios locales de Valledupar, como el diario del Pilón y el portal RTA, han confirmado que Abelardo de la Espriella, el nuevo protegido de los grandes poderes económicos, ha sellado un pacto con el temido Clan Gnecco. Esta familia, que no solo ostenta un poder hegemónico y cuestionado en la región, sino que resulta ser la familia política de la propia Vicky Dávila, se ha movilizado para garantizar el éxito de De la Espriella. El objetivo es claro: llenar la emblemática Plaza Alfonso López en Valledupar. Este no es un simple capricho logístico; es una demostración de fuerza vital. El candidato progresista Iván Cepeda ya había logrado una convocatoria masiva en ese mismo lugar, y si De la Espriella no logra igualar o superar esa hazaña, su imagen de candidato fuerte quedaría severamente dañada. Así, la maquinaria del Clan Gnecco se activa para llevar gente a la plaza, revelando que en la guerra por el poder, las denuncias de corrupción se aplican a conveniencia. Se ataca a Wilmer Carrillo en Norte de Santander, pero se abraza al Clan Gnecco en el Cesar. Todo tiene sentido cuando se comprende que el objetivo final no es la ética, sino la victoria a cualquier precio.
Mientras la derecha se desgarra en luchas intestinas y alianzas de dudosa moralidad, una estrategia mucho más peligrosa y siniestra se cierne sobre la campaña del candidato progresista, Iván Cepeda. Apenas a quince días de las elecciones, Cepeda se ha convertido en el blanco de una campaña de criminalización y estigmatización que raya en lo delictivo. Sectores del uribismo en Medellín y voceros nacionales han orquestado un ataque sistemático, vinculándolo infundadamente con estructuras criminales y organizaciones armadas irregulares. No se trata de un debate de ideas, sino de la destrucción moral y política de un adversario a través de la mentira y la calumnia.
El analista político Guillermo, en diálogo con RTVC, desnudó la gravedad de esta situación. Sus palabras resonaron con una crudeza necesaria: la campaña electoral actual se está desarrollando en detrimento de la democracia y de los consensos básicos de convivencia. Desde que Cepeda fue designado candidato del Pacto Histórico, sus opositores han convertido en un tema de conversación habitual el calificarlo de cómplice o jefe de grupos ilegales. Palabras gruesas, acusaciones letales que se lanzan al aire en manifestaciones públicas por figuras como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e incluso el expresidente Álvaro Uribe y candidatas como Claudia López.
La preocupación de Guillermo no es un simple alarmismo; está anclada en la sangre y el dolor de la historia reciente de Colombia. Al escuchar estas estigmatizaciones, es imposible no recordar el fantasma de la Unión Patriótica. En la década de los ochenta y noventa, un discurso tenebroso y acusatorio similar sirvió de preludio y justificación para el genocidio de casi 6.000 miembros de ese movimiento político. Las palabras, en Colombia, no se las lleva el viento; a menudo, son el gatillo que antecede a las balas. Generar un ambiente donde se asocia a un candidato progresista con la criminalidad es una táctica de amedrentamiento hacia sus posibles votantes. Es una forma de terrorismo psicológico que busca disuadir a la población de ejercer su derecho al voto en libertad. Apelar a este tipo de retórica radical para ganar puntos electorales es una irresponsabilidad histórica que podría desencadenar una nueva ola de violencia política en un país que clama por paz.
Ante este panorama desolador, la inacción de las instituciones del Estado resulta ensordecedora y cómplice. Se echa de menos, con profunda indignación, un pronunciamiento tajante de la Defensoría del Pueblo, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas entidades, creadas para garantizar la transparencia, la equidad y la vida misma en el marco de unas elecciones, han optado por mirar hacia otro lado. Han permitido que el debate electoral se contamine con acusaciones que deberían estar en manos de la Fiscalía, no en las plazas públicas. Convertir la difamación en un “dicho público” deteriora irreparablemente la campaña de Cepeda y ejerce un constreñimiento al elector de manera tramposa y cobarde.
La disparidad en el actuar de las autoridades es grotesca. Mientras el CNE guarda un silencio sepulcral ante la criminalización de Iván Cepeda, actúa con una diligencia asombrosa para estudiar una demanda por una simple caricatura de Matador sobre Paloma Valencia. Es evidente que todas las campañas merecen respeto, pero la desproporción es alarmante. Se condena rápidamente el humor gráfico, pero se tolera la estigmatización que puede costar vidas. Esta inacción genera un peligroso clima de unanimidad en contra del candidato progresista, donde las calumnias se repiten hasta convertirse, a los ojos de la opinión pública, en verdades aceptadas. Se trata de una estrategia de contaminación de la personalidad del candidato que pervierte por completo el sentido de una democracia.
