De “Alcaldesa Intocable” a Presidiaria
¿Qué pasa cuando la máxima autoridad te embosca y golpea brutalmente frente a 25 compañeros por un ataque de celos? Descubre cómo una psicóloga del DIF, con el rostro destrozado y un simple video viral, logró derrocar la impunidad política y hundir a su corrupta agresora en la cárcel.
¡CAYÓ “LA ALCALDESA INTOCABLE”! | HARFUCH: SELENE “N” PRESIDENTA MUNICIPAL DESTITUIDA Y EN PRISIÓN
Imagínate ir a trabajar un viernes por la mañana creyendo que vas a una reunión ordinaria con tus compañeros del DIF. Imagínate entrar a esa sala convencida de que hablarás sobre el día del niño, sobre actividades para los pequeños del municipio. Imagínate que de repente una policía te sujeta las manos por la espalda y te deja completamente indefensa frente a tus colegas, frente a 25 personas que te conocen, que trabajan contigo día a día, y que entonces la mismísima presidenta municipal, la mujer que fue electa para cuidar y servir a su
comunidad, comience a golpearte la cara, a insultarte, a humillarte delante de todos. Eso no es una escena de una película de terror político. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Miriam Rodríguez González, psicóloga del DIF Municipal de Capuluc, Estado de México, el 2 de mayo de 2025. Y lo que nadie pudo imaginar entonces es que ese acto de brutalidad y abuso de poder marcaría el principio del fin de una alcaldesa que se creyó intocable.
Hoy esa mujer está en prisión y la historia de cómo llegó ahí es una que México necesita escuchar. Para entender lo que ocurrió ese viernes 2 de mayo en el barrio de San Miguelito, primero hay que conocer el escenario. Capuluac, un municipio del Estado de México ubicado en la región poniente, conocido popularmente como la tierra de la barbacoa.
Una comunidad trabajadora, familiar, orgullosa de su historia. Como todos los municipios del país, Capuluak tiene sus propias dinámicas políticas, sus redes de poder local, sus disputas entre vecinos y funcionarios, pero lo que ocurrió ese día superó cualquier disputa política ordinaria. Miriam Rodríguez González era psicóloga adscrita a la Unidad de Apoyo Psicológico de una estancia infantil del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF de Capuloac.
era una servidora pública, una mujer que dedicaba su trabajo al bienestar de las infancias del municipio, a brindar apoyo emocional y psicológico a niñas, niños y familias vulnerables. Tenía un cargo específico, responsabilidades claras y una historia laboral dentro de la institución. Era, en pocas palabras, exactamente el tipo de persona a quien el gobierno municipal debería proteger.
Del otro lado estaba Selena Hernández Herrera, presidenta municipal de Capuluac desde 2024. Postulada por una coalición conformada por el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Morena. Selene había llegado al poder con el respaldo de una alianza política poderosa y desde su cargo ejercía autoridad directa sobre los recursos humanos, el cuerpo policial municipal, las instituciones como el DIF y todos los servidores públicos del Ayuntamiento.
Era formalmente la autoridad máxima del municipio. También estaban en este cuadro dos personas más, Andrea Shanti, Ansastiga Hernández, hija de la alcaldesa, una mujer sin cargo público formal, pero con acceso directo al poder a través de su madre y Ana Lucía Ríos Cano, policía municipal uniformada, en activo, con autoridad para actuar en nombre del Estado.
Nadie en Capunak, ninguno de los 25 empleados del DIF que acudieron a esa reunión ese viernes por la mañana podría haber anticipado lo que estaba por suceder. El 2 de mayo de 2025 comenzó, como cualquier otro día laboral, en la estancia infantil del barrio de San Miguelito. El personal del sistema municipal DIF había sido convocado a una reunión de trabajo para evaluar las actividades realizadas durante la celebración del Día del Niño.
Una junta aparentemente rutinaria del tipo que ocurre en cualquier institución pública. Miriam Rodríguez González acudió sin sospechar nada. No había motivo para tenerlo. Era una reunión de trabajo en su lugar de trabajo con sus compañeros de siempre. Llegó puntual como era su costumbre.
El resto del personal del DIF también estaba ahí, hasta 25 personas que forman parte de la comunidad laboral del municipio. Lo que ocurrió a continuación quedó documentado de múltiples maneras. testimonios de testigos presenciales, registros en video y la investigación posterior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
En un momento dado se presentó en el lugar la entonces presidenta municipal Selena Hernández Herrera, acompañada de su hija Andrea Shanti Anzástiga Hernández y de la policía municipal Ana Lucía Ríos Cano. La reunión de trabajo se convirtió en una trampa. Según la relatoría oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en su recomendación 14 sobre 2025, lo que sucedió fue lo siguiente.
