Su eliminación no obedece a ningún móvil. derivado de disputas de herencia o de resentimientos familiares. Obedece a una sola lógica operativa, no dejar testigos. quien dio la orden de matar no podía permitir que tres hombres ajenos a la familia pudieran identificar a los agresores ante las autoridades. Ese cálculo frío.
La decisión de asesinar a tres personas cuyo único delito era estar en el lugar donde les habían pedido que trabajaran requiere un nivel de planificación que excluye el impulso emocional del momento y exige, en cambio, la deliberación previa de al menos una mente que sopesó las consecuencias y las aceptó. Juan Manuel, alias el Pony, tiene 20 años.
Es sobrino directo de Cecilio Torres, el propietario del rancho asesinado. Su padre vivía en el mismo predio como peón, lo que significa que el pony creció en el rancho o en su entorno inmediato, que conocía su geografía con la precisión que solo da la infancia, que sabía dónde dormía cada miembro de la familia, cómo estaba distribuida la propiedad, cuándo llegaban los trabajadores externos.
y por dónde podían entrar y salir sin ser vistos desde la carretera. El pony fue detenido la tarde del lunes 18 de mayo en el centro de Tewitzingo, menos de 48 horas después del hallazgo de los cuerpos. Lo detuvieron cuando circulaba en motocicleta. Llevaba consigo dosis de metanfetamina, la sustancia conocida popularmente como cristal.
Extraoficialmente, las fuentes de la investigación lo vinculan con una banda llamada Los chetos, originaria del estado de Morelos, dedicada al robo de ganado y a asaltos en los caminos de la mixteca. El 3 de mayo, 12 días antes de los crímenes, nadie habría podido anticipar, al menos no con evidencia pública disponible.
Gelpony estaría en el centro de una investigación por 10 homicidios. El 21 de mayo, la fiscalía confirmó la apreción de dos cómplices adicionales vinculados directamente con él. La hipótesis central del Ministerio Público es la del conflicto de tierras, una disputa de herencia y linderos entre miembros de la misma familia que escaló hasta la contratación de sicarios.
Es una hipótesis sólida, respaldada por detenciones concretas, por la presencia física de El Pony, con drogas en su poder horas después del crimen por su vinculación con una banda regional con capacidad de fuego. Es la hipótesis que explica quién disparó y cómo, pero no es la única hipótesis abierta. Hay un segundo hilo que la fiscalía no ha cortado, que los investigadores mantienen activo con la misma cautela con que un cirujano mantiene abierta una incisión hasta verificar que no hay nada más adentro. Ese segundo hilo tiene
nombre, José Alfredo. Y lo que ese nombre lleva adherido, el video, el anexo, las fechas, el resentimiento documentado, constituye el núcleo del análisis que este texto intenta construir con la evidencia disponible, sin añadir ningún elemento que los registros no soporten. José Alfredo es el hijo mayor de Cecilio Torres y de su esposa.
Su edad no aparece consignada con precisión en los registros disponibles. Lo que sí aparece consignado con una precisión que ninguna fuente ha cuestionado es el contenido de un video que él mismo grabó y que circuló en redes sociales antes de que se descubrieran los cuerpos de su familia. En esa grabación, José Alfredo habla de sus padres y sus hermanos como los responsables directos de su adicción.
Sus palabras, tal como quedaron registradas, son las siguientes. Yo fui un alcohólico drogadicto por culpa de ellos, porque me obligaban a trabajar como si uno no sintiera cansancio. Era mucho, mucho trabajo lo que a mí me ponían a hacer y desgraciadamente yo tuve que tomar medidas más allá de lo normal. El video termina con dos elementos que los investigadores no pueden ignorar.
la petición de que la grabación sea enviada a su familia y la afirmación de que él se encontraba en ese momento fuera del estado de Puebla. Hay que detenerse en cada fragmento de esa declaración y analizarlo por separado, porque cada uno de ellos contiene información que trasciende el contenido emocional superficial y apunta hacia algo más preciso.
La frase “Yo fui un alcohólico drogadicto por culpa de ellos” no es un juicio abstracto sobre la naturaleza humana. Es una atribución de causalidad. José Alfredo no dice que su adicción fue una desgracia o una debilidad personal. Dice que fue producida por una acción específica de personas específicas. Esa distinción es relevante desde el punto de vista psicológico porque marca la diferencia entre alguien que acepta su enfermedad y trabaja en ella y alguien que ha construido un relato en el cual él es la víctima de un daño deliberado.
