La cuenta regresiva ha comenzado y, con ella, una ola de incertidumbre recorre México. El próximo 30 de junio marca la fecha límite para que millones de usuarios vinculen sus líneas de telefonía móvil con su CURP, una medida impulsada por las autoridades bajo la premisa de combatir la extorsión y el fraude. Sin embargo, lo que se presenta como una estrategia de seguridad nacional ha encendido las alarmas entre la ciudadanía y expertos en telecomunicaciones, quienes ven en este proceso una carrera contra el reloj difícil de ganar y una amenaza latente al derecho constitucional a la conectividad.
El panorama actual es, cuando menos, preocupante. Según datos del sector, existen más de 160 millones de líneas activas en el país, una cifra que contrasta con la capacidad de registro real. A pesar de los esfuerzos de las operadoras telefónicas, la tendencia actual indica que, al llegar la fecha fatídica, millones de ciudadanos podrían enfrentar la suspensión de sus servicios. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se ha mantenido firme: no habrá prórroga. Esta postura ha sido calificada por algunos analistas como una “decisión hormonal”, ignorando la realidad operativa de un mercado masivo y complejo donde el registro diario es insuficiente para cubrir la demanda total antes del cierre.
¿Por qué existe tanta reticencia? El punto central del conflicto no es solo el proceso administrativo, sino la profunda desconfianza ciudadana hacia el manejo de la información. Aunque las autoridades garantizan que los únicos datos requeridos son el nombre y el CURP —sin solicitar biométricos—, el temor persiste. Los usuarios se cuestionan qué sucederá con su información sensible en un entorno digital donde los hackeos y las filtraciones de datos se han vuelto una constante en la vida cotidiana. La ciudadanía diferencia claramente entre entregar información a una entidad privada, como un banco, y cederla a una instancia gubernamental que no ha logrado disipar las dudas sobre la seguridad de los datos recolectados.
Ernesto Piedras, director general de Competitive Intelligence Unit, ha sido una de las voces más críticas sobre esta medida. Según sus análisis, gran parte de la población ni siquiera sabe que debe realizar este trámite, mientras que otro sector significativo simplemente se niega a hacerlo. Las encuestas sugieren que el grueso de la ciudadanía no está dispuesta a someterse a este registro por el miedo a que, en el futuro, esa información pueda ser utilizada de manera indebida o que la privacidad de sus comunicaciones se vea vulnerada.
Más allá del descontento, surge una pregunta técnica y lógica: ¿realmente resolverá esto el problema de las extorsiones? Los expertos coinciden en que la mayoría de los delitos de este tipo provienen de centros penitenciarios o de llamadas internacionales que utilizan líneas adquiridas en línea, las cuales no están vinculadas a los usuarios comunes que el gobierno intenta registrar ahora. Por lo tanto, el esfuerzo de millones de mexicanos parece estar desconectado de la verdadera raíz del problema. Además, se suma el factor humano: ¿qué pasará con los miles de ciudadanos que, por diversas situaciones, no cuentan con sus documentos oficiales a la mano? La medida amenaza con dejar sin comunicación a personas vulnerables, afectando su acceso a plataformas de transporte, entrega de alimentos y servicios esenciales de comunicación.
La situación se vuelve aún más tensa al considerar el impacto social. En un mundo donde el celular es una extensión de nuestra vida, nuestra identidad y nuestras herramientas laborales, un bloqueo masivo representa una disrupción severa. Desconectar a la población durante periodos de alta actividad, como la celebración de eventos deportivos internacionales o días de gran actividad económica, no solo generaría un caos logístico, sino que pondría en evidencia la falta de coordinación entre la autoridad y los operadores de telecomunicaciones.
Es innegable que la intención declarada —la seguridad— es un objetivo compartido por todos. Sin embargo, la implementación de políticas públicas requiere confianza, claridad y, sobre todo, viabilidad operativa. La historia de registros previos en México no ha sido exitosa; ya en el pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó intentos similares por considerarlos violatorios de los derechos humanos y de la protección de datos personales. Este precedente fortalece el escepticismo de quienes ven en este nuevo registro un camino que podría tener el mismo desenlace legal.
