HARFUCH CATEA 2 EMPRESAS de los CHAPITOS y REVIENTA RED de LAVADO de DINERO en CHIHUAHUA
que se emite desde Washington en Estados Unidos. El tesoro está anunciando que desmantela las operaciones de tráfico de fentanilo del cártel de Sinaloa. El 20 de mayo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó una lista, 12 personas, dos empresas mexicanas, un restaurante en Chihuahua que servía comida mientras lavaba dólares del fentanilo, una empresa de seguridad privada cuyos guardias protegían algo que nunca apareció en ningún contrato oficial.
Y en el centro de todo, un método que la mayoría de los mexicanos nunca había visto usado así. Criptomonedas, dinero digital, el efectivo del narco convertido en código, viajando por internet sin fronteras, sin aduanas, sin perros entrenados que lo puedan oler. Omar García Harfuch leyó el expediente completo antes de que los noticieros abrieran sus transmisiones de la mañana.
Cerró el folder, dio la orden. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. El hombre que diseñó este esquema de criptomonedas llegó al puesto porque al anterior lavador lo mataron. Jiménez Castro se llamaba lo ejecutaron y el sistema siguió funcionando al día siguiente como si nada porque las redes que mueven el dinero del fentanilo están construidas para sobrevivir la muerte de cualquiera de sus piezas.
Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfush. Quédate hasta el final porque en los próximos minutos vas a entender tres cosas que ningún noticiero de televisión te va a explicar esta semana. Primero, cómo funciona exactamente el método de las criptomonedas para lavar dinero del narco, explicado de manera que cualquier persona lo pueda entender.
Segundo, ¿quién es Armando de Jesús Ojeda Avilés? El hombre que reemplazó a un lavador muerto y siguió operando como si el trabajo fuera una herencia familiar. Tercero, ¿qué significa que un restaurante en Chihuahua y una empresa de seguridad privada aparezcan en una lista de sanciones del gobierno más poderoso del mundo? Y hay una cuarta cosa, un nombre que apareció en los registros de la OFAC de manera casi discreta, Jesús González Peñuelas.
Está prófugo. Su historia no termina aquí, termina en el siguiente video. Pero empecemos por el principio, el 20 de mayo de 2025 a las 10 de la mañana, hora de Washington, la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la que todos conocen por sus siglas en inglés como OFAC, publicó un comunicado oficial.
No fue un anuncio de arrestos, no fue una conferencia de prensa con detenidos esposados frente a las cámaras, fue algo más silencioso y en muchos sentidos más poderoso que todo eso. lista, 12 nombres de personas físicas, dos nombres de empresas, todos vinculados al cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que desde la extradición de su padre ha mantenido el control operativo de la organización más poderosa del tráfico de drogas en el continente americano. El cargo central,
tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos y lavado del dinero que ese tráfico genera. Para entender el peso de una sanción de la OFAC, hay que entender primero qué hace exactamente esa oficina. Cuando la OFAC sanciona a una persona o a una empresa, lo que está haciendo es congelar todos sus activos que estén bajo jurisdicción estadounidense y prohibir a cualquier ciudadano o empresa de los Estados Unidos hacer negocios con esa persona o entidad.
Cualquiera que viole esa prohibición se expone a sanciones penales y civiles severas. En términos prácticos significa que Armando de Jesús Ojeda Avilés no puede abrir una cuenta bancaria en ningún banco que opere bajo regulación estadounidense. No puede recibir pagos de ninguna empresa con operaciones en los Estados Unidos. No puede comprar propiedades, vehículos o cualquier activo en un mercado que tenga contacto con el sistema financiero norteamericano y cualquier dinero que tenga depositado en ese sistema queda bloqueado de manera inmediata. Pero hay
algo más. Una sanción de la OFAC es también una señal. Una señal para los bancos mexicanos, para los socios comerciales, para cualquier persona que haga negocios con el sancionado. La señal dice, “Este hombre está en la mira. Quien lo ayude, quien le facilite una transacción, quien le firme un contrato, asume el riesgo de quedar también en esa lista.
