24 HORAS DE TENSIÓN POLÍTICA — PETRO ACUSA Y EL GENERAL URREGO CONTESTA EN VIVO

217. Felicitaciones para los colombianos de más edad, para los que saben lo que cuesta ganarse un reconocimiento en cualquier trabajo, para los que entienden que nadie le da 217 felicitaciones a alguien que no las merece. Ese número dice más sobre el general Urrego que cualquier discurso de defensa que él mismo pudiera pronunciar.

Ese número dice que en 30 años de carrera sus superiores, sus pares, sus subordinados y las instituciones con las que trabajó reconocieron en 217 ocasiones distintas que hizo las cosas bien, que actuó con honestidad, que cumplió con lo que le correspondía de una manera que merecía ser destacada, que fue, en el lenguaje sencillo de la gente que trabaja con el cuerpo y con el alma un buen policía.

Ese era el hombre que el 11 de febrero de 2026 se quedó sin trabajo por un decreto firmado por él, viceministro de defensa, sin proceso, sin audiencia, sin que nadie en el gobierno le mostrara una sola prueba de lo que le estaban imputando. Cuando la Policía Nacional ascendió a Edwin Urrego a Brigadier General en diciembre de 2024, también le asignó el mando de la policía metropolitana de Barranquilla, la cuarta ciudad más grande del país, con una realidad de seguridad compleja que requería exactamente el tipo de perfil que él

había construido. durante décadas un hombre que sabe de investigación criminal, que tiene conexiones internacionales, que conoce cómo operan las estructuras del crimen organizado en los puertos y en las rutas del narcotráfico, y que no le tiene miedo a los resultados que incomodan. Lo que Urego hizo en Barranquilla en los 12 meses que estuvo al frente de esa policía metropolitana no fue ordinario y los números lo confirman con la objetividad que los números tienen cuando alguien se toma la molestia de buscarlos en lugar de quedarse solo con

los titulares. Janiel Melamet, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, uno de los centros de análisis más rigurosos en temas de seguridad del norte de Colombia. Lo dijo con la precisión de quien maneja datos y no opiniones. El general Urrego fue junto a otro oficial uno de los únicos dos comandantes de policías metropolitanas en todo el país que al cierre de su gestión lograron entregar indicadores positivos y en el caso de Barranquilla, ese indicador fue una reducción del 14% en los registros anualizados de

homicidios. una reducción del 14% en los homicidios de una ciudad que vive con una presión constante del crimen organizado. En el mismo periodo en que los grupos armados a nivel nacional crecían un 23% según los informes de la Fundación Ideas para la Paz, es un resultado que no se explica con suerte ni con coincidencia.

es el resultado de trabajo serio, de operaciones bien planeadas, de una inteligencia policial aplicada con rigor y ese trabajo serio, esas operaciones bien planeadas, esa inteligencia aplicada con rigor, eventualmente rozaron algo que en Colombia nunca es recomendable rozar si uno quiere conservar el trabajo y la tranquilidad, los intereses de alguien que tiene poder suficiente para hacer que una acusación sin prueba se convierta en un decreto de retiro firmado el mismo día que el presidente la anuncia en público.

Ese algo tenía nombre y apellido y ese nombre era Armando Benedetti. Armando Benedetti es el tipo de político colombiano que los colombianos de más edad reconocen de inmediato, no porque sea nuevo, sino porque es exactamente el tipo de figura que este país ha visto demasiadas veces. Alguien que lleva décadas en la política, que ha estado en todos los partidos, que ha apoyado a todos los presidentes que le han convenido y se ha opuesto a todos los que no le han convenido, que acumula poder con una consistencia que no tiene

nada que ver con las ideas y todo que ver, con la capacidad de leer en qué dirección sopla el viento y de pararse siempre del lado correcto antes de que nadie más lo haya calculado. Benedetti fue uribista cuando convenía ser uribista. fue santista cuando convenía ser santista y llegó al gobierno de Gustavo Petro como uno de sus operadores políticos más cercanos, primero como embajador en Venezuela y luego como ministro del Interior, el cargo desde el que se maneja la relación del gobierno con el Congreso. Se administran las lealtades y

se negocian los apoyos políticos que un gobierno necesita para gobernar. En noviembre de 2025, la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento a la vivienda de Benedetti en Barranquilla dentro de una investigación por corrupción que llevaba años en curso, que involucraba presuntos préstamos irregulares y enriquecimiento ilícito, y que la magistrada había llevado con la discreción y la paciencia de los procesos judiciales que construyen sus casos ladrillo por ladrillo para que

cuando llegue el momento de actuar la acción sea inobjetable. El allanamiento se realizó con más de 30 policías con toda la rigurosidad de una diligencia judicial de esa envergadura. Y la esposa de Benedetti, que en ese momento estaba enferma en la casa, tuvo que recibirlos en ausencia de su marido. La reacción de Benedetti fue la reacción que muchos colombianos ya conocen cuando alguien con poder se enfrenta a la justicia y no tiene argumentos jurídicos sólidos para detenerla.

 ataques personales, descalificaciones, insultos y acusaciones de persecución política. Llamó a la magistrada lombana loca, demente y delincuente en declaraciones a Caracol Radio. Dijo que la Corte Suprema no tenía competencia para investigarlo porque ya no era senador. Dijo que era un abuso de poder. Dijo que iba a denunciar a la magistrada.

 dijo, “En resumen, todo lo que dice alguien que no puede controvertir una orden judicial con argumentos legales y decide entonces usar el micrófono como arma.” Lo que Benedetti no dijo, lo que nunca se le escucha decir en ninguna de las entrevistas que dio después del allanamiento, es algo muy simple, que la diligencia fue ilegal, que las pruebas que se buscaban no existían, que la investigación que la magistrada lombana llevaba 7 años construyendo era una fantasía.

No lo dijo porque no podía decirlo, porque el allanamiento fue ordenado por una autoridad judicial competente y ejecutado por la Policía Nacional, conforme a todos los procedimientos que la ley exige. Y el general que comandaba la Policía Metropolitana de Barranquilla cuando ese allanamiento se realizó, el oficial que recibió la solicitud de apoyo de la magistrada y que dispusó los recursos necesarios para que la diligencia se llevara a cabo según la ley era el general Edwin Urrego.

La magistrada lombana lo confirmó ella misma en una carta dirigida al Ministerio de Defensa después del allanamiento, que ella personalmente planificó y dirigió la diligencia, que los policías que la apoyaron no tuvieron conocimiento de la misión sino hasta el momento de su ejecución y que agradeció el acompañamiento de la fuerza pública porque fue profesional y apegado a la ley.

 El general Urrego no sabía que iba a la casa de Benedetti hasta que ya estaba en camino a Bogotá en un avión. Cuando alguien le informó a quién iba dirigida la diligencia que sus hombres estaban ejecutando en ese momento, hizo lo que cualquier comandante de policía hace cuando una magistrada de la Corte Suprema solicita apoyo para ejecutar una orden judicial, ordenó que se prestara todo el apoyo necesario conforme a la ley.

