Cuando las balas atraviesan el parabrisas de tu vehículo impactan en tu cuerpo. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que esos dos agentes experimentaron este lunes es lo que cientos de elementos de las fuerzas de seguridad en todo México han experimentado durante años mientras intentaban hacer su trabajo en territorios donde el crimen organizado operaba con impunidad porque las estructuras políticas y judiciales que debían respaldarlos estaban compradas, amenazadas o simplemente ausentes.
Los dos agresores que fueron abatidos durante el enfrentamiento inicial murieron en el lugar de los hechos. Sus cuerpos fueron asegurados por los peritos de la Fiscalía General del Estado y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para su identificación formal y para la realización de las necropsias correspondientes.
Hasta el momento de la publicación del último reporte oficial, las autoridades no han confirmado las identidades de estos dos sicarios, ni han precisado si pertenecían de manera formal a alguna célula específica del cártel de Jalisco Nueva Generación o si operaban como freelancers vinculados a la organización mediante contratos temporales que son cada vez más comunes en la estructura fragmentada que el CJNG ha adoptado en los últimos meses como respuesta a la presión sostenida de esta ofensiva.
Lo que sí se sabe con certeza es que ambos portaban armas de alto poder, que dispararon primero contra los agentes de la fiscalía, sin mediar palabra ni advertencia, y que sus vehículos contenían elementos que vinculan el operativo con actividades directamente relacionadas con el narcotráfico y con la operación de células armadas del crimen organizado en la región de Tecoman.
Suscríbete si te gusta el video porque lo que viene a continuación es la descripción más completa que se ha hecho pública hasta ahora sobre el arsenal que las autoridades aseguraron durante las horas posteriores al enfrentamiento inicial y sobre la reacción del CJEG que convirtió las carreteras de Colima en zonas de guerra durante toda la noche del lunes.
El vehículo blindado de manufactura artesanal que las autoridades aseguraron durante el operativo es una de esas piezas de evidencia que revelan mucho más de lo que parece a simple vista. Porque un vehículo blindado artesanal no es algo que se fabrica en un atarde con herramientas básicas y materiales que se consiguen en cualquier ferretería.
es el resultado de semanas de trabajo especializado que requiere soldadores con experiencia, acceso a láminas de acero de alto calibre, conocimientos técnicos sobre distribución de peso y resistencia estructural y un taller con las dimensiones y el equipamiento necesarios para ensamblar placas metálicas sobre el chasis de un vehículo sin comprometer su capacidad de movimiento.
Los vehículos blindados artesanales que el CJEG utiliza en sus operaciones no son improvisaciones desesperadas, son herramientas de combate diseñadas específicamente para resistir impactos de armas de fuego de calibres medios y para transportar a grupos de sicarios armados a través de zonas donde saben que van a enfrentar resistencia de las fuerzas de seguridad.
El hecho de que uno de esos vehículos estuviera operando en Tecomán este lunes confirma que la célula del CJNG que fue desmantelada durante el operativo no era una unidad menor de bajo perfil dedicada a tareas logísticas. Era una unidad de combate con capacidad operativa suficiente para enfrentar a las autoridades en condiciones de relativa paridad en términos de armamento y protección balística.
Las armas largas y cortas aseguradas durante el operativo incluyen fusiles de asalto de calibres que las autoridades no han especificado en los reportes oficiales, pero que te presenciales y los videos difundidos en redes sociales muestran con suficiente claridad como para confirmar que se trata de armamento de uso exclusivo del ejército con capacidad de fuego automático y con cargadores de alta capacidad que permiten sostener tiroteos prolongados sin necesidad de recargar con frecuencia.
Las armas cortas aseguradas incluyen pistolas semiautomáticas de calibres que van desde 9 mm hasta 45 mm, todas ellas con números de serie limados o alterados para dificultar su rastreo hacia los puntos de origen donde fueron adquiridas o robadas. Ese patrón de alteración de números de serie no es casualidad. Es protocolo estándar del CJNG para todas las armas que distribuye entre sus células operativas.
