Roldan pertenecía más a la segunda categoría que a la primera. No era alguien con una historia de sufrimiento bajo el franquismo ni con una trayectoria de liderazgo ideológico dentro del movimiento socialista. Era alguien útil para las tareas que los partidos necesitan que se hagan en los municipios y en las provincias: organización local, gestión de relaciones con los afiliados, representación del partido en los actos que requieren presencia, sin que esa presencia sea suficientemente importante para que llegue un dirigente nacional.
El nombramiento de gobernador civil fue el reconocimiento de esa utilidad. Huesca no era Madrid ni Barcelona. Era una provincia pequeña con una administración civil modesta y con un perfil político que en el esquema de poder del PSOE de esa época no era estratégicamente crítico. Era el tipo de cargo que el partido daba a personas de confianza en las que quería invertir para ver qué daban de sí en una posición de responsabilidad concreta, con la idea de que si funcionaban bien habría posiciones más importantes para las que
considerarlos después. Roldán funcionó bien en Huesca, en el único sentido que importaba para el partido. No dio problemas, gestionó la provincia sin escándalos que llegaran a Madrid y demostró la lealtad que el sistema de nombramientos del PSOE premiaba por encima de cualquier otro criterio. En 1986, 4 años después de que el PSOE llegara al gobierno, Roldán fue nombrado gobernador civil de Huesca.
El cargo de gobernador civil es uno de esos cargos de la administración española que concentran una cantidad notable de poder local con una cantidad mínima de escrutinio externo. El gobernador civil representa al gobierno central en la provincia, coordina las fuerzas de seguridad locales, gestiona los conflictos entre administraciones y tiene acceso a información y a recursos que en las capitales de provincia medianas como Huesca producen una visibilidad que ningún cargo electo de menor rango puede igualar.
Para Roldán fue la primera prueba de que su lealtad al partido se traducía en nombramientos concretos con poder concreto y fue también la primera oportunidad de desarrollar los hábitos de gestión opaca que después aplicaría a una escala incomparablemente mayor. El salto que convierte a Roldán en un caso histórico ocurre en 1988, cuando el ministro del Interior, José Luis Corcuera, nombra a Roldán director general de la Guardia Civil.
El nombramiento fue extraordinario en varios sentidos que los contemporáneos registraron con sorpresa, aunque sin la alarma que en retrospectiva habría sido justificada. Roldán no era guardia civil, no tenía carrera militar, no tenía formación en seguridad pública ni en gestión de cuerpos policiales. era un cuadro político del PSOE con experiencia como gobernador civil en una provincia mediana y fue nombrado para dirigir el cuerpo de seguridad más importante del Estado español con más de 70,000 efectivos con presencia en todo
el territorio nacional con responsabilidades que abarcaban desde la seguridad en carretera hasta la lucha contra el terrorismo de ETA. La pregunta que el nombramiento de Roldá plantea y que en 1988 nadie hizo con suficiente insistencia como para que produjera una respuesta satisfactoria es la misma que define toda la historia que sigue.
¿Por qué lo pusieron ahí? Las interpretaciones que los analistas políticos han ofrecido durante los 30 años transcurridos desde entonces tienen distintos grados de generosidad hacia el gobierno de González. La interpretación más benévola es que el gobierno quería un director de la Guardia Civil que fuera político antes que militar, que respondiera a la autoridad civil con la obediencia que las democracias exigen a sus cuerpos de seguridad y que no tuviera las lealtades corporativas propias de quien ha construido su carrera dentro del cuerpo.
La interpretación menos benévola es que el gobierno quería en ese puesto a alguien que fuera lo suficientemente leal para gestionar los fondos reservados. de la manera que el gobierno necesitaba que se gestionaran y que su falta de formación técnica era una ventaja más que una desventaja en ese cálculo. Los fondos reservados son el mecanismo que convierte esta historia de un político corrupto en una historia sobre el Estado.
La historia de los fondos reservados en España es más larga que la democracia. existen bajo distintas denominaciones desde el siglo XIX, cuando el Estado español comenzó a necesitar partidas presupuestarias para financiar operaciones de inteligencia y de seguridad que no podían quedar registradas en los presupuestos ordinarios sin comprometer la efectividad de esas operaciones.
Durante el franquismo, los fondos reservados eran parte de un sistema de financiación paralela del Estado que incluía partidas para los servicios de inteligencia, para las fuerzas de seguridad y para una serie de gastos que el régimen prefería mantener fuera del escrutinio que incluso un parlamento sin oposición real podría en algún momento aplicar.
La democracia heredó esos fondos reservados, sin una revisión profunda de su estructura ni de los mecanismos de control que su uso requería para que fueran compatibles con los principios de un estado de derecho. Lo que hace a los fondos reservados especialmente problemáticos en términos de control democrático es una característica que en la teoría de la gestión pública se llama información asimétrica.
El Ministerio del Interior sabe exactamente cómo se usan esos fondos. El Tribunal de Cuentas no tiene acceso a esa información. El Parlamento recibe únicamente la información agregada que el Ministerio decide proporcionar y los ciudadanos no tienen acceso a ninguna información específica. Esa asimetría es en su uso legítimo, una característica de diseño.