La psicología forense tiene un nombre para este tipo de reestructuración cognitiva. externalización de la responsabilidad no es en sí misma una patología, es un mecanismo de defensa común en personas con historiales de adicción severa. El caso de Tewiingo corre ese riesgo. La detención de El Pony y sus dos cómplices provee a la narrativa oficial un desenlace parcialmente satisfactorio.
Hay sospechosos detenidos. Hay un móvil formulado, la disputa de tierras. Hay evidencia física, los casquillos, la metanfetamina encontrada en poder del detenido. Ese desenlace parcial puede volverse el desenlace definitivo si la línea de investigación sobre José Alfredo no recibe los recursos y la prioridad que merece.
Ese conocimiento detallado de las condiciones del rancho en esa semana específica no es el tipo de información que el pony necesariamente tenía si su motivación era únicamente el conflicto de herencia. Es el tipo de información que tiene alguien que vivía ahí o que tenía contacto regular con las personas que vivían ahí hasta poco antes.
familiares que sobrevivieron, aquellos de la línea materna que han salido a defender a José Alfredo, podrían ser fuentes de información crucial sobre la naturaleza exacta de la relación entre él y el Pony, sobre si los dos se conocían, sobre si alguna vez los vieron juntos, sobre si hubo comunicaciones entre ellos en las semanas previas al crimen.
un centro de rehabilitación informal que dejó escapar a alguien que no debía escapar o que internó a alguien que no debía ser internado en las condiciones en que fue internado y que en cualquiera de los dos escenarios no tiene ante la ley mexicana prácticamente ninguna manera de ser llamado a responder por ello. El rancho se llama La marihuana.
El nombre sonaba pintoresco antes del 16 de mayo. Ahora suena a otra cosa, al vacío que dejó Carolina Torres, que tenía entre uno y dos meses de nacida, según la fuente que se consulte, y que murió porque su madre murió encima de ella. Ninguna investigación, por minuciosa que sea, va a cambiar ninguno de esos hechos. Pero la investigación sí puede determinar quién los hizo posibles.
Y esa determinación es lo único que le queda a los muertos cuando el Estado decide que su muerte merece algo más que un expediente cerrado a medias. La fiscalía de Puebla tiene las piezas y que continúa sin aparecer, mientras sus tres cómplices, si es que lo son, si es que existe esa conexión, enfrentan cargos por 10 homicidios en un municipio al que los mapas le asignan un punto tan pequeño que hay que buscar con atención para encontrarlo.
Pero adquiere una dimensión diferente cuando el objeto de la externalización, la familia a la que se culpa, termina muerta. La referencia al trabajo forzado es el siguiente elemento. José Alfredo describe jornadas extenuantes en el rancho, trabajo agrícola que lo agotaba hasta el límite, una dinámica laboral que él interpreta como explotación.
No hay manera de verificar independientemente esta descripción desde la perspectiva de las víctimas, porque las víctimas están muertas. Lo que sí es verificable es que ese relato de explotación laboral es coherente con la práctica documentada en comunidades rurales mexicanas, donde los hijos varones son integrados desde temprana edad a las faenas del campo, sin distinción entre el trabajo formativo y el trabajo extractor.
También es coherente con el perfil clínico de los pacientes que llegan a los centros de desintoxicación. con adicciones politoxicómanas, es decir, adicciones simultáneas a múltiples sustancias desarrolladas, según refieren en sus historiales como mecanismos de evasión ante condiciones de vida percibidas como insoportables.
La frase “Tuve que tomar medidas más allá de lo normal”, es la que ningún investigador con experiencia en lingüística forense puede leer sin subrayarla. En el contexto de un video grabado aparentemente antes de una masacre en el que el locutor acusa explícitamente a los futuros muertos de ser los responsables de su desgracia, la expresión medidas más allá de lo normal admite interpretaciones que van desde el simple abandono del hogar hasta formas de acción que el eufemismo prefiere no nombrar.
El derecho penal no condena las ambigüedades, exige pruebas concretas, pero la criminología sí analiza las ambigüedades, porque son en muchos casos, la única comunicación que los perpetradores de crímenes premeditados dejan antes de actuar. Los estudios sobre comunicaciones previas al homicidio Lakage en la terminología anglosajona documentan sistemáticamente que una proporción significativa de autores de crímenes violentos premeditados emiten señales lingüísticas antes del acto.