La policía Ana Lucía Ríos Cano, se colocó detrás de Miriam y la sujetó de las manos, inmovilizándola completamente, impidiéndole moverse, defenderse o huir. Con Miriam sujeta e indefensa, Selene Hernández Herrera comenzó a insultarla y a golpearla físicamente. Su hija Andrea también participó en la agresión física. Todo esto ocurrió frente a sus compañeras y compañeros de trabajo, frente a 25 testigos que observaron horrorizados.
¿Cuál fue el motivo? Según declaraciones del padre de Miriam, René, quien habló públicamente días después, la alcaldesa habría actuado movida por rumores de un supuesto romance entre su pareja y la propia víctima. Celos, en otras palabras, una presidenta municipal que utilizó su cargo, su hija civil y a una policía bajo sus órdenes para ajustar cuentas personales.
La agresión no fue un arrebato improvisado. Fue planificada, coordinada y ejecutada con los recursos del Estado. La violencia no se limitó a los golfes. Según la documentación de la CODEM, durante o después de la agresión, la policía Ana Lucía Ríoscano también despojó a Miriam de su celular, su tarjeta de banco, su credencial de elector y una mochila.
A la violencia física se sumó el despojo de sus pertenencias personales y cuando terminó el ataque, ninguna autoridad presente, ningún servidor público en ese recinto le brindó auxilio a Miriam. La dejaron sola, golpeada, humillada y despojada. La Codem documentaría después que Miriam fue víctima de violencia de género, física, psicológica, sexual, patrimonial, simbólica, digital e institucional.
Todo en un mismo episodio. La institución, que debería haber sido su refugio, se convirtió en el escenario de su agresión más brutal. Lo que ocurrió después del 2 de mayo en Capuac es una historia de valentía ciudadana, de evidencia que no pudo ser ignorada y de un sistema judicial que en este caso funcionó.
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Miriam Rodríguez González no guardó silencio. Golpeada con los ojos y la boca moratados e hinchados, tomó la decisión de grabar un video y publicarlo en redes sociales. En ese video, con las marcas visibles de la agresión en el rostro, narró con voz serena, pero firme lo que había ocurrido. señaló directamente a la alcaldesa y a sus acompañantes como responsables y con una claridad que impresionó a quienes lo vieron, declaró, “No quede impune lo que la alcaldesa Selene y dos mujeres más hicieron contra mí, que se sepa el abuso de autoridad
que ejerce, creyéndose intocable.” El video se viralizó de inmediato. La comunidad de Capuluac reaccionó con indignación. Grupos de vecinos se movilizaron hacia el palacio municipal para exigir la renuncia de la alcaldesa. La carretera Ocoyoac, Tiangistenco, Tlazala fue bloqueada durante horas como medida de presión.
Los regidores del municipio, en su mayoría, se pusieron del lado de la víctima y exigieron al gobierno estatal que interviniera. La psicóloga Miriam expresó también su temor por su seguridad y la de su familia y advirtió públicamente que si llegara a sufrir cualquier otra agresión haría responsable directamente a la edil.
Paralelo a esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la CODEM, inició una investigación de oficio. El organismo documentó los hechos a través de videos y notas periodísticas, recopiló testimonios y el 31 de agosto de 2025 emitió la recomendación 14 sobre 2025, un documento formal que concluyó que Miriam Rodríguez González fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes y que se habían vulnerado sus derechos a la integridad y seguridad personal, su derecho como mujer a una vida libre de violencia y el derecho ciudadano a un
buen gobierno. La Coden recomendó al Ayuntamiento de Capuloac implementar políticas públicas para erradicar la violencia de género, ofrecer una disculpa pública institucional y compensar a la víctima. El 10 de septiembre de 2025, el cabildo de Capuloac aprobó por unanimidad aceptar la recomendación 14 sobre 2025 de la CODEM y el 30 de septiembre de 2025, en un acto solemne encabezado por la presidenta municipal interina Sarita Arellano Hernández, el Ayuntamiento ofreció formalmente una disculpa pública a Miriam Rodríguez González. Ofrezco
este desagravio en nombre del Ayuntamiento de Capuluac a Miriam Rodríguez González, a su familia y a sus infancias por las graves violaciones a sus derechos humanos, declaró la presidenta interina ante la comunidad. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México había iniciado su propia investigación.