Es una herramienta de aislamiento financiero y el gobierno de los Estados Unidos la usa con una precisión que lleva años perfeccionando. Ahora, ¿quién es Armando de Jesús Ojeda Avilés? Los documentos de la OFAC lo describen como el responsable de una red de lavado de dinero que opera para los chapitos.
Pero para entender quién es Ojed Avilés en el contexto real de esta historia, hay que entender primero quién era la persona a la que reemplazó. El nombre es Luis Alberto Jiménez Castro. Jiménez Castro era el lavador, el hombre que tomaba el efectivo generado por el tráfico de fentanilo y lo convertía en dinero limpio, en activos legales, en propiedades y empresas que no levantaran sospechas.
Era una pieza fundamental de la operación financiera de los Chapitos, una pieza que, como todas las piezas fundamentales en el mundo del crimen organizado, tenía un precio sobre su cabeza, lo ejecutaron. La fecha exacta del asesinato de Jiménez Castro no aparece de manera destacada en los comunicados oficiales de la OFAC, pero su muerte está documentada como el evento que precipitó la reorganización de la red de lavado.
Cuando un lavador muere, hay un problema inmediato. El dinero sigue llegando, el fentanilo sigue cruzando la frontera, las ganancias siguen acumulándose, pero el sistema para procesar ese dinero queda temporalmente sin cabeza. En una empresa legítima, cuando muere el director financiero, hay un proceso de transición, hay juntas de consejo, hay análisis, hay tiempo.
En una organización criminal de este nivel, el tiempo es dinero y el dinero es sangre. La transición fue inmediata. Ojeda Aviles asumió el rol y aquí es donde la historia se vuelve técnicamente importante para entender lo que está pasando. Jiménez Castro operaba con métodos más tradicionales de lavado de dinero, empresas fachada, propiedades, efectivo físico transportado a través de la frontera por distintos mecanismos.
Métodos probados, métodos que las autoridades conocen bien y que eventualmente dejaban rastros. Ojeda Viles llegó con una actualización del sistema. las criptomonedas. Vamos a tomarnos un momento aquí porque este es el punto central del video y es importante que quede completamente claro cómo funciona este método, porque si entiendes cómo funciona, entiendes por qué la OFAC lo está combatiendo con tanta urgencia y porque este esquema es diferente a todo lo que el narco había usado antes. Las criptomonedas son
dinero digital, no existen en forma física, no hay un billete, no hay una moneda, son registros en una red de computadoras distribuida por todo el mundo. La más conocida es el Bitcoin, pero hay decenas de variantes, algunas de ellas diseñadas específicamente para dificultar el rastreo de las transacciones.
Cuando haces una transferencia bancaria normal, hay un rastro. Tu banco sabe quién eres. El banco del destinatario sabe quién es él. Los reguladores tienen acceso a esa información. Si algo parece sospechoso, pueden congelar la transacción. Con ciertas criptomonedas eso se complica mucho. El esquema que Ojeda Villes implementó, según los documentos de la OFAC funciona de la siguiente manera.
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El primer paso ocurre en territorio de los Estados Unidos. Los distribuidores del cártel de Sinaloa en ciudades estadounidenses recaudan el efectivo de la venta de fentanilo. Ese efectivo no puede depositarse directamente en un banco sin generar alertas automáticas. Entonces se lleva a personas que actúan como intermediarios, gente que tiene acceso a plataformas de intercambio de criptomonedas y que acepta efectivo físico a cambio de criptomonedas que quedan registradas en una billetera digital. El segundo paso es el
movimiento. Las criptomonedas se transfieren de billetera en billetera, a veces a través de múltiples cuentas intermediarias en distintos países, usando herramientas técnicas que dificultan seguir el rastro. Cada transacción puede hacerse en segundos, puede hacerse desde cualquier teléfono con conexión a internet, puede pasar a través de jurisdicciones donde la regulación de criptomonedas es prácticamente inexistente.