No puedes auditar públicamente los pagos a los confidentes de una red de inteligencia sin destruir esa red de inteligencia. Pero esa misma asimetría, cuando quien gestiona los fondos tiene incentivos para enriquecerse con ellos, es la protección perfecta para el enriquecimiento ilícito. Los fondos reservados son el mecanismo que convierte esta historia de un político corrupto en una historia sobre el Estado.
Los fondos reservados son partidas presupuestarias del Estado español que por su naturaleza de seguridad no están sujetas a la auditoría ordinaria del Tribunal de Cuentas. Existen en todos los estados democráticos bajo distintos nombres. Son el dinero que los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y otros organismos del Estado necesitan para operaciones que por razones de seguridad nacional no pueden quedar documentadas en los registros ordinarios.
Pagan a los confidentes que infiltran organizaciones criminales o terroristas. financian operaciones encubiertas que no pueden tener recibo. Cubren gastos de inteligencia cuya revelación pondría en peligro a agentes o a fuentes. Son, en su uso legítimo, una herramienta necesaria para el funcionamiento de cualquier estado moderno.
El problema de los fondos reservados, que los escándalos de los años 90 en España pusieron de manifiesto con una claridad que ningún debate académico habría producido con la misma visibilidad pública, es que su ausencia de auditoría no distingue entre el dinero usado para pagar a un confidente de ETA y el dinero usado para enriquecer al director general que los gestiona.
El mecanismo de control que en teoría impide el abuso es la confianza política. El director general responde ante el ministro, el ministro responde ante el presidente y el presidente responde ante el parlamento y ante los votantes. Cuando esa cadena de responsabilidades funciona con integridad, los fondos reservados se usan para lo que deben usarse.
Cuando no funciona, son una caja sin llave a disposición de quien los gestiona. Roldan gestionó los fondos reservados de la Guardia Civil durante 6 años con la libertad que produce la ausencia de control y la protección de la cadena de mando, que en esos años tuvo incentivos específicos para no mirar demasiado de cerca.
Lo que hizo con esa libertad tiene varios componentes que las investigaciones posteriores documentaron con distintos grados de precisión. El primer componente fue el más directo, la apropiación de fondos reservados para uso personal. Las cantidades que los fiscales documentaron ascienden a más de 100 millones de pesetas, aunque las estimaciones que incluyen los elementos que no pudieron ser completamente documentados elevan la cifra a cantidades superiores.
Ese dinero fue a cuentas bancarias propias, a propiedades inmobiliarias en España y en el extranjero y a un estilo de vida que el sueldo oficial de un director general de la administración española no podía sostener, pero que durante años nadie en posición de cuestionarlo cuestionó. El segundo componente fue el sistema de comisiones ilegales en los contratos de obras públicas de la Guardia Civil.
Para entender cómo funciona un sistema de comisiones ilegales en contratos públicos, hay que entender la mecánica de la adjudicación de obras en la España de finales de los 80 y principios de los 90. Las obras públicas se adjudican a través de concursos en los que varias empresas presentan ofertas técnicas y económicas que una comisión evaluadora puntúa según criterios establecidos en los pliegos de condiciones.
En teoría, ese sistema garantiza que el mejor postor en términos técnicos y económicos se lleva el contrato. En la práctica, cuando quien preside o influye sobre la comisión evaluadora tiene un acuerdo previo con una empresa específica, los criterios de evaluación y la ponderación que se da a cada criterio pueden orientarse para que esa empresa obtenga la puntuación que necesita para ganar, incluso si hay otras empresas con ofertas objetivamente mejores.
El sistema que Roldá tenía instalado para los contratos de obras de la Guardia Civil funcionaba con variaciones según el tamaño del contrato y la empresa. En los contratos grandes, la empresa que quería ganar establecía contacto con los intermediarios de Roldán antes de presentar su oferta. Acordaba el porcentaje de comisión que pagaría sobre el valor del contrato si lo ganaba y ajustaba su oferta técnica y económica, siguiendo las indicaciones que le llegaban sobre qué aspectos serían más valorados en la evaluación.
En los contratos medianos el mecanismo era más directo. Empresas que habían ganado contratos anteriores con la administración de Roldá sabían que para seguir ganando contratos era necesario mantener el acuerdo de comisión activo. Y en los contratos menores el sistema era aún más simple. Los gestores de nivel medio de la Guardia Civil, que tenían capacidad de adjudicar contratos directos sin concurso público, los adjudicaban a empresas que pagaban por ese privilegio y una parte de esos pagos ascendía hasta Roldán. El segundo
componente fue el sistema de comisiones ilegales en los contratos de obras públicas de la Guardia Civil. La Guardia Civil bajo Roldán ejecutó obras de construcción y rehabilitación de cuarteles en todo el país con un volumen de inversión que en el periodo de su mandato superó los 40,000 millones de pesetas.
