El aire en Colombia amaneció espeso, cargado de una tensión invisible que solo aquellos acostumbrados a leer las sombras del poder y los susurros de los pasillos políticos podían anticipar. El calendario marcaba una fecha que quedará grabada en piedra: martes 12 de mayo de 2026. El reloj apuntaba exactamente a las diez de la mañana cuando la historia contemporánea de este país estuvo a punto de fracturarse para siempre, abriendo una grieta por la que comenzó a brotar la verdad más cruda y dolorosa de nuestra nación. Lo que ocurrió en las profundidades del municipio de Concepción, en el agreste, majestuoso y enigmático departamento de Antioquia, no es un simple operativo militar más en la larga, sangrienta y dolorosa guerra contra el narcotráfico. Lo que se descubrió en esa mañana de mayo es el hilo fundamental del que tira toda la inmensa madeja de la corrupción, la violencia sistemática y la impunidad absoluta que ha gobernado a la nación desde las sombras durante décadas.
Elementos del Ejército Nacional de Colombia, actuando bajo un sigilo absoluto y movidos por una inteligencia táctica sin precedentes en la historia reciente, irrumpieron en un complejo clandestino que la geografía antioqueña había mantenido celosamente oculto a los ojos del mundo y de las autoridades. Cuatro inmensos galpones mimetizados entre la espesura de la vegetación y la topografía escarpada de una zona rural de muy difícil acceso escondían el secreto mejor guardado de las élites intocables. La magnitud de este hallazgo trasciende abismalmente lo policial y se adentra de lleno en lo político, en lo judicial y en lo histórico. Las investigaciones preliminares y las confesiones obtenidas en el lugar de los hechos, rodeadas del humo de la pólvora y el peso de la evidencia, apuntan directamente al corazón de la política tradicional colombiana. Estos cuatro galpones, repletos hasta el techo de sustancias ilegales, armas de guerra, montañas de dinero y oscuros secretos documentales, pertenecen, según la evidencia incautada y los testimonios directos de los capturados, a un testaferro directo del expresidente Álvaro Uribe.
La operación militar desplegada en Concepción fue, desde todo punto de vista, una obra maestra de la estrategia bélica y la discreción institucional. Cientos de soldados de élite, hombres entrenados física y mentalmente para operaciones de altísimo riesgo y máxima confidencialidad, caminaron durante kilómetros a través del fango, esquivando la maleza y desafiando las montañas escarpadas de Antioquia. Sabían que cualquier error sería fatal. No podían utilizar vehículos pesados ni helicópteros en la fase de aproximación; el ruido de los motores habría alertado a los sofisticados anillos de seguridad que, como es costumbre en estas gigantescas infraestructuras criminales, vigilan de forma paranoica cada milímetro del territorio. El municipio de Concepción, tradicionalmente conocido por su rica historia y su deslumbrante belleza natural, se convirtió de un momento a otro en el escenario de una infiltración milimétrica, un juego del gato y el ratón donde el Estado por fin llevaba la delantera.
A las diez de la mañana en punto, bajo el inclemente sol antioqueño, la orden fue dada. El asalto a los cuatro inmensos galpones fue rápido, contundente y letalmente preciso. Los soldados irrumpieron rompiendo gruesos candados, derribando enormes portones de seguridad y neutralizando en cuestión de segundos cualquier capacidad de reacción de los presentes. En el lugar, el Ejército logró apresar de manera inmediata a diecisiete supuestos vigilantes de las instalaciones. Estos hombres, individuos curtidos en la vigilancia de actividades ilícitas y acostumbrados a la violencia, fueron tomados completamente por sorpresa. El terror que se dibujó en sus rostros no era provocado por el uniforme camuflado de los soldados ni por los fusiles que les apuntaban, sino por el inmenso e irracional temor a las represalias de sus verdaderos jefes. Sometidos en el suelo, esposados y rodeados por la abrumadora fuerza del Estado legítimo, los diecisiete detenidos no tardaron en quebrarse. En los interrogatorios preliminares realizados allí mismo, sobre el polvo y rodeados de la irrefutable evidencia de sus crímenes, confesaron todo. Detallaron sin tapujos la estricta cadena de mando, explicaron los precisos horarios de entrada y salida de los cargamentos internacionales y, lo más perturbador de todo, confirmaron la identidad del propietario de toda esa inmensa operación logística: un hombre de paja, un testaferro profesional que sirve como muro de contención legal y financiero para proteger los intereses políticos y económicos de Álvaro Uribe.
