HARFUCH FILTRA los DOS ESCENARIOS que ENFRENTA MARU CAMPOS por el CASO CIA en CHIHUAHUA

HARFUCH FILTRA los DOS ESCENARIOS que ENFRENTA MARU CAMPOS por el CASO CIA en CHIHUAHUA

El expresidente Fox Quesada expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y denunció una presunta persecución política. Martes 26 de mayo de 2026, Harfiltra los dos escenarios que enfrenta Maru Campos por el caso SIA en Chihuahua. Porque lo que está ocurriendo esta semana en el norte del país no es un trámite legal ordinario, no es una citación de rutina y no es un procedimiento que vaya a resolverse en silencio dentro de las oficinas de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez. Lo que está

ocurriendo es algo que no había sucedido en la historia reciente de México con estas características, con esta combinación de elementos y con este nivel de consecuencias potenciales para todos los actores involucrados. Sí, señores. Una gobernadora en funciones con fuero constitucional vigente citada por la Fiscalía General de la República como testigo en una investigación que involucra la muerte de dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos dentro del territorio mexicano, en el marco de un operativo

contra un narcolaboratorio en Chihuahua. Detente un momento en cada uno de esos elementos por separado, porque cada uno de ellos individualmente sería suficiente para convertirse en la nota más importante de la semana en cualquier país de América Latina. Juntos, en el mismo expediente, en la misma citación, con la misma fecha y el mismo despacho de Ciudad Juárez como destino, forman algo que los analistas constitucionales y los especialistas en derecho penal mexicano están describiendo como uno de los casos más complejos, más

políticamente cargados y más jurídicamente delicados que esta ofensiva ha producido desde sus primeros operativos. Y lo que García Hartfuch filtró las últimas horas sobre los dos escenarios que enfrenta María Eugenia Campos Galván. Cambia completamente la manera en que hay que leer, lo que va a ocurrir el miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, Ciudad Juárez, porque no es una decisión simple, no tiene una respuesta evidente y cualquiera de los dos caminos que Maru

Campos elija esta semana va a tener consecuencias que se van a extender mucho más allá del despacho donde se necesite, mucho más allá de Chihuahua y mucho más allá del expediente que lleva su nombre en este momento dentro de los archivos de la fiscalía. Escribe en los comentarios si alguna vez escuchaste que en México los políticos con fuero viven en un mundo diferente al resto de los ciudadanos cuando se trata de rendir cuentas ante la justicia.

Porque lo que este caso está exhibiendo esta semana es exactamente esa tensión documentada, nombrada y con fecha y hora definidas para resolverse. Para entender lo que está en juego a partir de este miércoles, es necesario entender primero cómo llegó la investigación hasta la gobernadora de Chihuahua, porque el camino que condujo a ese citorio entregado en el Palacio de Gobierno el 23 de mayo no comenzó con una denuncia anónima ni con una filtración periodística.

 comenzó con un operativo que salió de control de una manera que ninguno de sus participantes, ni mexicanos ni extranjeros, había previsto como posibilidad. El operativo en cuestión se ejecutó en territorio chihuahuense con el objetivo de desmantelar un narcolaboratorio activo. Hasta ahí el tipo de operación que la ofensiva ha ejecutado en distintos estados del país con resultados documentados y con metodología que ya ha probado su efectividad en condiciones similares.

 Lo que convirtió este operativo en algo cualitativamente diferente a todos los anteriores fue la presencia confirmada de cuatro agentes estadounidenses en el desarrollo del mismo. Cuatro personas que, según los elementos que la investigación ha logrado documentar hasta ahora, actuaban bajo la estructura operativa de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.

 Dos de esos cuatro agentes murieron durante el operativo en circunstancias que la investigación todavía está reconstruyendo con evidencia disponible. Y esa muerte, esa presencia es extranjera, no declarada en un operativo en suelo mexicano en la cadena de autorizaciones o ausencia de ellas que hizo posible que cuatro agentes de inteligencia estadounidenses estuvieran en ese narcolaboratorio en Chihuahua esa noche.

Es exactamente lo que la Fiscalía General de la República quiere que Maru Campos explique el miércoles a las 10 de la mañana. El citatorio fue entregado oficialmente en Palacio de Gobierno el 23 de mayo. El documento la cita en calidad de testigo, no de imputada, y hace referencia específica a la presencia de los cuatro agentes estadounidenses en el operativo que derivó en las muertes.

