El último reportaje de Roxana Guzmán ¿Quién se le llevo?

El último reportaje de Roxana Guzmán ¿Quién se le llevo?

A ver, cabrón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. E es un vermate, cálmate. La primera pieza del rompecabezas no parece peligrosa. una vaca o varias vacas, animales que deambulan libremente por las calles de la colonia Mundo Nuevo en el municipio de Nanchital, al sur del estado de Veracruz.

 El 31 de mayo de 2026, pocos días antes de que un comando armado derribara su puerta a golpes de mazo, Roxana Berenice Guzmán Ramírez publicó en la página de Facebook de su portal Pulso Informativo del Sureste una nota que los vecinos de la calle 5 de febrero le habían pedido específicamente que difundiera. La denuncia era de apariencia menor.

 El propietario de varias reces las dejaba circular sin control por espacios públicos, callejones y áreas cercanas al DIF municipal. Los vecinos contaban que el ganado había entrado a terrenos privados y transitaba cerca de donde pasan estudiantes, motociclistas y conductores. La nota documentaba que el sábado anterior un adulto mayor había intentado retirar a los animales de un predio donde varios niños recogían mangos y que una de las vacas lo había derribado al suelo.

 El anciano terminó con lesiones de gravedad. Los denunciantes pedían que el responsable fuera identificado públicamente y que las autoridades intervinieran. En la nota aparecía un nombre, el del propietario del ganado, conocido en la zona como el negro de los cielos. Ese nombre, ese apodo, esa dirección hacia un sector específico de Nanchital, esa es la segunda pieza.

 En un municipio de aproximadamente 30,000 habitantes enclavado entre Cuatzacalcos y Minatitlán, donde los ductos de petróleos mexicanos cruzan el subsuelo como arterias de un organismo enfermo. Los apodos no son detalles anecdóticos, son mapas, son afiliaciones, son advertencias. Los documentos de inteligencia federal que circularon en años anteriores y que fueron consignados por la Secretaría de la Defensa Nacional identificaban a Nanchital como parte de un corredor estratégico que conecta el sur del estado de Veracruz con Tabasco,

una zona disputada simultáneamente por organizaciones como los ZAS Vieja Escuela, el Cártel de Noreste, el cártel Jalisco Nueva generación, Jarochos Unidos, Mando Sur, el grupo Sombra y el denominado Cártel Nuevo Veracruz. Sobre ese territorio se superponen el narcomenudeo, el huachicol, el tráfico de personas y la extorsión sistemática a comerciantes, ganaderos y pequeños empresarios.

En ese ecosistema, el ganado que circula libremente por las calles puede ser simplemente ganado o puede ser el indicador visible de algo que no está en la superficie. Roxana no era una periodista desconocida en Nanchital, aunque llevaba apenas unos meses de haber regresado. 9 años antes, el 11 de marzo de 2017, Carlos Fernández Escalante, conocido con el alias el loco, fue ejecutado a balazos en la colonia Brunet de ese mismo municipio.

 El crimen ocurrió a unos metros de donde se encontraba su esposa. Su esposa era Roxana. Las investigaciones del homicidio, según consignaron en su momento medios locales como plumas libres, apuntaron a una posible venganza por viejas rencillas. El historial de Fernández Escalante era conocido en la zona. En 2012 había sido detenido por elementos de las fuerzas armadas mexicanas en posesión de armas de uso exclusivo del ejército y drogas.

En diciembre de 2015, al recobrar su libertad, recibió al menos tres impactos de bala en un atentado. Los médicos del hospital comunitario de Cuatzacoalcos le salvaron la vida en esa ocasión. Dos años después no hubo segunda oportunidad. La organización Comunicación e Información de la Mujer confirmó que en 2017 Guzmán Ramírez se vio obligada a abandonar el estado de Veracruz por motivos de seguridad, posiblemente relacionados con la muerte de su esposo.

