Y aquí viene el detalle que lo resume todo mejor que cualquier cifra, cualquier documento, cualquier testimonio. Cuando las autoridades catearon las propiedades de Roberto Sandoval, encontraron una silla de montar con incrustaciones de oro y diamantes. Una silla para montar caballos decorada con oro y con diamantes incrustados.
Para un hombre que 8 años antes no tenía ni guardar dos caballos criollos que le habían prestado para hacer campaña. La pregunta obvia es, ¿de dónde salió todo ese dinero? ¿Cómo es posible que un gobernador que ganaba un sueldo público de alrededor de 100,000 pesos al mes acumule 800 caballos importados, ranchos de decenas de miles de metros cuadrados, propiedades de cientos de millones de pesos y una silla de montar con oro y diamantes.
La respuesta tiene nombre y apellido, y lo que ese nombre hizo durante 6 años en Nayarit es una de las historias más oscuras de la política mexicana contemporánea. Edgar Beitía Cambero le decían el y no era un apodo exagerado. Este hombre fue el fiscal general del estado de Nayarit de 2013 a 2017, el encargado de perseguir el crimen, el responsable de la justicia y durante todo ese tiempo era un narco disfrazado de fiscal.
Veia tenía doble nacionalidad mexicana y estadounidense. No tenía registro de haber terminado el bachillerato en la Secretaría de Educación Pública. Su supuesto doctorado en Ciencias Forenses del Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit tampoco estaba registrado ante la CP. Es decir, el hombre que dirigía toda la procuración de justicia de un Estado mexicano no podía acreditar formalmente ni su preparatoria.
Pero nada de eso importó. Roberto Sandoval lo puso primero como secretario de seguridad pública en 2011, cuando asumió la gubernatura y para 2013 ya lo había promovido a fiscal general del Estado, el máximo cargo de justicia. Para un hombre sin estudios verificables, la razón era simple. Sandoval no necesitaba un fiscal competente, necesitaba un fiscal obediente.
Y Beitia era más que obediente. Veia era un arma. Lo que hizo desde ese cargo entre 2013 y 2017 no es una exageración periodística. Está documentado en expedientes judiciales de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en las actas de sentencia firmadas por la jueza Carol Bagley Amón y en las investigaciones de la DEA.
El FBI y las fuerzas de tarea contra el crimen organizado del gobierno federal estadounidense. Veitía recibía $100,000 al mes del cártel Jalisco Nueva Generación. $100,000 cada mes sin falta. A cambio de esa cantidad, protegía las operaciones del cártel en todo el territorio Nayarita. permitía que almacenaran cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas que llegaban al puerto de Manzanillo en Colima y que eran trasladados por tierra a Nayarit para su procesamiento y distribución.
Liberaba a narcotraficantes que habían sido detenidos por policías municipales o estatales que no estaban en la nómina del cártel. Bloqueaba investigaciones que pudieran afectar las rutas de trasciego. Fabricaba expedientes contra rivales del CJNG para que fueran encarcelados. y cuando no bastaba con encarcelarlos, los eliminaba.
Pero Beatia no solo protegía al CJNG, Beitia operaba su propia estructura criminal dentro del aparato de justicia. El Cartel H2, una célula derivada de los hermanos Beltrán Leiva, funcionaba bajo su protección directa. Los Beltrán le pagaban 2 millones de pesos al mes. 2 millones. Aparte de los $100,000 del CJNG, es decir, Betia cobraba de dos cárteles rivales al mismo tiempo, jugaba a dos bandas, protegía a uno mientras le vendía información del otro, un equilibrio que solo podía mantenerse mientras tuviera el poder del estado
detrás de él. La escala de la operación era industrial. Según estimaciones de la DEA presentadas durante el proceso judicial en Nueva York, el cártel H2 distribuía mensualmente en ciudades de Estados Unidos cerca de 500 kg de heroína, 100 de cocaína, 200 de metanfetamina y 3000 de marihuana. 500 kg de heroína al mes, solo desde Nayarit, desde un estado que muchos mexicanos ni siquiera ubican en el mapa.