Es una medida de seguridad que complica las investigaciones forenses y que dificulta que las autoridades puedan vincular una arma específica con un crimen específico cometido en el pasado. Pero lo que esa medida no puede ocultar es es el hecho de que esas armas existen, de que fueron aseguradas durante un operativo legítimo y de que cada una de ellas representa un elemento de evidencia material que refuerza las carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado de Colima está construyendo contra la estructura del CJ en la región. Las
granadas aseguradas durante el operativo son otro indicador del nivel de capacidad operativa que la célula desmantelada tenía antes de que las autoridades llegaran hasta ellos. Porque las granadas no son armas que se consigan en el mercado negro de cualquier esquina. Son explosivos militares que requieren proveedores con acceso a arsenales del ejército o con conexiones internacionales que permitan su tráfico desde Centroamérica o desde Estados Unidos.
El CJNG ha demostrado durante años que tiene ambos tipos de proveedores. Ha demostrado que puede conseguir granadas de fragmentación, granadas, las de mano, lanzagranadas portátiles y municiones especializadas que ninguna organización criminal menor podría adquirir sin las conexiones y los recursos financieros que el cártel mantiene activos a pesar de la presión sostenida de esta ofensiva.
Lo que las granadas encontradas en Tecomes a esos proveedores, todavía tiene capacidad de adquisición, todavía puede armar a sus células con explosivos que están diseñados para enfrentar no solo a patrullas policiales, sino a unidades militares con equipamiento táctico avanzado. Pero tener acceso a ese armamento y poder usarlo de manera efectiva para mantener el control territorial son dos cosas completamente diferentes.
Y lo que ocurrió este lunes en Colima demuestra que el CJNG está perdiendo esa capacidad de uso efectivo a una velocidad que sus propios mandos regionales no anticiparon. Los narcóticos asegurados durante el operativo no han sido cuantificados de manera pública en los reportes oficiales, difundidos hasta ahora por la mesa de coordinación estatal.
Lo que que sí se sabe es que las autoridades decomizaron cantidades suficientes de sustancias ilícitas como para confirmar que la célula desmantelada no solo operaba como unidad de combate, sino también como unidad de distribución de droga en la región de Tecomán y zonas circundantes. Ese doble rol es característico de las células del CJNG, que operan en territorios donde el cártel mantiene control territorial parcial, pero no absoluto.
En esos territorios, las células no pueden especializarse en una sola función. Porque los márgenes de error son demasiado estrechos y porque la presión de las autoridades y de grupos criminales rivales requiere que cada unidad sea autosuficiente en términos de generación de ingresos y de capacidad de defensa.
Lo que eso significa en la práctica es que los mismos que este lunes dispararon contra los agentes de la Fiscalía General del Estado también eran los responsables de distribuir droga en tienditas, en esquinas, en bares y en puntos de venta controlados por el CJG en la región. eran soldados y vendedores al mismo tiempo. Y ahora dos de ellos están muertos y el resto de la célula está huyendo o intentando reorganizarse en condiciones que ya no les permiten operar con la misma libertad que tenían hace apenas 48 horas. La detención del ciudadano
estadounidense con orden de aprensión vigente por homicidio emitida en Estados Unidos es uno de los elementos más intrigantes de todo el operativo. Porque la presencia de un estadounidense vinculado a homicidio operando dentro de una célula del CJNG en Tecomán, Colima plantea preguntas que las autoridades todavía no han respondido de manera pública, pero que los analistas de seguridad ya están comenzando a investigar con la misma meticulosidad que caracteriza cada fase de esta.
ofensa. ¿Qué hacía un ciudadano estadounidense buscado por homicidio en su país operando con el CJNG en México? ¿Desde cuándo estaba en territorio mexicano? ¿Cómo logró cruzar la frontera con una orden de aprensión activa en su contra? ¿Qué función cumplía dentro de la estructura de la célula desmantelada? ¿Era sicario? ¿Era logístico? ¿Era coordinador? ¿Era proveedor de armas? ¿Era lavador de dinero? Las respuestas a esas preguntas están siendo construidas en este momento mediante interrogatorios. que los agentes de la
Fiscalía General del Estado y los elementos de inteligencia de la Guardia Nacional están realizando en instalaciones cerradas, donde el detenido no tiene acceso a abogados externos ni a comunicación con terceros hasta que las autoridades mexicanas completen el proceso de verificación de su identidad y de coordinación con las autoridades estadounidenses que emitieron la orden de aprensión original, lo que hace que este caso sea especialmente relevante dentro del contexto más amplio de la ofensiva.
