Pero junto con esa prueba viene también el momento donde todos los abogados, todos los operadores, todos los herederos de las redes del CGNG van a salir a tratar de meter recursos, amparos, impugnaciones, lo que sea con tal de frenar lo que está a punto de pasar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria, porque dentro de las 211 propiedades que salen a subasta hay nombres, hay vínculos, hay direcciones que conectan al narco con sectores del poder político.
Y la revelación más fuerte de toda esta historia, la que justifica que usted se haya quedado hasta aquí, todavía no ha llegado. De las 211 propiedades que el INDEP saca subasta este 28 de mayo, el terreno del Mencho en Tapalpa es vehículos tipo vehículo racer, dos armas de fuego noticiero está contando completo porque toda la tensión mediática se la lleva el nombre del capo del CING, pero dentro de ese mismo paquete de bienes que el pueblo mexicano va a recuperar hay casas, departamentos, ranchos, locales comerciales,
terrenos Estados y rurales por lo menos una docena de estados de la República, todos decomizados al crimen organizado o a estructuras de corrupción heredadas de los exenios anteriores. Todos con escrituras que en algún momento alguien firmó, alguien notarió, alguien inscribió en el registro público sin que pasara absolutamente nada.
Y todos ahora regresando al patrimonio del pueblo en una sola operación. hablamos de la subasta de al narco y a la corrupción más grande de los últimos años en este país. Y casi nadie lo está diciendo con todas sus letras. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente humana, porque cada una de esas paso de proteger la seguridad de sangre, de extorsión, de desplazamiento forzado de familias mexicanas que perdieron.
Gobierno de México, a través del gabinete de seguridad reforzó las acciones instaur Pensemos en los pueblos de Jalisco, donde el CJ arrasó con comunidades enteras para quedarse con tierras de cultivo, con ranchos ganaderos, con casonas familiares que llevaban tres generaciones en manos de la misma familia.
Pensemos en las madres buscadoras de Mechua. Las mujeres que llevan años caminando con palas y picos por terrenos valdíos buscando a sus hijos desaparecidos. Mientras los responsables de esas desapariciones acumulaban casas de lujo en otros estados. Cada metro cuadrado que ahora va subasta está manchado de algo y eso es lo que da peso real, peso histórico.
Estrategia para combatir el robo de hidrocarburos por instrucción. Hay una capa adicional en este caso que prácticamente nadie está mencionando y que cambia toda la lectura del momento. Según información que se está manejando en círculos especializados, dentro del paquete de las 211 propiedades, hay bienes que no fueron decomizados al narco.
Se desarrolla bajo cuatro ejes fundamentales. la prevención de la sustración, casas de exgobernadores, departamentos a nombre de familiares de exsecretarios federales, ranchos vinculados a operadores políticos que durante años cobraban sueldos del erario, mientras acumulaban propiedades que ningún sal desde el inicio de la administración como parte en la misma subasta donde se vende el terreno del mencho, se están vendiendo también bienes de la corrupción política heredada y eso le da una dimensión completamente distinta a
la operación. Aquí no se está separando al narco de la política como si fueran dos mundos diferentes. Aquí se está reconociendo con bienes concretos sobre la mesa que durante décadas fueron exactamente el mismo mundo. Y conviene detenerse y preguntarse durante cuánto tiempo estuvo operando este sistema de propiedades acumuladas sin que nadie hiciera absolutamente nada.
Porque cuando uno revisa las fechas de adquisición de muchos de estos bienes, encuentra escrituras de hace 10, 15, 20 años. Encuentra propiedades compradas durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Propiedades que pasaron por administraciones priistas y panistas sin que ningún funcionario tocara nada, sin que ningún Ministerio Público abriera carpeta, sin que ningún notario reportara movimientos sospechosos.
Hablamos de dos décadas en redondo de impunidad patrimonial. Dos décadas en que el narco y los corruptos compraron, vendieron, heredaron, traspasaron bienes a la vista de todos, mientras el SAE, la institución que se supone debía vigilar y administrarlo de comisado, funcionaba como bóveda donde las cosas entraban y nunca volvían a salir.
Y aquí llegamos al punto donde el megapayoff se conecta con lo que viene a continuación, porque la subasta del 28 de mayo no es un evento aislado, es la primera de una serie de operaciones que el INDEP tiene programadas para los próximos meses y según la información disponible en la convocatoria oficial, después de esta subasta vienen más, mucho más grandes, con propiedades de mayor valor todavía.
