10 personas muertas dentro de un rancho en la mixteca poblana. Entre ellas una bebé de apenas un mes y 20 días de vida. Una madre que intentó protegerla con su propio cuerpo y murió cubriéndola. Dos adolescentes que nunca volvieron a abrir los ojos y al frente de las investigaciones, una verdad que nadie quería escuchar.

 No fue el narco, fue la familia. Esta es la historia de la masacre de Tewiitzingo, uno de los crímenes más estremecedores registrados en Puebla en los últimos años y de los hombres que según la fiscalía la planearon desde adentro. En la comunidad de Texcalapa, perteneciente a la cuarta sección del municipio de Teuzingo, en el sur de Puebla, vivía la familia Torres Gerbacio.

 Su nombre estaba ligado al trabajo ganadero. Cecilio Torres, de 55 años, era el patriarca, el dueño del rancho conocido popularmente como la marihuana, un predio que no tenía nada que ver con el narcotráfico, pero cuyo nombre terminaría circulando en todos los noticieros del país. A su lado estaba Marcela Aguilar, su esposa, de 48 años, y junto a ellos vivían sus hijos: Roberto de 35 años, Gabriela de 22 y José María de apenas 15.

 También estaba Marta Flores, de 29 años, la esposa de uno de los hijos y su hija recién nacida, una bebé de un mes y 20 días de vida, cuyo nombre las autoridades no revelaron públicamente, pero cuya imagen se convirtió en símbolo del horror que ocurrió esa noche. El rancho también empleaba a tres trabajadores del campo, Efrén Ventura de 50 años, José García de 59 y Kevin Solís, un muchacho de apenas 15 años que había encontrado trabajo allí y que nunca imaginó que ese sería su último empleo.

 En total, 10 personas que compartían un mismo espacio con lazos de sangre, trabajo y confianza mutua. Personas que creían estar seguras dentro de su propia propiedad. Teuitzingo es un municipio que forma parte de la región conocida como la mixteca poblana, una zona geográficamente aislada con carreteras estrechas y señal telefónica intermitente.

 [música] Desde el jueves 14 de mayo, 3 días antes de la masacre, la comunidad de Texcalapa había quedado completamente incomunicada debido a una falla técnica que dejó a toda la zona sin servicio de telefonía ni internet. Esa oscuridad en las comunicaciones, que en condiciones normales habría sido apenas una incomodidad, se convertiría en un factor que retrasó la llegada de auxilio por horas cruciales.

 Todo comenzó la noche del sábado 16 de mayo. Un conductor de una pipa de agua llegó al rancho para descargar el líquido, pues la cisterna se había quedado vacía. Tras realizar su trabajo, el camión no arrancó y la familia llamó a un mecánico local. Fue durante esa espera cuando el rancho estaba activo y [música] con luces encendidas que los atacantes habrían aprovechado para ingresar al predio.

 De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía General del Estado de Puebla, un grupo de hombres armados ingresó al rancho de manera violenta, sometió a todas las personas presentes y las obligó a entrar a la vivienda. Una vez adentro, las maniataron, las manos atadas, sin posibilidad de defenderse ni de escapar.

Luego vinieron los disparos. Los peritos de la fiscalía encontraron en el lugar 18 casquillos percutidos calibres 22 y 9 mm. Ese detalle técnico resultó ser clave. Las armas utilizadas no corresponden al armamento de uso exclusivo del ejército que típicamente emplean los grupos del crimen organizado.

 Era armamento civil, lo que reforzó desde el inicio la hipótesis de que el ataque no era obra de ningún cártel. Una de las víctimas ya herida, fue sacada del rancho y trasladada en una ambulancia. Murió en el trayecto en el crucero conocido como El Pitayo sobre la carretera, Puebla, Oajuapán de León. La bebé recién nacida no murió por una bala.

 Murió porque su madre cayó sobre ella al ser alcanzada por los disparos y la pequeña no pudo respirar. La fiscal y Damis pastor Betancurt lo confirmó ante los medios con estas palabras. La bebé murió por asfixia. La mamá la protege. Ella no fue ultimada. Los vecinos que alcanzaron a escuchar las detonaciones reportaron haber visto uno o más vehículos abandonar la zona a [música] toda velocidad en la madrugada, pero sin señal telefónica, la alerta tardó horas en llegar a las autoridades.

 Fue hasta entre las 6 y las 8 de la mañana del domingo 17 de mayo cuando el horror quedó al descubierto, cuando otros vecinos que fueron a visitar a la familia encontraron dos cuerpos en el exterior del rancho y corrieron a dar aviso a la comandancia municipal. Cuando los agentes de la policía municipal llegaron al lugar, encontraron una escena que describieron como devastadora.

 Nueve de las 10 víctimas ya no tenían signos vitales. La décima murió durante su traslado al hospital. El inmueble fue sellado de inmediato y personal de la Fiscalía General del Estado comenzó el levantamiento de los cuerpos y el trabajo pericial. Los casquillos, las marcas de forcejeo, los cuerpos maniatados, los patrones de los impactos, todo apuntaba a una ejecución planeada, no a un asalto improvisado.

 La rapidez del ataque y el conocimiento preciso de la distribución del rancho indicaban que quien lo perpetró sabía exactamente a dónde iba y qué iba a hacer. Una de las líneas de investigación más relevantes que surgió casi de inmediato fue el dinero. Según reportes ministeriales, la familia Torres guardaba en el rancho una suma de entre 800,000 y 1 millón de pesos en efectivo destinados a la compraventa de ganado.

 Ese dato no era público, [música] no estaba en ningún documento oficial, era información que solo podía conocer alguien cercano a la familia. [música] Las cámaras de seguridad instaladas en zonas urbanas cercanas al rancho también se convirtieron en herramienta clave. Aunque el propio inmueble estaba aislado, los accesos al municipio contaban con sistemas de vigilancia que permitieron a los investigadores rastrear movimientos y vehículos en las horas previas y posteriores al crimen.

Fue precisamente ese análisis de imágenes el que aceleró la identificación de los presuntos responsables. A todo esto se sumó un elemento que nadie esperaba, un video que comenzó a circular en redes sociales pocas horas después de conocerse la noticia. En él, un hombre identificado extraoficialmente como José Alfredo Torres, hijo mayor de Cecilio y de Marcela, hablaba frente a la cámara con voz tranquila y mirada perdida.

 Decía que no quería volver a su casa, que sus padres lo habían obligado a trabajar jornadas agotadoras desde pequeño, que por eso cayó en las drogas, el cristal, la cocaína, el alcohol. No fue porque yo lo quisiera, sino porque ellos me ponían demasiado a trabajar”, decía y pedía que el video les llegara a sus padres y hermanos.

 Los mismos padres y hermanos que al momento de esa grabación ya estaban muertos. La fiscal general del estado de Puebla, Idamis Pastor [música] Betancur, se presentó ante los medios de comunicación en las primeras horas del domingo para confirmar los hechos y encabezar personalmente las investigaciones. Fue clara desde el inicio.