Esas señales rara vez son confensiones directas. Son precisamente frases como medidas más allá de lo normal. La petición de que el video fuera enviado a su familia tiene una lógica que en el mejor de los escenarios posibles para José Alfredo es la de un hombre que quiere que sus seres queridos entiendan por qué se va en el peor escenario posible.
Es la lógica de alguien que quiere que su familia sepa lo que va a suceder sin poder evitarlo. La distinción entre estas dos interpretaciones no puede resolverse con el video solo. Requiere cruzarlo con las fechas, con el historial del anexo y con la cronología de los hechos del fin de semana del 16 y 17 de mayo. El 20 de abril de 2026.
José Alfredo egresó de un centro de rehabilitación informal 26 días antes de la masacre. Este dato tiene peso propio, independientemente de cualquier otra consideración, porque sitúa a José Alfredo en un momento clínicamente crítico. El periodo inmediatamente posterior al alta de un proceso de desintoxicación es, según la literatura médica y psiquiátrica, el de mayor vulnerabilidad para la recaída y para la desestabilización conductual.
El organismo que ha sido sometido a abstinencia forzada de sustancias como el cristal, metanfetamina y la cocaína registra alteraciones neurológicas que pueden incluir psicosis, postdesintoxicación, episodios de agresividad exacervada, paranoia, depresión severa y en algunos casos conducta violenta impulsiva. La combinación de esa fragilidad neurológica con un relato de resentimiento hacia la familia que, según su propio testimonio en video, lo había conducido a la adicción.
genera un perfil de riesgo que cualquier psicólogo clínico con experiencia en adicciones habría identificado como alarmante. Pero hay una segunda versión de los hechos relativos al anexo y esa versión es la que convierte al centro de desintoxicación en un actor con responsabilidad propia en esta historia.
De acuerdo con información circulada en plataformas de comunicación locales, información que la fiscalía no ha confirmado oficialmente, pero tampoco ha desmentido con la misma energía con que ha respaldado otras partes del expediente. José Alfredo no salió del anexo el 20 de abril para no volver.
Según esa versión, fue internado nuevamente a la fuerza el viernes 15 de mayo y se escapó el sábado 16 de mayo, un día antes o el mismo día, dependiendo de cuál de las dos cronologías en conflicto se adopte, de la masacre. Si esta versión es correcta, entonces la secuencia de hechos adquiere una geometría completamente diferente. Un hombre con adicciones severas al cristal, la cocaína y el alcohol.
Un hombre que ha grabado un video en el que culpa a su familia de su destrucción y anuncia medidas más allá de lo normal. Un hombre que es internado por segunda vez contra su voluntad en un establecimiento que opera sin supervisión del Estado. Un hombre que escapa de ese establecimiento y horas después su familia entera está muerta.
Los centros de rehabilitación informales, conocidos coloquialmente como anexos, funcionan en México en un limbo jurídico que las autoridades sanitarias han documentado desde hace más de una década sin resolver de manera efectiva. Operan al margen de la Comisión Nacional contra las adicciones, al margen de la Secretaría de Salud, al margen de cualquier protocolo de supervisión regular.
Sus métodos de internación son con frecuencia coercitivos. Las familias, agotadas ante la imposibilidad de controlar el consumo de un familiar recurren a ellos porque son la única opción accesible económicamente en zonas donde la red pública de salud mental es inexistente o insuficiente. Los propios pacientes son ingresados sin su consentimiento, contenidos físicamente durante los primeros días o semanas y sometidos a regímenes que mezclan trabajo forzado, oración, vigilancia constante y, en los casos más extremos documentados por
organizaciones de derechos humanos, castigos corporales. El problema con el modelo del anexo no es únicamente ético, es también clínico y en este contexto criminológico. Un individuo que es sustraído de su entorno por la fuerza, privado de su libertad de movimiento, sometido a abstinencia involuntaria de sustancias de las que es físicamente dependiente y expuesto a un régimen de control total sobre su cuerpo y sus actividades, no está siendo tratado médicamente, está siendo contenido y la contención, sin el acompañamiento psicoterapéutico
adecuado, sin el tratamiento farmacológico, que los médicos especializados en adicciones prescriben para gestionar el síndrome de abstinencia sin el trabajo sobre los factores que condujeron a la adicción. No produce recuperación, produce acumulación de resentimiento en un organismo ya de por sí desregulado por el daño neurológico de las sustancias.