Lo que está pasando este jueves es apenas la primera piedra de un proceso que apenas está empezando. Y los nombres que están a punto de aparecer en la siguientes rondas son los que llevan años escondidos en silencio, esperando que nadie se atreviera a tocarlos. Y entremos ahora en la parte humana del caso, porque cuando uno habla de terrenos, de propiedades, de números de lote y manzana, todo suena muy frío, muy técnico, muy alejado de la vida de la gente.
Pero detrás de cada uno de esos predios hay víctimas con nombre y apellido. Pensemos en los habitantes de Aguililla, Michoacán, ese municipio que durante años vivió bajo el yugo brutal del Cy, con familias enteras desplazadas, con caminos minados, con cuerpos colgando de los puentes para sembrar el terror. Esas familias, esos abuelos que perdieron sus casas, esos hijos que enterraron a sus padres, son las víctimas reales del patrimonio que ahora está siendo subastado.
Cada peso que entre a las arcas públicas este 28 de mayo es simbólicamente un peso que se le devuelve a esas víctimas. Aunque no las nombre directamente la convocatoria. Ellas son las dueñas legítimas de esa restitución. Y pensemos también en los miles de pacientes que durante los exenios anteriores murieron sin medicinas porque el dinero que debía comprarlas se desviaba hacia empresas fantasma, vinculadas en muchos casos a las mismas redes que hoy aparecen como dueñas.
formales de algunas de esas 211 propiedades. Porque la corrupción patrimonial, hay que decirlo claro, no es solo un asunto de billetes que cambian de mano, es un asunto de vidas humanas. Cada peso que un funcionario corrupto se llevó para comprarse un departamento en Polanco o un rancho en Querétaro es un peso que no llegó al hospital, no llegó al medicamento, no llegó al tratamiento de quimioterapia de un niño con cáncer en alguna clínica rural y eso, francamente le revuelve a uno el estómago cuando lo pone en perspectiva. Y aquí es donde uno tiene
que dejar de pensar este caso como una nota de policía y empezar a entenderlo como lo que verdaderamente es. un acto de justicia histórica que llevaba décadas pendiente. Hablemos también de los habitantes mismos de Tapalpa, de esa gente trabajadora del pueblo mágico que durante meses, quizá años, convivió sin saberlo con la presencia del hombre más buscado de México, operando a pocos kilómetros de sus casas.
Los meseros de los restaurantes del centro, los vendedores de los puestos del tianguis, los empleados del propio Country Club, todos ellos vivieron bajo una sombra de la que ni siquiera tenían conciencia plena. Tapalpa, ese lugar al que las familias mexicanas a desconectarse, a respirar aire de montaña, a comprar artesanía, llevaba escondido en sus entrañas el último refugio del líder del CGNG.
Y ahora, con la subasta de este jueves, el pueblo entero empieza simbólicamente a sacudirse esa sombra. El terreno se vende, el dinero regresa al erario y Tapalpa vuelve a ser Tapalpa sin huéspedes incómodos escondidos detrás de muros privados. Y conviene mencionar también porque la oposición ya está empezando a mover coordinación permanente técnico, el apoyo en esta y todas las investigaciones.
El INDEP reconoce que el terreno en cuestión no cuenta todavía con inscripción definitiva en el registro público de la propiedad ni con acta de adjudicación formal cerrada. ¿Qué significa eso en lenguaje claro? Que el bien fue transferido al INDEP a través de la Tesorería de la Federación, pero el proceso legal de decomiso firme todavía está en curso.
La oposición, especialmente los abogados afines a las redes del crimen organizado y a los herederos políticos de los exenios anteriores. Ya está intentando usar ese detalle para frenar la subasta, para meter recursos, para sembrar la duda jurídica. Pero el gobierno federal está blindando la operación con todos los recursos del Estado y la respuesta que se está preparando desde la consejería jurídica de pipas tanques de juego de aquí en adelante.
Y esto que les estoy contando, esta dimensión completa del caso, esta subasta de 211 propiedades, este detalle técnico que la oposición está tratando de explotar, este sistema heredado de impunidad patrimonial que apenas está desmontando, todo esto es apenas la mitad de la historia, porque lo que viene a continuación, lo que la presidenta Claudia Shainbow y su gabinete están preparando como respuesta institucional para garantizar que la subasta del 28 de mayo no solo se realice, sino que abra la puerta a operaciones todavía más
grandes. Es justamente la parte donde esta historia deja de ser una nota informativa y se convierte en un cambio estructural que México llevaba décadas esperando. La respuesta institucional del gobierno federal frente a la subasta del 28 de mayo se está preparando con un nivel de blindaje jurídico que no se había visto en operaciones similares de sexenios anteriores.
La presidenta Claudia Shane Bound, según información que se está manejando en distintos círculos de Palacio Nacional, ha dado instrucciones precisas para que el procedimiento se realice con todas las garantías legales, con transmisión en vivo, con notarios públicos certificando cada lote vendido, con representantes de la Auditoría Superior de la Federación presentes durante el proceso.