El inventario exhaustivo de lo encontrado dentro de esos cuatro galpones es una radiografía dantesca del horror, la muerte y la avaricia desmedida que alimenta el interminable conflicto armado en Colombia. En el primer galpón, los valerosos elementos del ejército se encontraron de frente con la principal fuente de financiamiento de la máquina de guerra. Tras abrir los portones, se logró la histórica incautación de 2,3 toneladas de cocaína de la más alta pureza. Dos coma tres toneladas. Es necesario detenerse a imaginar por un momento la monstruosa logística, la enorme infraestructura y el poder corruptor a nivel estatal necesarios para procesar, transportar a través de carreteras nacionales y almacenar semejante cantidad de narcóticos en un solo lugar sin ser detectados. Estamos hablando de millones y millones de dosis letales destinadas a envenenar las calles de las grandes ciudades del mundo, producidas a costa de la sangre, el destierro y el sudor de miles de campesinos sometidos brutalmente por los grupos armados en las zonas más remotas y olvidadas del país. Los paquetes, meticulosamente embalados y marcados con símbolos crípticos que identifican a la organización criminal dueña del cargamento, desprendían ese olor penetrante, agrio y tóxico a químicos que es la firma inconfundible de los laboratorios clandestinos de la selva. Esta no era una caleta cualquiera de un narcotraficante de poca monta; era un sofisticado centro de acopio internacional, un punto de distribución estratégico diseñado con precisión corporativa para mover la droga de manera fluida hacia las costas colombianas y, posteriormente, hacia los lucrativos mercados de Norteamérica y Europa. La sola presencia de 2,3 toneladas de cocaína en una extensa propiedad directamente vinculada a un testaferro político es un hecho con la gravedad suficiente para hacer temblar los mismos cimientos de la democracia colombiana.
Pero el asombro y la indignación de las tropas del Ejército apenas comenzaban. El segundo galpón albergaba el producto final de esa inmensa y aceitada maquinaria de muerte y exportación: el dinero. No se trataba de dinero guardado electrónicamente en bóvedas de bancos internacionales ni cifras invisibles en cuentas offshore en paraísos fiscales. Era dinero físico, dinero en efectivo tangible y real, el lubricante esencial que mantiene girando de manera constante la perversa rueda de la corrupción a nivel local y nacional. Los soldados, atónitos ante lo que veían, encontraron bolsas gigantes, sacos industriales de lona sudados, sucios y desgastados, repletos hasta el tope con gruesos fajos de billetes. El conteo preliminar realizado por los peritos forenses es sencillamente asombroso y repulsivo a la vez, una bofetada a la pobreza extrema que vive gran parte del país. Se estima que hay más de 893 millones de pesos colombianos en efectivo. Estas bolsas contienen el poder adquisitivo crudo y duro capaz de comprar voluntades de líderes, financiar campañas políticas oscuras, sobornar a altos funcionarios locales y pagar la nómina manchada de sangre de los escuadrones de la muerte.
Sin embargo, el peso colombiano era apenas la moneda de cambio menor en la contabilidad de este imperio criminal transnacional. Junto a esos 893 millones de pesos locales, se encontraron apilados estratégicamente y con sumo orden 78,6 millones de dólares estadounidenses en efectivo puro. Setenta y ocho coma seis millones de dólares, empaquetados herméticamente en fajos sellados al vacío, listos para ser introducidos en el sistema financiero legal a través de la inmensa red de empresas fachada que el testaferro manejaba a su antojo. Ver esa montaña irreal de billetes extranjeros en medio de la apacible y humilde ruralidad de Concepción es el símbolo más crudo, grotesco y doloroso de la desigualdad y del saqueo sistemático al que ha sido sometida la nación colombiana por parte de quienes dicen gobernarla.