Y todo eso fluyendo bajo la protección del fiscal general del Estado, Veita, no solo protegía estas operaciones desde la pasividad, participaba activamente, liberaba de prisión a miembros del cártel que habían sido detenidos por delitos de narcotráfico. Bloqueaba órdenes de arresto contra operadores clave.
ayudó al cártel H2 a encubrir el asesinato de un narcotraficante rival en octubre de 2015 y confesó ante la Corte de Nueva York haber ordenado personalmente la ejecución de al menos 10 personas en territorio mexicano, 10 asesinatos ordenados por el fiscal de un estado. El hombre que debería haber investigado esos crímenes era quien los ordenaba.
Y aquí viene lo que convierte esta historia en algo verdaderamente siniestro. Porque Beitía no se limitaba a proteger al narco y a cobrar sobornos. También usaba su poder institucional como una herramienta de despojo. Policías encapuchados, bajo sus órdenes directas llegaban a propiedades rurales y urbanas en todo Nayarit, rodeaban la casa, tocaban la puerta y le daban al dueño una opción: firmar la venta de su propiedad a un precio ridículo o enfrentar las consecuencias.
Las consecuencias podían ser un secuestro, una denuncia fabricada o directamente una bala. Hoteleros de Rincón de Guayavitos, uno de los destinos turísticos más importantes de Nayarit, fueron forzados con armas de fuego a firmar contratos de sesión de sus negocios. Existe una grabación obtenida por mexicanos contra la corrupción y la impunidad y verificada con cuatro fuentes independientes en la que se escucha la voz de Beitia golpeando una mesa mientras amenaza a comerciantes que intentan explicar que fueron obligados a
firmar. Los comerciantes hablan con miedo. Beitía habla con autoridad, con la autoridad de un hombre que sabe que nadie puede tocarlo porque él es la ley y el crimen al mismo tiempo. En Nayarit existía algo que los vecinos llamaban la jaula de los locos. Era un lugar clandestino donde Beitía y sus policías encerraban a personas para presionarlas.
Durante años, esa historia se contaba en voz baja en los restaurantes de Tepic. Nadie se atrevía a denunciar porque el denunciante podía terminar dentro de la jaula. Pero cuando Beitia cayó y el gobierno de Sandoval terminó, las denuncias explotaron. Más de 2000 personas de los 20 municipios de Nayarit se presentaron ante las autoridades para denunciar haber sido víctimas del fiscal y de sus policías.
2000 personas en un estado de poco más de un millón de habitantes, secuestros, extorsiones, despojos de tierras, fabricación de cargos, asesinatos, todo operado desde las oficinas de la Fiscalía del Estado, todo mientras Roberto Sandoval gobernaba a pocos metros de distancia en el mismo edificio de gobierno. Y ahí es donde la historia se vuelve imposible de separar, porque Beitia no actuaba solo.
Beitia era el brazo armado de un sistema diseñado por Roberto Sandoval. Los terrenos que se robaban mediante amenazas y secuestros no terminaban en manos de Beitía. Terminaban a nombre del gobernador, de su esposa, de sus hijos, de sus sobrinos, de sus prestanombres. Las empresas que se autoasignaban contratos millonarios de obra pública eran propiedad directa de la familia Sandoval.
Todo el aparato criminal de Nayarit, el narco, los despojos, las extorsiones, los asesinatos, fluía hacia un solo punto. El patrimonio personal del gobernador. Sandoval creó una red de empresas familiares que funcionaba como un circuito cerrado de saqueo institucional. Las empresas eran contratistas del gobierno estatal. El gobierno de Sandoval les asignaba contratos de obra pública, carreteras, puentes, edificios.
infraestructura, pero no había licitación real, no había competencia. Las empresas de Sandoval ganaban siempre. Y cuando digo siempre, me refiero a siempre, porque el que autorizaba los contratos era el gobernador, el que firmaba los pagos era el gobernador, el que supervisaba la ejecución era el gobernador y el que recibía el dinero era el gobernador.