Es decir, se está montando una operación a prueba de impugnaciones, a prueba de amparos de último minuto, a prueba de los abogados que ya están preparando recursos para tratar de frenar la venta. Y eso, dicho con todas sus letras, es exactamente lo que el pueblo mexicano llevaba décadas esperando ver.
Un gobierno que no se arruga frente a las redes patrimoniales heredadas, que no negocia, que no afloja, que avanza con la ley en la mano y con el respaldo institucional completo. Y aquí es donde uno empieza a entender la magnitud real del cambio que se está produciendo, porque durante los sexenios del PRIAN, una subasta de este tamaño hubiera sido prácticamente impensable, o peor, hubiera sido la oportunidad perfecta para que los amigos del régimen se llevaran las propiedades por una fracción de su valor real, con avalúos amañados, con expedientes que se
perdían, con remates donde solo participaban tres o cuatro nombres acordados de antemano. Eso pasaba. Eso era la norma, eso es lo que el SAE en sus peores momentos llegó a representar y ahora con el INDEP, con la transmisión pública, con la convocatoria abierta, con cualquier ciudadano mexicano pudiendo registrarse y pujar, se rompe definitivamente con ese modelo de saqueo institucionalizado.
La diferencia entre cómo se hacía antes y cómo se hace ahora es la diferencia entre la opacidad y la transparencia, entre el cuatismo y la legalidad, entre el patrimonio convertido en botín privado y el patrimonio devuelto al pueblo. Y mientras esto pasa con las 211 propiedades de esta primera subasta, hay un dato que la Secretaría de Hacienda está empezando a hacer público, que dimensiona el alcance total de lo que viene en los próximos meses.
El INDEP, según información oficial disponible, tiene actualmente bajo su administración un inventario de bienes de comisados que supera con mucho las propiedades que entran en esta primera subasta del 28 de mayo. Hablamos de un universo patrimonial acumulado durante años de decomisos, capturas, extinciones de dominio y aseguramientos en distintos puntos del país.
Lo que se vende este jueves es la primera tanda formal de un proceso que va a continuar durante los próximos meses con subastas sucesivas, con paquetes cada vez más grandes, con propiedades distribuidas en prácticamente todos los estados de la República y cada una de esas subastas representa millones de pesos adicionales que regresan al herario.
dinero que la administración de Shane Baum ha anunciado que se canalizará prioritariamente a programas sociales, a infraestructuras de cómputo que la Fiscalía General de la República ya está analizando. Dispositivos. Esto es justicia patrimonial aplicada de manera concreta, no como discurso, no como promesa como acción institucional.
Y conviene también dejar constancia de algo importante porque la oposición y los medios afines van a tratar de minimizarlo o de torcerlo en los próximos días. La subasta del 28 de mayo es un acto público, abierto, transparente, transmitido en vivo con documentación disponible para cualquier ciudadano que quiera consultarla.
No hay nada oculto, no hay nada negociado en lo oscurito, no hay nada que esconder. Los precios de salida están en la convocatoria oficial. Los números de lote, manzana y superficie están en la convocatoria oficial, las reglas de participación están en la convocatoria oficial y eso es algo que vale la pena subrayar porque durante décadas estos procedimientos se hicieron en lo privado, en lo discrecional, en lo opaco.
Hoy se hacen frente a las cámaras, frente al pueblo, frente a quien quiera atestiguar. Esa diferencia vehículo Racer es la verdadera victoria institucional que está detrás de los números de esta operación. La justicia simbólica también pesa, hay que decirlo, porque hay algo profundamente significativo el hecho de que el terreno donde cayó el hombre más temido de México, el refugio donde el líder del CIGNG creyó que estaría salvo para siempre, termine subastado.
El gobierno de México a través del gabinete de seguridad reforzó poderosa. Es una metáfora que se entiende sin necesidad de explicaciones largas. El narco construyó imperios patrimoniales a base de sangre, de extorsión, de desplazamiento, de muerte. Y ahora el Estado mexicano, en nombre del pueblo y para el pueblo, está desmontando ladrillo a ladrillo esos imperios.
Cada propiedad que se vende es un mensaje claro a las redes del crimen organizado que todavía operan en el país. Lo que acumulen va a regresar. No importa cuánto tarde, no importa cuántos abogados economía nacional, no importa esta operación institucional. El estado esta vez no afló, así como hay otro que merece mencionarse con la fuerza que tiene, porque las víctimas del CJ, las familias destrozadas en Aguililla, en Tepalcatepec, en Cualcomán, en tantos otros municipios donde el cártel impuso su ley con brutalidad durante años,
están viendo en esta subasta una forma concreta de reparación histórica. No es la reparación total. Nada va a devolver a los muertos. Nada va a regresar a los desaparecidos, nada va a borrar el trauma de los desplazados, pero saber que el dinero que se acumuló a costa de ese sufrimiento ya no se queda en manos de los herederos del capo.