 Eso es exactamente lo que le correspondía hacer. y ese acto de cumplir con la ley, ese momento en que un general de policía hizo su trabajo con la misma frialdad profesional con que lo había hecho durante 30 años fue el momento en que el gobierno de Gustavo Petro decidió que ese hombre tenía que salir. Pero la historia no termina en el allanamiento, porque si la inconformidad del ministro Benedetti con el general Urrego fuera simplemente el resultado del operativo en su casa de Barranquilla, la secuencia de eventos que siguió no tendría la

gravedad que tiene. no tendría esas capas de implicaciones que el general reconoció en la entrevista con Julio Sánchez Cristo cuando dijo con esa calma que incomoda más que cualquier grito, que había otras situaciones, que no podía hablar de ellas todavía, que en su momento hablarían por sí solas. Esas otras situaciones, esas circunstancias que el general guardó dentro de su silencio, como se guardan las cosas que pesan demasiado para decirlas en cualquier contexto, son la parte más importante de esta historia,

porque son las que explican por qué el gobierno no se conformó con trasladarlo de Barranquilla a Cali, sino que meses después decidió que era necesario sacarlo completamente de la institución con una acusación tan grave como la de haber querido drogar al presidente. Porque eso, esa acusación descomunal, esa historia de las sustancias psicoactivas en las camionetas presidenciales y del complot para sabotearla reunión con Trump.

 Eso no es la acusación de alguien que tiene pruebas y quiere presentarlas ante la justicia. Eso es la acusación de alguien que necesita destruir la credibilidad de un hombre antes de que ese hombre pueda hablar. Es la diferencia entre investigar y atacar. Es la diferencia entre la justicia y la reputación como arma. Es la diferencia entre un gobierno que usa las instituciones para aplicar la ley y un gobierno que las usa para perseguir a los que la aplican.

El presidente Gustavo Petro hizo ese anuncio el 11 de febrero de 2026 en Córdoba. Frente a sus ministros, sin presentar evidencia adicional, sin dar fechas precisas de cuando había ocurrido el supuesto plan, sin explicar como un general que comandaba la policía en Cali habría tenido acceso al esquema de seguridad presidencial en territorio estadounidense durante la visita a Washington del 3 de febrero.

Esas preguntas básicas, esas inconsistencias que cualquier periodista con experiencia ve de inmediato cuando escucha una acusación tan grave, pero tan vaga, quedaron flotando en el aire ese día sin respuesta. Porque el presidente no estaba presentando un caso ante la justicia, estaba anunciando una decisión que ya había tomado y esa decisión era la salida del general Urrego de la Policía Nacional a través del decreto 0147 de 2026, firmado ese mismo día por el viceministro de Defensa, porque el ministro titular estaba fuera del país.

Así funciona la figura del llamamiento a calificar servicios en Colombia. El ejecutivo puede retirar a un oficial del servicio activo sin presentar pruebas, sin juicio, sin que el afectado tenga la oportunidad de defenderse ante ningún tribunal antes de que la decisión surta efecto.

 Y el decreto que lo retira no necesita explicar nada más allá de la fórmula legal que justifica la salida, que en este caso fue simplemente esa. Llamamiento a calificar servicios. 32 años de carrera, 217 felicitaciones, 62 concoraciones. El general que capturó a Papá Pitufo en España. El general que redujo los homicidios en Barranquilla un 14% en un país donde los grupos armados crecían.

 el general que apoyó un allanamiento ordenado por la magistrada de la Corte Suprema porque era su obligación legal hacerlo. Todo eso, toda esa vida construida ladrillo por ladrillo sobre la base del servicio honesto, desapareció en un decreto de pocas líneas firmado por un viceministro un martes de febrero. Y Edwin Urrego, ese hombre de San Bernardo, Cundinamarca, que 20 años antes le había jurado a Colombia que iba a defenderla, se quedó sin trabajo.

 con su nombre arrastrado por los noticieros, con su familia escuchando que el presidente de la República lo acusaba públicamente de haber querido sabotear a Colombia en territorio extranjero. Ese fue el momento en que los poderosos esperaban que el general se quebrara. Ese fue el momento en que se equivocaron porque lo que ocurrió en las horas que siguieron al decreto de retiro, lo que nadie en el gobierno de Petro calculó cuando decidió destruir la reputación de ese hombre con una acusación sin pruebas en un consejo de ministros, es que Edwin

Urrego no era el tipo de hombre que se quiebra. No lo era porque 32 años en la Policía Nacional de Colombia, en los cargos que él ocupó, enfrentando las estructuras criminales que él enfrentó, tomando las decisiones que él tomó bajo la presión que genera ese tipo de trabajo, no producen el tipo de hombre que cede cuando alguien con poder le dice que ceda.

 producen exactamente el tipo contrario, el hombre que sabe cuando está siendo atacado injustamente, que conoce la diferencia entre una acusación con fundamento y una acusación diseñada para destruir y que tiene la convicción suficiente para pararse frente a Colombia entera y decir lo que sabe, aunque nadie con poder esté de su lado en ese momento.

ese mismo día con el decreto de retiro recién firmado, sin que nadie del gobierno le diera la oportunidad de revisar las supuestas pruebas en su contra. Sin notificación formal de las acusaciones del presidente, el general Edwin Urrego dio una entrevista en el programa Crisis y Poder de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo.

 Se sentó sin abogados, sin guion preparado, sin el escudo de ningún partido político ni de ninguna maquinaria que lo respaldara y habló. dijo que la acusación era una locura, que era una desinformación, que eso no había ocurrido, que no podía existir ninguna prueba seria porque el hecho que se le imputaba no había existido, que estaba dispuesto a someterse a cualquier investigación, incluso a un polígrafo, porque no tenía nada que esconder, que si las autoridades de Estados Unidos querían investigarlo, él entregaría toda la información que se le

solicitara y que Cuando llegara el momento, habría circunstancias y situaciones que tendrían que mencionarse, que existían, que las conocían quienes correspondía y que cuando se analizaran explicarían exactamente lo que estaba pasando. Esas palabras pronunciadas con la calma de quien tiene la conciencia tranquila y solo necesita el tiempo para que la verdad haga.

 Su trabajo son las palabras que el gobierno de Petro no quería que Colombia escuchara y Colombia las escuchó. Esta es apenas la primera parte. ¿Usted cree que en Colombia es posible sacar a un general con 32 años de carrera y 217 felicitaciones con una acusación sin pruebas presentadas ante ningún juez? ¿O cree que detrás de esa acusación hay algo que el gobierno necesita urgentemente que Colombia no descubra antes de las elecciones? Hay una palabra en el derecho colombiano que los abogados usan cuando una acusación no tiene soporte, cuando los

cargos que se presentan contra alguien no descansan sobre pruebas reales, sino sobre suposiciones, rumores o intereses, y esa palabra es temeraria. Una acusación temeraria no es simplemente una acusación equivocada. Es una acusación que quien la hace sabe o debería saber que no tiene fundamento, que se presenta de todas formas con la intención de producir un daño, de manchar una reputación, de eliminar a alguien del escenario antes de que ese alguien pueda causar el problema que los acusadores quieren evitar. Lo que el

presidente Gustavo Petro hizo el 11 de febrero de 2026 en ese Consejo de Ministros en Córdoba, cuando señaló al general Edwin Urrego como el hombre detrás de un complot para meterle sustancias psicoactivas en sus camionetas durante su visita a Washington. Fue exactamente eso, una acusación sin pruebas reales, sin evidencia presentada ante ningún tribunal, sin proceso legal que la respaldara, basada en un documento de inteligencia que cuando los periodistas colombianos lo buscaron y lo encontraron, revelaba algo que el

gobierno prefería que nadie supiera. El informe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el documento de 15 páginas que, según el gobierno justificaba el retiro del general Urrego, había nacido de un correo anónimo. Un correo anónimo, no una investigación de años, no una escucha autorizada por un juez, no un testigo con nombre y apellido dispuesto a responder por lo que decía.

