El debate sobre la soberanía de las entidades federativas y la legalidad de los convenios de colaboración internacional en materia de seguridad pública ha alcanzado su punto más crítico. En las últimas horas, la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, protagonizó un polémico episodio en los principales espacios noticiosos de la Ciudad de México. Lo que inicialmente se proyectó como una estrategia de comunicación diseñada para mitigar el impacto de las recientes crisis políticas y deslindar a su administración de presuntas operaciones encubiertas de agencias estadounidenses, terminó por convertirse en un revés mediático. Ante las preguntas incisivas de reconocidos comunicadores, las declaraciones de la mandataria y los antecedentes documentados de su equipo de seguridad expusieron una compleja red de acuerdos institucionales que, de acuerdo con analistas y leyes de seguridad nacional, carecen del aval indispensable de la Federación.
La mandataria panista inició una extensa gira mediática por las principales cadenas de televisión y radio de la capital del país. De acuerdo con informes sobre asignaciones presupuestales destinadas a la difusión gubernamental y la publicidad oficial, la administración estatal mantiene convenios significativos con grandes consorcios informativos. Estas asignaciones anuales contemplan montos que ascienden a los 111 millones de pesos para Televisa, cerca de 95 millones de pesos para TV Azteca
, 47 millones de pesos para Radio Fórmula, 31 millones para Grupo Imagen, 22 millones para El Universal y 16.5 millones de pesos para la plataforma Latinus. A estas cifras se suma el gasto en medios locales, donde destaca el diario local de la entidad con un presupuesto asignado superior a los 200 millones de pesos. Esta fuerte inversión económica en relaciones públicas busca mantener una percepción favorable, pero la complejidad de los cuestionamientos recientes rebasó las líneas de contención discursiva.
El momento de mayor tensión ocurrió durante la entrevista concedida al periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula. En medio de una conversación sobre las problemáticas fronterizas del estado, que comparte más de 900 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, se planteó de manera directa la pertinencia de que personal armado de agencias de inteligencia norteamericanas, como la CIA, la DEA o el FBI, participara de forma activa en los operativos tácticos contra la delincuencia organizada junto a las corporaciones estatales mexicanas. Aunque este tipo de intervención armada en territorio nacional violenta de forma explícita el marco establecido por la Ley de Seguridad Nacional, la gobernadora Campos Galván se manifestó abiertamente a favor de dicha posibilidad, argumentando la necesidad de esquemas profundos de cooperación internacional debido a las dimensiones del reto delictivo.
Sin embargo, el error discursivo más evidente quedó registrado ante las cámaras cuando se abordó el conocimiento que la gubernatura poseía sobre operativos específicos en la entidad. Al ser interrogada sobre la participación de agentes extranjeros en acciones recientes para detener a objetivos prioritarios, la gobernadora intentó matizar sus palabras utilizando el término de “personal de la agencia”. El lenguaje corporal de nerviosismo de la mandataria fue evidente para la audiencia cuando, de forma imprevista, admitió que en dichos operativos participaban “quienes debían de participar” para detener a los generadores de violencia, haciendo alusión directa a la DEA o al FBI. Los gestos y señas de advertencia realizados por su equipo de asesores detrás de las cámaras para que detuviera su declaración no pasaron desapercibidos en la transmisión, forzando a una interrupción incómoda del bloque informativo que evidenció las profundas contradicciones en la versión oficial del gobierno de Chihuahua.
Este tropiezo informativo no es un hecho aislado, sino que conecta de forma directa con revelaciones e investigaciones periodísticas que datan desde inicios del año 2026. En febrero de ese año, diversas indagatorias alertaron sobre las verdaderas implicaciones logísticas y tecnológicas del búnker policiaco insignia de la actual administración: la denominada Plataforma o Torre Centinela. A pesar de los desmentidos iniciales y del blindaje informativo que rodeaba al proyecto, las propias declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, terminaron por validar los señalamientos sobre una colaboración permanente instalada en dicha infraestructura con agencias del gobierno de los Estados Unidos.
Documentos de conferencias de prensa y archivos de medios que reciben financiamiento oficial, como el Heraldo de Juárez, confirman que las autoridades locales diseñaron la Torre Centinela bajo un esquema que contempla no solo el intercambio de información de inteligencia, sino la presencia física eventual y potencialmente permanente de agentes norteamericanos en sus instalaciones. De acuerdo con datos internos, el proyecto contempla la asignación de espacios de resguardo exclusivos, catalogados de forma coloquial como búnkeres o pisos dedicados para el personal de la DEA y el FBI. Aunque el secretario de Seguridad Pública afirmó en su momento que se corrían en paralelo los trámites necesarios ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para obtener las autorizaciones correspondientes para un “siguiente nivel de colaboración”, la realidad legal indica que las facultades estatales fueron utilizadas para concretar acuerdos operativos de forma unilateral, antes de recibir la validación constitucional del Gobierno Federal.
A este complejo panorama se suma otra polémica internacional de carácter legal que involucra a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua. Se ha documentado la vigencia de un convenio de colaboración técnica y de gestión del recurso hídrico firmado de manera directa por la administración estatal con el gobierno de Israel. Este pacto fue signado omitiendo los canales institucionales de la diplomacia mexicana y sin notificar formalmente a la Cancillería. Diversos analistas señalan con preocupación el creciente involucramiento de corporaciones internacionales de origen israelí en el control y la planeación de los mantos acuíferos en diversas regiones del país, una tendencia que ha comenzado a expandirse principalmente en entidades federativas gobernadas por partidos de oposición y que carece de la transparencia requerida para temas de seguridad estratégica y recursos vitales.
Finalmente, la viabilidad financiera y la transparencia en la construcción de la Torre Centinela se encuentran bajo un serio cuestionamiento público debido a la naturaleza de la empresa contratista encargada del proyecto: Seguritech. Esta corporación, de composición accionaria binacional, arrastra un largo historial de observaciones por retrasos significativos en la entrega de obras y la ejecución de contratos bajo presuntos sobreprecios en diversas entidades federativas gobernadas por el Partido Acción Nacional, tales como Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. Los retrasos de más de dos años en la consolidación de la infraestructura tecnológica en Chihuahua, sumados a las admisiones públicas sobre la injerencia operativa de agencias de inteligencia extranjeras sin control federal, han provocado que diversos sectores sociales y legisladores comiencen a plantear la necesidad de iniciar procesos de fiscalización severos e, incluso, solicitudes de juicio político por posibles violaciones a las leyes de seguridad nacional y el pacto federal.