A medida que se acerca el 30 de junio, la tensión aumenta. ¿Flexibilizarán las autoridades su postura ante la imposibilidad de completar el registro de millones de líneas, o se arriesgarán a dejar a una parte importante del país sin comunicación? La respuesta sigue en el aire. Lo que es claro es que el gobierno se enfrenta a un desafío mayor: no solo se trata de implementar una base de datos, sino de reconciliarse con una ciudadanía que exige transparencia y protección para su información más valiosa.
Hasta que no se garantice la seguridad absoluta de los datos y se demuestre la eficacia de la medida frente a los verdaderos delincuentes, el escepticismo seguirá siendo la respuesta mayoritaria. Por ahora, el mensaje es claro: la conectividad es un derecho constitucional y privar a los ciudadanos de ella, por una gestión administrativa deficiente, podría tener consecuencias que trascienden la pantalla de un teléfono. Mientras tanto, millones de mexicanos esperan una solución sensata que priorice la seguridad sin sacrificar su derecho a estar comunicados.
Los que tienen que registrarse es a través de la empresa telefónica que se tienen que registrar. e y solamente la autoridad tiene acceso a esa información si con ese teléfono se cometió un delito. Claro. Por ejemplo, si llaman, si hay llamadas de extorsión o de fraude y las personas lo denuncian en el 089, ahora sí la autoridad ya puede decir, “A ver, ¿a quién le pertenece este teléfono, si cometió un delito? Chaca, chacan.
” No, con esto de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, el 30 de junio es la fecha límite para la vinculación de nuestras líneas celulares con el CURP. En caso de no hacerlo, ahí le va, se perderían, ¿no? Bueno, le recuerdo, eh, porque hay gente que ya lo ha hecho, ¿no? Que ya se perderían todos los servicios que nos brinda nuestra compañía telefónica.
Recordemos que esto fue impulsado como parte de una estrategia nacional, que esto es importante, contra la extorsión desde el 9 de enero de este mismísimo año. Cabe destacar que los únicos datos que nos solicitan son nuestro nombre y CURP. No se solicitan datos biométricos ni ningún otro documento oficial, aunque en algún sentido los tiene el teléfono como usted lo sabe, porque a ve que puede poner su cara y inmediatamente el teléfono le dice cómo le va.
Sin embargo, esta idea no es nueva. Ahorita lo platicáamos. En 2009, el gobierno de Felipe Calderón lanzó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Después, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que venía estableciendo la Ley Federal de Telecomunicaciones, impulsada por el expresidente López Obrador.
La Corte determinó que era violatorio de los derechos humanos a la protección de datos e información de los ciudadanos. A ver. Al momento 48 millones de líneas de telefonía móvil se han registrado en este padrón. Decía yo, hace 160 millones de teléfonos, no, perdón, me equivoqué. 144.5 millones son las que hay activas en el país, según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Sin embargo, la presidenta de dicha comisión, Norma Solano, descartó que vaya a otorgarse una prórroga, aunque falten 96,000 de líneas por registrar. De acuerdo con empresas operadoras de telefonía móvil en México, el registro aumentó a 750,000 al día, con lo que de seguir esta tendencia podrían tenerse registradas 84,750,000 al 30 de junio.
De modo que para el primero de julio, fecha en la que ya habría vencido el plazo, 59.7 millones de líneas serían suspendidas. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Bueno, conversemos el tema. ¿Qué mejor que hacerlo con Ernesto Piedras? Él es director general de Competitive Intelligent Unit, que es lo que Ernesto ha venido trabajando.
Es un tema que él ha tenido cerca a lo largo de su vida, medios de comunicación, redes y sobre todo todo esto de la telefonía celular. Aquí ya le digo, la clave es saber exactamente la preocupación mayor y [carraspeo] yo creo que todos lo sabemos son nuestros datos personales, porque además sabemos de tales hackeos, tantas cosas que se hacen que uno dice, “Me voy a meter en esto, ¿para qué?” Para que al rato me agarren entre la espada y la pared y un día tengan mis datos.
Entonces, aquí se garantiza que no se garantiza, como bueno, se plantea, como decía la presidenta, que en caso de que haya un delito, entonces ahí sí se sabrán todos los datos. La clave del asunto es que esta determinación del delito con prisión preventiva oficiosa, que significa te detengo y luego digo, es lo que también coloca a muchos dudas, pues dudas tal cual.