 Antes de salir había trabajado en el diario del Ismo. Después de 2017 hubo silencio. Ese silencio duró 8 años. En enero de 2025, Roxana Berenice Guzmán Ramírez regresó a Nanchital. no llegó en silencio. Fundó el portal Pulso Informativo del Sureste, también conocido localmente como Pulso Nanchiteco. El medio operaba principalmente a través de una página de Facebook desde donde realizaba transmisiones en vivo y publicaba reportes ciudadanos, notas sobre servicios públicos fallidos, denuncias de vecinos, seguimiento a la

política municipal y cobertura de la nota roja regional. En pocos meses, el portal acumuló 19,000 seguidores. Era un medio hiperlocal de trinchera. El tipo de periodismo que en teoría no amenaza a nadie porque no tiene alcance nacional. Pero en territorios donde el poder opera a escala de colonia, de calle, de nombre propio, 19,000 testigos son una cantidad suficiente para incomodar.

 La única excepción documentada al silencio institucional que rodeó su trabajo en esos meses, data de 2019 antes de su regreso, cuando Guzmán Ramírez solicitó la intervención de la Comisión Estatal para la atención y protección de los periodistas por un presunto hostigamiento de una funcionaria municipal de Nanchital.

El expediente existe. El seguimiento, si lo hubo, no dejó registro público visible. Un compañero de trabajo declaró a Milenio que nunca la escuchó hablar de amenazas, que llevaba dos o tres años trabajando activamente en el periodismo de la zona, que en ningún momento les platicó de situaciones que la pusieran en riesgo.

 Esa declaración no descarta el peligro, la confirma de otra manera. En Veracruz, la gente que recibe amenazas concretas no siempre las enuncia. A veces callar la amenaza es el único margen de maniobra disponible. En los días inmediatamente anteriores al 2 de junio de 2026, el portal de Roxana publicó tres notas que los analistas del caso han señalado como potencialmente relevantes.

 La primera era una denuncia ciudadana sobre la comercialización de huevos en mal estado en Nanchital, una nota de consumidor que en cualquier otro contexto sería intrascendente. La segunda era el reportaje sobre el adulto mayor herido por las vacas de El Negro de los cielos, con la exigencia de que el propietario asumiera responsabilidad civil y que las autoridades intervinieran.

 La tercera documentaba las exigencias de una familia al ayuntamiento municipal para que cubriera los gastos médicos derivados de un accidente en el que había estado involucrada una camioneta oficial del gobierno local. Tres piezas de la cotidianidad de un municipio, tres notas que en cualquier sala de redacción metropolitana no pasarían el filtro editorial del día.

 En Nanchital, en junio de 2026, aparecen en la cronología inmediatamente anterior al secuestro de su autora. El reportaje sobre el accidente con la camioneta oficial es la tercera pieza que merece atención, implica negligencia o responsabilidad de un vehículo del Ayuntamiento, implica lesiones a un ciudadano.

 implica la pretensión de que una institución municipal rinda cuentas. En regiones donde la estructura criminal y la estructura burocrática comparten espacios, intereses y a veces personal, exigir que el ayuntamiento pague consecuencias por sus camionetas puede equivaler, en términos de riesgo para el periodista a exigir cuentas de algo más complicado que una llanta mal alineada.

El reportaje sobre el ganado, sin embargo, es el que contiene el nombre que reaparece en los testimonios posteriores al secuestro. En Nanchital y sus alrededores, el apodo El Negro se usa para más de una persona. En los documentos de la Secretaría de Defensa Nacional que circularon públicamente en años previos y que fueron retomados por medios como Telediario, aparece un individuo identificado como Daniel Arsenio Chávez Cruz, el negro, señalado como operador del cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Veracruz

y la Antigua. Ese, el negro específico opera en otra zona geográfica. El negro mencionado en la nota de Roxana es localizado en los cielos, que es el nombre con el que vecinos identifican informalmente a un sector o fraccionamiento de Nanchital. No hay ningún registro público verificado que conecte directamente a ese individuo particular con la estructura del crimen organizado.

Lo que sí existe es la coincidencia temporal y geográfica, un nombre publicado en el portal de una periodista de Nanchital con 19,000 seguidores, pocos días antes de que un comando perfectamente equipado y coordinado llegara a su domicilio a las 6 de la mañana. con mazos y armas largas. En el análisis criminal, la planificación táctica de una operación de este tipo requiere conocimiento previo.