Frente a esta guerra sucia, Iván Cepeda no ha guardado silencio. Desde el punto de vista jurídico e institucional, ha tomado medidas contundentes. Ha elevado un llamado directo a la Fiscal General de la Nación, exigiendo que las palabras y los calificativos usados en su contra por sus adversarios sean investigados como señalamientos de carácter criminal. Las injurias y calumnias deben ser sancionadas, especialmente cuando tienen el potencial de coartar el derecho a la libertad electoral. Asimismo, Cepeda ha exigido a la Procuraduría y a la Defensoría que asuman su rol de vigilancia y tomen determinaciones disciplinarias frente a los funcionarios públicos que toleran o promueven este tipo de manifestaciones violentas.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en los actores políticos; los medios de comunicación juegan un papel fundamental y, en este caso, profundamente cuestionable. Cepeda ha exigido rectificaciones públicas respecto a la divulgación de audios y matrices espurias que se divulgan clandestinamente y luego son presentados como hechos ciertos. Existe la percepción de una alianza mediática diseñada para legitimar estas falsedades, afectando deliberadamente su campaña en favor de las opciones de derecha. Es imperativo hacer una observación crítica sobre el comportamiento de ciertos sectores de la prensa, que en lugar de informar con objetividad, se han convertido en cajas de resonancia de estrategias de desprestigio.
La situación es tan crítica que amenaza con deslegitimar el resultado mismo de las elecciones. Si el debate se desarrolla en medio de mentiras toleradas como verdades públicas, cualquier resultado será objeto de disputa. Como advierte el analista Guillermo, si Iván Cepeda logra una eventual victoria, el argumento inmediato de la oposición será que triunfaron las fuerzas oscuras, intentando invalidar una elección legítima. Es fundamental recordar que, hasta el día de hoy, Cepeda no tiene en su contra ninguna investigación judicial que lo vincule con grupos al margen de la ley, y él mismo ha sido enfático en rechazar cualquier apoyo proveniente de sectores irregulares.
No se puede decir lo mismo del pasado de algunos de sus detractores. Es inevitable recordar cómo, en elecciones pasadas, estructuras paramilitares en diversas regiones del país se declararon abiertamente partidarias de la candidatura de Álvaro Uribe Vélez, llamando a votar por él. La defensa en aquel entonces fue la imposibilidad de controlar a estas organizaciones que operaban a su antojo. Sin embargo, hoy, cuando las supuestas asociaciones carecen de sustento probatorio, la derecha las utiliza como arma arrojadiza sin ningún pudor.
Colombia se encuentra en una encrucijada crítica. No se trata simplemente de elegir a un presidente u otro; se trata de defender la integridad del sistema democrático. La sociedad civil no puede tolerar que las mentiras evidentes dominen la conversación pública. La táctica de calificar cualquier acción del adversario político, o incluso del actual presidente de la República, como oportunismo, falsedad o colaboración con sectores antidemocráticos, está destruyendo el tejido social.
Por ello, el llamado a la acción es urgente. Las misiones de observación electoral internacional, como la MOE y la misión de la Unión Europea, tienen un papel histórico que cumplir. Su vigilancia no puede limitarse a la logística de los escrutinios o a fallas técnicas del sistema. Deben intervenir de manera firme en el ambiente proselitista, exigiendo el cese inmediato de este lenguaje acusatorio y denigrante. Quedan pocos días para las votaciones, y es vital frenar esta escalada de hostilidad que se ha convertido en una charla común peligrosísima para el país.
El silencio de las autoridades electorales locales ya no es solo ineficacia; es una amenaza directa a la paz. Mientras desde la Tierra del Trueno, en el Catatumbo, las comunidades resisten y claman por la reconciliación y la construcción de paz, en los salones del poder y en las redacciones de ciertos medios se fragua una guerra sin cuartel. La exposición de la campaña de Paloma Valencia por parte de Vicky Dávila, la alianza de Abelardo de la Espriella con clanes cuestionados, y la persecución implacable contra Iván Cepeda son síntomas de una enfermedad profunda en la política nacional. Los colombianos tienen el deber de ver más allá del humo y el ruido, de rechazar las maquinarias corruptas y de exigir un debate basado en las ideas y el respeto por la vida. Solo así, enfrentando las verdades incómodas y desnudando las hipocresías, el país podrá forjar un futuro verdaderamente democrático y libre de las sombras de su pasado violento. La decisión está en las manos de una ciudadanía que debe despertar ante la manipulación y defender su derecho a elegir sin miedo.