Ese tipo de contratos que en la España de los años 80 y principios de los 90 se adjudicaban con procedimientos que los análisis posteriores describieron como sistemáticamente poco competitivos, producían en el sistema de corrupción que Roldan había instalado un flujo de comisiones que los contratistas pagaban al director general a cambio de recibir los contratos.
Las comisiones típicas en ese tipo de sistema oscilaban entre el 3 y el 10% del valor del contrato, lo que sobre 40,000 millones de pesetas en obras produce incluso en el extremo bajo del rango, una cantidad de dinero que hace comprensible la escala de lo que los fiscales encontraron. El tercer componente fue más sofisticado, la creación de empresas pantalla y de consultoras ficticias que facturaban servicios que nunca se habían prestado a la Guardia Civil o al Ministerio del Interior y cuyo pago se canalizaba como gasto operativo
legítimo, que los controles ordinarios no podían distinguir de los gastos reales, porque la documentación que los respaldaba había sido fabricada con el cuidado que produce alguien con acceso a los sistemas administrativos que debían controlar arlos. Lo que todo esto requería para funcionar durante 6 años, sin que produjera las consecuencias que habría producido en un sistema de control eficiente era algo más que la incompetencia de los auditores o la casualidad de que nadie mirara en el momento incorrecto. Requería que las
personas que estaban en posición de ver lo que estaba pasando tuvieran razones para no verlo o para ver solo lo que convenía ver. Y ahí es donde el problema dejó de ser el problema de Roldán y se convirtió en el problema del sistema. Los señales de que algo estaba mal en la gestión de Roldá aparecieron antes de que el escándalo estallara públicamente y las personas que estaban en posición de actuar sobre esas señales estaban en el Ministerio del Interior, en la estructura del PES OE y en el entorno directo de Felipe González.
Para entender por qué esas señales no produjeron acciones, hay que entender la dinámica específica de los gobiernos que llevan muchos años en el poder. El gobierno de González en 1993 era el cuarto mandato socialista consecutivo. 11 años de gobierno producen una serie de consecuencias organizativas y culturales en los partidos que los estudios de ciencia política documentan con consistencia.
Los mecanismos de control interno se relajan porque la certeza del poder produce la sensación de que el escrutinio es algo que se aplica a los otros y no a uno mismo. Las redes de lealtades personales se consolidan de maneras que hacen difícil que alguien dentro del sistema actúe contra alguien con quien lleva 11 años compartiendo partido y poder.
y los intereses creados alrededor de las posiciones de poder se vuelven lo suficientemente densos como para que cualquier acción de control se perciba como una amenaza a esos intereses antes que como una responsabilidad institucional. En ese contexto, alguien en el Ministerio del Interior que tuviera indicios de irregularidades en la gestión de Roldá enfrentaba una decisión con consecuencias personales significativas.
Escalar la información hacia arriba implicaba convertirse en el mensajero de una noticia que nadie en posición de recibirla quería recibir, que potencialmente implicaría al propio ministerio en la irregularidad si se revelaba que había habido conocimiento sin acción y que produciría una cadena de consecuencias sobre las carreras de personas con las que el mensajero tenía relaciones de trabajo y de lealtad acumuladas durante años.
Callarse implicaba ser cómplice pasivo de algo que podría eventualmente estallar, pero esa eventualidad podía parecer suficientemente distante como para que la racionalidad inmediata del silencio superara la racionalidad de largo plazo de actuar. Los señales de que algo estaba mal en la gestión de Roldá aparecieron antes de que el escándalo estallara públicamente y las personas que estaban en posición de actuar sobre esas señales estaban en el Ministerio del Interior, en la estructura del PES OE y en el entorno
directo de Felipe González. Las advertencias llegaron de varias fuentes que en los años posteriores fueron documentadas con distintos grados de precisión por los periodistas que investigaron el caso y por los procesos judiciales que se abrieron. Dentro de la Guardia Civil había oficiales que habían observado irregularidades en la gestión de contratos y en el manejo de fondos reservados y que habían trasladado esas preocupaciones a sus superiores o a personas con responsabilidades de supervisión. Esas advertencias no
produjeron investigaciones formales, produjeron, en los casos documentados presiones sobre quiénes las habían hecho para que no las repitieran. El sistema de lealtades corporativas que caracteriza a los cuerpos militarizados como la Guardia Civil, combinado con el poder que el director general ejercía sobre las carreras de sus subordinados, producía exactamente el tipo de silencio activo que los estudios sobre la cultura del silencio en las organizaciones describen como el mecanismo que hace posible que las irregularidades
persistan durante periodos largos en instituciones grandes. En el Ministerio del Interior, bajo cuya tutela estaba la Guardia Civil, había funcionarios de rango suficiente para revisar la gestión de Roldá, que en el periodo de su mandato no hicieron esa revisión con la profundidad que los indicadores disponibles habrían justificado.
La explicación más benévola es que la ausencia de mandato legal explícito para auditar los fondos reservados producía una indefinición sobre quién tenía la responsabilidad de controlar lo que con ellos se hacía. La explicación menos benévola es que el ministerio tenía sus propias razones para no querer que se iluminara demasiado el funcionamiento de un sistema que el propio ministerio usaba de maneras que tampoco resistían el escrutinio completo.