es que no es la primera vez que ciudadanos estadounidenses son detenidos operando con cárteles mexicanos en territorio nacional, pero sí es una de las pocas veces en que esa detención ocurre en el marco de un operativo coordinado que involucra múltiples instancias de seguridad federal y estatal, trabajando bajo protocolos unificados que garantizan que cada elemento de evidencia sea procesable tanto en México como en Estados Unidos.
Esa coordinación binacional es uno de los pilares de la estrategia de García Harf. Es una de las razones por las que esta ofensiva ha logrado desmantelar estructuras criminales que durante años operaron con impunidad cruzando la frontera cada vez que la presión en un lado se volvía demasiado intensa, porque ahora ya no hay un lado seguro en la frontera.
Ahora las autoridades mexicanas y estadounidenses comparten información en tiempo real, coordinan operativos simultáneos y procesan detenidos bajo marcos legales que hacen imposible que un criminal buscado en un país pueda refugiarse en el otro, esperando que el tiempo o la burocracia diluyan las investigaciones en su contra.
Escribe en los comentarios si alguna vez te preguntaste cómo es posible que criminales buscados en Estados Unidos pudieran vivir tranquilamente en México durante años sin que nadie los detuviera. Porque la respuesta a esa pregunta está directamente relacionada con lo que esta ofensiva está desmantelando día tras día.
No era que las autoridades mexicanas no supieran dónde estaban esos criminales, era que las estructuras de corrupción judicial y policial que protegían a los cárteles también protegían a cualquiera que tuviera los recursos para pagar por esa protección. Y un estadounidense buscado por homicidio con acceso a las redes del CJNG tenía esos recursos, tenía esas conexiones y las usó durante el tiempo suficiente como para creer que podría seguir operando indefinidamente en territorio mexicano sin consecuencias.
Hasta que este lunes en Tecomán, esa ilusión se terminó con dos sicarios muertos, dos agentes heridos y un detenido que ahora enfrenta procesos penales en dos países de manera simultánea. Pero si el operativo en Tecomán fue impactante en términos de los resultados inmediatos, lo que ocurrió después en las carreteras y localidades de Colima fue la confirmación de que el CJNG todavía tiene capacidad de reacción violenta cuando siente que está perdiendo territorio o cuando sus operadores de alto valor son capturados o abatidos.
Los narcobloqueos que se registraron en la carretera Manzanillo Colima, durante las horas posteriores al enfrentamiento inicial no fueron actos espontáneos de vandalismo cometidos por grupos desorganizados. Fueron acciones coordinadas ejecutadas por células del JNG que recibieron órdenes específicas de generar el caos suficiente como para dificultar la movilización de las fuerzas de seguridad y para intentar demostrar que el cártel todavía controla suficiente territorio como para cerrar una carretera federal durante horas sin
que las autoridades puedan hacer nada para impedirlo. Esa demostración de fuerza tiene un propósito psicológico muy claro. No está diseñada para detener a las autoridades en términos operativos, porque todos saben que los narcobloqueos eventualmente serán levantados y que las carreteras eventualmente serán reabiertas.
Está diseñada para enviar un mensaje a la población civil y a las autoridades locales. El mensaje es simple. Nosotros todavía estamos aquí, todavía podemos hacer esto y ustedes no pueden impedirnos que lo hagamos cuando lo decidamos. Pero lo que ese mensaje no considera es que cada narcobloqueo, cada vehículo incendiado, cada tráiler quemado y cada acto de sabotaje contra infraestructura pública genera evidencia adicional que refuerza las carpetas de investigación que las autoridades están construyendo contra el CJN.