A través de sus empresas, los contratos se inflaban, las obras se ejecutaban a medias o no se ejecutaban, los pagos se liquidaban completos y el dinero regresaba a las cuentas de la familia Sandoval, lavado, limpio y listo para comprar más caballos, más ranchos, más propiedades, un sistema circular perfecto donde el dinero público entraba por una puerta y salía por otra convertido en patrimonio privado.
Pero había un problema con ese sistema. Necesitaba protección, necesitaba que nadie investigara, necesitaba que nadie denunciara, necesitaba que los periodistas no hablaran, que los empresarios no se quejaran, que los ciudadanos no protestaran y para eso estaba Beitia. Para eso servía tener a un fiscal dispuesto a secuestrar, amenazar y matar.
Beitía era el seguro del sistema, la garantía de que nadie iba a abrir la boca. Su hija Lid Alejandra estaba integrada en el esquema. A sus veintitantos años aparecía como propietaria de negocios que no tenían relación con su vida universitaria. Café Tierra Santa Nayarit, arte wiol, negocios que supuestamente compraba una estudiante con dinero que no podía justificar.
La familia entera era una estructura financiera disfrazada de árbol genealógico. Pero toda maquinaria criminal tiene un punto de quiebre, un eslabón que se rompe, una pieza que falla. Y el punto de quiebre del imperio de Roberto Sandoval tenía una fecha exacta, el 27 de marzo de 2017. Ese día todo cambió.
Ese día, Edgar Beitia cruzó la frontera de Tijuana a San Diego y no llegó al otro lado. Agentes de la oficina de aduanas y protección Fronteriza de Estados Unidos lo estaban esperando. Tenían una orden de arresto desde el 2 de marzo. Lo detuvieron en el puente internacional. El había caído. En enero de 2019, Betia se declaró culpable ante la jueza Carol Bagliamon, de conspiración internacional para fabricar y distribuir heroína.
cocaína, metanfetamina y marihuana en territorio estadounidense. Lo condenaron a 20 años de prisión, pero esa condena tenía una cláusula que cambiaría la historia de múltiples casos judiciales en dos países. Veia aceptó cooperar con el gobierno de Estados Unidos como testigo colaborador y cuando un narco decide hablar, normalmente da nombres de otros narcos.
Pero Beitia no era un narco cualquiera, era un fiscal, un hombre de estado que había operado en la intersección exacta entre el gobierno y el crimen organizado. Así que lo que Beitía sabía era infinitamente más valioso que lo que sabe un sicario o un transportista. Lo primero que hizo fue confesar, admitió haber ordenado la ejecución de al menos 10 personas en territorio mexicano, 10 asesinatos directos ordenados por el fiscal general de un estado mexicano.
Luego empezó a dar nombres hacia arriba. declaró que él y el gobernador Roberto Sandoval protegían directamente al cártel de los hermanos Beltrán Leiva en Nayarit, que los Beltrán le pagaban 2 millones de pesos al mes por esa protección, 2 millones al mes, pero fue más lejos. En febrero de 2023, Beia subió al estrado como testigo en el juicio contra Genaro García Luna en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y lo que dijo ahí sacudió los cimientos de la política mexicana.
testificó que Felipe Calderón y García Luna habían ordenado al entonces gobernador de Nayarit, Nei González, que protegiera y apoyara al cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo. Dijo que en una ocasión policías estatales de Nayarit detuvieron una camioneta donde sospechó que viajaba el propio Joaquín Guzmán lo era, pero que tuvo que dejarla ir por órdenes directas de García Luna.
Su testimonio fue tan valioso que en abril de 2024 la jueza Bagley Amon le redujo la sentencia de 20 a 10 años. Gracias a las declaraciones de Beitia, Genaro García Luna fue condenado a 38 años de prisión en octubre de 2024. Beitia habló y sus palabras destruyeron carreras, destaparon redes y mandaron a hombres poderosos a la cárcel.