José Alfredo llevaba, de acuerdo con los registros disponibles, una historia de consumo politoxicómano severo, cristal, cocaína, alcohol. Los tres compuestos tienen perfiles neurológicos distintos y efectos sinérgicos cuando se consumen combinados. El cristal metanfetamina actúa sobre el sistema dopaminérgico produciendo estados de euforia intensa seguidos de depresión profunda.
Con el uso crónico, produce daño en los receptores de dopamina que se traduce en anedonia persistente. dificultad para experimentar placer en ausencia de la sustancia y en algunos casos psicosis que puede incluir paranoia, alucinaciones y conducta violenta. La cocaína tiene efectos similares sobre el sistema de recompensa, aunque de duración más corta.
El alcohol combinado con estimulantes altera la evaluación de riesgos y el control de impulsos de maneras que la neurociencia ha documentado con extensión. Un individuo con ese historial de consumo en periodo de abstinencia forzada y con un relato de victimización construido cuidadosamente durante años, es desde la perspectiva clínica, una configuración de alto riesgo.
Pero el análisis del perfil de José Alfredo no puede limitarse a la química. Hay un elemento narrativo que atraviesa todo lo que se sabe sobre él y que es quizás el más perturbador desde el punto de vista psicológico, el video. Porque el video no es un grito de desesperación, no tiene la estructura caótica del desbordamiento emocional agudo.
Es una declaración articulada. Tiene inicio, desarrollo y cierre. tiene una instrucción precisa al final, que el video sea enviado a la familia, que implica conciencia de la audiencia, capacidad de pensar en el futuro inmediato y de diseñar la comunicación en función de ese futuro. es el producto de alguien que en el momento en que grabó estaba suficientemente lúcido como para construir un discurso coherente y suficientemente perturbado, como para construir un discurso que, leído en retrospectiva, suena a despedida o a
anuncio. La pregunta que la investigación criminológica no puede eludir es si José Alfredo grabó ese vídeo antes o después de que ocurriera lo que ocurrió en el rancho. Si lo grabó antes, el contenido adquiere un peso que los investigadores deben valorar con toda su gravedad. Si lo grabó después, la secuencia es diferente, pero igualmente relevante.
Un hombre que huye tras una masacre y documenta su huida con un video en el que culpa a las víctimas de sus propias muertes. En cualquiera de los dos escenarios, el video es un documento forense de primera importancia que la Fiscalía de Puebla tiene la obligación de fechar con precisión técnica mediante el análisis de los metadatos del archivo original.
Los metadatos de un video grabado con un teléfono móvil contienen en condiciones normales la fecha y hora exacta de la grabación, las coordenadas GPS en el momento de la captura, si la función de geolocalización estaba activa, el modelo del dispositivo y en algunos casos información sobre la red celular a la que estaba conectado.
Si el video de José Alfredo fue grabado con geolocalización activa, la fiscalía puede saber con precisión dónde estaba cuando lo grabó. Puede saber si estaba en Texcalapa o si estaba, como él mismo afirma, fuera del estado de Puebla. Puede saber si la afirmación de encontrarse fuera del Estado es verdadera o falsa. La afirmación de estar fuera del estado de Puebla es en sí misma un dato que requiere análisis.
Si José Alfredo realmente se escapó del anexo el sábado 16 de mayo y cometió o instigó el crimen esa misma noche, no podría haber llegado a otro estado antes de grabar el video, salvo que hubiera contado con transporte previamente organizado. La distancia entre Texcalapa y cualquier frontera estatal, sumada el tiempo necesario para viajar por Terracería, hace que la afirmación de estar fuera del Estado en el momento del video sea operativamente difícil de sostener si el crimen ocurrió el mismo sábado en la noche.
Si el crimen ocurrió en la madrugada del domingo, la ventana de tiempo es diferente. Aquí nuevamente la discrepancia cronológica entre las dos fechas en conflicto, sábado 16 o domingo 17, no es un detalle menor. Es el eje sobre el que giran las posibles cohartadas y los posibles itinerarios de todos los involucrados.