El estallido del escándalo no vino de un auditor ni de un inspector ni de ningún mecanismo de control interno que hubiera funcionado correctamente. Vino del periodismo en 1993. La periodista Melchor Miralles, que llevaba meses investigando las finanzas del entorno del Ministerio del Interior, comenzó a publicar informaciones en el diario Ya posteriormente en otros medios que ponían sobre la mesa preguntas concretas sobre el estilo de vida de Roldá y sobre la compatibilidad de ese estilo de vida con los ingresos oficiales de un director general de la
administración española. Las informaciones iniciales eran suficientemente concretas como para que no pudieran ser descartadas como rumores, pero suficientemente incompletas como para que el gobierno todavía pudiera manejar el ritmo al que llegaban a la opinión pública. Lo que aceleró el proceso y convirtió la gestión mediática del escándalo en una tarea imposible fue la combinación de dos elementos que raramente coinciden en los escándalos de corrupción con la sincronización que produjo este caso.
El primer elemento fue que las investigaciones periodísticas encontraron fuentes dentro del propio aparato del Estado que tenían documentos y datos concretos que respaldaban lo que hasta ese momento eran inferencias basadas en indicios. El segundo elemento fue que el gobierno de González, que para entonces llevaba 11 años en el poder y estaba sometido a una presión acumulada de varios escándalos simultáneos, entre los que el caso Gall ocupaba el primer plano, no tenía la credibilidad política necesaria para contener la percepción de que el
caso Roldan era un escándalo más de un patrón sistemático. Suscríbete si quieres que sigamos contando este tipo de historias, porque lo que viene ahora es la parte que convierte un escándalo de corrupción en algo que parece sacado de una película de espías. El verano de 1993 fue el periodo en que Roldan entendió que el tiempo se le acababa.
Las investigaciones periodísticas habían producido suficiente presión pública como para que el gobierno, que hasta ese momento había podido gestionar la situación manteniendo a Roldá en el cargo mientras negaba en público lo que los periodistas publicaban, comenzara a ver que la posición era insostenible. En noviembre de 1993, Roldan presentó su dimisión como director general de la Guardia Civil.
La dimisión fue presentada públicamente como una decisión personal. sin que ningún comunicado oficial reconociera que estaba relacionada con las investigaciones sobre su gestión. Pero la dimisión no detiene la investigación, la detiene momentáneamente porque produce la impresión de que el asunto ha quedado resuelto con la salida del funcionario problemático.
Pero los fiscales y los jueces, que para ese momento ya tenían el caso sobre la mesa, siguieron trabajando. Y Roldan, que sabía mejor que nadie la escala real de lo que habría encontrado una investigación judicial completa, tomó la decisión que nadie en su posición había tomado antes en la historia de la democracia española. Desaparecer.
En enero de 1994, cuando Roldán ya estaba bajo la presión de las investigaciones y cuando el Congreso de los Diputados había abierto una comisión de investigación sobre los fondos reservados, Roldá se saltó un control policial en la autopista del Mediterráneo. El momento exacto de la fuga ha sido objeto de relatos contradictorios que en los detalles difieren, pero que en la estructura coinciden.
Roldam viajaba en coche cuando fue identificado en un control de la Guardia Civil, el mismo cuerpo que él había dirigido durante 6 años. La ironía de que fuera precisamente un control de la Guardia Civil el que precipitara la fuga del que había sido su director es una de esas coincidencias que la realidad produce con una regularidad que la ficción no se permitiría.
Los guardias que lo identificaron en el control comunicaron la información a sus superiores. Roldá, que estaba siendo controlado, pero todavía no tenía una orden de detención en vigor, no estaba formalmente detenido, pero sí identificado. Y en ese espacio, entre la identificación y la detención, aprovechó la ventana que quedaba abierta.
Lo que hace la fuga de Roldá extraordinaria en el contexto de los escándalos de corrupción española, no es que un investigado huyera, que eso había ocurrido antes, es que huyera con la eficiencia que huyó, con documentos en orden, con dinero disponible, con una ruta planificada que lo llevó en días desde España hasta Asia.
Esa eficiencia requería preparación y la preparación requería tiempo y el tiempo durante el cual se preparó la fuga era tiempo durante el cual la investigación judicial ya estaba en marcha y Roldán ya estaba siendo monitoreado. Lo que quedó sin resolver en los procesos judiciales posteriores es la pregunta de si alguien con acceso a la información sobre el estado de la investigación le proporcionó la alerta que le permitió ejecutar la fuga en el momento en que todavía era posible ejecutarla.
En enero de 1994, cuando Roldá ya estaba bajo la presión de las investigaciones y cuando el Congreso de los Diputados había abierto una comisión de investigación sobre los fondos reservados, Roldá se saltó un control policial en la autopista del Mediterráneo. Las circunstancias exactas de ese salto tienen un elemento que los relatos del caso raramente analizan con suficiente atención.