 La gobernadora recibió la notificación y declaró públicamente que daría la cara y que acudiría a la cita. Sin embargo, su equipo jurídico comenzó de inmediato el análisis del documento y encontró algo que en las horas siguientes se convertiría en uno de los argumentos centrales de su defensa política y legal.

 El citatorio, según la propia Campos y los abogados que lo revisaron, presenta múltiples incongruencias. No es un documento técnicamente impecable. No está elaborado con el rigor procedimental que se esperaría de un acto de esta naturaleza y de esta visibilidad. Y esa debilidad técnica del documento, lejos de ser un detalle menor, es uno de los elementos que los analistas de la situación están usando para construir la lectura de lo que la Fiscalía General de la República realmente está buscando con este citatorio, porque aquí viene la pregunta

que nadie está formulando con suficiente claridad en los espacios de análisis político de este país. La Fiscalía General de la República citó a Maru Campos porque tiene evidencia sólida de su participación directa en la autorización de las presencias de esos agentes en el operativo. O la citó porque el expediente todavía no tiene suficiente solidez para solicitar un procedimiento de desafuero y el citatorio, como testigo es la manera de producir presión política mientras la investigación continúa construyéndose.

El abogado penalista Gabriel Regino, quien analizó el caso en entrevista con a Susena Urestí, fue extraordinariamente directo al responder esa pregunta. Sus palabras exactas merecen ser repetidas con la misma precisión con la que las dijo, porque resumen con una claridad que no necesita adornos la paradoja jurídica en la que se encuentra este citatorio.

 Según Regino, la Ley Procesal Penal Mexicana establece de manera explícita que los titulares del Poder Ejecutivo Estatal, como lo es Maru Campos en su calidad de gobernadora de Chihuahua, no están obligados a acudir al Ministerio Público, ni a declarar presencialmente ni por escrito cuando son citados como testigos. No es opcional, no es una interpretación generosa de la ley, es lo que el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con suficiente claridad como para que cualquier tribunal que revisara la situación llega a la misma conclusión.

El citatorio, desde el punto de vista estrictamente legal es improcedente. Escribe en los comentarios si crees que la Fiscalía General de la República sabía perfectamente que ese citatorio era jurídicamente débil antes de entregarlo, porque la respuesta a esa pregunta es central para entender lo que realmente está ocurriendo.

 En este caso, Regino fue todavía más preciso cuando explicó la lógica que subase a ese citatorio improcedente. Sus palabras fueron, “No sé si lo están haciendo a ver si pega o para hacer ruido político.” Esa frase pronunciada por un abogado penalista con la experiencia suficiente para saber lo que está diciendo cuando la dice, es en realidad un diagnóstico completo de la situación.

Porque si la Fiscalía General de la República está usando un mecanismo que sabe que es jurídicamente cuestionable para citar a una gobernadora en funciones, entonces no estamos ante una investigación que sigue su curso natural hacia donde la evidencia la lleva. Estamos ante una decisión procesal que tiene un propósito que no es estrictamente jurídico.

 Y ese propósito, cualquiera que sea su motivación concreta, tiene un nombre que la propia gobernadora ya usó públicamente cuando recibió el documento. Maru Campos lo llamó persecución política. Y la pregunta que el caso plantea con una incomodidad que ninguno de los actores involucrados puede resolver fácilmente es si esa calificación tiene sustento en la comparación con Comomo.

 La misma Fiscalía General de la República ha tratado casos similares con protagonistas cuyas afiliaciones políticas son diferentes. Ahí entra el caso que Maru Campos puso sobre la mesa desde el primer momento en que recibió el citatorio. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, también citado por la Fiscalía General de la República, también en el contexto de investigaciones que involucran crimen organizado, pero con una diferencia que el abogado Regino señaló como estructuralmente relevante para evaluar la consistencia con la que

la Fiscalía General de la República está aplicando sus propios criterios. Rocha Moya no tiene fuero vigente en este momento, lo que significa que sí está legalmente obligado a acudir cuando la fiscalía lo cita. En ese sentido, la situación de ambos gobernadores no es jurídicamente equivalente y tratar el citatorio de campos con el mismo automatismo, que el de Rocha Moya sería un error técnico que cualquier abogado defensor podría explotar con facilidad en una sala de audiencias.