El tercer paso es la llegada a México. Cuando las criptomonedas ya han viajado a través de suficientes capas de intermediación, se convierten nuevamente en dinero convencional, en pesos mexicanos, en una cuenta bancaria o en efectivo físico. Y ese dinero en el papel parece dinero limpio. Tiene un origen que es difícil de rastrear hasta el efectivo de la venta de fentanilo en las calles de Phoenix o Houston o Chicago.
Este es el método que Ojeda Bilés implementó para los chapitos. Y la razón por la que la está sancionando ahora con tanta urgencia es que este método ha resultado ser considerablemente más difícil de rastrear y bloquear que los métodos tradicionales, pero los estadounidenses lo rastrearon. Y la pregunta que los investigadores todavía están respondiendo, la que tiene nombre en los archivos de Harf, es cuánto tiempo lleva funcionando este sistema y cuánto dinero ha pasado por él.
En la libreta de pasta negra que los peritos forenses digitales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana empezaron a analizar en las horas posteriores al anuncio de la OFAC, hay números, transferencias, fechas, montos que los investigadores están cruzando con los registros financieros de las dos empresas sancionadas. Esa libreta es la pieza que puede cambiar el caso completo.
Hablemos ahora de las empresas. La OFA sancionó dos entidades mexicanas vinculadas a esta red, un restaurante con sede en el estado de Chihuahua y una empresa dedicada la seguridad privada, el restaurante primero. Un restaurante es, en términos de lavado de dinero, uno de los negocios fachada más clásicos y más efectivos que existen.
La razón es simple, los restaurantes manejan grandes volúmenes de efectivo. Es difícil auditar exactamente cuántos clientes entran cada día y cuánto gasta cada uno. Y los costos operativos son variables y difíciles de verificar externamente. Si un restaurante declara que tuvo un viernes muy concurrido y que los ingresos de ese día fueron de 300,000 pesos, ¿cómo lo verificas? Los clientes pagaron en efectivo, no hay un registro individual de cada consumo.
El personal que trabajó ese día puede confirmar que estuvo lleno. El dinero del fentanilo entra mezclado con el dinero real de las mesas y sale como ingreso declarado de un negocio aparentemente legítimo. El restaurante sancionado en Chihuahua operaba bajo este esquema. Los documentos de la OFACalan que una parte de los recursos generados por el tráfico de fentanilo pasaba por los registros contables de ese establecimiento, transformándose en ingresos de operación normal, pagando impuestos sobre esos ingresos y saliendo al sistema
financiero como dinero con un origen declarado y verificable. La empresa de seguridad privada es un caso diferente y en varios sentidos más preocupante. Una empresa de seguridad privada tiene acceso legal a armamento. Tiene personal capacitado en vigilancia y en el uso de la fuerza.
tiene contratos con empresas, con propiedades, a veces con instituciones y tiene una razón perfectamente legítima para mover personal y vehículos de un punto a otro sin levantar sospechas. En el contexto de una red de tráfico de drogas, eso vale mucho más que cualquier cantidad de dinero lavado. Los documentos de la OFAC no detallan hasta qué punto el personal de esa empresa participó directamente en actividades criminales.
señalan la vinculación financiera con la red de Ojeda Viles y su función dentro del esquema de lavado. Pero los investigadores que analizan este caso saben que una empresa de seguridad privada vinculada a los chapitos no es solo una fachada contable, es una cobertura operativa 40 minutos antes de que la OFAC publicara su comunicado oficial el 20 de mayo.
Alguien que los investigadores identifican en sus registros internos, pero cuyo nombre no ha sido hecho público todavía, salió de una oficina en la Ciudad de México. Se fue, tomó un vehículo, no era Ojeda Avilés, no era González Peñuelas, era alguien más en esta red, alguien con un rol que los archivos de la Secretaría de Seguridad describen como el enlace.