Para saltarse ese control, para conseguir los documentos que necesitaba, para tener el dinero en efectivo que le permitió moverse durante los meses siguientes, Roldan necesitó ayuda. La huida de alguien que está siendo investigado, que tiene sus cuentas bancarias ordinarias potencialmente bajo vigilancia, que tiene su pasaporte registrado en los sistemas de control de fronteras, no se improvisa en pocas horas, se planifica con antelación y con la colaboración de personas que tienen acceso a los recursos necesarios.
¿Quiénes fueron exactamente esas personas? Es una de las preguntas que el caso Roldan nunca respondió de manera completamente satisfactoria en los procesos judiciales que siguieron. Lo que quedó establecido es que Roldan consiguió documentos de identidad que le permitieron moverse por Europa con una identidad diferente a la suya, que tenía dinero en efectivo en cantidades que sus ingresos oficiales no explicaban y que las primeras semanas de su huida transcurrieron en Francia con una comodidad que no correspondía a la imagen del fugitivo desesperado.
La ruta de Roldán durante los meses de su fuga es uno de los elementos más cinematográficos de toda la historia. Después de Francia apareció en Laos, después de Laos en Bangkok. La elección de esos destinos tenía una lógica que los investigadores que los reconstruyeron en las semanas y meses siguientes identificaron como la lógica del hombre que conoce el mundo de los servicios de inteligencia y de las operaciones encubiertas, lo suficientemente bien como para saber que hay lugares en el sudeste asiático donde
la presencia de un europeo con dinero y sin preguntas que responder es suficientemente ordinaria como para no producir la alerta que habría producido en cualquier capital europea. Laos, en particular, era en esa época un país con una presencia policial internacional limitada, con fronteras porosas hacia varios países vecinos y con una comunidad de expatriados lo suficientemente heterogénea como para que la llegada de un español de mediana edad con dinero no produjera la atención que habría producido en otros contextos.
La persecución internacional de Roldán activó mecanismos de cooperación policial entre España y los países por donde se movía. La vida de Roldan en el extranjero durante esos 13 meses de fuga tiene una dimensión humana que los relatos centrados en la dimensión política del escándalo raramente incluyen con el detalle que merece.
Era un hombre de 51 años cuando huyó, sin la experiencia previa de vivir en la clandestinidad que algunos fugitivos tienen porque han operado en ese tipo de ambiente antes. Había pasado su vida adulta en la administración pública española, en Navarra, en Huesca, en Madrid. hablaba español y entendía el sistema español con una profundidad que no tenía equivalente en ninguno de los países por los que se movió durante su fuga.
En Laos y en Bangkok era un extraño con dinero suficiente para comprar discreción, pero sin las redes de contacto locales, que en esos entornos hacen la diferencia entre alguien que puede moverse con fluidez y alguien que depende completamente del dinero para compensar su vulnerabilidad. Las personas que lo contactaron durante su periodo en Bangkok, incluyendo a intermediarios que el gobierno español utilizó para intentar negociar su regreso, describieron en sus relatos posteriores a un hombre que había pasado de la certeza del poder a la
incertidumbre del fugitivo con una rapidez que el psicólogo habitual de ese tipo de trayectoria habría predicho. La primera fase de la euforia del que ha conseguido escapar. la segunda fase de la monotonía del que tiene que vivir escondido sin la vida que tenía y la tercera fase de la negociación mental con la posibilidad de volver en condiciones que fueran menos destructivas que las que la fuga indefinida prometía.
La persecución internacional de Roldá activó mecanismos de cooperación policial entre España y los países por donde se movía, que en algunos casos funcionaron con la eficiencia que la gravedad del caso requería, y en otros produjeron las fricciones diplomáticas que la captura de un fugitivo de alto perfil siempre genera. Interpol emitió una circular de búsqueda.
Los servicios de inteligencia españoles, que en esa época estaban ellos mismos bajo la presión de los escándalos del Gal y de otras investigaciones, dedicaron recursos a localizar a Roldán en los países del sudeste asiático que su perfil de movimientos sugería. Los periodistas que seguían el caso, que en España habían convertido la fuga de Roldán en el tema político dominante de los primeros meses de 1994, estaban en contacto con fuentes en distintos países que les proporcionaban fragmentos del rastro que Roldan iba dejando.
El elemento que finalmente hizo posible la captura de Roldá no fue una operación de inteligencia sofisticada ni una cooperación policial excepcional. fue el dinero o más exactamente la falta de él. Las investigaciones sobre sus cuentas bancarias que los jueces españoles habían ordenado produjeron el bloqueo de activos que Roldan había acumulado en las cuentas que las investigaciones habían podido identificar.
Eso no eliminaba el dinero que tenía en cuentas que las investigaciones no habían localizado, pero sí limitaba su acceso al flujo regular de fondos que una vida de fugitivo en el extranjero requiere. Para diciembre de 1994, Roldán estaba en Bangkok en condiciones que las personas que lo contactaron en ese periodo describen como significativamente más precarias que las de los primeros meses de su huida.