Genera videos que los ciudadanos graban con sus teléfonos celulares y comparten en redes sociales. Genera testimonios de conductores que quedaron varados durante horas en las carreteras bloqueadas. genera reportes de empresas de transporte cuyos tráileres fueron secuestrados y quemados. genera costos económicos que eventualmente se traducen en presión políticas sobre las autoridades estatales y federales para que intensifiquen las operaciones contra el cártel y genera una narrativa pública que hace cada vez más difícil que
cualquier sector de la sociedad mexicana pueda seguir argumentando que los cárteles son un mal necesario o que la violencia que generan es simplemente un costo inevitable de vivir en ciertas regiones del país. Porque lo que los narcobloqueos de Colima demostraron este lunes no fue poder, fue terrorismo puro aplicado contra población civil inocente que no tiene nada que ver con las disputas entre el CJNG y las autoridades, pero que termina pagando el costo de esas disputas cada vez que tiene que desviarse 50 km para evitar un
tráiler en llamas o cada vez que pierde horas de trabajo porque la carretera que usa todos los días está cerrada por órdenes de criminales que creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. La quema de al menos dos tráileres en la carretera Manzanillo Colima fue documentada mediante videos que circularon ampliamente en redes sociales durante toda la noche del lunes y la madrugada del martes.
Esos videos muestran vehículos de carga completamente envueltos en llamas, generando columnas de humo negro que se elevan decenas de metros hacia el cielo y que son visibles desde kilómetros de distancia. Los conductores de esos tráileres fueron obligados a descender de sus unidades bajo amenaza de muerte. Algunos de ellos fueron despojados de sus pertenencias personales antes de que los sicarios rociaran los tráileres con combustible y les prendieran fuego.
Otros simplemente corrieron hacia la maleza cercana cuando vieron que los sicarios se acercaban y no regresaron hasta horas después cuando las autoridades ya habían tomado control de la zona. Las empresas propietarias de esos tráileres ya presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado y están calculando las pérdidas económicas derivadas no solo de la destrucción de los vehículos, sino también de la pérdida de la carga que transportaban y de los contratos comerciales que no podrán cumplir debido
a los retrasos generados por el narcobloqueo. El sabotaje de las vías del tren intermodal Manzanillo Mexicali mediante la colocación deliberada de un tráiler sobre los rieles en Tecomán es quizás el acto más grave de todos los que el CJNGQ ejecutó como respuesta al operativo del lunes. Porque sabotear vías de tren no solo afecta el tránsito comercial terrestre, afecta cadenas de suministro completas que dependen del transporte ferroviario para mover mercancías industriales entre el puerto de Mancillo y los centros de
distribución en el interior del país. El tren intermodal Manzanillo Mexicali es una de las rutas ferroviarias más importantes del Pacífico mexicano. transporta contenedores con productos importados desde Asia que llegan al puerto de Manzanillo y que deben ser distribuidos hacia Estados del Norte y hacia la frontera con Estados Unidos.
Interrumpir esa ruta, aunque sea durante unas horas genera costos económicos que se miden en millones de pesos y que afectan a empresas que no tienen absolutamente ninguna relación con el narcotráfico ni con las disputas territoriales del CJNG. El hecho de que la locomotora que impactó contra el tráiler colocado sobre las vías no descarrilara es es un milagro técnico que los ingenieros ferroviarios que revisaron el sitio del impacto describieron como resultado de la velocidad relativamente baja a la que viajaba el tren en ese tramo y de la
resistencia estructural de la locomotora que absorbió el impacto sin comprometer su estabilidad. Pero ese milagro podría no repetirse la próxima vez y el hecho de que el CJ esté dispuesto a sabotear vías de tren, sabiendo que un descarrilamiento podría matar a decenas de personas inocentes, incluidos los propios maquinistas del tren, es una demostración de hasta dónde está dispuesta a llegar esa organización criminal para intentar mantener la ilusión de que todavía controla territorio en Colima. Los incendios de
vehículos que continuaron durante toda la noche del lunes en la localidad de Cerro de Ortega, ubicada aproximadamente a 30 km de Tecomán, fueron documentados mediante videos grabados por residentes locales que mostraron camionetas y automóviles completamente envueltos en llamas en calles residenciales, donde familias con niños pequeños tuvieron que refugiarse en sus casas mientras escuchaban detonaciones y veían el resplandor de los incendios a través de sus ventanas.