 Pero lo que Regino señaló como el elemento más revelador de la diferencia en el trato no es la diferencia jurídica entre fuero y sin fuero, es la diferencia política en la respuesta del gobierno federal a cada uno de los dos casos. En el caso de Rocha Moya, las distintas áreas del gobierno federal salieron a defender su presunción de inocencia, a invocar la soberanía estatal y a construir un discurso institucional de respaldo que amortiguó públicamente el impacto político del citatorio.

 En el caso de Maru Campos, ese respaldo no existió. No hubo declaraciones en defensa de su presunción de inocencia desde las áreas del gobierno federal. No hubo invocaciones a la soberanía del estado de Chihuahua. No hubo el mismo tratamiento institucional que sí recibió el gobernador de Sinaloa. Y esa simetría documentada en las declaraciones públicas de los propios funcionarios del gobierno federal durante los días que siguieron a la entrega del citatorio es exactamente el argumento que el PAN está usando para construir su narrativa de

persecución política. era su base en Chihuahua con la urgencia y la contundencia que esta semana ha exhibido. Porque el PAN no se quedó callado. El dirigente nacional, Jorge Romero Orera, anunció una semana completa de acciones y movilizaciones en Chihuahua con una concentración masiva planeada para el último fin semana de mayo y usó una frase que ya circula en todos los espacios políticos del país con la velocidad que solo alcanzan las frases que tocan algo real.

 Si se meten con ella, se meten con todos. Eso no es retórica de partido que necesita producir contenido para sus redes sociales durante una semana sin noticias. Eso es una declaración de posicionamiento político que el PAN está haciendo con plena conciencia de lo que implica, de lo que activa en su base y de lo que obliga al gobierno federal a responder o a no responder con las consecuencias que cualquiera de las dos opciones genera.

 Suscríbete si te gusta el video porque lo que sigue es la parte del análisis que los medios convencionales no están desarrollando con la profundidad que este caso requiere. Los dos escenarios que Harftró para Maru Campos son los que el abogado Regino articuló con una claridad que elimina la posibilidad de interpretaciones alternativas y los dos tienen consecuencias que van mucho más allá del miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana en Ciudad Juárez.

 El primer escenario es el legal puro. Maru Campos decide no acudir al citatorio de la Fiscalía General de la República, argumentando exactamente lo que la ley le permite argumentar, que como titular del poder ejecutivo estatal, el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales la exime de la obligación de comparecer presencialmente ante el Ministerio Público cuando es citada en calidad de testigo.

 Su equipo jurídico presenta el análisis de las incongruencias del documento. señala su improcedencia técnica y comunica formalmente que la gobernadora no estará presente en la diligencia del miércoles. Desde el punto de vista estrictamente legal, esa decisión es inobquetable. Ningún juez que aplique la ley con consistencia podría sancionar a la gobernadora de Chihuahua por no acudir a un citatorio que la ley no la obliga a cumplir.

 La Fiscalía General de la República tendría entonces dos opciones. archivar temporalmente la situación y construir un expediente más sólido que le permita en el futuro solicitar el procedimiento de declaración de procedencia, que es el mecanismo constitucional mediante el cual se puede retirar el fuero a un funcionario de ese nivel para proceder penalmente en su contra o insistir en mecanismos de presión que, dado el análisis jurídico que ya está sobre la mesa, cada vez tendrían menos sustento técnico y más apariencia de instrumentalización

política. El segundo escenario es el que Regino describió con una precisión que merece reproducirse con exactitud porque captura algo que quienes no conocen la mecánica real de la política penal mexicana podrían no anticipar. Campos acude al sitorio del miércoles. Se presenta en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez.

 A las 10 de la mañana entra al despacho, la esperan los agentes del Ministerio Público y en ese momento ejerce el derecho que la misma ley le concede, el de reservarse a declarar amparándose en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales. no declara, no responde preguntas, no ofrece información sobre el operativo, ni sobre los agentes estadounidenses, ni sobre ningún elemento de la investigación, pero estuvo ahí, se presentó, dio la cara como ella misma dijo que haría cuando recibió el citatorio. Y en ese momento

el citatorio que la Fiscalía General de la República diseñó como instrumento de presión se convierte en el escenario que la gobernadora utiliza para producir exactamente la narrativa que más le conviene en términos políticos. Regino lo describió con una concisión que es difícil mejorar. En la experiencia político-penal, el camino es presentarse, reservarse el derecho a declarar y convertir la diligencia en una demostración pública de que la persecución pública que se le acusa al gobierno federal existe, tiene fecha,