Pero para Roberto Sandoval, la cooperación de Beitía significó algo muy distinto. Significó que el hombre, que sabía absolutamente todo sobre sus operaciones, cada peso desviado, cada propiedad comprada, cada orden dada, cada reunión con emisarios del cártel, ahora estaba sentado en una sala de interrogatorios del gobierno de Estados Unidos hablando sin parar.
y lo que vendría después para Sandoval fue devastador. En mayo de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó una decisión que muy pocas veces se toma contra un político mexicano. Incluyó a Roberto Sandoval Castañeda en la lista negra de la oficina de control de activos extranjeros, la OFAC.
Para dimensionar lo que significa estar en esa lista, hay que entender quiénes más están ahí. Líderes terroristas. Capos del narcotráfico internacional, financiadores de organizaciones extremistas, amenazas directas para la seguridad nacional de Estados Unidos y ahora un exgobnador priista de Nayarit. El cargo que el tesoro estadounidense formuló era específico y demoledor.
Corrupción significativa durante el ejercicio de funciones públicas, inexos directos con el cártel Jalisco Nueva Generación y con los hermanos Beltrán Leiva. El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a Sandoval de haber recibido sobornos de organizaciones criminales, de haberse apropiado de bienes del estado de Nayarit para beneficio personal y de haber permitido facilitado que los cárteles se apoderaran de activos públicos del Estado que gobernaba.
Pero la sanción no fue solo contra él, fue contra toda su familia. Su esposa fue incluida en la lista, sus hijos también. Todos los Sandoval quedaron marcados. Las consecuencias prácticas fueron inmediatas y totales. Ningún miembro de la familia Sandoval puede pisar territorio estadounidense, ni con Visa, ni como turista, ni por motivos médicos, ni por ninguna razón.
Todas sus cuentas bancarias vinculadas con cualquier institución financiera que opere en dólares o tenga relación con el sistema financiero estadounidense fueron congeladas. Cualquier persona, empresa o institución en el mundo que haga negocios con Roberto Sandoval o con cualquier miembro de su familia se expone a sanciones federales de Estados Unidos.
En términos prácticos, Roberto Sandoval se convirtió en un paria financiero internacional, un muerto civil en el mundo de las finanzas globales. Para que entiendas lo que eso significa en la vida real, la esposa de Sandoval no puede abrir una cuenta en un banco que tenga corresponsalía con Estados Unidos y prácticamente todos los bancos del mundo tienen corresponsalía con Estados Unidos.
Sus hijos no pueden recibir transferencias internacionales. No pueden comprar propiedades fuera de México usando el sistema financiero formal. No pueden hacer negocios con empresas que tengan operaciones en territorio estadounidense. No pueden viajar a Estados Unidos ni a muchos países que respetan las listas de la OFAC.
La familia Sandoval quedó encerrada financieramente dentro de las fronteras de México, sin cárcel física, pero con una celda económica construida por el departamento del tesoro más poderoso del planeta. Y hay un detalle que pocos mencionan, pero que lo dice todo sobre la gravedad de esta designación. Cuando el tesoro de Estados Unidos incluyó a Sandoval en la lista OFAC, no lo hizo bajo la categoría de narcotraficante ni bajo la categoría de lavador de dinero.
Lo hizo bajo la ley Global Magnitsky, que se reserva para personas involucradas en corrupción significativa y violaciones graves de derechos humanos. corrupción y derechos humanos, lo cual significa que Estados Unidos no solo lo consideraba un gobernador corrupto, lo consideraba un violador de derechos humanos, un hombre cuyas acciones directas e indirectas causaron sufrimiento sistemático a la población de un estado entero.
Pero eso era solo el principio de su caída, porque mientras el gobierno de Estados Unidos cerraba todas las puertas del exterior, en México las estaban abriendo, pero no las puertas de un rancho o de un palacio de gobierno, las puertas de una celda. Durante 8 meses, siete agencias federales buscaron a Roberto Sandoval por todo el territorio mexicano.