La captura ocurrió en Laos en febrero de 1995, 13 meses después de su fuga. Los detalles de cómo fue localizado y cómo fue trasladado a España desde un país que no tenía tratado de extradición con España son uno de los aspectos del caso que las versiones oficiales nunca explicaron de manera completamente satisfactoria.
La versión más aceptada que los investigadores y periodistas que más profundamente cubrieron el caso sostienen es que Roldá fue básicamente convencido de entregarse a cambio de garantías sobre el tratamiento que recibiría en el proceso judicial que le esperaba. Lo que esas garantías incluían exactamente y quién las dio en nombre de quién es otra de las preguntas que el caso dejó sin respuesta definitiva.
Lo que vino después nadie lo vio venir del todo, ni siquiera los que habían seguido el caso desde el principio. El juicio de Roldán fue uno de los más seguidos de la historia judicial española de los años 90, en una época en que la corrupción política era el tema dominante de la agenda pública. Para entender el significado del juicio de Roldán en el contexto político de esa época, hay que entender que no era un caso aislado, sino el que se juzgaba en el momento de mayor acumulación de escándalos que la democracia española
había vivido hasta entonces. El juicio coincidió con la pendencia del caso Gall, que investigaba si el gobierno de González había ordenado operaciones de guerra sucia contra ETA en los años 80 con las investigaciones sobre el caso filesa de financiación ilegal del PSOE. y con otros escándalos menores que en conjunto producían la imagen de un partido y de un gobierno cuya relación con la ley había evolucionado de maneras que el electorado encontraba difícil de procesar sin concluir que el problema era sistémico. En ese contexto, el
juicio de Roldá tenía una dimensión política que iba más allá de la determinación de la culpabilidad individual de un funcionario corrupto. Era también un examen de cuánto sabía el gobierno sobre lo que hacía Roldá y de cuándo lo sabía. Las declaraciones que Roldá hizo durante el proceso con la estrategia calculada del que tiene información que puede dañar a otros y que dos información para maximizar su valor como moneda de negociación, contribuyeron a mantener esa dimensión política del caso Activa durante toda la
duración del proceso, sin que nunca llegara a producir la revelación completa que habría respondido definitivamente esas preguntas. El juicio de Roldán fue uno de los más seguidos de la historia judicial española de los años 90, en una época en que la corrupción política era el tema dominante de la agenda pública y en que cada semana producía nuevas revelaciones sobre nuevos escándalos en el entorno del gobierno de González.
Las declaraciones de Roldan durante el proceso tenían la ambigüedad calculada del hombre que sabe que tiene más información de la que ha entregado y que esa información es su único activo de negociación frente a un sistema que quiere condenarlo por lo que hizo, sin profundizar demasiado en quién más sabía lo que hacía y en qué contexto.
Roldan fue condenado en 1998 a 28 años de cárcel por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias. La condena era severa en términos nominales, aunque los mecanismos de reducción de condena que el sistema penitenciario español aplica en función de trabajo realizado y de buena conducta, producen que las penas largas raramente se cumplen en su totalidad.
Roldán salió de la cárcel en 2010, habiendo cumplido una fracción de la condena nominal. Tenía 67 años. se instaló en Madrid, no dio entrevistas sobre el caso, no escribió memorias, no reveló públicamente las cosas que durante el juicio había sugerido que sabía, pero que nunca había contado completamente. La versión que Roldan nunca contó en público es quizás la parte más importante de toda esta historia, porque es la que permitiría responder las preguntas que el proceso judicial dejó sin responder. ¿Quién sabía en el
gobierno de González lo que Roldán estaba haciendo y cuándo lo sabía? ¿Qué tipo de acuerdos existían entre Roldán y las personas que gestionaban la caja negra de los fondos reservados a nivel político? Y si la escala del robo de Roldá fue posible durante 6 años, precisamente porque había personas en posición de verlo que tenían razones para no verlo.
Las investigaciones periodísticas y académicas que se publicaron durante los años siguientes al caso señalan consistentemente que el entorno del Ministerio del Interior durante los años del mandato de Roldá tenía indicios suficientes de que algo iba mal como para que una investigación interna rigurosa lo hubiera detectado antes de que el escándalo estallara en los medios.
Los libros escritos por periodistas que cubrieron el caso, incluyendo trabajos de investigación con fuentes documentales sólidas, apuntan a que varios funcionarios del ministerio tenían conocimiento de irregularidades específicas que no trasladaron hacia arriba por razones que en cada caso tienen su propia lógica individual, pero que en conjunto producen el patrón del silencio activo que hace posible que la corrupción a gran escala persista en instituciones grandes.