tiene hora y tiene dirección postal en Ciudad Juárez. Y entonces dijo Regino, todo se politiza. El elemento que hace que ese segundo escenario sea potencialmente más poderoso en términos de consecuencias reales que el primero no es jurídico, es comunicacional. Porque Simaru Campos llega el miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República con su equipo jurídico, con la presencia de los medios que inevitablemente van a estar ahí, con la movilización del PAN como telón de fondo en Chihuahua y con el argumento

del trato diferenciado respecto a Rocha Moya, disponible para cualquier periodista que le pregunte. Entonces, la gobernadora no está respondiendo un citatorio, está protagonizando una imagen política que el PAN va a reproducir durante semanas como evidencia de la persecución que denuncia y como combustible para la movilización que ya anunció.

 ¿Te imaginas la escena? La gobernadora entrando a la fiscalía, reservándose el derecho a declarar y saliendo frente a las cámaras a hablar de fuero, de soberanía y de trato desigual. Es exactamente lo que cualquier estratega político con experiencia diseñaría. si quisiera convertir un momento de vulnerabilidad en una plataforma de fortalecimiento.

 Y el abogado Regino fue explícito al decir que la actuación de la Fiscalía General de la República en este caso es desace y que podría terminar por fortalecer la posición política de la gobernadora, no debilitarla. Escribe en los comentarios cuál de los dos escenarios crees que Maru Campos va a elegir el miércoles, porque la decisión que tomen las próximas horas va a revelar mucho sobre la estrategia que su equipo considera más efectiva para los meses que siguen.

Hay un elemento adicional en este caso que los análisis que circulan en este momento no están desarrollando con la profundidad que merece y que tiene que ver con la dimensión internacional de lo que está en el centro de la investigación. No estamos hablando de un narcolaboratorio desmantelado con las consecuencias habituales de este tipo de operativos.

 Estamos hablando de un operativo donde murieron dos personas que según la evidencia disponible actuaban bajo la estructura de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en territorio mexicano. Ese hecho, independientemente de cómo se resuelva la situación procesal de Maru Campos, tiene implicaciones que van mucho más allá del expediente de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez.

 La presencia de agentes de inteligencia extranjeros en operativos en suelo mexicano es uno de los temas más sensibles de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Con una historia larga, compleja y con episodios que cada vez que salen a la superficie ponen en tensión los acuerdos de cooperación que ambos gobiernos han construido durante décadas.

 La muerte de dos de esos agentes en territorio chihuahüense eleva esa tensión a un nivel que ningún funcionario de ninguno de los dos gobiernos puede ignorar, independientemente de cuánto prefiriera que el asunto se resolviera sin visibilidad pública. La pregunta, ¿qué ese elemento internacional plantea respecto a la situación de Maru Campos? es una que todavía no tiene respuesta pública documentada, pero que el expediente va a tener que responder en algún momento.

 ¿Quién autorizó la presencia de esos cuatro agentes en el operativo? Esa autorización, si existió, llegó a la gobernadora de Chihuahua de manera formal, informal o no llegó en absoluto. Operaron esos agentes en territorio chihuahuense con el conocimiento del gobierno estatal, sin él, o con el conocimiento de algunos actores dentro del gobierno estatal y no de otros.

 Esas preguntas son exactamente las que la Fiscalía General de la República quiere que la gobernadora responda el miércoles a las 10 de la mañana. Y son exactamente las preguntas que el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales le permite a Marau Campos no responder si así lo decide. Javier Corral aparece en este análisis en el momento en que la propia gobernadora lo puso sobre la mesa como argumento de comparación.

 Campo señaló que el exgobnador de Chihuahua no ha sido llamado por la Fiscalía General de la República a pesar de tener una orden de aprensión en el estado. Si eso es cierto y la información pública disponible no lo contradice. Entonces, la asimetría en el tratamiento de distintos actores políticos por parte de los mecanismos de justicia federal se convierte en un patrón que el equipo jurídico y político de Maru Campos va a continuar documentando y exhibiendo públicamente cada vez que el expediente produzca un nuevo movimiento. Porque la

narrativa de la persecución política no se sostiene con un solo dato, necesita un patrón. si el patrón existe, si hay suficientes comparaciones donde el trato diferenciado es documentable, entonces esa narrativa deja de ser una estrategia de defensa y se convierte en una descripción de cómo funciona la selectividad a justicia en función de las afiliaciones políticas de quienes son investigados.