El tercer galpón revelaba la verdadera y aterradora naturaleza de esta organización. Los descubrimientos dejaron claro que no eran simples empresarios del crimen transnacional que operaban desde la clandestinidad; eran, a todas luces, un ejército paralelo, una fuerza paramilitar con capacidad para enfrentar al mismísimo Estado. El lugar era un inmenso salón gris, frío y metálico, repleto de un arsenal de armas de contrabando que desafiaba la imaginación. No hablamos aquí de simples revólveres de defensa personal o escopetas campesinas; hablamos de armamento de guerra puro y duro, fusiles de asalto de última generación militar, pesadas ametralladoras capaces de derribar aeronaves, explosivos plásticos, municiones contadas por decenas de miles, sofisticados equipos de visión nocturna de grado táctico y chalecos antibalas de especificaciones militares. Todo este armamento cruzó fronteras internacionales, evadió estrictos controles aduaneros en puertos y aeropuertos, y fue transportado a lo largo y ancho de las carreteras del país con la evidente y necesaria complicidad de autoridades corruptas que miraron hacia otro lado. Este inmenso arsenal no estaba destinado únicamente a proteger los inmensos cargamentos de droga de clanes rivales; estaba fríamente destinado a someter a poblaciones enteras a través del miedo, a intimidar y asesinar a líderes sociales que reclamaran sus tierras, y a garantizar el control territorial absoluto mediante el ejercicio sistemático del terror. La cantidad de armas letales encontradas en ese galpón es más que suficiente para equipar a batallones enteros de sicarios profesionales. Este descubrimiento macabro demuestra de forma irrefutable que la maquinaria de guerra paramilitar en Colombia jamás se ha detenido; simplemente ha mutado, se ha sofisticado y se ha refugiado bajo el cálido amparo de figuras políticas de altísimo nivel que continúan utilizando la violencia desmedida como una herramienta legítima de control social, territorial y económico.
Y entonces, los equipos de asalto llegaron al cuarto galpón. Este lugar se presentaba como el espacio más oscuro, el más peligroso, el más fuertemente custodiado y el que tiene el potencial real de cambiar la historia judicial y política de Colombia para siempre. Curiosamente, este recinto no contenía drogas, ni torres de dinero, ni armas de fuego. Albergaba, en cambio, el arma más letal, destructiva e implacable de todas: la información. Cajas y cajas repletas de documentos físicos, pilas de discos duros de alta capacidad, memorias digitales encriptadas y pesados libros de contabilidad que detallan sin dejar espacio a la duda la arquitectura completa de la impunidad en el país. Estos documentos incautados revelan una relación directa, operativa, constante y financiera con el Clan del Golfo, la estructura narcoparamilitar más grande, poderosa y sanguinaria que opera actualmente en el país. Los registros en papel mencionan explícitamente, y con detalles que hielan la sangre, las comunicaciones directas y los jugosos negocios pactados con el máximo líder de esa organización criminal transnacional, el infame capo conocido con el alias de “Chiquito Malo”. Las intrincadas rutas de exportación, los montos exactos de los sobornos, los porcentajes de participación de cada socio, los nombres propios y apellidos de oficiales de alta graduación de la policía y fuerzas militares que estaban en la nómina del cartel… todo está meticulosamente documentado. Es la prueba irrefutable, el Santo Grial judicial que demuestra la simbiosis macabra, estrecha e inseparable entre el poder político de extrema derecha en Colombia y el crimen organizado de corte paramilitar. Una alianza perversa que ha desangrado implacablemente al país durante décadas con el único y mezquino propósito de acumular riqueza ilimitada y retener el poder hegemónico a cualquier costo humano.