Esos incendios no tenían ningún propósito táctico, no bloqueaban ninguna ruta de acceso relevante para las fuerzas de seguridad. No impedían la movilización de refuerzos. Eran simplemente actos de violencia simbólica diseñados para aterrorizar a la población civil y para generar la percepción de que el CJG todavía puede generar caos cuando lo decide.
Pero lo que esos actos realmente generaron fue indignación, fue rechazo social, fue presión política sobre las autoridades estatales para que soliciten más recursos federales y más presencia permanente de la Guardia Nacional en la región. Y fue evidencia adicional que los fiscales van a usar en los tribunales para argumentar que el CJ ANG no es una organización criminal dedicada exclusivamente al narcotráfico, sino una organización terrorista que aplica violencia indiscriminada contra población civil para intentar mantener
control territorial mediante el miedo. La movilización coordinada de la Marina, la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado. Durante las horas posteriores al enfrentamiento inicial en Tecomán, es una demostración de cómo funciona en la práctica la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, que fue diseñada específicamente para evitar que las distintas fuerzas de seguridad operen de manera aislada y descoordinada, como ocurría en el
pasado. Mesa de coordinación opera bajo protocolos sunificados que fueron establecidos por García Harf como parte de la estrategia nacional de seguridad y que han demostrado durante los últimos meses que cuando las distintas instituciones trabajan bajo un mando unificado, con objetivos compartidos y con canales de comunicación abiertos en tiempo real, los resultados operativos se multiplican de manera exponencial.
Lo que eso significa en términos prácticos es que cuando los agentes de la Fiscalía General del Estado fueron atacados en Tecomán, no tuvieron que esperar horas para que llegaran refuerzos ni tuvieron que coordinar mediante llamadas telefónicas entre distintas dependencias que no comparten sistemas de comunicación.
Los refuerzos se movilizaron de manera automática porque los protocolos de respuesta ante ataques a elementos de seguridad están preestablecidos y porque todas las instituciones que forman parte de la mesa de coordinación monitorean en tiempo real lo que está ocurriendo en el territorio mediante sistemas de inteligencia compartida que detectan anomalías y sospechosos antes de que se conviertan en emergencia.
Suscríbete si te gustó el video, porque lo que ocurrió este lunes en Colima no es un caso aislado, es parte de una ofensiva nacional que está desmantelando las estructuras del crimen organizado con una velocidad y una precisión que ninguna administración anterior logró sostener durante tanto tiempo. Y cada operativo como el Tecomán es una pieza más del rompecabezas que eventualmente va a mostrar la imagen completa de cómo funcionaba el sistema de complicidad entre cárteles, políticos, jueces y empresarios que mantuvo a México
secuestrado durante décadas. La tarde del martes 26 de mayo en Colima amaneció con las carreteras despejadas, con los incendios controlados, con las vías del tren operando nuevamente y con las fuerzas de seguridad, patrullando las zonas donde el CJNG intentó generar caos. Durante la noche anterior, los dos agresores abatidos ya fueron identificados de manera preliminar, aunque sus nombres no han sido difundidos públicamente mientras las autoridades completan las notificaciones a sus familias y verifican sus antecedentes penales.
El ciudadano estadounidense detenido ya fue presentado ante el juez de control correspondiente y enfrenta proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde deberá responder por los cargos de homicidio que motivaron la orden de apreción en su contra. Los dos agentes heridos continúan bajo observación médica y se espera que ambos se recuperen completamente, aunque el proceso de rehabilitación del elemento que se encuentra en estado grave podría extenderse durante semanas.
El arsenal asegurado ya fue catalogado y será destruido mediante los protocolos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional para el desmantelamiento de armamento de comisado. Y las investigaciones derivadas del operativo ya abrieron nuevas líneas de indagación que apuntan hacia otros miembros de la célula del CJNG que operaba en Tecomán y que ahora están siendo rastreados mediante inteligencia de geolocalización y análisis de comunicaciones interceptadas.
Lo que el operativo de Tecomnan demostró una vez más es que la ofensiva de García Harfuch no se detiene ante narcobloqueos ni se intimida ante reacciones violentas del crimen organizado. No.
