La crisis entre Colombia y Ecuador volvió a escalar después de que el presidente Gustavo Petro respondiera públicamente a las medidas tomadas por el gobierno de Daniel Noboa, en especial al aumento de aranceles a productos colombianos y a las acusaciones relacionadas con seguridad, narcotráfico y control fronterizo. Lo que comenzó como una disputa comercial terminó convirtiéndose en un debate mucho más amplio sobre soberanía, crimen organizado, relaciones internacionales, crisis climática y el futuro de la región andina.
Petro inició su intervención recordando que el Consejo de Ministros se había realizado en Ipiales, una zona clave de la frontera sur de Colombia. Allí, según explicó, el gobierno buscó analizar la problemática que se vive en los límites con Ecuador, donde confluyen comercio legal, contrabando, presencia de grupos armados, economías ilícitas y comunidades históricamente abandonadas.
Uno de los puntos más delicados fue el alza de aranceles impuesta por Ecuador a productos colombianos. Para Petro, esa decisión fue unilateral y rompe con el espíritu de integración que debería existir entre países miembros de la Comunidad Andina. Según su visión, la medida no solo afecta a los empresarios colombianos, sino también a las comunidades fronterizas que dependen del intercambio diario para sobrevivir.
El mandatario colombiano presentó el asunto como parte de un problema global: el debilitamiento del derecho internacional. En su discurso, vinculó la crisis con Ecuador con una tendencia más amplia, donde los países más fuertes imponen condiciones y las normas multilaterales pierden peso. Para Petro, cuando el derecho internacional se rompe, el mundo entra en un terreno peligroso, dominado por la fuerza, los intereses económicos y la violencia.
A partir de ahí, el presidente llevó la discusión hacia otro tema central de su gobierno: la crisis climática. Insistió en que la humanidad atraviesa un momento crítico y que el uso de hidrocarburos está directamente relacionado con el deterioro del planeta. En su intervención, volvió a defender la transición hacia energías limpias y cuestionó a quienes promueven el fracking, la expansión petrolera y la explotación de gas como si fueran soluciones de futuro.
Petro planteó que la crisis climática no es un debate abstracto, sino una amenaza concreta para Colombia, Ecuador y toda la zona tropical. Habló de pérdida de especies, deterioro de los mares, afectación de la pesca y riesgo para las próximas generaciones. En ese contexto, criticó que algunos sectores políticos sigan pensando únicamente en beneficios económicos inmediatos, sin considerar las consecuencias ambientales.
Sin embargo, el eje más fuerte de su intervención fue la frontera con Ecuador. Petro afirmó que el problema no puede analizarse únicamente desde el cierre de pasos, el aumento de aranceles o los señalamientos políticos. Para él, la frontera es una zona compleja donde se cruzan cultivos de coca, rutas del narcotráfico, pobreza, ausencia estatal, comercio informal y disputas entre organizaciones criminales.
El presidente mostró un mapa de cultivos de hoja de coca en Colombia y sostuvo que su gobierno ha logrado reducir hectáreas sembradas, especialmente en zonas cercanas a Ecuador. Según su explicación, esa reducción se debe en gran parte a programas de sustitución voluntaria, donde campesinos arrancan la coca de raíz y buscan alternativas productivas. Para Petro, esta estrategia es más efectiva que la fumigación forzada con glifosato, a la que criticó duramente por sus impactos ambientales y por no resolver el problema de fondo.
También señaló que la fumigación puede terminar fortaleciendo el ciclo de la coca, porque no transforma las condiciones sociales que llevan a las comunidades a sembrarla. En su discurso, insistió en que el campesino no es el verdadero dueño del negocio, sino el eslabón más vulnerable de una cadena mucho más poderosa, integrada por mafias, redes internacionales, lavado de activos y estructuras financieras ilegales.
Petro acusó a sectores de la extrema derecha de construir una narrativa contra Colombia y contra su gobierno. Según dijo, desde Miami y otros centros políticos se estaría impulsando una estrategia para relacionarlo con el narcotráfico y afectar su popularidad. El mandatario rechazó esas acusaciones y defendió que su gobierno ha extraditado a numerosos narcotraficantes y ha capturado a figuras criminales importantes.
Uno de los nombres mencionados fue “Fito”, jefe criminal ecuatoriano. Petro recordó que fue capturado durante su gobierno y rechazó cualquier insinuación de cercanía con él. Según su versión, se pretende usar declaraciones de criminales presos para fabricar una narrativa política en su contra. El presidente presentó esas acusaciones como parte de una campaña electoral y mediática destinada a debilitarlo.
En ese punto, la relación con Ecuador apareció como un asunto cargado de desconfianza. Petro sostuvo que Noboa actúa influenciado por sectores políticos de derecha y que sus decisiones están perjudicando no solo a Colombia, sino también al propio Ecuador. Según el presidente colombiano, cerrar o dificultar el comercio fronterizo puede empujar a muchas personas hacia economías ilegales, justamente lo contrario de lo que se necesita para combatir el narcotráfico.
La tesis de Petro fue clara: la frontera no se pacifica con aranceles, bloqueos o discursos hostiles. Se pacifica con comercio legal, presencia estatal, inversión social, sustitución de cultivos, inteligencia coordinada y cooperación entre fuerzas de seguridad. Para él, si se asfixia la economía lícita en las zonas fronterizas, las mafias encuentran más terreno para reclutar, controlar rutas y someter comunidades.
El ministro de Defensa, por su parte, explicó que Colombia ha reforzado la presencia militar y policial en zonas cercanas a Ecuador. Habló de nuevos pelotones, más policías, patrulleras oceánicas y de costa, además de operaciones de control en corredores estratégicos. También señaló que hay esfuerzos para combatir delitos como explotación sexual, contrabando y presencia de estructuras armadas.
Petro interrumpió y amplió varias de esas explicaciones para insistir en la necesidad de inteligencia. Para él, la fuerza sin inteligencia puede terminar causando daño a civiles o golpeando objetivos equivocados. Aseguró que la lucha contra el narcotráfico debe hacerse con precisión, coordinación internacional y claridad sobre quiénes son realmente los beneficiarios del negocio.
En su intervención apareció con fuerza el concepto de “junta del narcotráfico”, expresión que usa para referirse a redes criminales transnacionales que, según él, articulan mafias colombianas, ecuatorianas, mexicanas, balcánicas, brasileñas y europeas. Petro afirmó que el narcotráfico actual ya no puede entenderse como un fenómeno local, sino como un entramado global que mueve cocaína, oro ilegal, tierras, ganadería, minería y lavado de activos.
La ministra de Ambiente aportó otro ángulo: la conexión entre narcotráfico y destrucción ambiental. Según explicó, en la Amazonía el problema no se limita a la coca. También hay praderización, ganadería ilegal, acaparamiento de tierras y minería ilícita. Además, mencionó la aparición de explosivos provenientes de Ecuador en operaciones de minería ilegal en Colombia, lo que refuerza la idea de que la frontera requiere mayor cooperación y control.
El gobierno colombiano también anunció respuestas económicas. La ministra de Comercio informó que se diseñaron medidas arancelarias diferenciadas frente a productos ecuatorianos. Algunos bienes necesarios para la producción nacional permanecerían con arancel cero, mientras que otros, con suficiente producción interna en Colombia, tendrían tasas del 30%, 50% o 75%, según el caso. La idea, según explicó, es proteger la producción nacional sin provocar desabastecimiento.