Pero lo que ha dejado a los experimentados analistas de inteligencia militar completamente sin aliento, lo que verdaderamente convierte a este hallazgo antioqueño en un terremoto político de proporciones bíblicas, es otra serie de carpetas encontradas celosamente guardadas en ese mismo cuarto galpón. Carpetas amarillentas por el paso del tiempo, polvorientas, pero meticulosamente ordenadas y clasificadas, que contienen indicios contundentes, verificables y devastadores que prueban la responsabilidad directa del Estado y sus altos mandos en los Falsos Positivos. Para quienes, dentro y fuera de nuestras fronteras, no comprenden la magnitud atroz de esta tragedia, los falsos positivos representan sin lugar a duda el capítulo más oscuro, vergonzoso y doloroso de la historia reciente de nuestro país. Miles de jóvenes absolutamente inocentes, muchachos humildes y soñadores de barrios marginales como Soacha, así como campesinos de zonas rurales empobrecidas, fueron vilmente engañados con falsas promesas de trabajo digno, trasladados a zonas de conflicto, asesinados a sangre fría y por la espalda por miembros de las fuerzas militares, y luego disfrazados burdamente con uniformes guerrilleros y botas de caucho nuevas para ser presentados ante la opinión pública como peligrosas bajas en combate. Todo este teatro del horror fue montado con el único fin de inflar artificialmente las estadísticas de una política de seguridad gubernamental que exigía resultados inmediatos a cambio de entregar jugosas recompensas económicas, permisos vacacionales y codiciados ascensos militares. Las valientes madres de Soacha y miles de familias destrozadas en todo el país han llorado lágrimas de sangre, han marchado exigiendo justicia sin descanso, y han tenido que enfrentar la indiferencia estatal y el estigma social durante larguísimos años. Siempre se dijo en los pasillos del poder que estas atrocidades desgarradoras no fueron simples casos aislados de soldados descarriados ni “manzanas podridas” dentro de la institución, sino la ejecución de una política de Estado sistemática, fría y orquestada desde los más altos niveles del gobierno civil y militar durante la administración del entonces presidente Álvaro Uribe. Hoy, en esos galpones escondidos entre la neblina de Concepción, el Ejército Nacional ha encontrado los documentos físicos, las órdenes militares firmadas, los reportes operativos alterados y los recibos de pagos que vinculan de manera directa e innegable a las altas esferas del poder político e institucional con el exterminio sistemático de miles de civiles inocentes. Es la verdad, pura y abrasadora, saliendo por fin a la luz desde las entrañas mismas de la tierra. Es la confirmación documental, oficial e inapelable de que el Estado colombiano fue utilizado instrumentalmente como una despiadada máquina de matar para sostener a base de sangre una falsa narrativa de victoria militar ante el país.
Como era de esperarse en un golpe de esta magnitud, la reacción a este descubrimiento masivo no se hizo esperar por parte del crimen organizado, que vio cómo su santuario era profanado. Mientras los valerosos soldados del Ejército Nacional procedían rápidamente a asegurar la inmensa cantidad de evidencia material y a custodiar a los diecisiete vigilantes apresados, el infierno literal se desató en los tupidos alrededores de los galpones de Concepción. Las alertas rojas de todas las estructuras criminales en la vasta región de Antioquia se activaron de inmediato. Un inmenso y aterrador convoy de sicarios narcos, hombres fuertemente armados y transportados en decenas de lujosas camionetas blindadas y ágiles motocicletas de alto cilindraje, convergió a toda velocidad hacia la remota zona rural con la única y suicida intención de recuperar su mercancía: la droga, el dinero y, sobre todo, los sensibles documentos que comprometen de muerte a sus intocables líderes políticos y financieros. El asedio criminal fue brutal y desmedido. El apacible silencio de la mañana campesina fue destrozado abruptamente por el ensordecedor tableteo incesante de las ametralladoras pesadas y el estruendo de las explosiones de granadas. Los sicarios atacaron con furia ciega, intentando romper el firme cerco militar a cualquier costo. Sin embargo, la férrea disciplina, el arduo entrenamiento táctico y la evidente superioridad estratégica de los elementos del Ejército Nacional prevalecieron en el campo de batalla. La amplia ventaja en número de los efectivos oficiales, sumada a la inexpugnable posición defensiva que los militares habían adoptado ágilmente tras la exitosa toma inicial de los galpones, impidió que los criminales lograran su cometido. Tras varias y angustiosas horas de intenso combate armado en medio de la espesura del bosque, el convoy de sicarios narcos se vio completamente superado en poder de fuego y maniobra táctica. Sabiéndose derrotados, no tuvieron más remedio que huir despavoridos hacia la profundidad de las montañas, abandonando a su suerte a sus compañeros caídos, dejando atrás sus costosos vehículos acribillados a balazos y perdiendo definitivamente el botín, los millones y los oscuros secretos de sus poderosos patrones.