Un correo anónimo que llegó a Colombia Humana, el partido del presidente Petro, advirtiendo que supuestamente en Barranquilla estaban planeando involucrar al presidente y al ministro Benedetti en un decomiso de drogas. Eso es lo que había detrás de la acusación más grave que un presidente colombiano ha lanzado públicamente contra un general de la Policía Nacional en los últimos tiempos.

 Un mensaje sin firma, sin identidad verificable, sin ninguna de las características que hacen que una pieza de información sea confiable para construir sobre ella. Una decisión que destruya la carrera de un hombre. Y la propia Dirección Nacional de Inteligencia, la entidad que elaboró el informe con ese material, lo reconoció en sus conclusiones con una honestidad que contrasta con la manera en que el presidente presentó esos hallazgos en el Consejo de Ministros.

 El informe no formuló acusaciones definitivas sobre el general Urrego, sino que expuso hipótesis, posibilidades, cosas que no se descartaban, escenarios que podrían haber ocurrido sin que hubiera evidencia concreta de que efectivamente hubieran ocurrido. No se descarta la posibilidad de que estas personas pudieran haber sido abordadas por alguna agencia extranjera con el posible propósito de ser utilizadas para determinados fines.

Eso no es una acusación. Eso es una especulación escrita en lenguaje formal. Eso es el tipo de frase que los redactores de informes de inteligencia usan cuando tienen información que no han podido verificar y que incluyen de todas formas porque alguien de arriba quiere que esté en el documento, no porque los hechos lo respalden, sino porque la conclusión ya fue decidida antes de que se escribiera la primera línea.

 Y esa especulación, ese no se descarta la posibilidad, fue el fundamento sobre el que el presidente Gustavo Petro se paró frente a sus ministros y dijo, con la solemnidad del cargo que representa que un general de la Policía Nacional había planeado drogar sus camionetas para arruinar una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Los colombianos de bien merecen saber eso antes de formarse una opinión.

Para entender por qué esa acusación se hizo en ese momento exacto, hay que entender primero lo que estaba ocurriendo en Washington esos días, porque el contexto de la visita de Petro a la Casa Blanca es inseparable de la acusación que siguió y del decreto que retiró al general de la institución que había servido durante 32 años.

El 2 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro llegó a territorio estadounidense con una delegación que incluía a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La visita tenía un objetivo que Petro había esperado durante meses, años incluso.

 Una reunión cara a cara con Donald Trump en la Casa Blanca. El tipo de encuentro que en la diplomacia internacional tiene un valor simbólico enorme, que en el caso de Colombia significaba la posibilidad de salir de la llamada a Lista Clinton, que limitaba las relaciones comerciales con Estados Unidos y que para un presidente cuya política exterior había estado marcada por las tensiones con Washington, representaba una oportunidad de Riset que no podía desperdiciarse.

La reunión se realizó el 3 de febrero de 2026 a las 11 de la mañana, hora de Washington. a puerta cerrada, sin conferencia de prensa conjunta, con la presencia del secretario de estado, Marco Rubio, y del secretario de defensa, Petexet, del lado norteamericano. Lo que rodeó esa visita, sin embargo, no fue el ambiente de triunfo diplomático que el gobierno colombiano hubiera querido proyectar.

La recepción en el aeropuerto fue atípica. No hubo funcionarios oficiales de la Casa Blanca esperando a Petro. Trump no salió a recibirlo en la entrada del edificio, como es costumbre en la diplomacia de alto nivel, y el permiso de entrada que Colombia obtuvo para el presidente fue una visa válida por apenas 5 días, una señal diplomática que los analistas internacionales leyeron como una muestra de que la relación entre los dos mandatarios seguía siendo tensa debajo de la superficie de la agenda bilateral, en ese contexto de fragilidad

diplomática, en ese escenario donde Petro necesitaba que todo saliera bien para poder mostrar a Colombia que su política exterior había dado resultados. La idea de que alguien de la propia institucionalidad colombiana hubiera intentado sabotear esa reunión de que existiera un enemigo interno que quería hacerle quedar mal frente a Trump.

 era exactamente el tipo de narrativa que un gobierno con problemas de imagen necesita como escudo. Porque cuando un gobierno tiene dificultades reales, cuando las encuestas muestran que el respaldo popular cae, cuando las noticias sobre corrupción entre sus propios aliados llenan los titulares, la mejor manera de cambiar el tema es crear un enemigo claro, señalar a alguien que sea responsable de los males, convertir una historia complicada y difícil de explicar en una historia simple de buenos y malos, donde el gobierno está

del lado de los buenos y el general es el villano. Eso es lo que Colombia estaba viendo cuando Petro hizo ese anuncio. Y los colombianos de más edad, los que han vivido suficiente tiempo en este país para reconocer ese mecanismo cuando lo ven, lo reconocieron de inmediato. Ahora bien, el informe de inteligencia mencionaba dos nombres, el del general Edwin Urrego y el del teniente coronel Óscar Moreno Arroyabe.

El coronel Moreno Arroyabe había servido como enlace con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos. en el grupo grate de Bogotá, la unidad de trabajo conjunto entre la policía colombiana y la Agencia estadounidense para Operaciones contra el narcotráfico. Ese detalle, esa conexión con la DEA que el Correo Anónimo presentaba como algo sospechoso, es quizás el elemento más revelador de toda la historia, porque en cualquier país del mundo, en cualquier institución policial seria, tener experiencia de trabajo con la Agencia

Antidrogas de los Estados Unidos no es una señal de alarma, es una credencial. Es la prueba de que ese oficial fue considerado confiable y capaz por una de las agencias de inteligencia más exigentes del planeta. Pero para el gobierno de Petro, para un gobierno que durante 4 años había tenido relaciones tensas con Washington, precisamente por el tema del narcotráfico, para un gobierno cuya política de paz total había generado fricciones con la DEA porque implicaba reducir la presión sobre las estructuras criminales que esa agencia perseguía. Un

oficial colombiano con conexiones verificadas con la DEA podía verse desde un ángulo muy diferente al de la mayoría de los colombianos. No era una credencial. Era una sospecha y esa sospecha envuelta en el lenguaje formal de un informe de inteligencia que admitía no tener pruebas concluyentes, fue suficiente para que el gobierno firmara el decreto de retiro del general Urrego el mismo día que el presidente hizo el anuncio en el Consejo de Ministros.