El enlace no está detenido. El enlace sigue libre. Su historia completa aparece en el próximo video. Volvamos a los 12 nombres en la lista de la OFAC, porque la lista completa importa. Armando de Jesús. Ojeda Avilés encabeza la primera red identificada en el comunicado. Alrededor de él, la OFAC identificó a varias personas que facilitan distintas partes del esquema, los que recaudan el efectivo en territorio estadounidense, los que hacen las conversiones a criptomonedas, los que administran las cuentas intermediarias, los que finalmente
reciben el dinero ya transformado en México y lo canalizan hacia los negocios fachada. Cada persona en esa lista tiene un rol específico. La OFAC no sanciona por asociación vaga. Para que un nombre aparezca en esa lista, los investigadores tienen que documentar una función concreta dentro del esquema criminal.
La segunda red identificada en el mismo comunicado está encabezada por Jesús González Peñuelas. González Peñuelas opera un esquema paralelo, también vinculado a los chapitos, también orientado al lavado de los recursos del fentanilo. Los documentos de la OFAC señalan que su red usa mecanismos distintos a los de Ojeda Vilés, aunque ambas redes sirven a la misma organización y eventualmente los recursos pasan por algunas de las mismas estructuras de intermediación.
Jesús González Peñuelas está prófugo. Eso significa que las autoridades mexicanas y estadounidenses saben quién es, saben qué hace, tienen suficiente documentación sobre su operación para que la OFAC lo sancione oficialmente. Y sin embargo, él no está detenido, está en algún lugar moviéndose. Probablemente sabía que el comunicado llegaba antes de que llegara.
Y esa pregunta, la de cómo supo, es la que los investigadores están respondiendo ahora mismo. Regresemos a García Jarfuch. Porque su rol en este caso no es el de un secretario de seguridad que reacciona a un comunicado extranjero. Su rol es el de alguien que lleva meses coordinando inteligencia con la OFAC, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con la DEA, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
El comunicado del 20 de mayo no fue una sorpresa para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. fue el resultado visible de un proceso de inteligencia compartida que lleva tiempo construyéndose. Cuando García Harfuch cerró ese folder a primera hora de la mañana, lo que activó fue un protocolo que ya estaba preparado.
Las unidades de investigación de la secretaría empezaron a cruzar los 12 nombres con sus propias bases de datos. Los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera empezaron a revisar las transacciones vinculadas a las dos empresas sancionadas desde sus registros fiscales mexicanos. Los peritos forenses digitales empezaron el proceso de identificación y rastreo de las billeteras de criptomonedas mencionadas en el expediente.
Porque hay algo que la OFAC puede hacer que las autoridades mexicanas socias no pueden replicar de manera inmediata. Rastrear movimientos de criptomonedas en tiempo real usando herramientas de análisis de blockchain que el gobierno estadounidense tiene desarrolladas a un nivel de sofisticación que pocos países en el mundo pueden igualar.
El blockchain es el registro público de todas las transacciones de criptomonedas. Cada transferencia queda registrada ahí para siempre de manera permanente. Lo que es difícil no es ver las transacciones, sino conectar las billeteras digitales anónimas con personas reales. Y eso es exactamente lo que los analistas de la OFAC lograron hacer en este caso.
Identificaron las billeteras, las conectaron con personas y con esas conexiones construyeron el expediente que terminó en la lista del 20 de mayo. La libreta de pasta negra que los peritos mexicanos están analizando contiene parte de esa misma información, pero desde el lado mexicano de la operación. ¿Qué billeteras recibieron? ¿Qué montos? ¿En qué fechas? A través de qué intermediarios y crucialmente a qué cuentas bancarias o a qué negocios se canalizaron esos recursos una vez convertidos de nuevo en pesos. Esa libreta conecta el método de
las criptomonedas con el restaurante en Chihuahua y conecta el restaurante con la empresa de seguridad privada y la empresa de seguridad privada con nombres que todavía no han aparecido en ninguna lista pública. Uno de esos nombres es el que los archivos internos de la Secretaría de Seguridad llaman. en documentos que no están destinados a la prensa, el contador.