A pesar de la contundencia de la victoria militar en las montañas, la verdadera guerra se está librando en este preciso instante en las sombras climatizadas de los despachos políticos de Bogotá y en las agitadas salas de redacción de los grandes y tradicionales medios de comunicación del país. La información que hoy estamos revelando con todo detalle ha sido, de manera sistemática y deliberada, bloqueada para evitar su publicación a nivel masivo en los canales tradicionales. Existe en este momento un cerco mediático asfixiante, una censura implícita y feroz orquestada directamente por aquellos individuos que, de repente, ven gravemente amenazados sus históricos privilegios, sus fortunas mal habidas y su libertad personal. Los intereses internos y sumamente poderosos, esos mismos rostros invisibles que han manejado los hilos económicos y políticos del país durante décadas, que han financiado campañas, que han puesto y quitado presidentes a su antojo y que se benefician económicamente a diario de la prolongación del conflicto armado, siguen trabajando incansablemente a toda máquina. Su objetivo es claro: evitar a toda costa que la magnitud de la verdad salga a la luz pública y despierte la indignación de la población. Las llamadas telefónicas encriptadas entre magistrados de altas cortes, directores de grandes conglomerados de medios, generales activos corruptos y senadores de la República no han cesado ni un segundo desde el martes 12 de mayo a las diez de la mañana. La estrategia que están montando es la de siempre, el viejo manual de la crisis política: minimizar el impacto mediático del hallazgo de las 2,3 toneladas de cocaína, desaparecer como sea los comprometedores documentos de los falsos positivos y los nexos con alias Chiquito Malo, y presentar este colosal operativo ante los noticieros como un simple y rutinario golpe de rutina a la delincuencia común de la región. En este momento, están buscando desesperadamente debajo de las piedras a algún chivo expiatorio conveniente: un mando medio desechable del cartel, un narcotraficante de poca monta o un militar corrupto de bajo rango al cual culpar de absolutamente todo, para poder sacrificarlo públicamente en el altar de la opinión pública. La estrategia de control de daños es obvia: entregar una cabeza menor a la justicia para dejar sin ningún tipo de responsabilidad penal a Álvaro Uribe y a su hermético círculo íntimo de colaboradores. Quieren forzar la narrativa de que el testaferro capturado actuaba como una rueda suelta por cuenta propia, que las contundentes firmas halladas en los documentos militares son una falsificación barata, y que todo este operativo no es más que una gigantesca e infundada conspiración orquestada por la oposición política para manchar injustamente el gran legado del expresidente. La pesada maquinaria de la desinformación masiva ya ha encendido sus potentes motores, preparando a sueldo a opinadores, escribiendo columnas de opinión sesgadas, organizando debates amañados en horario estelar y difundiendo noticias falsas en redes sociales para desviar burdamente la atención ciudadana hacia escándalos prefabricados o temas irrelevantes de la farándula. Quieren, en resumen, que los colombianos hablemos de cualquier otra estupidez mientras ellos, en las sombras, incineran las pruebas que los condenan, trasladan a paraísos fiscales el dinero que aún les queda libre y reacomodan nerviosamente sus fichas ensangrentadas en el tablero del poder nacional.
La enorme desesperación de estas élites criminalizadas por tapar este monumental hallazgo no se limita exclusivamente a nuestras fronteras nacionales, porque la impresionante magnitud de esta sofisticada operación criminal tiene tentáculos venenosos que se extienden muchísimo más allá de Colombia. Los expertos analistas de inteligencia cibernética, que lograron extraer contrarreloj los primeros datos desencriptados de los discos duros incautados, encontraron coordenadas GPS precisas y registros de envíos internacionales que conectan directamente, sin intermediarios, este rústico complejo en las montañas de Antioquia con los carteles más grandes y sanguinarios de México y con la implacable y multimillonaria mafia calabresa en Europa. Lo que el ejército destapó no es la cueva de un simple intermediario o comisionista; es el nodo central, el corazón neurálgico en la inmensa red global de narcotráfico, todo ello magistralmente operado bajo la inmensa y oscura sombra protectora de una figura política que el país creía absolutamente intocable.
Lo que resulta aún más escalofriante, si cabe, es el meticuloso método utilizado por esta organización para mover la pesada mercancía desde estos ocultos galpones rurales hacia los puertos de exportación en el Caribe y el Pacífico sin levantar la más mínima sospecha. La abundante documentación incautada en el cuarto galpón detalla con una frialdad administrativa el uso sistemático de vehículos oficiales del propio Estado para delinquir. Camionetas lujosas con placas diplomáticas intocables y ambulancias rotuladas de hospitales públicos regionales eran utilizadas como flotas de transporte para mover la cocaína a través de los diversos retenes militares esparcidos por la geografía nacional. Era un auténtico y cínico carrusel de la muerte que circulaba impunemente frente a los ojos vendados de las autoridades, utilizando los escasos y valiosos recursos del Estado social de derecho como un servicio de mensajería privada vip para el crimen organizado. De esta forma aberrante, se garantizaba que los enormes cargamentos jamás fueran requisados ni expuestos a los estrictos controles aduaneros y policiales convencionales.