 Si la Fiscalía General de la República procede eventualmente a solicitar el desafuero de Maru Campos, el proceso que se activaría no es simple ni rápido. El procedimiento de declaración de procedencia requiere que la solicitud llegue a la Cámara de Diputados, que es el órgano competente para determinar si el fuero de un gobernador o de otro funcionario de ese nivel se retira para permitir que la investigación penal avance de manera formal.

 Ese proceso tiene tiempos, tiene debates y tiene una carga política que en el contexto actual de la composición de la Cámara y de las tensiones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales de oposición generaría un nivel de confrontación institucional que ninguno de los actores involucrados puede calcular con certeza en este momento.

 Lo que sí se puede calcular con certeza es que cualquier movimiento de la Fiscalía General de la República que no esté técnicamente blindado, va a ser destruido en el espacio legal por el equipo jurídico de la gobernadora y en el espacio político por el PAN, con la movilización que ya anunció y que tiene toda la infraestructura necesaria para ejecutar con la visibilidad que este caso merece en términos de su impacto en la narrativa nacional.

 Escribe en los comentarios si crees que el gobierno federal calculó bien el momento y la manera de llevar adelante este citatorio o si el análisis del abogado Regino tiene razón cuando dice que la actuación de la fiscalía fue desaceada, porque esa evaluación es central para entender qué viene después de este miércoles.

 Lo que este caso revela sobre el estado de las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales de oposición en este momento es algo que trasciende el expediente concreto de Maru Campos y que los analistas constitucionales están comenzando a articular con una preocupación que va más allá del resultado procesal de este caso específico.

 Si la Fiscalía General de la República puede ser percibida con argumentos jurídicos sólidos y con comparaciones documentadas como un instrumento de presión política diferenciada según la afiliación del gobernador investigado, entonces el daño institucional que esa percepción produce sobre la confianza en el sistema de justicia federal es un daño que ningún expediente resuelto exitosamente puede compensar porque la legitimidad de un sistema de justicia no depende únicamente de si sus investigaciones llegan a resultados jurídicamente correctos. Depende también de si los

ciudadanos perciben que esos resultados se buscan con los mismos criterios, con la misma intensidad y con la misma disposición a usar todos los mecanismos de disposición, todos los quienes estén indisponibles. De aquí investigando y de qué partido es el gobernador cuyo despacho recibe el citatorio.

 Lo que va a ocurrir el miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez va a ser cualquiera que sea la decisión que Maru Campos tome en las próximas horas el inicio de un capítulo de este caso y no su resolución. Se acude y se reserva el derecho a declarar.

 El expediente continúa sin el testimonio de la gobernadora y la presión política que aquel PAN construyó esta semana se mantiene activa. Si no acude y argumenta la introcedencia del citatorio, la Fiscalía General de la República tiene que decidir cuál es su siguiente movimiento con un expediente que el análisis jurídico disponible describe como todavía insuficiente para sostener un proceso de desafuero.

 En cualquier caso, los dos presuntos agentes de las CIA que murieron en Chihuahua siguen siendo centro de una investigación que tiene dimensiones internacionales, dimensiones constitucionales y dimensiones políticas que este miércoles no va a resolver. solo va a definir en qué dirección y con qué velocidad continúan desarrollándose.

 Y mientras eso ocurre en Ciudad Juárez, en Chihuahua, el PAN está construyendo la movilización que prometió para el último fin de semana de mayo, con la frase que ya nadie va a poder ignorar resonando en cada acto, en cada declaración y en cada rincón donde el partido tenga la capacidad de hacer llegar su mensaje. Si se meten con ella, se meten con todos.

Lo que esa frase activa, lo que moviliza, lo que le dice a la base panista en Chihuahua y en el resto del país sobre lo que está en juego es exactamente el tipo de combustible político que convierte un susitatorio jurídicamente débil en el punto de partida de una confrontación que puede durar mucho más que una semana y que puede tener consecuencias que en este momento ninguno de los actores involucrados puede calcular con la certeza que quisiera tener.

El miércoles es solo el comienzo. Lo que venga después depende de decisiones que todavía no se han tomado, de evidencia que todavía se está construyendo y de un equilibrio político que esta semana demostró ser mucho más frágil de lo que cual cualquiera hubiera anticipado antes de que ese citatorio llegara al Palacio de Gobierno de Chihuahua el 23 de mayo.