El teniente coronel Moreno Arroyab fue retirado también en las horas siguientes. Dos hombres sin proceso, sin audiencia, sin que nadie les mostrara el informe que los comprometía, sin que ningún juez evaluara si la evidencia era suficiente para tomar esa medida. En Colombia eso se puede hacer. La figura del llamamiento a calificar servicios existe precisamente para que el ejecutivo tenga la capacidad de renovar mandos en las fuerzas militares y de policía cuando lo considera necesario, sin necesidad de un proceso

judicial. es una herramienta legítima en el derecho colombiano, pero hay una diferencia enorme entre usar esa herramienta para una renovación ordinaria de mandos y usarla al mismo tiempo que el presidente hace una acusación pública de conspiración contra uno de los oficiales afectados, porque en ese segundo caso, la herramienta legal deja de ser una decisión administrativa y se convierte en un instrumento de castigo sin proceso, en una condena sin juicio, en la destrucción de la reputación de un hombre con el peso del cargo

presidencial. como arma y sin la posibilidad de defensa que cualquier colombiano, con uniforme o sin él tiene derecho a recibir. Pero la historia que el general Urrego llevaba guardada dentro de sus silencios, la que él mencionó en la entrevista de crisis y poder con esa parsimonia de quien sabe que las cosas tienen su momento, no empieza en febrero de 2026.

 Empieza en noviembre de 2025, en una madrugada en Barranquilla, con 30 policías en la puerta de una casa donde vivía el ministro del interior del gobierno de Gustavo Petro. Armando Benedetti, antes de ser ministro del Interior, fue uno de los senadores más poderosos de Colombia durante décadas. Un hombre que acumuló influencia política con la misma naturalidad con que otros acumulan anécdotas, que sabía exactamente cómo funcionaban los engranajes del Congreso y cómo usarlos a su favor.

 y que llegó al gobierno de Petro con el tipo de deuda que los operadores políticos acumulan cuando ayudan a llevar a alguien al poder, la expectativa de que ese poder se usaría también para proteger los intereses de quienes lo hicieron posible. La magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia llevaba años investigando a Benedetti.

La investigación giraba alrededor de un préstamo de 3600 millones de pesos que Benedetti había recibido del empresario Euclides Torres para comprar una mansión en Barranquilla. Ese préstamo tenía varias características que la magistrada encontraba problemáticas. La primera era el monto. 3,600 millones de pesos es una suma que en Colombia está muy por encima de lo que un ciudadano ordinario, incluso un político bien pagado, puede recibir como préstamo informal de un amigo sin que eso levante preguntas sobre el origen del dinero y

sobre la naturaleza real de la transacción. La segunda era el prestador. Euclides Torres no era un hombre ordinario. Era uno de los financiadores más importantes de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Según el propio hijo del presidente, Nicolás Petro, quien hoy enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Era, en otras palabras, un hombre cuyo dinero y cuya relación con el poder del Estado merecían ser examinados con la mayor rigurosidad. La tercera era la deuda impagada. Benedetti admitió ante la Corte Suprema que al momento de la indagatoria no había pagado ni un solo peso del préstamo que Torres le había hecho, a pesar de que el dinero se había usado para comprar la propiedad y el apartamento que supuestamente iba a vender para pagar la deuda había sido incautado por la fiscalía en el marco de otra investigación, dejando a Benedetic

endeudado hasta los tuétanos en sus propias palabras, con un hombre que financiaba al partido de gobierno. para la magistrada lombana. Esa combinación de elementos configuraba una situación que merecía investigarse a fondo, que planteaba la posibilidad de que entre Benedetti y Torres se hubiera construido una relación que iba más allá de la amistad, que podría involucrar el uso del cargo de senador para favorecer los intereses económicos del prestador, lo que en el derecho colombiano tiene un nombre, tráfico de influencias.

Y en febrero de 2025, antes incluso del allanamiento, la Corte Suprema ya había llamado a juicio a Benedetti por tráfico de influencias en relación con hechos ocurridos entre 2016 y 2017, ligados a contrataciones en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. Ese era el contexto. Eso era lo que estaba investigando la magistrada cuando en noviembre de 2025 decidió que era el momento de ejecutar el allanamiento a la vivienda de Barranquilla.

Y el general que comandaba la policía metropolitana de esa ciudad, el hombre que recibió la solicitud de apoyo de la magistrada y que dispusó los recursos necesarios para que la diligencia se cumpliera conforme a la ley era el general Edwin Urrego. Lo que ocurrió en las horas que siguieron al allanamiento es el tipo de reacción que en Colombia se reconoce de inmediato porque se ha visto demasiadas veces.

Benedetti, que no estaba en la casa cuando llegaron los policías porque viajaba a Bogotá, se enteró del operativo mientras estaba en camino y reaccionó con una furia que sus propias palabras describen. Mejor que cualquier análisis. llamó a la magistrada Lombana al loca, demente y delincuente en declaraciones a los medios.

 Dijo que la investigación era una persecución política. Dijo que el allanamiento había sido un abuso de poder y dijo que la Corte Suprema no tenía competencia para investigarlo. Su esposa, que estaba enferma en la casa cuando llegaron los 30 policías, tuvo que atender la diligencia sola. Benedetti usó ese detalle como parte de su narrativa de victimización, pintando el allanamiento como un acto de brutalidad contra una mujer enferma, cuando la realidad documentada es que la diligencia se realizó conforme a todos los procedimientos legales y que la

magistrada que la ordenó tenía bases jurídicas sólidas para hacerlo. Pero lo que más interesa para esta historia no es cómo reaccionó Benedetti ante los medios, sino como reaccionó dentro del gobierno. Porque el ministro del Interior, el hombre encargado de manejar la relación entre el ejecutivo y el Congreso, el operador político más cercano a Petro en ese momento, le expresó su inconformismo al general Urrego por las situaciones relacionadas con su residencia.

El propio general lo confirmó en la entrevista de crisis y poder con esa serenidad de quien no necesita amplificar las cosas para que pesen, que el ministro manifestó su inconformismo, que hubo situaciones específicas que generaron incomodidad, que esas situaciones fueron tratadas institucionalmente, que hay otras circunstancias que no puede revelar todavía, pero que cuando llegue el momento explicarán lo que pasó.

Y en diciembre de 2025, un mes después del allanamiento, el general Urrego fue trasladado de Barranquilla a Cali. Julio Sánchez Cristo le preguntó en la entrevista si ese traslado había sido un castigo. El general respondió con la honestidad que caracterizó cada una de sus respuestas esa tarde, que no podía decirlo, que las decisiones institucionales sobre traslados obedecen a las necesidades del servicio, pero que él no lo recibiría como el mejor hecho de su carrera.

Lo que los hechos sí dicen es que ir de Barranquilla a Cali como comandante de la policía metropolitana no es un descenso. Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia con una presión de seguridad diferente y con un pie de fuerza mayor que el de Barranquilla. En términos estrictamente institucionales, el traslado fue una reubicación, no una sanción formal.

Pero en la política real, en el mundo donde las señales importan tanto como los hechos, sacarlo de la ciudad donde había incomodado al ministro y donde tenía el tipo de información que solo acumula. un comandante policial que conoce la realidad de todos los actores de su territorio. Eso era algo más que un movimiento administrativo.