No porque sea literalmente un contador, aunque tiene formación en ese campo, sino porque es el que lleva las cuentas reales de la operación, el que sabe exactamente cuánto dinero ha pasado por este esquema. Desde que Ojeda Viles tomó el control tras la muerte de Jiménez Castro. El contador no está en la lista de la OFAC todavía y la pregunta de por qué todavía no está en esa lista, a pesar de que su nombre aparece en los expedientes compartidos entre ambos gobiernos, es la que abre el bucle más incómodo de toda esta historia.
Analicemos ahora el contexto político más amplio de estas sanciones, porque el 20 de mayo de 2025 no es una fecha arbitraria. El gobierno de los Estados Unidos lleva varios meses ejerciendo una presión sostenida sobre México en materia de cooperación antinarcótica. Esa presión tiene múltiples frentes: aranceles comerciales, amenazas de designación del cártel como organización terrorista extranjera, declaraciones públicas de funcionarios que cuestionan la capacidad o la voluntad del gobierno mexicano para combatir el tráfico de
fentanilo. En ese contexto, una sanción de la OFAC incluye dos empresas mexicanas y 12 ciudadanos mexicanos tiene una dimensión diplomática que va más allá de lo criminal. Es una señal. al gobierno mexicano, a los mercados financieros internacionales, a los bancos que operan en México. La señal dice que el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a identificar y sancionar públicamente actores del crimen organizado mexicano, aunque el proceso de detención y extradición tarde más tiempo. Para la Secretaría de
Seguridad y para García Harfish en particular, esta sanción es simultáneamente un activo y una presión. Es un activo porque les da herramientas legales adicionales para trabajar contra estos actores dentro de México. Las sanciones de la OFAC tienen efectos en el sistema bancario mexicano porque los bancos que operan en México también operan en los Estados Unidos y no pueden permitirse violar las regulaciones estadounidenses.
Es una presión porque el reloj está corriendo. Jesús González Peñuelas está prófugo. El enlace que salió de esa oficina 40 minutos antes del comunicado oficial también está libre. Y cada día que pasan sin ser detenidos es un día en que pueden mover activos, destruir evidencia, cambiar de método. Hay algo más en la dimensión política de estas sanciones que merece atención.
Los 12 nombres en la lista no son todos operadores de campo de bajo nivel. Algunos de ellos tienen, según los documentos de la OFEC, conexiones con estructuras financieras que van más allá del cártel de Sinaloa, conexiones con empresas que tienen contratos con dependencias gubernamentales en el nivel municipal y estatal.
Eso no significa que esas dependencias sean cómplices. Puede ser que los vínculos sean indirectos, que las empresas Fachada hayan ganado contratos en procesos competitivos legítimos usando recursos ya lavados. Pero significa que el dinero del fentanilo, una vez procesado a través de criptomonedas y restaurantes y empresas de seguridad, termina entrando al sistema económico formal, de manera que es extraordinariamente difícil de rastrear completamente.
Y eso es en el fondo lo que estas sanciones están intentando bloquear, la integración del dinero criminal en la economía legítima. El fentanilo como producto llega a los Estados Unidos y mata a decenas de miles de personas cada año. Eso es la cara visible del horror. Pero el dinero que ese fentanilo genera regresa a México y contamina la economía, corrompe estructuras de gobierno, financia la compra de protección judicial y política y perpetúa el ciclo.