Lo que el caso Roldan cambió en el sistema de control del Estado español es menos de lo que el escándalo habría justificado cambiar. Para evaluar qué cambió, hay que comparar el sistema de control de la administración española antes y después del escándalo en los aspectos específicos que el caso puso de manifiesto. En el ámbito de los fondos reservados, la ley de secretos oficiales, que regulaba su uso antes del escándalo, era una norma de la época franquista que no había sido adaptada a los principios de la democracia con la profundidad que la
nueva realidad institucional requería. Después del caso Roldá se introdujeron modificaciones que en teoría aumentaban la supervisión parlamentaria sobre el uso de los fondos reservados con requisitos de información más detallada para la comisión parlamentaria que recibía esa información. Pero los críticos de esas modificaciones señalaron con razón que la información que el gobierno proporcionaba a la comisión seguía siendo la información que el gobierno elegía proporcionar y que el acceso de la comisión a la
verificación independiente de esa información seguía siendo limitado. En el ámbito de los nombramientos de altos cargos en las fuerzas de seguridad, el caso Roldá produjo un debate sobre si los directores generales de los cuerpos de seguridad del Estado debían tener formación técnica en seguridad.
o si podían ser nombramientos puramente políticos. El debate no produjo cambios legislativos significativos. En España, a diferencia de otros países europeos, los directores generales de los cuerpos de seguridad siguen siendo nombramientos discrecionales del gobierno sin requisitos formales de formación específica que el nombramiento deba cumplir.
El principio de que el control civil sobre los cuerpos de seguridad requiere que quien los dirige sea un civil de confianza del gobierno, que fue la justificación del nombramiento de Roldá, no fue cuestionado en sus fundamentos, sino en la manera en que se había aplicado en un caso concreto. Lo que el caso Roldán cambió en el sistema de control del Estado español es menos de lo que el escándalo habría justificado cambiar.
Se modificaron algunos procedimientos de gestión de los fondos reservados con requisitos adicionales de documentación que aumentaron marginalmente la dificultad de usarlos para beneficio personal. Se reforzaron algunos mecanismos de supervisión parlamentaria sobre las partidas de seguridad que antes tenían la opacidad completa y se generó un debate público sobre los límites de los fondos reservados que produjo en los años siguientes una legislación algo más restrictiva sobre su uso.
Pero el cambio estructural que habría requerido abordar las causas profundas del escándalo, la pregunta de por qué el sistema político de nombramiento de cargos como el de Roldán funciona sin los filtros de competencia técnica e independencia política que ese tipo de cargos requieren, no se produjo el modelo de nombramiento de altos cargos en la administración española que hace posible que alguien sin la formación relevante llegue a dirigir el cuerpo de seguridad más poderoso del país.
siguió siendo después del caso Roldán esencialmente el mismo que era antes. Y el mecanismo de los fondos reservados, aunque con más salvaguardas formales, siguió siendo el mismo tipo de caja, potencialmente sin llave para quien tenga acceso a ella y no tenga los controles externos que deberían limitarlo. El escándalo Roldá ocurrió en el contexto de lo que los historiadores de la política española de los años 90 describen como la crisis de confianza más profunda del sistema democrático desde la transición, el caso
Galeraciones ilegales contra ETA, el caso Filesa sobre la financiación ilegal del PSOE, el escándalo del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y varios otros casos de corrupción que en ese periodo salieron a la luz con una simultaneidad que los ciudadanos procesaron como la evidencia de que la corrupción no era accidental, sino sistémica.
El gobierno de González sobrevivió al caso Roldán en términos de que completó su mandato, pero perdió las elecciones de 1996 con una derrota que reflejaba el agotamiento de un electorado que había votado al PSOE en cuatro elecciones consecutivas y que en ese momento ya no podía distinguir entre la corrupción de algunos de sus miembros y la política del partido en su conjunto.
Felipe González nunca fue juzgado ni imputado por el caso Roldán. Las investigaciones parlamentarias y judiciales que se abrieron sobre los fondos reservados y sobre el conocimiento que el gobierno tenía de las irregularidades de Roldán, no produjeron acusaciones formales contra el expresidente ni contra los ministros de Interior que en ese periodo tuvieron tutela sobre la Guardia Civil.
Esa ausencia de consecuencias formales para los responsables políticos que nombraron y mantuvieron a Roldán en su cargo es exactamente el tipo de laguna en la rendición de cuentas que el sistema democrático español no ha resuelto de manera que produzca certeza sobre si el problema fue Roldá o fue el sistema que lo hizo posible.
La historia de Luis Roldán es al final la historia de dos sistemas superpuestos que en los años 90 en España colisionaron de una manera que el escándalo produjo, pero que la resolución del escándalo no resolvió. Hay una pregunta que los españoles que vivieron el escándalo en tiempo real y los que lo estudian en retrospectiva hacen con la misma frustración.
¿Cómo es posible que algo de esa escala durara tanto tiempo sin que nadie actuara? La respuesta que el análisis institucional ofrece es incómoda precisamente porque no señala a ningún villano específico adicional al que ya fue juzgado y condenado. Señala a un sistema, un sistema donde los nombramientos de altos cargos en posiciones con acceso a fondos sin auditoría se hacen por lealtad política sin requisitos formales de competencia técnica.
tiene una vulnerabilidad estructural que no depende de que el nominado sea honesto o deshonesto. Depende de si el sistema de control que debería compensar esa vulnerabilidad funciona o no. Cuando el sistema de control también está capturado por la lealtad política, cuando los auditores y los supervisores son también personas de confianza del mismo partido que nombró al que deberían auditar, la vulnerabilidad estructural se convierte en riesgo realizado con la regularidad que produce la ausencia de barreras efectivas.