Era ponerlo en un lugar diferente, lejos de Barranquilla, lejos de los archivos, lejos de los testigos, lejos de la red de conocimiento que él había construido durante el año que estuvo al frente de esa ciudad. Y cuando ese movimiento no resultó suficiente, cuando el general Encali siguió siendo lo que había sido siempre, un hombre que hacía su trabajo con consecuencia y que no parecía dispuesto a olvidar lo que sabía, llegó la acusación de febrero.

El informe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el documento de 15 páginas que según el gobierno justificaba la salida del general tiene una característica que cuando uno la conoce hace que todo lo demás adquiera un significado diferente. El propio informe reconocía en sus conclusiones que no había pruebas concluyentes.

No lo decía con esas palabras exactas porque los documentos de inteligencia no suelen usar el lenguaje directo de la certeza cuando no tienen certeza. Lo decía con el lenguaje de la posibilidad, no se descarta, podría haber sido abordado. Hipótesis de trabajo. El tipo de frases que en un documento oficial significan exactamente lo que significan, que quien lo escribió no tenía evidencia suficiente para afirmar lo que estaba insinuando.

Y en las conclusiones de ese mismo documento, las que resumían el trabajo de análisis de toda la información recopilada, la DNI no estableció que el general Urrego había conspirado contra el presidente. Estableció hipótesis, describió posibilidades y dejó abiertas las preguntas que una investigación real debería haberse hecho antes de que nadie firmara ningún decreto.

 Ese documento, esa colección de hipótesis sin verificar construidas sobre un correo anónimo, fue el fundamento de la acusación que un presidente hizo frente a sus ministros, frente a las cámaras, frente a Colombia entera contra un general con 32 años de servicio, 217 felicitaciones y 62 condecoraciones. Los medios colombianos que encontraron y analizaron el informe fueron directos en su valoración.

 Los periodistas de la FM dijeron con claridad que lo que habían averiguado era que no hay pruebas contundentes. El colombiano tituló su análisis del documento con una frase que resume todo. El informe que le costó la salida al general Urrego estaría basado en un anónimo. Basado en un anónimo. 32 años de carrera. basado en un anónimo. Cuando el general Urrego se sentó frente a Julio Sánchez Cristo esa tarde del 11 de febrero, lo que estaba haciendo no era simplemente dar una entrevista de defensa personal, estaba haciendo algo que en Colombia

tiene una rareza que la hace valiosa precisamente porque es tan rara. estaba diciéndole la verdad a su país en el momento más difícil de su vida profesional, sin protección, sin red de seguridad, sin la maquinaria política que amortigua los golpes para los que pertenecen al sistema. Y lo que dijo en esa entrevista, escuchado con la atención que merece, construye una imagen muy diferente de la que el gobierno había querido proyectar.

Cuando le preguntaron si el presidente había cometido un error al acusarlo públicamente sin haberlo notificado primero, él no respondió con amargura. Respondió con la precisión de quien entiende el derecho, que si en efecto las acusaciones se referían a él, las declaraciones del presidente tenían trascendencia penal y que él tomaría las acciones legales correspondientes para defender su nombre y su honra.

Cuando le preguntaron por las situaciones en Barranquilla que no podía revelar todavía, dijo exactamente lo necesario y nada más que existían, que fueron reportadas a sus superiores, que hay situaciones complementarias que cuando se analicen explicarán lo que pasó y que en su momento las nombraría. Cuando le preguntaron si tenía pruebas, dijo que sí, que hay una situación específica que grabó sin saber que la iba a necesitar y que ese material existe y está guardado.

Cuando le preguntaron si los narcotraficantes que había combatido en Barranquilla podían estar detrás de su salida, lo reconoció con la misma calma con que había reconocido todo lo demás, que sí, que hay estructuras criminales que podrían estar buscando su salida precisamente por los resultados que obtuvo contra ellas.

Y cuando le preguntaron directamente si estaba dispuesto a entregar información a las autoridades de Estados Unidos, si ese país decidía investigar las acusaciones del presidente colombiano, su respuesta fue la que solo da el hombre que no tiene nada que esconder, que sí, que estaba dispuesto, que si un estado extranjero lo requería y la ley lo permitía, él entregaría toda la información necesaria para que la situación fuera esclarecida.

esa respuesta, esa disposición a hablar con las autoridades de un país que tiene más capacidad investigativa que cualquier institución colombiana y que no está bajo la influencia del gobierno de Petro, es quizás la parte más significativa de toda la entrevista, porque significa que Edwin Urrego no solo está seguro de su inocencia frente a las acusaciones del presidente, sino que está dispuesto a aprobarla ante cualquier instancia que tenga la independencia necesaria para evaluarlos hechos sin presión política.

Eso no lo dice un hombre que esconde algo, eso lo dice un hombre que tiene algo que mostrar. Colombia lleva décadas viendo como sus instituciones son usadas como armas, como los cargos y las acusaciones y los procesos se convierten en instrumentos de poder cuando quienes los controlan deciden que es más conveniente perseguir a alguien que dejarle hacer su trabajo.

Los colombianos de más edad saben de qué se trata. Lo han visto en sus propias familias, en sus propios barrios, en las historias de personas que conocieron y que fueron señaladas por decir lo que no debían o por saber lo que no. Convenía que supieran. ¿Saben que en Colombia hay una diferencia entre la justicia y el poder? que a veces esa diferencia es tan grande que parece un abismo y que cruzar ese abismo del lado de la justicia cuando el poder está del otro lado requiere un tipo de valor que no todos tienen y que

los que lo tienen merecen que Colombia lo respalde. El general Edwin Urrego cruzó ese abismo el 11 de febrero de 2026 cuando se sentó frente a esa cámara sin guion ni abogados ni aliados políticos y dijo lo que sabía y guardolo que todavía no podía decir y esa combinación, la verdad que dijo y el silencio que guardó.

 Le enviaron al gobierno de Petro un mensaje que los colombianos de bien entendieron perfectamente, que ese hombre no se quebraría, que no desaparecería en silencio, que estaba dispuesto a esperar el momento en que pudiera hablar sin restricciones y que ese momento estaba más cerca de lo que el gobierno quisiera.

Esta es apenas la segunda parte. ¿Cree usted que en Colombia un informe basado en un correo anónimo sin pruebas concluyentes según la propia inteligencia del Estado? Es razón suficiente para destruir públicamente la carrera de un hombre con 32 años de servicio honesto? ¿O cree que detrás de ese informe hay algo que el gobierno necesitaba urgentemente que Colombia no investigara? Hay momentos en la historia de los países que no parecen importantes cuando ocurren.

 Momentos que los grandes medios registran como noticias del día y que los analistas tratan como episodios aislados, sin mayor trascendencia, pero que con el tiempo, cuando uno los mira con la distancia que da haber visto lo que vino después. Resultan ser exactamente los momentos en que algo se rompió o algo se salvó o algo cambió de manera irreversible en la manera en que un pueblo entiende su propio país.