 Requiere saber a qué hora sale alguien, dónde vive exactamente, cuántas personas hay en el inmueble, si hay cámaras, cuál es la ruta de escape, requiere recursos, pasamontañas, chalecos tácticos, armas de fuego largas, medios de transporte y requiere una decisión. actuar en el lenguaje del crimen organizado. Esa decisión no se toma por impulso.

 Se toma cuando alguien calcula que el costo de no actuar es mayor que el costo de actuar. La madrugada del martes 2 de junio de 2026 en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo de Nanchital, ese cálculo ya estaba hecho. Eran aproximadamente las 6 de la mañana cuando los primeros golpes de mazo impactaron la puerta de aluminio y cristal de la vivienda de Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

 El metal empezó a ceder. Desde adentro, un hombre que se encontraba en el inmueble comenzó a gritar. Pedía calma. Advertía sobre la presencia de menores de edad. Había un bebé en las habitaciones. Los golpes no cesaron. La puerta terminó cediendo. Cuando los encapuchados entraron, uno de ellos llevaba un arma larga.

 La apuntó hacia las personas que estaban dentro. ordenó que todos se tiraran al piso. Alguien intentó grabar con un teléfono celular. Uno de los agresores notó la grabación y arrancó el dispositivo por la fuerza. El video se interrumpió en ese momento. Dura aproximadamente 35 segundos. Esos 35 segundos recorrieron el país en cuestión de horas.

Hay un detalle en las imágenes que los analistas de seguridad señalaron de inmediato. La vestimenta de los atacantes, chalecos tácticos y pantalones de cargo en color azul marino. El diseño y la paleta cromática son indistinguibles de la indumentaria oficial de la Policía Estatal de Veracruz.

No es la primera vez que se registra este fenómeno en el sur del estado. La utilización de uniformes con características idénticas a los de las corporaciones policiales cumple al menos tres funciones operativas simultáneas. Neutraliza la resistencia de las víctimas que asumen estar ante una autoridad legítima.

 Inhibe las llamadas de emergencia de los vecinos que interpretan el operativo como un cateo judicial. y contamina las investigaciones posteriores, sembrando la duda sobre la participación activa de elementos en activo de las fuerzas de seguridad. La diputada Berta Ahed Malpica, presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas del Congreso Estatal, rechazó públicamente esa versión ese mismo día.

 Lo que no explicó es cómo distinguir en el video de 35 segundos entre un uniforme de policía estatal y un uniforme que replica sus características exactas. La Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió su comunicado a las 12:18 horas del 2 de junio, cuatro oraciones. Confirmaba la apertura de una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional de Cuatzacalcos.

describía el caso como una presunta privación ilegal de la libertad. Identificaba a la víctima únicamente por sus iniciales. RGR afirmaba que la trilogía investigadora compuesta por fiscales, peritos y policías ministeriales ya realizaba actos de investigación. Al cierre del día no había líneas de investigación públicas, no había móviles comunicados, no había descripción de los vehículos utilizados por los captores.

El nombre de Roxana Berenice Guzmán Ramírez no aparecía en el Registro Nacional de Detenciones. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas actuó con mayor visibilidad. Su presidente, Luis Ramírez Vaqueiro, confirmó el secuestro y anunció el despliegue de un equipo multidisciplinario hacia la zona sur.

Una delegación integrada por el director jurídico, el director de atención y personal especializado, se trasladó a Nan Chital para representar a la familia, agilizar las denuncias formales y coordinar medidas de protección para los familiares directos de la periodista. La CAP también emitió un llamado al gremio para manejar la información con responsabilidad, evitando publicaciones que pudieran comprometer su seguridad.

Era implícitamente una confirmación de que para ese momento no existía ninguna certeza sobre si Roxana seguía con vida. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial desplegaron un operativo conjunto en la zona sur del estado.

 La gobernadora Rocío Nale no emitió ningún pronunciamiento público durante el día del secuestro, ninguno. Su silencio fue consignado por múltiples medios de comunicación, incluyendo una publicación en redes sociales del legislador Manuel López San Martín e quien escribió: “Es el Veracruz violento e inseguro de Rocío Nale.