Los familiares maternos de José Alfredo han salido en su defensa con determinación. Sus tías y su abuela han declarado públicamente que el joven simplemente decidió alejarse de la dinámica de maltrato que vivía en el rancho para reconstruir su vida en otra entidad federativa. Dicen que no sería capaz de hacerle daño a sus padres y hermanos.
Esta defensa tiene el peso específico que tiene cualquier testimonio de personas que amaban al sospechoso antes de que se convirtiera en sospechoso. Es sincera, es comprensible y es insuficiente por sí sola para descartar una línea de investigación que tiene fundamentos objetivos. Las familias de los autores de crímenes violentos rara vez pueden imaginar lo que sus seres queridos son capaces de hacer, no porque sean cómplices o mentirosas, sino porque la imagen que tienen de esa persona fue formada en condiciones que no incluían las que
existían en el momento del crimen. La pregunta que los defensores de José Alfredo no han podido responder con evidencia verificable es simple. ¿Dónde está? Si José Alfredo se alejó del rancho para reconstruir su vida. Si su partida fue voluntaria y legítima. Si no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido, presentarse ante las autoridades es el camino más directo para despejar las dudas.
La decisión de no hacerlo, si es que está en condiciones de decidir, si es que está vivo y libre, alimenta una narrativa que sus defensores no pueden controlar desde los medios de comunicación locales. Ahora hay que hablar del anexo con la seriedad que el tema exige, porque el anexo no es un elemento periférico de esta historia, es potencialmente el escenario donde se tomó la decisión que condujo a la masacre.
Si la versión no confirmada, pero tampoco desmentida, es correcta. Si José Alfredo fue internado nuevamente a la fuerza el 15 de mayo y escapó el 16, entonces existe una institución que opera sin licencia ni supervisión estatal, que tenía bajo su custodia a un hombre con adicciones severas, con un historial documentado de resentimiento violento hacia su familia y que lo perdió.
No porque las instalaciones fueran insuficientes, no porque José Alfredo fuera irresistiblemente más fuerte que sus vigilantes, sino porque los anexos no están diseñados con protocolos de seguridad para retener pacientes en riesgo de fuga. Están diseñados, en el mejor de los casos, para proporcionar un entorno de contención temporal a individuos cuyas familias no saben qué más hacer con ellos.
La responsabilidad legal de un centro de rehabilitación ante la fuga de un paciente internado involuntariamente es un área gris en el ordenamiento jurídico mexicano. Los anexos operan en la mayoría de los casos sin registro ante las autoridades sanitarias, lo que significa que desde el punto de vista formal no existen como instituciones, no tienen expedientes, no tienen protocolos escritos, no tienen personal con certificación profesional.
Si un paciente escapa de un anexo y comete un delito, la fiscalía puede intentar investigar al centro, pero frecuentemente no encuentra a quien imputar. No hay persona jurídica, no hay directivos registrados, no hay nada que el derecho pueda aferrar con precisión. Esta arquitectura de impunidad institucional no es accidental.
Es el resultado de décadas de negligencia regulatoria en un país donde el problema de las adicciones ha sido tratado históricamente como un asunto de orden moral o de seguridad pública, no como un problema de salud que requiere infraestructura médica, supervisión profesional y respaldo del Estado. Los munícip Io rurales de la Mixteca poblana y oaqueña, donde el acceso a servicios de salud mental pública es prácticamente inexistente, son el terreno donde ese vacío de política pública se manifiesta en su versión más cruda. familias
desesperadas que recurren a establecimientos que nunca han sido inspeccionados por ninguna autoridad sanitaria, dirigidos por personas cuya única credencial es haber superado ellos mismos una adicción y que aplican métodos que los manuales de medicina basada en evidencia clasificarían en muchos casos como abuso el daño que ese modelo de tratamiento puede producir en un individuo con el perfil de José Alfredo no es hipotético.
La investigación clínica sobre los efectos del internamiento involuntario en personas con trastornos por uso de sustancias documenta consistentemente que la coersión, sin el soporte terapéutico adecuado, no solo no mejora los resultados del tratamiento, sino que puede agravar los síntomas de los trastornos subyacentes en individuos con disposición previa a la externalización de la responsabilidad y con relatos de victimización construidos durante años.