El 11 de febrero de 2026 fue uno de esos momentos para Colombia. No porque ese día ocurriera algo espectacular, no porque hubiera bombas o marchas o declaraciones de guerra, sino por algo mucho más sencillo y mucho más poderoso, porque ese día un hombre ordinario, un hombre que había pasado toda su vida adulta sirviendo con honestidad en una institución que Colombia necesita que funcione bien.

 se paró frente a su país en el momento más difícil de su vida y dijo la verdad cuando la mentira hubiera sido mucho más cómoda, cuando el silencio hubiera sido mucho más seguro, cuando desaparecer sin hacer ruido hubiera sido lo que todos esperaban y lo que el poder necesitaba. Y al hacer eso, al pararse cuando los poderosos esperaban que se agachara, el general Edwin Urrego le devolvió a Colombia algo que este país lleva mucho tiempo buscando sin siempre saber, como nombrarlo, la imagen de un hombre que no tiene precio, que no tiene miedo

suficiente para callarse cuando sabe que está siendo atacado injustamente, que entiende que hay cosas que valen más que el cargo y más que la tranquilidad y más que el aplauso de quienes mandan. Eso no se puede comprar. Eso no se puede fabricar con una estrategia de comunicaciones. Eso solo existe en las personas que lo tienen desde adentro, desde el lugar donde se forman los valores que no cambian cuando cambia el contexto.

 Y en los colombianos de más edad, en los que han visto suficiente para saber la diferencia entre el hombre que habla desde la convicción y el hombre que habla desde el cálculo. Esa diferencia se reconoció de inmediato cuando Edwin Urrego abrió la boca frente a la cámara de Julio Sánchez Cristo. Pero esta historia no termina en la entrevista porque lo que ocurrió después de esa tarde del 11 de febrero reveló cosas que el gobierno de Petro no había calculado cuando decidió que destruir públicamente la reputación de ese general era la

solución más conveniente a los problemas que su cartera de inconformidades con el establishment policial estaba creando. El 25 de febrero de 2026, dos semanas después de que el decreto de retiro se firmara y el general saliera de la institución sin proceso ni audiencia, la revista Cambio Colombia publicó una investigación que le dio al caso una dimensión completamente diferente.

El correo anónimo que había servido como base del informe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ese mensaje sin firma ni identidad verificable que supuestamente advertía de un complot policial contra el presidente tenía un problema que hacía colapsar toda la construcción narrativa del gobierno. El correo había sido enviado suplantando la identidad de otra persona, su plantación.

El documento que le costó 32 años de carrera al general Edwin Urrego. El texto que fue procesado por la inteligencia del Estado y convertido en 15 páginas de hipótesis y posibilidades y cosas que no se descartaban. El fundamento sobre el que el presidente de la República acusó en público a un oficial de la Policía Nacional de conspiración y sabotaje había sido enviado por alguien que usó la identidad de otra persona para que el origen real del mensaje no pudiera rastrearse.

Eso no es un error administrativo. Eso no es una falla técnica del sistema de inteligencia que puede explicarse con las dificultades inherentes a este tipo de trabajo. Eso es la descripción de un montaje de una operación deliberada de desinformación diseñada para producir exactamente el resultado que produjo, la salida del general de la institución, la destrucción de su reputación pública y el silenciamiento preventivo de un hombre que tenía información que alguien con poder necesitaba que no saliera la luz.

Y cuando esa información apareció, cuando los periodistas que hacían su trabajo con la independencia que el periodismo real requiere encontraron y publicaron ese dato, el gobierno no salió a explicar qué había pasado con la verificación del correo antes de convertirlo en el fundamento de una acusación presidencial.

 No salió a reconocer que el proceso había tenido fallas. No salió a decirle a Colombia que se había equivocado y que el general Urrego merecía una explicación. guardó silencio. Y ese silencio en Colombia después de todo lo que había pasado, después de la acusación en el Consejo de Ministros y del decreto firmado el mismo día y de las declaraciones públicas con trascendencia penal que el propio general había mencionado en la entrevista, ese silencio del gobierno no era la ausencia de una respuesta, era en sí mismo una respuesta, la única que el

poder tiene cuando ya no puede sostener la versión que construyó y todavía no está dispuesto a asumir las consecuencias de admitirlo. Para los colombianos de más edad, para los que recuerdan otros tiempos en que este mismo mecanismo se usó contra otras personas con otros nombres, pero con la misma lógica de fondo.

 Lo que estaban viendo en esas semanas de febrero de 2026 era algo muy familiar, algo que el corazón reconoce antes de que la mente encuentre las palabras para describirlo. reconocían el patrón del poder que ataca cuando se siente amenazado, que no distingue entre el culpable y el inocente cuando necesita un chivo expiatorio, que usa las instituciones del Estado como instrumentos de persecución cuando esas instituciones deberían ser exactamente lo contrario, el escudo que protege al ciudadano de los abusos del poder, no el arma con que

el poder aplasta al ciudadano que lo incomoda. Ese patrón es tan viejo como la política colombiana y los que han vivido suficiente tiempo en este país lo han visto en todas las direcciones, desde todos los gobiernos, de todos los colores políticos. Porque el abuso del poder no tiene ideología, porque la tentación de usar el estado para destruir al que estorba no es de izquierda ni de derecha.

 Es simplemente el instinto de los que tienen poder y no quieren perderlo. Disfrazado con el lenguaje de la seguridad nacional o de la protección institucional o de la defensa de la democracia. Dependiendo de cuál de esos trajes quede mejor en el momento en que necesitan ponérselo. Pero lo que esta historia tiene de diferente, lo que la hace singular en el archivo largo y doloroso de los abusos del poder en Colombia, es el hombre al que el poder eligió atacar esta vez.

Porque Edwin Urrego no era el tipo de hombre al que ese mecanismo le funciona y la razón es la más simple que existe. Tenía la verdad de su lado y la sabía y no estaba dispuesto a hacer como si no la tuviera. En los días que siguieron al decreto de retiro, mientras el gobierno mantenía su versión sin presentar pruebas adicionales y mientras los medios independientes publicaban las inconsistencias del informe de inteligencia, el general Urrego no se quedó esperando en silencio.

anunció que apelaría la decisión de retiro. Dijo que tomaría las acciones legales correspondientes para defender su nombre y su honra, que lo que el presidente había dicho públicamente tenía trascendencia penal, que él llegaría hasta las últimas instancias, que tenía la disposición de someter su caso a cualquier investigación, incluso a las autoridades de los Estados Unidos.

 Si ese país decidía que la acusación que el presidente colombiano había hecho en su territorio merecía ser examinada con la rigurosidad que el gobierno colombiano claramente no le había aplicado. Esas no son las palabras de un hombre vencido. Esas son las palabras de un hombre que sabe que la verdad es más duradera que el poder que la atacó, que sabe que los procesos legales en Colombia, aunque lentos, aunque imperfectos, aunque plagados de las dificultades que cualquier colombiano honesto reconoce, eventualmente producen resultados cuando

las pruebas son reales y cuando la persona que las tiene dispuesta a esperar, a insistir, a no irse. y mientras el general preparaba su defensa legal, mientras recopilaba lo que durante la entrevista describió como situaciones complementarias que cuando se analizaran explicarían exactamente lo que había pasado.