” El senador federal Manuel Huerta de Morena exigió en cambio un despliegue coordinado y transparente entre fuerzas estatales y federales y señaló que el próximo día de la libertad de expresión, el 7 de junio, no podía ser una efeméride retórica frente a una periodista desaparecida. Artículo 19 documentó el caso Horas después del secuestro y exigió a la Fiscalía Estatal que la labor periodística de Guzmán Ramírez fuera establecida como la línea prioritaria de las investigaciones.

 Pidió la aplicación del protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Señaló que cuando la violencia se ejerce contra una mujer periodista convergen dos factores simultáneos de vulnerabilidad: el ejercicio informativo y la violencia de género. La Sociedad Interamericana de Prensa exhortó al Estado mexicano a utilizar todas sus capacidades de inteligencia.

La relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó alarma. Ante la persistencia de zonas de alto riesgo para el periodismo en Veracruz, la organización Simac activó la alerta mujeres periodistas. Todas estas organizaciones emitieron pronunciamientos en el transcurso del mismo martes.

 Era un coro amplio, urgente y Roxana seguía sin aparecer. El contexto en el que ocurre este secuestro no es accidental aislado. Veracruz aparece en todos los mapas del crimen organizado como uno de los territorios más complejos del país. Su posición geográfica lo convierte en bisagra entre el surproductor y el norte consumidor de drogas, en corredor de tráfico de personas, en zona de control de ductos petroleros, refinerías y plataformas marinas.

 La Sedena identificó en documentos internos la presencia de al menos cinco organizaciones criminales activas en el estado, disputándose simultáneamente el narcomenudeo, el huachicol, el secuestro, la extorsión y el cobro de piso. En el corredor específico que va de Cuatzacalcos a Minatitlán, pasando por Nanchital, Agua Dulce y Las Choapas, analistas como Héctor de Mauleón han documentado la presencia de Jarochos Unidos, Mandosur, Antrax, Gente Nueva, El Cártel Nuevo Veracruz, el Grupo

Sombra, Losetas, Vieja Escuela, el Cártel de Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación. No es un solo grupo, es un festín, como lo ha descrito la literatura periodística sobre la región. Un festín donde las reglas las fijan quienes tienen las armas largas y los chalecos tácticos.

 En ese contexto, el asesinato del esposo de Roxana en 2017 no fue un episodio aislado de violencia doméstica o personal. Las investigaciones de ese crimen apuntaron a disputas entre grupos vinculados al narcomenudeo en la zona industrial y de complejos de Pemex. Carlos Fernández Escalante, alias el loco, había sido detenido por el ejército en 2012 con armas militares y drogas.

 Había sobrevivido un atentado en 2015. Fue ejecutado en 2017. El expediente de su homicidio apuntaba, según medios locales, a viejas rencillas. Pero en Anchital, las rencillas que matan no son viejas, son presentes, son territoriales, son económicas y no se olvidan. Cuando Roxana volvió en 2025, volvió a ese mismo territorio.

 Volvió con un micrófono digital y una página de Facebook con 19,000 seguidores. Volvió a cubrir lo que nadie más cubría en esa escala. Las quejas de los vecinos, los accidentes con camionetas del ayuntamiento, los huevos en mal estado, las vacas sueltas. y también regresó a un ambiente donde la persona que nombras públicamente puede ser alguien que prefiere no ser nombrado, donde la transparencia es en sí misma un acto de riesgo calculado.

 La nota sobre el negro de los cielos no era una investigación de crimen organizado, era una denuncia de vecindad, una queja sobre animales que deambulan sin control y que lesionaron a un anciano frente a niños que recogían mangos. era exactamente el tipo de periodismo hiperlocal que las organizaciones internacionales describen como el más importante y el más desprotegido, el que documenta lo que pasa en una calle específica, en un sector específico, con un nombre específico.

 Ese tipo de periodismo no tiene cobertura satelital, ni abogados en Ciudad de México, ni números de emergencia memorados. tiene 19,000 personas que lo leen y tiene a veces la desgracia de nombrar a quien no quiere ser nombrado. Hay una pregunta que las investigaciones aún no responden.