Saber que ese patrimonio se convierte en recursos públicos, en programas sociales, en infraestructura para esas mismas comunidades que fueron devastadas. Es una forma de cierre que llevaba décadas pendiente. Es justicia tardía, sí, pero es justicia al fin. Y cuando uno pone todo esto sobre la mesa, la dimensión completa cuatro ejes fundamentales, la prevención de la sustracción y se convierte en lo que verdaderamente es el inicio de un capítulo nuevo en la relación entre el Estado mexicano y las redes patrimoniales del crimen
organizado. Hay que reconocerlo también con honestidad desde el inicio de la administración como parte. Este proceso no empezó con Shain Bound, la creación del INDEP, la transformación del antiguo SAE, el marco legal de extinción de dominio fortalecido. Todo eso se construyó durante el sexenio anterior en la administración del licenciado y comercialización en los estados de Querétaro.
Tomas es darle continuidad, profundizarlo, ampliarlo, blindarlo institucionalmente. Es la continuación natural del proyecto de transformación que el pueblo mexicano votó masivamente en 2024 cuando le dio a Shin Baum la presidencia con una votación histórica. Y esa continuidad, ese hilo que conecta un sexenio con otro justamente lo que la oposición no ha logrado entender ni desarmar, porque ya no se trata de una persona, se trata de un proyecto, de una visión de estado, de una forma distinta de entender qué se hace con el patrimonio
recuperado al crimen y a la corrupción. Y el pueblo de México, hay que decirlo así, sin medias tintas está viendo todo esto. Está tomando nota, está comparando cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora. Está midiendo el contraste entre los exenios, donde las propiedades decomizadas terminaban en manos de los amigos del poder.
Y este momento donde la subasta se transmite en vivo, abierta a cualquier ciudadano. Y ese contraste, esa comparación es la que va a definir las próximas elecciones intermedias. la que va a definir el rumbo político del país durante los próximos años. Porque cuando la gente ve resultados concretos, cuando la gente ve que el dinero del narco regresa al herario, cuando la gente ve que las propiedades de los corruptos se subastan a la vista de todos, ya no hay campaña mediática que alcance a torcer la realidad.
Los hechos pesan más que los titulares y los hechos del 28 de mayo van a pesar mucho. El 28 de mayo, mediod día transmisión en vivo, 211 propiedades, 12,939,520 como precio de salida del terreno emblemático y todo un país atestiguando el momento exacto en que una de las redes patrimoniales más grandes del crimen organizado empieza a desmontarse formalmente.
Ese va a ser el cuadro, esa va a ser la imagen que quede grabada. Y mientras los abogados de las redes del 6CNG, los herederos de los políticos corruptos del PRIAN y los operadores mediáticos afines tratan de meter ruido, tratan de sembrar dudas, tratan de impugnar lo impugnable. El procedimiento avanza, el martillo cae, el lote se vende, el dinero entra al erario y el pueblo mexicano gana una batalla más en esta guerra larga contra la impunidad patrimonial heredada de las décadas oscuras.
Lo que pase ese jueves al mediodía no va a ser solo una subasta, va a ser un acto político, simbólico, histórico, que marca un antes y un después. Y ahora, después de todo lo que hemos visto en este caso, después de revisar la convocatoria, después de dimensionar el alcance de las 211 propiedades, después de entender el blindaje jurídico que se está preparando, después de poner sobre la mesa a las víctimas que están detrás de cada uno de esos predios, queda una pregunta que todavía nadie está respondiendo del todo y que va a definir lo que pasa en los próximos meses.
¿Quiénes son los nombres concretos, los apellidos específicos, los operadores políticos y financieros que aparecen detrás de las 210 propiedades restantes que no son el terreno del Mencho? Porque la atención mediática está puesta sobre el capo del CGNG. Pero los otros 210 lotes tienen historia propia, tienen dueños formales, tienen escrituras firmadas por gente que durante años se sintió intocable.
Y esa lista, esa lista completa con nombres y apellidos es la que va a sacudir verdaderamente al sistema cuando empiece a salir a la luz. Quédese en el canal y vea el siguiente video que aparece justo aquí en la pantalla, porque esta historia apenas está empezando a moverse y lo que viene a continuación cambia por completo la dimensión de lo que hoy hemos contado.
No.