El internamiento forzado puede ser percibido e integrado psicológicamente como la confirmación definitiva de que la familia, que fue la que tomó la decisión de internarlos, es el enemigo que debe ser confrontado. No la enfermedad, no el propio consumo, la familia. Si un psicólogo forense pudiera reconstruir el estado mental de José Alfredo en los días previos a la masacre y eventualmente alguien lo hará cuando sea localizado y evaluado, los elementos con los que tendría que trabajar son los siguientes.
un historial de consumo politoxicómano severo con daño neurológico acumulado. Un periodo de abstinencia forzada en un entorno de privación de libertad. un relato de victimización en el que la familia ocupa el rol del perpetrador de todos sus males. Un video grabado en el que ese relato se hace público y se dirige explícitamente a los miembros de esa familia y una posible fuga de la institución que lo retenía en los días inmediatamente previos al crimen.
Esta constelación de factores no es prueba de culpabilidad, es un perfil de riesgo que ante la hipótesis de que José Alfredo tuvo algún rol en lo que ocurrió, ya sea como autor intelectual, como instigador o como partícipe en cualquier grado, resulta clínicamente coherente. La coherencia clínica no es prueba jurídica.
Lo que sí es prueba jurídica, o puede serlo, es el video con sus metadatos intactos, los registros del anexo, si es que existen, los testimonios de quienes lo vieron en los días previos al crimen, las comunicaciones de su teléfono móvil con los autores materiales ya detenidos y su propio testimonio una vez que sea localizado. Fiscalía de Puebla tiene la capacidad técnica para obtener esa evidencia.
La pregunta es si tiene la voluntad institucional de investigar con la misma profundidad la autoría intelectual de un crimen que la autoría material, que es siempre más visible y más fácil de llevar a juicio. Los crímenes con múltiples víctimas en comunidades rurales de México siguen un patrón de investigación.
que los analistas de seguridad conocen bien. La presión mediática y social se concentra en las primeras semanas. Las detenciones de los ejecutores materiales alivian esa presión y los autores intelectuales, si existen y no fueron parte de las detenciones iniciales, quedan en una zona de investigación que se va enfriando a medida que el caso pierde urgencia pública.
Hay un elemento adicional que la narrativa del conflicto de tierras, por sólida que sea en sus componentes, no explica completamente la eliminación de los tres mecánicos. Si el móvil del crimen fue exclusivamente la disputa patrimonial entre el Pony, en representación de la rama colateral de la familia y Cecilio Torres, la muerte de tres trabajadores externos que no tenían ningún rol en esa disputa es operativamente comprensible.
no dejar testigos, pero agrega una capa de cálculo que no encaja perfectamente con el perfil de un grupo de jóvenes sicarios contratados de última hora para resolver una rencilla de tierras. encaja mejor con la planificación de alguien que conocía el rancho, que sabía que esa semana había mecánicos trabajando en el granero, que anticipó la necesidad de eliminarlos y que comunicó esa necesidad a los ejecutores antes de que entraran al predio.
Esa investigación de los vínculos relacionales entre los dos sospechosos es el eslabón que puede conectar las dos líneas de investigación en una sola narrativa coherente o confirmar que son efectivamente independientes. Mientras tanto, los hechos permanecen 10 personas muertas en una propiedad rural sin señal de teléfono, descubiertas por un chóer que llegó a entregar agua.
Tres personas detenidas, un hombre buscado, un video con frases que no admiten una sola lectura. Suena a los 46 habitantes de Texcalapa que despertaron el domingo sin saber que 10 de sus vecinos habían muerto. Suena a la terracería por la que tuvo que ser transportada una mujer herida que murió antes de llegar a cualquier lugar donde hubiera un médico.
suena a los 18 casquillos que los peritos numeraron uno por uno sobre la tierra de ese rancho que todavía le pertenece legalmente a los herederos de Cecilio Torres, quien fue asesinado en él. Suena, sobre todo, las tiene desde el primer momento en que los peritos recogieron los casquillos del suelo y los médicos legistas describieron la posición de los cuerpos.
Lo que no tiene aún o lo que no ha mostrado tener públicamente es la voluntad de ensamblar todas esas piezas en una imagen completa, incluyendo las que incomodan, incluyendo las que señalan hacia un hombre que grabó un video en el que anunciaba que tomaría medidas más allá de lo normal, que salió o escapó de un lugar que no debía soltarlo. Ho.