 ¿Quién es exactamente el negro de los cielos en el ecosistema de Nanchital? El apodo circula en la denuncia ciudadana que Roxana publicó. Los vecinos que le llevaron la historia lo conocen como el propietario del ganado. No existe registro público verificable que lo vincule a ninguna estructura criminal específica. Lo que existe es una coincidencia temporal que las autoridades están obligadas a explorar y que la lógica del contexto hace imposible ignorar.

 Entre los últimos reportajes publicados por la periodista y su secuestro, ese nombre aparece. En un municipio donde la violencia letal se administra con precisión quirúrgica, nombrar puede tener consecuencias que ninguna redacción de pueblo debería tener que calcular. La cuarta pieza es la más oscura, el historial de impunidad.

Desde julio de 2010, cuando fue creada formalmente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la libertad de expresión hasta septiembre de 2025, ese organismo federal obtuvo nueve sentencias condenatorias por homicidio de periodistas y cuatro por tentativa a nivel nacional, nueve sentencias en 15 años.

 En un país donde artículo 19 documenta al menos 176 asesinatos de comunicadores vinculados a su labor desde el año 2000. En un país donde la misma organización registra 32 desapariciones de periodistas desde 2003 sin resolver, cifra que colectivos civiles elevan a 35 casos activos. En un país donde durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Shainbaum se reportaron al menos 12 homicidios de periodistas y una desaparición más, nueve sentencias, 176 muertos documentados.

El cálculo que hace quien ordena un secuestro de periodista en Veracruz no es complicado, no requiere abogados, no requiere análisis jurídico, requiere saber que en 15 años de operación de la Fiscalía Especializada, la probabilidad estadística de que ese crimen tenga consecuencias penales para sus autores intelectuales es prácticamente nula.

 El territorio lo confirma. Veracruz es uno de los estados con mayor concentración de crímenes contra periodistas del país y uno con menor tasa de resolución judicial de esos mismos crímenes. La impunidad no es una falla del sistema, es el sistema. A esa impunidad estructural se superpone la crisis forense del Estado. Los colectivos de búsqueda que operan en Veracruz han documentado miles de expedientes acumulados sin avance sustantivo.

 Los servicios periciales están saturados. Los análisis genéticos se demoran por falta de presupuesto y capacidad instalada. En ese contexto, quienes perpetran desapariciones en Veracruz operan con la certeza práctica de que el ocultamiento de una persona puede ser definitivo. La ineficiencia estatal en el procesamiento forense no es una consecuencia involuntaria del rezago burocrático.

 Es funcionalmente un escudo para quienes desaparecen personas. Roxana Berenice Guzmán Ramírez regresó a Nanchital sabiendo parte de eso. Nadie que haya visto a su esposo caer a balazos a unos metros de distancia. Nadie que haya huido de un estado durante 8 años por amenazas a su vida puede ignorar completamente las coordenadas del riesgo.

 que posiblemente no calculó, lo que ninguna metodología de protección al periodista disponible en México le habría permitido calcular era que el regreso a un periodismo de colonia, de vacas y camionetas del Ayuntamiento y huevos en mal estado la reinsertaba en las mismas redes de poder local que en 2017 ya habían cobrado una víctima en su núcleo familiar más cercano.

El mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que por definición debería haber evaluado el nivel de riesgo de su retorno. No tiene registro público de haberla acompañado en ese proceso. La diputada Berta Ahed Malpica declaró el mismo 2 de junio que hasta esa fecha no había registro de denuncias previas emitidas por Roxana ante las instancias correspondientes.

Esa afirmación leída con cuidado revela exactamente el problema. El sistema de protección espera que el periodista en riesgo active él mismo las alertas formales. No tiene mecanismos de análisis proactivo que detecten cuándo alguien que fue desplazado forzadamente regresa a su zona de origen a fundar un medio de comunicación en un municipio donde su esposo fue ejecutado por grupos vinculados al narcomenudeo.