La denuncia presentada por Miriam ante el Ministerio Público a inicios de mayo de 2025 puso en movimiento la maquinaria judicial. Las autoridades identificaron a las tres responsables, recabaron testimonios de los 25 testigos presentes en la reunión y construyeron un expediente que documentaba no solo la agresión física, sino el abuso de autoridad cometido por quien ostentaba el más alto cargo municipal.
La reacción de Selene Hernández Herrera ante las denuncias fue en principio la de una funcionaria que no creía que las consecuencias llegarían a tocarla. En los días siguientes al 2 de mayo, ella y sus allegados no emitieron declaraciones públicas sobre el incidente. Fue solo la presión social masiva, los bloqueos en carreteras, la protesta ciudadana frente al palacio municipal y la demanda del propio Cabildo, lo que la obligó a actuar.
A mediados de mayo de 2025, Selena Hernández solicitó licencia por 90 días alegando asuntos personales. El Cabildo aprobó la licencia y designó a Sarita Arellano Hernández, tercera regidora como presidenta municipal por Ministerio de Ley. Reginaldo Sandoval Flores, comisionado político nacional del Partido del Trabajo en el Estado de México, condenó públicamente las agresiones y solicitó una investigación imparcial pidiendo que el proceso se realizara sin interferencias ni encubrimientos.
La distancia del partido de Selene con ella era ya un hecho público, pero la alcaldesa no aceptó su situación. A principios de junio de 2025, Selene Hernández intentó retomar el cargo en el palacio municipal. Los regidores se lo impidieron. Lejos de ceder, optó por una maniobra que muchos calificaron de ilegal y autoritaria.
Instaló una sede alterna de gobierno en la Casa de Cultura Leona Vicario en la delegación de San Miguel Almaya, desde donde seguía convocando a sesiones de cabildo con funcionarios afines y el secretario del Ayuntamiento. También tomó el control de las redes sociales institucionales del municipio para transmitir sus propios eventos y sesiones.
Capulwak vivió entonces una situación inédita. Dos centros de poder en el mismo municipio, dos versiones de quien gobernaba y una profunda incertidumbre institucional. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México se movió con rapidez. Una orden de aprensión fue expedida en contra de Selene Hernández Herrera, Ana Lucía Ríos Cano y Andrea Shanti Anzástiga Hernández.
El 24 de junio de 2025, a las 14:44 horas, elementos de la Fiscalía Central de Atención Especializada ejecutaron la orden de captura mientras Elene encabezaba un acto público en San Miguel Almaya. Según fuentes cercanas al proceso, durante su detención habría intentado presionar a los agentes e incluso ofrecer sobornos, situación que fue documentada y que reforzó la determinación del Ministerio Público de solicitar medidas cautelares estrictas.
El 25 de junio, las tres mujeres ingresaron al centro penitenciario y de reinserción social de la zona. El 27 de junio, un juez de control dictó prisión preventiva justificada para Selene Hernández, basándose en el dictamen de riesgo procesal presentado por el Ministerio Público, que argumentó que la imputada representaba un peligro de obstrucción a la justicia, dada su autoridad sobre el cuerpo policial y su aparente capacidad para manipular el proceso.
El juez aceptó los argumentos y ordenó que permaneciera internada en el Centro Penitenciario Santiaguito en Almoloya de Juárez, mientras el caso continuaba su curso. A partir de ese momento, la presidenta suplente Norma Ortega Ortiz asumió las funciones formales de gobierno municipal y el proceso penal avanzó de manera sostenida durante casi un año.
Durante los meses que siguieron a la detención, el proceso judicial avanzó con una solidez que no dejó espacio para maniobras dilatorias. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México construyó su caso con meticulosidad, recabó los testimonios de los 25 servidores públicos del DIF que estuvieron presentes en la sala. Aseguró los registros en video que documentaban los hechos.
incorporó la recomendación 14 sobre 2025 de la Codem como evidencia adicional del alcance y gravedad de las violaciones cometidas y presentó ante el juez el acervo probatorio completo. Ninguna de las tres acusadas logró desvirtuar lo ocurrido. Las pruebas eran sencillamente abrumadoras. El 21 de mayo de 2026, casi exactamente un año después de los hechos, una autoridad judicial del Estado de México pronunció sentencia en el caso.
No hubo forma de escapar al peso de las pruebas. 25 testigos presenciales, registros en video. La recomendación 14 sobre 2025 de la CODEM y la investigación exhaustiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México habían construido un expediente irrefutable. Selene Hernández Herrera fue declarada culpable del delito de abuso de autoridad en agravio de Miriam Rodríguez González.