 Colombia estaba procesando en sus propias conversaciones cotidianas en los mercados y en los parques y en los portales de los edificios donde los mayores se sientan a hablar de lo que de verdad les importa lo que había visto en esas semanas. Hay algo que las encuestas no capturan y que los análisis políticos no miden con la precisión que merecen.

 Y es el momento en que los colombianos de a pie, los que no tienen tiempo para seguir todos los titulares, los que procesan la política con el instinto acumulado de años de haber vivido en este país, se dan cuenta de que algo no cuadra. Ese momento había llegado. La aprobación del presidente Petro en la encuesta en Bamer de febrero de 2026 registró un alza de 11 puntos.

 Pasando del 38% en noviembre de 2025 al 49,1%. En febrero, en una medición realizada precisamente entre el 11 y el 22 de febrero, es decir, en los días inmediatamente posteriores al episodio del general Urrego. Ese dato, esa subida de 11 puntos en el momento más polémico del gobierno puede leerse de dos maneras. La primera lectura, la que el gobierno prefiere, es que los colombianos respaldaron a su presidente.

 ¿Qué creyeron en la versión del complot? que la reunión con Trump y la narrativa de un gobierno asediado por fuerzas oscuras le funcionaron al presidente como mecanismo de recuperación de imagen. La segunda lectura, la que los colombianos de más edad hacen con la experiencia de quienes han visto demasiadas encuestas y demasiados gobiernos, es más sencilla y más incómoda que en Colombia las encuestas de imagen presidencial suben cuando el gobierno hace algo grande y visible, cuando hay un evento que concentra la atención nacional, cuando el presidente

aparece en televisión haciendo lo que los presidentes hacen cuando quieren parecer presidentes. Y lo que Petro hizo en esos días fue exactamente eso, reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, aparecer en los noticieros internacionales, generar la imagen de un líder que negocia en el escenario global y al mismo tiempo crear una narrativa interna de amenaza y resistencia que moviliza el apoyo emocional de quienes lo siguen.

 Pero la aprobación que sube por razones de imagen baja con la misma facilidad cuando esa imagen se erosiona. Y lo que la historia del general Urrego estaba erosionando, ladrillo por ladrillo, investigación por investigación, dato por dato, era exactamente la imagen de un gobierno que actúa con rectitud, que usa las instituciones con respeto y que distingue entre la justicia y la conveniencia política.

Porque mientras el gobierno celebraba los números de febrero, mientras la narrativa oficial presentaba el episodio del general como prueba de que el presidente había actuado para proteger al Estado, otras cosas estaban ocurriendo en Colombia que dibujaban un cuadro muy diferente del que el gobierno quería que sus ciudadanos vieran.

Un juzgado había multado al presidente Petro el 27 de febrero de 2026 por incumplir un fallo judicial que lo obligaba a retractarse de declaraciones que había hecho en contra del fiscal Mario Burbos. No era la primera vez. El presidente ya había recibido advertencias por no cumplir con la orden de retractación y su respuesta ante los tribunales que le exigían cumplir la ley había sido la misma que su respuesta ante las inconsistencias del informe contra el general Urrego, el silencio o peor, las declaraciones que el tribunal

calificó de distorsiones del objetivo de la sentencia. El Consejo de Estado se había declarado competente para tramitar una demanda de pérdida de investidura contra el propio presidente Petro. ese mismo 11 de febrero, el mismo día en que fue firmado el decreto de retiro del general Urrego. Esa demanda, esa posibilidad de que la más alta corporación de lo contencioso administrativo en Colombia examinara si el presidente había violado sus obligaciones constitucionales.

el tipo de contexto en que la acusación contra el general adquiría un significado adicional, la de un gobierno que buscaba un tema que desviara la atención de sus propios problemas legales y la seguridad, el tema que más preocupaba a los colombianos de bien, la realidad que más pesaba en las conversaciones cotidianas de las familias que viven en los barrios y los pueblos, donde el crimen organizado no es una estadística, sino una presencia física y diaria, seguía deteriorándose con la constancia de lo que no tiene

solución cuando las decisiones que se toman desde el gobierno van en dirección contraria a las que el problema requiere. En agosto de 2025, 13 policías habían sido asesinados en Amalfi, Antioquia, tras la explosión de un helicóptero antinarcóticos. Al menos seis civiles habían muerto en Cali por un camión bomba.

Los grupos armados seguían creciendo. Las disidencias de las FARC seguían operando en territorios que el estado no controlaba y la política de paz total que el gobierno había defendido como su legado histórico había producido no la paz que prometía, sino el fortalecimiento del crimen organizado al que supuestamente buscaba desmantelar.

En ese contexto, en esa Colombia que cerraba el gobierno de Petro con más grupos armados, más homicidios de policías y más comunidades atrapadas en el fuego cruzado de estructuras que el Estado había negociado, pero no derrotado, la decisión de retirar al general Urrego, al hombre que en Barranquilla había reducido los homicidios un 14% con trabajo policial serio y consecuente.

 Adquiría una dimensión que iba más allá del episodio personal. Porque el mensaje que ese retiro le enviaba a todos los demás generales, a todos los demás oficiales de la Policía Nacional que estaban mirando lo que le pasaba a su compañero. Un mensaje muy claro que en Colombia, bajo este gobierno, si usted cumple con la ley cuando la ley incomoda al poder, si usted apoya el allanamiento ordenado por una magistrada, aunque el allanado sea ministro, si usted combate el crimen, aunque el crimen tenga conexiones con personas importantes, usted puede ser

acusado de conspirador por un correo anónimo y retirado de la institución sin proceso el mismo día. Ese mensaje no fortalece a la Policía Nacional. Ese mensaje la debilita porque le dice a sus oficiales que el criterio para mantenerse en el cargo no es la excelencia operativa ni el cumplimiento de la ley ni los resultados contra el crimen, sino la capacidad de no incomodar a los que tienen el poder de firmar los decretos.

Y un país que necesita una policía fuerte, independiente, profesional y valiente para enfrentar el nivel de amenaza criminal que Colombia tiene hoy, no puede darse el lujo de que sus oficiales aprendan esa lección. Pero la historia del general Edwin Urrego no es solo la historia de un hombre que perdió su trabajo.

Eso sería simplificarla hasta hacerla irreconocible. Es la historia de lo que ocurre cuando el poder subestima a los hombres honestos. Es la historia de lo que pasa cuando quienes mandan desde arriba calculan mal la dignidad de los que sirven desde abajo. Cuando asumen que 32 años de vida entregados a una institución pueden borrarse con un decreto de pocas líneas y una acusación sin pruebas en un consejo de ministros.

 Cuando esperan que el hombre atacado haga lo que los hombres atacados por el poder suelen hacer en Colombia. Agachar la cabeza, tragarse el insulto, desaparecer sin hacer ruido para no empeorarlas cosas. Edwin Urrego no hizo ninguna de esas cosas. Se paró, habló, dijo la verdad. Guardó lo que todavía no podía decir con la paciencia de quien sabe que el tiempo es su aliado y no el del que lo atacó.

 y anunció que volvería, que apelaría, que llegaría hasta las últimas instancias, que la acusación del presidente tenía consecuencias penales que tendría que enfrentar tarde o temprano. Eso no es la reacción de un hombre que tiene algo que esconder. Es la reacción del hombre que tiene todo que mostrar y está esperando el momento en que pueda hacerlo sin restricciones.