Las piezas del rompecabezas, enumeradas sin especulación son estas. una periodista que huyó de Veracruz en 2017 tras el asesinato de su esposo en un entorno de narcomenudeo vinculado a la zona industrial petrolera. Un regreso en 2025 con un medio digital que en pocos meses acumuló 19,000 seguidores.

 Un portal que cubría denuncias ciudadanas, política municipal y seguridad en Nanchital, Cuatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce e Xuatlán del Sureste. una nota publicada antes del secuestro que identificaba por nombre y apodo al propietario de ganado que lesionó a un adulto mayor en la colonia Mundo Nuevo. Una nota sobre un accidente con camioneta oficial del Ayuntamiento.

 Un comando de al menos tres personas con chalecos tácticos azul marino, pasamontañas y armas largas que llega a las 6 de la mañana a la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo. Una puerta de aluminio y cristal destruida a mazazos. Un bebé en las habitaciones. Un video de 35 segundos.

 Una periodista que no aparece en el Registro Nacional de Detenciones, una fiscalía que abre una carpeta y nombra a la víctima solo por sus iniciales. El escritor e investigador Héctor de Mauleón escribió al día siguiente del secuestro que Nanchital y sus alrededores forman parte de un corredor donde la zona ha sido definida como un festín de grupos criminales, funcionarios y cuerpos de seguridad.

No lo describió como un problema de orden público, lo describió como una condición estructural, una geografía donde el periodismo hiperlocal opera sobre una falla tectónica invisible que de vez en cuando se abre. Roxana Berenice Guzmán Ramírez tenía 19000 personas que la leían. tenía una historia personal de violencia y desplazamiento que debería haber activado protocolos de acompañamiento institucional desde el momento de su regreso.

 Tenía publicados en los días previos a su desaparición al menos tres reportajes que tocaban intereses locales concretos. La responsabilidad de un ganadero identificado, la negligencia de una camioneta oficial, la comercialización irregular de alimentos. Tenía un medio con nombre, dirección y cara pública y tenía en el municipio donde vivía el peso de una historia que incluía el asesinato de su pareja en circunstancias relacionadas con disputas del narcomenudeo en la zona de instalaciones petroleras.

 La pregunta que las investigaciones deben responder no es únicamente quiénes entraron a su domicilio. Eso es lo que responden los procedimientos ordinarios de identificación de autores materiales. La pregunta que distingue una investigación de una simulación es, ¿quién tomó la decisión de entrar? ¿Quién hizo el encargo? ¿Qué información de toda la publicada en las semanas anteriores activó ese encargo? Si la nota sobre el negro de los cielos fue el detonante, entonces la investigación tiene que examinar qué es

exactamente lo que ese nombre representa en el ecosistema de poder informal de Nanchital. Si el detonante fue la nota sobre la camioneta del ayuntamiento, la investigación tiene que seguir esa línea hasta donde llegue, incluyendo la estructura municipal. Si fue otra cosa, todavía no visible en el registro público, la investigación tiene que descubrirla.

 Lo que no puede ocurrir, lo que estadísticamente ha ocurrido 99 veces de cada 100 en los últimos 15 años de la Fiscalía Especializada es que la carpeta de investigación acumule polvo en la Fiscalía Regional de Cuatzacoalcos, mientras el paradero de Roxana sigue sin saberse, Veracruz tiene miles de expedientes de personas desaparecidas sin resolver los servicios periciales no tienen capacidad de procesarlos todos.

 Las organizaciones criminales que operan en el sur del estado lo saben. Por eso actúan de madrugada con uniformes que se parecen a los de la policía, con mazos para no usar armas de fuego en la entrada, con la certeza operativa de que el tiempo está de su lado. La última imagen verificada de Roxana Berenice Guzmán Ramírez es el momento en que su teléfono celular es arrancado de las manos de quien lo sostenía.

35 segundos de video. Una puerta destruida, una bebé en las habitaciones cuya presencia nadie dentro ni fuera del comando armado consideró razón suficiente para detenerse. La nota sobre las vacas del negro de los cielos seguía publicada en la página de Facebook de Pulso Informativo del Sureste.

 Cuando este texto fue escrito, 19000 personas podían leerla todavía. La periodista que la escribió no.