La sentencia 5 años y 5 meses de prisión, la destitución definitiva del cargo de presidenta municipal de Capuloac y una multa de 12,445. Ana Lucía Ríoscano, la policía municipal que inmovilizó a la víctima para impedir que se defendiera, recibió 3 años y 2 meses de prisión, la destitución de su cargo como policía municipal y una multa de 10,182es.
Andrea Shanti Anzástiga Hernández, hija de la alcaldesa, fue sentenciada a 2 años de prisión por el delito de lesiones y al pago de una multa de 11,314. En ninguno de los tres casos se contemplaron beneficios sustitutivos. Las tres mujeres deberán cumplir sus condenas en prisión sin posibilidad de reducción de pena ni alternativas al encarcelamiento.
El 22 de mayo de 2026, un día después de dictarse la sentencia, se celebró la audiencia formal de explicación de sentencia, un paso procesal que cierra el capítulo judicial del caso. Con la destitución oficial de Selena Hernández Herrera, la presidenta suplente Norma Ortega Ortiz deberá asumir la conducción del Ayuntamiento para concluir el trienio 20252727.
La reacción en Capuruca ante la sentencia fue de alivio y de una justicia que llegó tarde, pero llegó. Vecinos que meses atrás bloquearon carreteras y tomaron el palacio municipal para exigir que se actuara. Vieron confirmado lo que siempre supieron, que lo que ocurrió el 2 de mayo de 2025 fue un abuso de poder intolerable y que ningún cargo público otorga impunidad para agredir, humillar y violentar a un ser humano.
El padre de Miriam René, quien desde el primer día habló con valentía y claridad sobre los hechos, fue parte de quienes buscaron que la verdad de su hija fuera escuchada. La psicóloga Miriam Rodríguez González, quien enfrentó la agresión, grabó su propio testimonio con el rostro golpeado y tuvo el valor de publicarlo cuando hubiera sido mucho más fácil guardar silencio.
Fue el centro de este caso. Sin su decisión de no callarse, sin ese video que se viralizó en mayo de 2025, es posible que nada de lo que ocurrió después hubiera sucedido. Este caso pone sobre la mesa preguntas que van más allá de Capuloac. ¿Cuántas servidoras públicas en México son víctimas de violencia institucional por parte de sus superiores y deciden no denunciar por miedo a represalias? Cuántas alcaldesas, presidentes municipales, funcionarios de distintos niveles se creen tan protegidos por su cargo que actúan como si las leyes no
existieran para ellos. La sentencia contra Selene Hernández Herrera no resuelve estas preguntas, pero envía un mensaje que en México se repite muy pocas veces con tanta claridad. El abuso de autoridad tiene nombre, apellido y consecuencias penales reales. Miriam Rodríguez González no solo fue víctima de una agresión, se convirtió, sin buscarlo, en el símbolo de algo más grande, la posibilidad de que una mujer común, una trabajadora de institución pública, sin cargo político ni recursos legales propios, pueda enfrentarse al
poder municipal y ganar. que la ley cuando se aplica correctamente puede ser más fuerte que la prepotencia de quienes creen que gobernar es un escudo contra la justicia. Vale la pena recordar también que la CODEM al emitir su recomendación 14 sobre 2025 estableció que el Ayuntamiento de Capuluac debería implementar de manera permanente políticas públicas orientadas a erradicar la violencia de género al interior de sus instituciones y que la recomendación debería ser considerada en los procedimientos administrativos
futuros de las áreas involucradas. Esto no es solo una sanción, es un mandato de transformación institucional, un municipio entero obligado a cambiar sus prácticas internas porque una presidenta municipal decidió que su cargo personal valía más que la dignidad de una empleada. Capuloac, la tierra de la barbacoa, quedará marcada en la memoria colectiva del Estado de México, no solo por sus tradiciones gastronómicas o su historia, sino por el día en que una psicóloga del DIF levantó la voz y puso fin a la carrera de una alcaldesa que
pensó que podía golpear a su empleada frente a 25 testigos y quedar impune, no pudo. Y mientras Norma Ortega Ortiz asume las riendas del municipio para terminar el trieneo, y mientras las tres sentenciadas cumplen sus penas en prisión, Miriam Rodríguez González puede seguir adelante con la certeza de que su valor no fue en vano, de que México a veces, aunque tarde, hace justicia.
Yeah.
