El panorama político mexicano se prepara para uno de los episodios de rendición de cuentas más significativos de los últimos años. Hoy, 7 de abril de 2026, el regreso de las actividades legislativas tras el receso de Semana Santa marca el inicio de una fase crítica para Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, ha sido inusualmente claro: el dictamen para el desafuero del líder nacional del PRI no solo está en proceso, sino que “ya está listo” y redactado, esperando únicamente el momento procesal oportuno para ser presentado ante el pleno antes del cierre del periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril .
Este anuncio no es una simple formalidad; representa la culminación de un expediente judicial que la Fiscalía General del Estado de Campeche ha venido integr
ando con minuciosidad desde julio de 2025. Alito Moreno es acusado de peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019, periodo en el cual se presume el desvío de más de 83.5 millones de pesos de recursos públicos . A diferencia de intentos anteriores en 2022 y agosto de 2025, donde el proceso fue congelado o desechado por supuestas deficiencias técnicas, esta nueva solicitud llega con un sustento jurídico reforzado y en un contexto político donde las protecciones que antes amparaban al senador parecen haberse evaporado.
Para entender la magnitud de lo que está en juego, es vital comprender la naturaleza del fuero constitucional. Esta protección impide que servidores públicos de alto nivel sean procesados penalmente mientras ejercen su cargo, actuando como un escudo legal. El proceso de desafuero, técnicamente llamado “juicio de procedencia”, es la única llave para retirar esa armadura y permitir que la justicia ordinaria actúe. Si el pleno de la Cámara de Diputados vota a favor del dictamen, las órdenes de aprensión que actualmente están bloqueadas contra Moreno podrían ejecutarse de inmediato, convirtiéndolo en un ciudadano común sujeto a proceso .
¿Por qué esta vez el resultado podría ser distinto? El análisis legislativo sugiere que tres factores estructurales han cambiado radicalmente el equilibrio de poder. Primero, la composición del Congreso: en 2024 Morena obtuvo una mayoría calificada que le permite avanzar sin depender de los votos del PRI para sus reformas constitucionales, eliminando el incentivo de usar el desafuero como moneda de cambio . Segundo, el colapso interno del PRI: figuras históricas como Francisco Labastida y Dulce María Sauri se han distanciado públicamente de Alito, describiendo su permanencia como el “secuestro” de un partido que hoy carece de valor como operador político útil . Tercero, la fatalidad de los plazos: si el dictamen no se vota antes del 30 de abril, el proceso caería nuevamente en la congeladora legislativa hasta septiembre, un escenario que Morena parece no estar dispuesto a permitir esta vez .
El historial de este caso está plagado de sospechas de negociaciones oscuras. En 2022, el congelamiento del primer desafuero coincidió sospechosamente con el voto del PRI a favor de mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad nacional . Sin embargo, la actual administración de la Fiscalía General, ahora bajo el mando de Ernestina Godoy, ha colocado este expediente como una prioridad institucional . Incluso se ha mencionado que la pausa reciente se debió a una estrategia para no “contaminar” la agenda legislativa con el Plan B electoral, pero una vez superado ese obstáculo, el pretexto para la dilación ha desaparecido .
El impacto de un desafuero aprobado sería devastador en términos simbólicos y políticos para lo que queda del Revolucionario Institucional. Un presidente de partido bajo proceso penal por corrupción no solo es una carga electoral inmensa de cara a 2027, sino que invalida cualquier narrativa de oposición ética frente al actual gobierno. Alito Moreno, quien incluso viajó a Washington buscando presión internacional sobre el gobierno mexicano, se encuentra ahora ante una realidad ineludible: los elementos para decidir su suerte ya están en manos de una Sección Instructora que no parece dispuesta a dar marcha atrás .
Lo que suceda en los próximos 23 días definirá si la política mexicana es capaz de romper los ciclos de impunidad negociada o si Alito Moreno encontrará, una vez más, un resquicio legal para sobrevivir. No obstante, con un dictamen ya redactado y una mayoría legislativa lista para ejecutarlo, el horizonte del 30 de abril se perfila como el día del juicio final para una de las figuras más polémicas de la transición política contemporánea en México .