No era una búsqueda cualquiera. era un operativo del más alto nivel, coordinado directamente por el fiscal general Alejandro Gertz Manero y autorizado desde la cúpula del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Unidad de Inteligencia Financiera, siete agencias persiguiendo a un solo hombre.
Un despliegue que normalmente se reserva para capos del narcotráfico, no para exgobnadores. Identificaron al menos 40 domicilios donde se había escondido, distribuidos en cinco estados: Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. 40 casas, 40 escondites diferentes. Sandoval brincaba de uno a otro cada pocas semanas.
Cambiaba de rutina, cambiaba de vehículo, cambiaba de acompañantes. El hombre que durante 6 años había gobernado un estado desde un palacio con escolta, helicóptero y caravana de vehículos oficiales, ahora vivía como un fugitivo profesional, durmiendo en casas ajenas y mirando por la ventana cada vez que escuchaba un motor.
Para ejecutar la orden de captura, la FGR solicitó y obtuvo 40 órdenes de cateo simultáneas en municipios de los cinco estados, 40 cateos al mismo tiempo, para asegurarse de que donde sea que estuviera Sandoval lo encontraran y lo encontraron. El 6 de junio de 2021 a las 5 de la mañana el operativo se activó en Linares, Nuevo León, un pueblo ganadero a 3 horas de Monterrey, enclavado en la Sierra Madre Oriental, un lugar de ranchos ganado y gente tranquila, un lugar donde absolutamente nadie buscaría a un exgobnador prófugo de Nayarit. Linares
no tiene nada que ver con Sandoval, no tiene conexión con Nayarit, no tiene relación con el PRI local, no tiene vínculo con ninguno de sus negocios ni con ninguno de sus prestanombres. Eso era exactamente lo que lo hacía perfecto como escondite y exactamente lo que lo hizo vulnerable cuando las agencias federales rastrearon hasta la última señal.
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal rodearon una propiedad en la oscuridad total de la madrugada. Guardia Nacional cubrió las salidas laterales y traseras. Marina y Sedena cerraron el perímetro exterior completo. No hubo disparos, no hubo enfrentamiento, no hubo resistencia armada de ningún tipo. Roberto Sandoval estaba adentro, dormido, y no estaba solo.
Su hija, Lidia Alejandra Sandoval López estaba con él. Fue detenida al mismo tiempo, los dos acusados del mismo delito, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Padre e hija esposados, sacados de una casa en un pueblo ganadero de Nuevo León a las 5 de la mañana. El mismo día que México celebraba las elecciones intermedias más grandes de su historia, con 93 millones de personas llamadas a las urnas, mientras el país votaba, un exgobnador del PRI era sacado de su escondite.
Lo trasladaron primero a la delegación de la FGR en Chihuahua, donde estuvo retenido varias horas mientras hablaba con sus abogados. Después lo subieron a un avión rumbo al Estado de México y de ahí directo al ceferezo número 4 de Tepic, el Rincón, un penal federal de mediana seguridad donde los presos de alto perfil político cumplen condena, lejos de los reflectores, lejos de los medios, lejos de todo.
Desde ese día, Roberto Sandoval no ha vuelto a salir. Desde junio de 2021, Roberto Sandoval ha vivido algo que ningún rancho de 40.000 1000 m². Ninguna silla de montar con oro, ningún caballo importado de España pudo haberlo preparado para enfrentar la rutina del ceferezo, el silencio, las paredes que no cambian, el ruido metálico de las puertas que se abren y se cierran a las mismas horas todos los días, los días que se repiten sin variación hasta que pierdes la cuenta.
El cefeso número cuatro, el rincón, no es ADX Florence, no es una Supermax donde los presos pasan 23 horas al día en aislamiento total, pero tampoco es un hotel, es un penal federal con celdas de concreto, con horarios rígidos, con vigilancia constante, con la certeza de que afuera el mundo sigue girando y adentro el tiempo se detuvo.