Por supuesto, todo ese inmenso volumen de dinero sucio que entraba a raudales a las arcas de la organización necesitaba ser lavado y legalizado de forma masiva para poder ser disfrutado. Para lograr este objetivo, la red criminal había tejido con paciencia una intrincada, compleja y casi perfecta red de empresas contratistas que parasitaban las arcas del Estado. Los detallados registros contables confiscados muestran paso a paso cómo gran parte del cuantioso capital extranjero producto de la venta de drogas estaba fríamente destinado a inyectarse en rimbombantes megaobras de infraestructura vial ubicadas estratégicamente en el norte y el occidente del país. Se trataba de multimillonarias concesiones otorgadas a dedo por ministerios corruptos, puentes colosales que jamás se terminaban de construir y carreteras de doble calzada plagadas de sobrecostos absurdos y justificaciones técnicas falsas. Estas obras públicas, pagadas con los impuestos de los ciudadanos, eran en realidad la lavadora gigante perfecta para blanquear los oscuros fondos narcoparamilitares y, de paso y con una avaricia sin límites, desfalcar los recursos sagrados del Tesoro Nacional de forma sistemática y descarada.
Para intentar justificar ante el ojo inexperto la inmensa e inusual cantidad de fértiles tierras expropiadas a la fuerza y mediante amenazas en los hermosos alrededores del municipio de Concepción, la organización criminal utilizaba la inquebrantable e intachable fachada del auge del sector agrícola exportador. Las inmensas fincas aledañas a los infames cuatro galpones figuran legalmente en las notarías a nombre de respetables asociaciones de ganaderos y pujantes consorcios exportadores de frutas exóticas que, en la dura realidad del campo, no producían ni una sola manzana ni ordeñaban una sola vaca. Estas gigantescas haciendas eran simples y desoladas extensiones de terreno utilizadas para encubrir una deforestación ambiental brutal, establecer inmensos perímetros privados de seguridad armada impenetrable y lavar el dinero del narcotráfico a través de falsas facturaciones de exportaciones ficticias. En el proceso, arrebataron sin piedad a los verdaderos y legítimos campesinos trabajadores sus ancestrales medios de subsistencia, quemando sus casas y condenándolos al cruel destierro en los cordones de miseria de las grandes ciudades.
Como si el horror descrito no fuera suficiente, a escasos cinco kilómetros del complejo principal de galpones, las silenciosas tropas de reconocimiento del Ejército hallaron la monumental pieza que faltaba para completar este escalofriante rompecabezas logístico: una impresionante pista de aterrizaje clandestina de casi dos mil metros de longitud. Esta pista de aviación no era una simple y precaria franja de tierra improvisada a la carrera en medio del monte por asaltantes comunes; era, por el contrario, una monumental y costosa obra de ingeniería civil, pavimentada e iluminada, camuflada minuciosamente desde el aire bajo gigantescas mallas de sombra agrícola que la hacían completamente invisible a los sofisticados satélites gubernamentales de observación y a los radares de la aeronáutica civil comercial. Desde esta pista fantasma despegaban y aterrizaban pesados aviones bimotores de carga en el más absoluto y complaciente silencio de la madrugada, conectando el corazón de las escarpadas montañas de Antioquia de manera fluida y directa con las pistas clandestinas similares ocultas en las espesas selvas de Centroamérica.
La tremenda e inusual sofisticación operativa y militar de esta base central de operaciones requería un nivel de entrenamiento letal y especializado que superaba por mucho, muchísimo, las capacidades básicas de combate de los sicarios y delincuentes locales. Esto reveló a los investigadores una realidad aún más oscura: la presencia comprobada y constante de agentes militares extranjeros en suelo colombiano al servicio de la mafia. Al registrar a fondo las zonas de descanso, casinos y habitáculos adyacentes a los galpones, el Ejército encontró decenas de manuales de instrucción táctica avanzada impresos en varios idiomas (incluyendo ruso y árabe), costosos equipos de comunicación cifrada de uso exclusivo militar internacional y múltiples pasaportes falsos de diferentes nacionalidades. Esta es la evidencia innegable de la contratación sostenida y sumamente lucrativa de mercenarios foráneos. Antiguos militares de fuerzas especiales, soldados renegados de conflictos en Europa del Este y experimentados combatientes veteranos de la guerra en Medio Oriente estaban siendo pagados a precio de oro, en dólares en efectivo, para venir a Colombia a adiestrar a los ejércitos privados del narcoparamilitarismo en mortíferas y avanzadas técnicas de contrainsurgencia, manejo de explosivos plásticos y letal terrorismo urbano.