Las sanciones de la OFACa atacan ese ciclo en un punto específico. momento en que el dinero criminal intenta volverse dinero legítimo, cortarlo ahí es más difícil que cortar el flujo de las drogas, pero si funciona, el impacto es estructural. García Harfuch lo sabe. Por eso el protocolo que activó el 20 de mayo no es solo de investigación criminal, es de inteligencia financiera, es de coordinación con Hacienda, es de rastreo de activos que van más allá de las 12 personas en la lista, porque esos 12 son la punta y la Secretaría de Seguridad
está mirando lo que hay debajo. Hay una pregunta que los analistas que siguen este caso están haciendo en privado. Una pregunta que no ha aparecido en ninguna cobertura de los grandes medios y que, sin embargo, es probablemente la más importante de todas las que rodean a este caso. Si Ojeda Avilés llegó al puesto tras la muerte de Jiménez Castro y si la red siguió funcionando sin interrupciones después de esa muerte, ¿quién garantizó esa continuidad? Un esquema de lavado de esta complejidad con criptomonedas, con empresas fachadas
registradas legalmente, con redes de distribución de efectivo en múltiples ciudades estadounidenses, no se transfiere de un operador a otro de un día para otro sin que alguien con visión completa del sistema supervise la transición. Alguien conocía el esquema completo desde antes de que Jiménez Castro muriera.
Alguien que podía introducir a Ojeda Vilés en todos los eslabones de la cadena. que podía garantizar que los intermediarios confiaran en el nuevo operador, que podía asegurar que las billeteras de criptomonedas y las cuentas intermediarias no fueran abandonadas, sino transferidas. Los investigadores tienen un nombre para esa persona en sus archivos internos.
No es el contador, es alguien por encima del contador. En los registros de la OFAC aparece solo como un patrón de transacciones que los analistas no han podido conectar todavía con una identidad física verificable. En los expedientes de la Secretaría de Seguridad, ese patrón tiene un nombre en clave, el arquitecto.
El arquitecto diseñó el sistema. Lo hizo antes de que Jiménez Castro muriera como si supiera que esa muerte llegaba. Lo hizo de manera que pudiera ser operado por distintas personas sin que la estructura completa dependiera de ninguna de ellas. El arquitecto no está en la lista del 20 de mayo y esa ausencia es la pregunta más incómoda que rodea estas sanciones.
Eso es lo que este canal existe para contarte. Los titulares del 20 de mayo dijeron, “Estados Unidos sanciona a 12 personas vinculadas al cártel de Sinaloa. Eso es verdad. Y es importante, pero quedarse ahí es quedarse en la superficie de algo que tiene mucho más debajo. Debajo está el método de las criptomonedas, que está cambiando la manera en que el narco lava dinero y que va a obligar a los dos gobiernos a desarrollar herramientas de rastreo que todavía no existen en la escala que se necesita. Debajo está la pregunta de
González Peñuelas prófugo y cómo supo que el comunicado llegaba. Debajo está la libreta de pasta negra que los peritos analizan en este momento y que puede conectar a estas 12 personas con un número mayor de actores que todavía no han aparecido en ninguna lista pública. Y debajo de todo eso está el arquitecto, cuyo nombre los investigadores conocen en privado y que por alguna razón que los documentos oficiales no explican, todavía no aparece ningún comunicado.
Suscríbete, activa la campana porque el próximo video va a publicarse en las próximas horas y en él va a aparecer un nombre que hoy solo existe en documentos que no están destinados a circular. En algún lugar en este momento en una oficina con cortinas cerradas o en una propiedad que no está registrada a su nombre. El arquitecto está leyendo la misma lista de la OFAC que García Harfuch leyó a primera hora del 20 de mayo.
Está contando los nombres, está verificando que el suyo no está y está haciendo algo más. Está mirando la libreta de pasta negra que ya no está donde él la dejó. Esa libreta existe, los peritos la tienen y lo que haya escrito en sus páginas va a cambiar los nombres que aparecen en la próxima lista. González Peñuela sigue libre.
El arquitecto sigue libre. El contador sigue sin nombre público y en Chihuahua el restaurante abrió esta mañana. Las mesas están puestas, la comida se sirve caliente y afuera en la calle nadie que pase frente a esa puerta tiene manera de saber lo que ese negocio financió y lo que la libreta de pasta negra dice sobre él todavía.
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