Pero lo que realmente define la situación de Roberto Sandoval no es la cárcel en sí. es la cantidad de procesos judiciales que se han acumulado sobre él como capas de concreto, porque cada vez que parece que podría haber una salida legal, una rendija de esperanza, aparece un nuevo proceso, una nueva vinculación, una nueva acusación que lo hunde un piso más.
En septiembre de 2025 pasaron dos cosas que sellaron su destino. La primera, la Fiscalía General de Nayarit consiguió una sentencia condenatoria en su contra. 7 años de prisión, pero no por corrupción, ni por lavado de dinero, ni por nexos con el narco, por falsificación de documentos. Le acreditaron judicialmente que falsificó la firma del propietario de un terreno de 58 hectáreas en el municipio de San Blas, en la zona costera de Nayarit, para registrar esa tierra a su nombre, y que además se inscribió ilegalmente como ejidatario de tres predios adicionales
en la localidad de Aután, robó tierras, falsificó firmas, se apropió de terrenos ajenos usando documentos apócrifos. Exactamente lo mismo que su fiscal Beatia hacía con policías encapuchados y amenazas de muerte, pero ahora documentado en una sentencia firme de un tribunal. Además de la prisión, le impusieron una multa equivalente a 70 unidades de medida y actualización y la obligación de reparar el daño a las víctimas.
El monto de esa reparación se determinará en la fase de ejecución, lo cual significa que todavía no se sabe cuánto tendrá que pagar, pero tendrá que pagar. La segunda cosa que pasó en septiembre de 2025 fue peor. La Fiscalía General de la República lo vinculó a proceso por segunda vez por lavado de dinero, esta vez por más de 156 millones de pesos.
La audiencia duró 48 horas, casi dos días completos de argumentos, pruebas, contraargumentos y deliberaciones. Al final, el juez determinó que había indicios razonables para atribuirle la comisión del delito y ratificó la prisión preventiva justificada. Y todavía hay más, porque además de la sentencia por falsificación y el proceso por lavado, Roberto Sandoval tiene otros dos procesos penales abiertos.
Uno por delitos electorales relacionados con el programa de seguro alimentario conocido como prosa, que supuestamente usó para desviar recursos públicos hacia fines de campaña política del PRI y otro por ejercicio indebido de funciones en el manejo del fondo de inversión y reinversión para la creación y apoyo de empresas sociales del estado de Nayarit, conocido como Fircaes.
cuatro procesos, cuatro frentes judiciales abiertos simultáneamente, cada uno con su propio calendario, sus propias audiencias, sus propios plazos, sus propias pruebas. Y Roberto Sandoval en el centro de todos, encerrado en un penal federal intentando defenderse desde adentro de una celda. En abril de 2026, cuando ya llevaba casi 5 años preso, su defensa hizo un último intento.
Pidieron un cambio de medidas cautelares. Querían sacarlo del penal, que llevara sus procesos en libertad, como han hecho otros exgobernadores que han conseguido prisión domiciliaria o libertad bajo fianza. El juez federal lo evaluó, revisó los expedientes, consideró los argumentos y le dijo que no. Solicitud denegada. Roberto Sandoval sigue en prisión preventiva justificada, sin fecha de salida, sin horizonte, sin una sola señal de que algo vaya a cambiar.
Agrado Sandoval sigue en prisión. Pero lo que hace que este caso sea verdaderamente distinto a los demás exgobernadores corruptos de México, y ha habido muchos, no es la cantidad de dinero robado, no son las propiedades, no son los caballos ni la silla de oro. Lo que hace este caso distinto es el nivel de destrucción humana que Roberto Sandoval dejó en Nayarit, porque hay una diferencia entre robar dinero público y destruir un estado.
Bajo el gobierno de Sandoval, el cártel Jalisco Nueva Generación expandió sus operaciones por todo Nayarit sin ningún tipo de resistencia institucional, al contrario, con la protección activa del gobierno estatal. Tepic, la capital del estado, se convirtió en un campo de batalla abierto entre el CJNG y los hermanos Beltrán Leiva.
