El panorama político mexicano se encuentra bajo un sismo de magnitudes institucionales impredecibles. En una acción que golpea de manera directa las estructuras del partido oficialista Morena y al entorno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la justicia de los Estados Unidos ha solicitado formalmente la captura y extradición de Rubén Rocha Moya, actual gobernador del estado de Sinaloa. El mandatario estatal no es el único objetivo de esta embestida jurídica, la petición incluye a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración, señalados todos de formar parte de una red de protección institucional al servicio del crimen organizado.
La acusación formal fue emitida por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, J. Clayton, mediante un expediente de 34 páginas que detalla una investigación profunda y sistemática. El documento describe la entrega de millones de dólares en sobornos a las autoridades sinaloenses a cambio de garantizar total impunidad para las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos popularmente como “Los Chapitos”. Los cargos criminales imputados incluyen conspiración para importar masivamente sustancias prohibidas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas, así como la posesión de armamento pesado, artefactos explosivos y secuestro con resultado de muerte. De ser
declarados culpables en los tribunales estadounidenses, los implicados enfrentarían sentencias mínimas de 40 años de prisión y penas máximas de cadena perpetua.
El origen de la alianza delictiva, según los registros de la fiscalía de Nueva York, se remonta al proceso electoral de junio de 2021. El informe señala que, antes de los comicios, Rubén Rocha Moya sostuvo reuniones secretas con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán. En dichos encuentros, los líderes del grupo criminal se comprometieron a asegurar el triunfo electoral del candidato a la gubernatura. A cambio, Rocha Moya habría asumido la obligación de nombrar a personas afines a la organización en puestos estratégicos dentro de la administración estatal, los cuerpos de policía y los gobiernos municipales.
El respaldo operativo de la organización criminal para inclinar la balanza electoral incluyó la intimidación sistemática de rivales políticos y el robo físico de boletas de votación. Estos señalamientos de la fiscalía estadounidense coinciden cronológicamente con los hechos violentos registrados entre el sábado 5 y el domingo 6 de junio de 2021, periodo en el cual se reportó el secuestro de nueve operadores electorales de partidos de oposición y del propio partido oficial en diversos municipios del estado. Un caso emblemático citado por el contexto de la época fue el de Guadalupe Iribe, candidata a la presidencia municipal de Badirahuato por el Partido Revolucionario Institucional, quien se vio obligada a deponer su candidatura el mismo día de la elección tras confirmarse el secuestro de su hermano por parte de grupos armados.
La lista de los otros nueve funcionarios requeridos por la justicia norteamericana expone el nivel de infiltración en los tres poderes y niveles de gobierno en Sinaloa:
Enrique Inzunza: Exsecretario General de Gobierno y actual senador de la República por el partido Morena. Se le acusa de acompañar a Rocha Moya a las reuniones con los líderes del cártel tras ganar la elección, con el fin de consolidar los planes de protección institucional.
Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas. Se le imputa haber entregado a la organización delictiva una lista detallada con los nombres y direcciones de los opositores políticos de Rocha Moya para facilitar su posterior localización y amenaza. Junto con Inzunza, es señalado como enlace directo para transmitir mensajes al gobernador y colocar perfiles específicos en la estructura pública.
Juan de Dios Gámez: Alcalde de Culiacán por Morena. El expediente judicial lo identifica bajo la supuesta condición de “ahijado” de Rocha Moya y lo acusa de percibir un soborno mensual de 10,000 dólares a cambio de permitir el libre tránsito y operación del grupo criminal en la capital del estado.
Dámaso Castro Saavedra: Actual vicefiscal general de Justicia del Estado de Sinaloa. La acusación formal afirma que recibía pagos mensuales de 8,000 dólares para neutralizar órdenes de aprehensión y alertar de manera anticipada sobre operativos de captura a la facción criminal.
Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública Estatal, quien abandonó su cargo de manera imprevista en medio de la violenta confrontación interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”, desatada tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Según los cargos estadounidenses, aceptaba un pago de 100,000 dólares mensuales para evitar la intervención de la policía estatal y notificar con antelación las redadas en los laboratorios clandestinos de fentanilo.
Marco Antonio Almanza Avilés: Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía Estatal entre 2017 y 2022. Actualmente jubilado, es acusado de utilizar su posición oficial para emitir órdenes de arresto contra los enemigos del cártel y facilitar la logística de transporte de los precursores químicos esenciales para la elaboración de fentanilo, percibiendo presuntamente 16,000 dólares mensuales por estos servicios.
Alberto Contreras Núñez, alias “El Cholo”: Exjefe de la Policía de Investigación que sustituyó a Almanza Avilés y ejerció el mando hasta febrero de 2026. Es señalado bajo el mismo esquema de recibir 16,000 dólares mensuales para mantener la inacción de sus elementos subordinados.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Exsubdirector de la Policía Estatal. El informe detalla que se encargaba de la selección y asignación de agentes policiales corruptos en los puntos de control clave para brindar escolta y protección a los cargamentos ilícitos, recibiendo un estipendio de 6,000 dólares al mes.
Juan Valenzuela Millán, alias “El Juanito”: Excomandante de la Policía de Culiacán. Se le imputan cargos de extrema gravedad relacionados con la privación ilegal de la libertad, tortura y posterior homicidio de Alexander Meza, quien se desempeñaba como informante de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, extendiendo las agresiones físicas hacia miembros de la familia de la víctima. Por estas acciones específicas, habría recibido un pago único de 41,000 dólares en octubre de 2023.
El andamiaje legal que sostiene este requerimiento internacional se basa en el sistema penal federal de los Estados Unidos. Los fiscales asignados al caso presentaron inicialmente el paquete de evidencias recabadas ante un Gran Jurado secreto, un mecanismo compuesto por ciudadanos comunes que evalúa si los indicios presentados son suficientes para iniciar un proceso penal formal. Tras la validación del Gran Jurado, el caso fue turnado a la jueza de distrito Catherine Polk, adscrita a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien posee una amplia trayectoria en la conducción de juicios complejos sobre delincuencia organizada, lavado de dinero y fraudes financieros a gran escala. Ha sido esta autoridad judicial la encargada de firmar y liberar las órdenes de aprehensión correspondientes.
La apertura de este expediente criminal internacional coloca en una posición sumamente compleja a la administración federal mexicana. El principio de colaboración bilateral en materia de seguridad y los tratados de extradición vigentes se enfrentan ahora a una prueba crítica, debido a la alta jerarquía política de los involucrados en las solicitudes norteamericanas de captura. Mientras la presión diplomática aumenta desde Washington con el respaldo de investigaciones documentadas, el impacto al interior del partido gobernante amenaza con reconfigurar las alianzas y el control político en el noroeste de la República Mexicana.
