El caso de Yulixa Toloza ha conmovido profundamente a la sociedad colombiana y ha encendido las alarmas sobre los peligros mortales de los centros estéticos clandestinos, conocidos popularmente como “clínicas de garaje”. Tras seis días de angustiosa búsqueda, las autoridades confirmaron el peor de los desenlaces: el cuerpo sin vida de la mujer fue hallado en una zona boscosa de Cundinamarca, víctima de un procedimiento estético que terminó en tragedia y en un despiadado intento por desaparecer las evidencias.
La reconstrucción de los hechos realizada por los cuerpos de investigación criminal de la Policía (Sijín) y el Gaula revela una cronología escalofriante. Todo comenzó el miércoles 13 de mayo en un establecimiento estético ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. Yulixa ingresó al lugar para someterse a una liposucción, un procedimiento de alta complejidad que, según las investigaciones preliminares, le causó la muerte alrededor de las 5:30 de la tarde debi
do a graves complicaciones médicas.
En lugar de socorrerla o trasladarla a un hospital de la red asistencial, el personal del centro estético optó por el ocultamiento. Las cámaras de seguridad del sector registraron que a las 7:24 de la noche, dos hombres sacaron el cuerpo de Yulixa del establecimiento y lo subieron a un vehículo de color negro. El automóvil tomó rumbo hacia el sur, cruzó el peaje de la salida de Bogotá y se dirigió hacia la provincia de Tequendama. Al llegar al kilómetro 44 de la vía que conduce de Apulo a Anapoima, los involucrados aprovecharon la densa vegetación al costado de la carretera para abandonar el cadáver entre la maleza. Posteriormente, el vehículo regresó a la capital, cruzó la ciudad hacia el norte y emprendió la huida con destino a Cúcuta, en la frontera con Venezuela.
La alerta sobre la desaparición se activó formalmente a las 9:14 de la noche del mismo miércoles, cuando una amiga de Yulixa llamó a la línea de emergencias 123 tras acudir al centro estético para llevarle ropa y recibir respuestas evasivas por parte de los encargados, quienes inicialmente afirmaron que la mujer se había marchado por sus propios medios y luego aseguraron que estaba en el Hospital de Kennedy. La rápida movilización de las autoridades permitió rastrear el vehículo hasta Cúcuta, donde la Sijín capturó a dos hombres encargados de movilizar el automotor. Tras ser sometidos a intensos interrogatorios, estos individuos confesaron la ubicación exacta del cuerpo. Con la ayuda de drones y equipos especializados de búsqueda, los investigadores localizaron los restos de Yulixa, que no estaban sepultados, sino ocultos por la espesura del terreno boscoso.
El avance de la investigación ha dejado hasta el momento un saldo de cinco personas capturadas. Además de los dos detenidos en territorio colombiano, las autoridades de la Interpol, en coordinación con la policía venezolana, lograron la captura en Guanare, Venezuela, de Edison José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años. Esta pareja está señalada de estar directamente vinculada con la realización del procedimiento y la posterior desaparición de la víctima.
Sin embargo, el proceso judicial enfrenta serias trabas internacionales. La legislación y la constitución venezolanas prohíben la extradición de sus nacionales a otros países. Ante este panorama, la Fiscalía General de la Nación de Colombia contempla apelar al Tratado Bolivariano de Extradición de 1911 para argumentar la necesidad de que los sospechosos sean trasladados y juzgados en territorio colombiano por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, lesiones personales y destrucción de material probatorio.
El caso ha provocado una fuerte reacción política y social. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó de manera categórica lo sucedido y calificó el acto como un homicidio. El mandatario reconoció públicamente que, a pesar de haberse realizado cerca de 800 operativos y aplicado más de 150 medidas de sellamiento a establecimientos similares en los últimos dos años, los esfuerzos de control e inspección siguen siendo insuficientes ante la proliferación de estos locales ilegales. Vecinos y allegados a la víctima criticaron la falta de control oportuno, señalando que el establecimiento operaba a la luz del día, con una fachada vistosa sobre una de las vías principales del barrio Venecia, ofreciendo hasta siete servicios médicos invasivos sin contar con los permisos correspondientes ni con personal idóneo. De hecho, se conoció que uno de los capturados ejercía como barbero en Venezuela antes de llegar a Bogotá para fungir falsamente como cirujano estético.
Por su parte, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva hizo un llamado urgente a la ciudadanía para verificar siempre la legalidad de los centros médicos y la idoneidad de los profesionales a través de los canales oficiales del Distrito, como la plataforma de la Secretaría de Salud. Recordaron que la formación de un cirujano plástico idóneo requiere al menos once años de estudios formales en Colombia, y que cualquier procedimiento realizado en salas improvisadas, trastiendas de peluquerías o gimnasios representa un riesgo inminente para la vida. Mientras el municipio de Apulo se prepara para realizar una velatón en honor a la memoria de Yulixa Toloza, el país sigue con atención el desarrollo de un debate judicial y político que busca castigar con severidad a los responsables y frenar de una vez por todas el negocio mortal de las clínicas clandestinas.