Las calles que habían sido tranquilas se llenaron de sicarios, de camionetas con vidrios polarizados, de tiroteos nocturnos, de cuerpos abandonados en la carretera. En 2013, los expedientes penales abiertos en Nayarit llegaron a la cifra de 7,726. 7,726 casos penales en un solo año en un estado que tiene poco más de 1 millón de habitantes.
Para ponerlo en perspectiva, eso significa que por cada 130 personas en Nayarit había un caso penal abierto. Las denuncias por desapariciones se multiplicaron, los homicidios crecieron exponencialmente, las extorsiones se normalizaron al punto de que los comerciantes de Tepic las consideraban un costo operativo más, como la luz o el agua.
Y todo eso pasaba mientras el gobernador entrenaba baile a caballo en una pista techada con una instructora traída de España. Hay un caso que resume con precisión quirúrgica lo que significó la administración de Roberto Sandoval para la gente de Nayarit. En octubre de 2013 hubo un enfrentamiento entre marinos y sicarios en la laguna de Santa María del Oro, uno de los destinos naturales más conocidos del estado.
Durante el operativo fueron detenidos policías estatales de Nayarit bajo el mando directo de Beitía, que estaban custodiando una fiesta privada donde se reunían lugartenientes de los hermanos Beltrán Leiva, policías del estado protegiendo una reunión de narcotraficantes. Eso era Nayarit.
Venus María Valdés, una mujer de 34 años, declaró en el expediente ministerial 905/2013 que su madre fue asesinada porque tenía información sobre ese enfrentamiento, sobre lo que pasó en Santa María del Oro, sobre la presencia de policías estatales protegiendo a los Beltrán. La madre de Venus sabía demasiado y el conocimiento en el Nayarit de Roberto Sandoval y Edgar Beitia era una sentencia de muerte.
una madre asesinada para proteger los secretos del fiscal del gobernador. Eso fue Nayarit entre 2011 y 2017. Eso fue lo que Roberto Sandoval administró desde el palacio de gobierno mientras acumulaba caballos importados de España y mientras la gente de Nayarit sufría secuestros, despojos, desapariciones y asesinatos ejecutados por el aparato de justicia del propio estado, Roberto Sandoval vivía en la cantera.
Su rancho insignia, 40,000 m² de opulencia obsena construida con dinero que no le pertenecía, dinero que debería haber ido a hospitales, a escuelas, a carreteras, a programas sociales. Dinero que en cambio fue a parar a caballerizas de lujo y sillas de montar con diamantes. Cuando las autoridades ejecutaron la orden de cateo en la cantera, lo que encontraron parecía sacado de una película sobre la aristocracia europea.
68 caballerizas subterráneas con puertas de madera fina importada, modelo Sevilla, con estructura de herrería personalizada. Cada caballeriza diseñada para que los animales pudieran socializar entre sí a través de aberturas controladas. Una pista techada de exhibiciones donde Sandoval practicaba alta escuela ecuestre movimientos de doma clásica que normalmente se ven en competencias internacionales, no en ranchos de gobernadores mexicanos.
la cantina privada con licores que costaban más que el sueldo mensual de un maestro Nayarita, el mirador, desde donde podía observar todo su imperio equino, y la escultura de Cristo en la entrada principal, de metal, de tamaño natural, como un recordatorio absurdo y grotesco de que este hombre creía que alguien en algún lugar del cielo le había dado permiso para hacer lo que hacía.
Pero el hallazgo que dio la vuelta al país entero fue la silla de montar. Los agentes la encontraron en las caballerizas, incrustaciones de oro real, diamantes engastados en la estructura, una pieza artesanal que por sí sola vale más de lo que la mayoría de las familias Nayaritas ganan en varios años de trabajo.
Y estaba en la propiedad de un hombre que, según sus propias declaraciones patrimoniales como servidor público, era un ciudadano que ahorraba dinero con mucho esfuerzo y que había construido su patrimonio poco a poco. Pero la cantera no era la única propiedad, solo era la más llamativa. La Fiscalía de Nayarit cateó también la Fundación Ríe, otra propiedad vinculada directamente al exgobnador.