España en los años 90 tenía ese tipo de sistema, no de manera excepcional ni de manera que la distinguiera radicalmente de otras democracias europeas jóvenes que también estaban construyendo sus mecanismos de control en ese periodo, sino de manera ordinaria como resultado de una transición democrática que había heredado las estructuras del franquismo y las había llenado de personas nuevas con lealtades nuevas, pero sin una reforma profunda de los mecanismos de control que harían que esas personas nuevas rindieran cuentas de una manera
diferente a como lo habían hecho sus predecesores. La historia de Luis Roldán es al final la historia de dos sistemas superpuestos que en los años 90 en España colisionaron de una manera que el escándalo produjo, pero que la resolución del escándalo no resolvió. El primer sistema es el de la corrupción individual, un hombre con acceso a dinero sin auditoría que lo robó porque podía hacerlo.
El segundo sistema es el del control político sobre las instituciones del Estado, un modelo donde los nombramientos de altos cargos en instituciones sensibles responden a criterios de lealtad partidista antes que de competencia técnica e independencia institucional, donde los mecanismos de control tienen grietas que los que están dentro conocen mejor que los que están fuera y donde los escándalos cuando estallan producen reformas cosméticas antes que cambios estructurales, porque los cambios estructurales implican reconocer que el
problema era el sistema, no solo el individuo. Roldan robó más de 1000 millones de pesetas. Pasó en la cárcel menos de lo que duró en el cargo. Salió a los 67 años con vida por delante y las preguntas que su historia plantea sobre cómo el poder se ejerce sin control en las democracias, que creen haber construido los controles suficientes, siguen siendo preguntas que ningún escándalo posterior ha respondido de manera definitiva.
Porque el escándalo siguiente y el de después del depu tienen la misma estructura. alguien en un puesto de confianza que abusa de esa confianza durante años, señales que aparecen y que nadie procesa con la urgencia que requieren y una resolución que condena al individuo sin transformar el sistema que lo hizo posible.
Eso no es la historia de Luis Roldán, es la historia de cómo funciona la corrupción en los sistemas democráticos cuando los mecanismos que deberían prevenirla están capturados por los mismos actores que deberían estar controlando. Lo que Luis Roldán se llevó del Estado español, que en pesetas de los años 90 superaba los 1000 millones, no es la parte más cara de esta historia.
Los escándalos de corrupción de los años 90 en España produjeron una generación de ciudadanos que aprendieron a desconfiar de las instituciones con la automaticidad que produce haber visto el mismo patrón repetirse demasiadas veces. Esa desconfianza que las encuestas de opinión pública miden desde entonces con una regularidad que permite ver su evolución no desapareció cuando el PSOE perdió las elecciones de 1996.
persistió durante los gobiernos del PP que tuvieron sus propios escándalos. persistió durante los gobiernos posteriores del PSOE, que también los tuvieron, y persiste hoy en una España donde la percepción de que la clase política y la clase empresarial se protegen mutuamente frente al escrutinio que los ciudadanos ordinarios no pueden evitar es uno de los datos más estables de todas las encuestas sobre actitudes políticas del país.
El nombre de Luis Roldán no suena a mucho en España hoy. Han pasado tres décadas. Han venido otros escándalos. La memoria pública tiene capacidad finita y los nuevos escándalos desplazan a los antiguos con la regularidad que produce un sistema que los produce con suficiente frecuencia. Pero la estructura del caso Roldán, la de alguien en un puesto de poder sin control que roba durante años, mientras quienes podrían verlo tienen razones para no ver, esa estructura sigue siendo completamente reconocible en cualquiera de los escándalos que España ha
producido en las décadas siguientes. Lo que cambió fue el nombre, lo que no cambió fue la lógica. Lo que Luis Roldán se llevó del Estado español, que en pesetas de los años 90 superaba 1 millones, no es la parte más cara de esta historia. Lo más caro fue la erosión de la confianza en las instituciones que el escándalo produjo en una sociedad que en ese momento todavía estaba construyendo la relación con la democracia, que las sociedades que llevan más tiempo en ella han desarrollado durante generaciones.
Cuando los ciudadanos aprenden que el director de la Guardia Civil era un ladrón, que el partido que gobernaba no lo investigó cuando podía haberlo hecho y que el sistema produce una condena que el condenado cumple en parte antes de reintegrarse a la vida normal. Lo que aprenden no es que el sistema castigó la corrupción, es que el sistema la permitió durante años y la castigó insuficientemente cuando ya no podía ocultarla.
Esa lección, que en los años 90 se aprendió varias veces con escándalos distintos, es la que explica una parte significativa del desapego de los ciudadanos españoles respecto de las instituciones políticas que las encuestas llevan décadas registrando y que ningún gobierno de ningún color ha conseguido revertir de manera sostenida. M.