Lo que ningún análisis de este caso está desarrollando con suficiente profundidad es la dimensión que convierte el operativo del narcolaboratorio en Chihuahua en algo cualitativamente diferente a cualquier otro caso que esta ofensiva haya producido hasta ahora. Porque la muerte de dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en Suelo Mexicano no es un dato procesal más dentro del expediente de la Fiscalía General de la República.

 Es un evento con consecuencias diplomáticas, con presiones que no aparecen en ningún documento oficiones entre los gobiernos de de México, pues, y los Estados Unidos, que está ocurriendo en paralelo a todo lo que se ve en las conferencias de prensa y en los citatorios entregados en palacios de gobierno.

 Piensa un momento en lo que implica para la relación bilateral que dos agentes de inteligencia estadounidenses hayan muerto en territorio mexicano durante un operativo. que ninguno de los dos gobiernos ha explicado con claridad suficiente. La Agencia Central de Inteligencia no opera en el extranjero de manera improvisada.

 Sus agentes no llegan a un narcolaboratorio en Chihuahua sin que exista una cadena de autorizaciones, de coordinaciones y de acuerdos que en algún punto involucra a funcionarios de ambos lados de la frontera con el nivel suficiente para habilitar ese tipo de presia. Eso significa que la pregunta sobre quién sabía que esos agentes estaban ahí esa noche no tiene una respuesta que se limite al gobierno estatal de Chihuahua.

Esa pregunta apunta hacia arriba hacia los mecanismos de coordinación federal entre México y los Estados Unidos que en este momento nadie está nombrando públicamente con la precisión que el caso requiere. Escribe en los comentarios si crees que el gobierno federal mexicano sabía de la presencia de esos cuatro agentes en el operativo antes de que ocurrieran las muertes.

Porque la respuesta a esa pregunta cambia completamente la lógica de por qué el citatorio llegó a la gobernadora de Chihuahua y no a ningún otro funcionario con mayor capacidad de haber autorizado esa presencia extranjera en suelo nacional. La otra dimensión que este caso tiene y que los próximos días van a forzar a que salga a la superficie es la que tiene que ver con los otros dos agentes que sobrevivieron al operativo.

 Cuatro agentes entraron, dos murieron, dos salieron y esos dos que salieron tienen información que ningún citatorio a ninguna gobernadora puede reemplazarse como fuente de reconstrucción de lo que ocurrió esa noche en el narcolaboratorio de Chihuahua. ¿Dónde están esos dos agentes? ¿Qué declararon ante las autoridades estadounidenses? ¿Qué información contar con sus contrapartes mexicanas en las horas y los días posteriores al operativo? Y si esa información está siendo utilizada o ignorada dentro del expediente de la Fiscalía General de la República, son

preguntas que el caso va a tener que responder en algún momento con evidencia concreta. Lo que el abogado Regino dijo sobre la actuación desace de la Fiscalía General de la República adquiere una dimensión adicional cuando se lee en ese contexto internacional. Porque si el expediente tiene debilidades técnicas documentadas en el propio citatorio entregado a la gobernadora, si el mecanismo procesal utilizado es jurídicamente cuestionable y si la comparación con el trato dado a otros gobernadores investigados revela una

simetría que no tiene explicación legal suficiente, entonces la pregunta que inevitablemente surge es si este citatorio fue diseñado con el propósito real de obtener información sobre el operativo o si fue diseñado con un propósito diferente que tiene más que ver con la geometría política del momento que con la construcción sólida de un expediente que pueda sostenerse en un Esa es la pregunta que el miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana en Ciudad Juárez no va a responder, pero que va a estar presente en cada

movimiento que este caso produzca a partir de ese momento. Y mientras esa pregunta permanece sin respuesta pública, los dos presuntos agentes de la CIA que murieron en Chihuahua siguen siendo el elemento que hace que este caso tenga una gravedad que ninguna movilización del PAN y ningún citatorio técnicamente débil pueden reducir a una disputa política ordinaria.

 Esto es algo más grande y apenas está comenzando. Suscríbete si te gustó el video porque este caso va a seguir moviéndose rápido y aquí vas a encontrar el análisis completo cada vez que haya un desarrollo que merezca ser explicado con la profundidad que la situación requiere. M.