Los colombianos de más edad saben con ese saber que no viene de los libros, sino de haber vivido suficiente tiempo en un país complicado, que la verdad en Colombia tarda, pero llega, que los procesos son lentos, que las instituciones fallan a veces y funcionan otras, que hay jueces que resisten y jueces que ceden, que hay momentos en que el poder parece invencible y momentos en que ese mismo poder se desmorona de una manera que nadie esperaba.

Saben también que los hombres como el general Urrego, los que se paran cuando el poder espera que se agachen, no son muchos en ningún país del mundo y que cuando aparecen. Cuando la historia produce uno de esos momentos en que alguien tiene que decidir entre la comodidad y la verdad y elige la verdad, ese momento importa más allá de la persona que lo protagoniza.

 importa para todos los que lo ven, porque les recuerda que es posible, que no todos tienen precio, que el servicio honesto existe, aunque sea raro, y que los que lo practican merecen que el país que dicen defender los defienda también. Esa memoria, ese reconocimiento de lo que vale cuando alguien actúa con integridad en un momento difícil es exactamente lo que Colombia necesita recuperar ahora, en este año electoral en que el país tendrá que decidir qué tipo de futuro quiere, qué tipo de instituciones quiere. ¿Y qué tipo de

personas quiere que estén al mando de un estado que lleva demasiado tiempo siendo usado como instrumento de los que tienen poder en lugar de como escudo de los que no lo tienen? La Policía Nacional de Colombia tiene más de 280,000 hombres y mujeres que se levantan cada día y se ponen el uniforme y salen a las calles a hacer lo que les corresponde.

 Muchos de ellos en condiciones que los colombianos de a pie no ven ni imaginan, en turnos que no terminan cuando terminan en el papel, en barrios donde el peligro no es una posibilidad, sino una certeza, con equipos que a veces no son los adecuados y con salarios que no siempre compensan lo que la vocación de servicio les exige.

Esos 280,000 colombianos vieron lo que le pasó al general Urrego. Y la pregunta que esos 280.000 1 colombianos con uniforme se hacen no es una pregunta abstracta de política o de derecho. Es una pregunta muy concreta, muy humana, muy del tipo de pregunta que se hace quien tiene familia en casa y sabe que su trabajo depende no solo de lo que hace, sino de quien tiene el poder de decidir si lo que hace le conviene al gobierno de turno.

La pregunta es esta, si yo hago lo que me corresponde, si cumplo con la ley, si apoyo una diligencia judicial ordenada por un magistrado, aunque el allanado tenga poder político, si combato el crimen, aunque el crimen tenga conexiones importantes, ¿me va a pasar lo mismo que le pasó al general Urrego? Esa pregunta no tiene una respuesta institucional satisfactoria todavía.

 Y mientras no la tenga, mientras el caso del general siga sin resolverse de una manera que le diga a Colombia que el Estado reconoció el error y lo corrigió, esa pregunta seguirá viviendo en los cuarteles y en los patrulleros y en los corazones de quienes sirven. Y el mensaje que manda no es el que ningún gobierno que diga querer una policía fuerte debería querer mandar.

Hay una última cosa que esta historia necesita decir, la más importante de todas, la que va más allá de los hechos y de los nombres y de los decretos y de los informes de inteligencia basados en correos anónimos. Colombia está en el año más decisivo de su historia reciente, en el año en que su pueblo va a decidir quién recibe el país que el gobierno de Petro entrega, en qué condiciones lo recibe, con qué herramientas lo recibe y con qué tipo de mandato lo recibe.

Y en ese año, en esos meses que quedan antes del 31 de mayo, cada historia que Colombia escuche, cada episodio que entienda, cada mentira que detecte y cada verdad que reconozca, va a contribuir a la decisión que tome en las urnas, al tipo de juicio colectivo que un pueblo hace cuando tiene información suficiente para juzgar con los ojos abiertos en lugar de con los ojos nublados por el miedo o por la desinformación o por el ruido de los que tienen interés en que Colombia no piense con claridad.

La historia del general Edwin Urrego es una de esas historias que Colombia necesita escuchar antes de votar, no porque sea la historia de un candidato o de un partido o de un programa de gobierno, sino porque es la historia de algo más profundo y más esencial que todo eso. La historia de lo que pasa cuando el poder del Estado se usa para atacar a quien cumple con la ley en lugar de para defenderlo.

 la historia de lo que significa vivir en un país donde las instituciones deben proteger a todos y no solo a los que le convienen al gobierno de turno. Y la historia de lo que ocurre cuando un hombre ordinario decide que la verdad vale más que la comodidad y que la dignidad no se negocia, aunque el que esté al otro lado sea el presidente de la República.

Ese hombre se llama Edwin Masley de Urrego Pedraza. Nació en San Bernardo, Cundinamarca. A los 20 años le juró a Colombia que iba a defenderla. Durante 32 años cumplió ese juramento con 217 felicitaciones y 62 con decoraciones como prueba. Y el día que el poder intentó destruirlo con un correo anónimo y un decreto de pocas líneas, se paró frente a Colombia sin abogados, sin guion, sin red de seguridad y dijo lo que sabía.

Colombia lo vio. Y eso, ese momento en que un país ve a uno de los suyos pararse con dignidad frente al abuso, es el tipo de momento que no se olvida, que no se borra con ningún titular ni con ninguna encuesta, que vive en la memoria de los que lo presenciaron con la fuerza silenciosa de las cosas que son verdad, aunque nadie las diga en voz alta.

Esta es la historia de Colombia en el año en que Colombia tiene que decidir. No la decide el general Urrego, no la decide el presidente Petro, no la decide ningún analista, ni ningún medio, ni ninguna fundación extranjera con dinero para pagar campañas mediáticas. La decide usted, usted que nos ve desde su casa, que ha vivido suficiente tiempo en este país para saber cuando le están contando la historia completa y cuando le están contando solo la parte que conviene.

Usted que recuerda tiempos más difíciles y que sabe porque lo vivió en su propio cuerpo. Lo que cuesta construir algo y lo fácil que es destruirlo cuando los que deciden no tienen respeto por lo que otros construyeron. usted que tiene en su mano el 31 de mayo. La única cosa que ningún poder puede quitarle aunque lo intente, su voto, su decisión, su voz en el único momento en que la voz de cada colombiano vale exactamente lo mismo que la de cualquier otro, sin importar cuánto poder tenga, cuánto dinero gaste

 

o cuántos correos anónimos sea capaz de enviar. Colombia merece la verdad completa y usted merece un país donde los hombres que cumplen con la ley sean defendidos por ella. No perseguidos por haberla cumplido. ¿Cree usted que en Colombia todavía es posible que la verdad le gane al poder cuando ese poder usa las instituciones del Estado para destruir a quien lo incomoda? ¿O cree que lo que le pasó al general Urrego es simplemente lo que le pasa a quien se atreve a hacer su trabajo con honestidad en este país? Déjenos su respuesta en los comentarios,

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