El valor combinado de solo esos dos inmuebles superaba 170 millones de pesos. 170 millones en dos propiedades. Y luego estaban los animales, no solo los 800 caballos pura raza española que ya conoces. Según los datos documentados por la Comisión de la Verdad de Nayarit, una organización ciudadana que se dedicó a investigar los abusos de la administración de Sandoval, el exgobnador acumuló también 12,000 cabezas de ganado y 350 yeguas de cría española.
Un jato ganadero de una magnitud que supera la de muchas empresas agropecuarias profesionales que operan con décadas de trayectoria. Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad, lo explicó con una claridad brutal en una entrevista. Dijo que Sandoval compró todo eso con dinero público o con las mochadas que le daba el fiscal Beitia.
Añadió que para que hubiera pasto suficiente para los caballos, Sandoval adquirió un sistema de riego completo para cubrir todo el perímetro de las 17 haectáreas del rancho principal, cerco perimetral, trabajadores permanentes, veterinarios las 24 horas, una operación ganadera yestre de primer nivel, financiada con dinero robado.
un hombre que empezó con dos caballos criollos prestados, que no tenía ni dónde guardarlos, que fue a pedirle a un ranchero que le prestara espacio para dos animales. Ese hombre, en 6 años de gobierno acumuló 800 caballos de raza importados, 12,000 cabezas de ganado, una silla con oro y diamantes, propiedades de cientos de millones de pesos y una red de empresas familiares diseñada para lavarse el dinero robado.
La pregunta que el espectador se hace es, ¿cómo es posible que nadie lo detuviera antes? ¿Cómo es posible que durante 6 años un gobernador acumulara esa riqueza sin que ninguna autoridad interviniera? Y la respuesta es tan simple como aterradora. El hombre encargado de detenerlo era Edgar Beitia. Y Beitia no lo iba a detener porque Beitia era su socio, su cómplice, su brazo armado.
El único hombre en Nayarit con el poder legal para investigar al gobernador era el mismo hombre que mataba por él. Hoy Roberto Sandoval tiene más de 60 años y lleva casi cinco encerrado en el rincón. Su cabello encanece, su rostro se ha afilado. Las mejillas que aparecían llenas en las fotos de campaña ahora están hundidas. En cada audiencia judicial a la que lo trasladan esposado, escoltado, vigilado, aparece más demacrado que en la anterior, más viejo, más pequeño, como si la celda lo estuviera encogiendo.
Los abogados van y vienen, las audiencias se aplazan y se reprograman. Los expedientes crecen, los procesos se multiplican, pero Roberto Sandoval sigue en el mismo lugar, en la misma celda, en el mismo penal, esperando algo que no llega, una salida. Su hija Lidia Alejandra, que fue detenida junto con él aquella madrugada en Linares, también enfrentó cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
fue señalada como presunta propietaria de negocios como Café Tierra Santa Nayarit y Arte Wichol, supuestamente adquiridos con dinero que no podía justificar. Una estudiante universitaria que de pronto era dueña de negocios valuados en millones, la fiscalía argumentó que esos negocios eran parte del esquema de lavado de la familia.
Su esposa y toda su familia siguen en la lista negra del departamento del tesoro de Estados Unidos. Nadie de apellido Sandoval puede abrir una cuenta bancaria vinculada a una institución financiera estadounidense. Nadie puede comprar una propiedad en Texas, en California, en Florida. Nadie puede pisar territorio estadounidense sin ser detenido.
La familia que gobernó Nayarit durante 6 años ahora no puede cruzar una frontera. Están atrapados, financieramente aislados, internacionalmente marcados. Y mientras Roberto Sandoval se pudre en el rincón, el hombre que hizo posible todo lo que construyó y todo lo que destruyó, salió mucho mejor parado.
Edgar Beitia, el el fiscal que confesó haber ordenado la ejecución de al menos 10 personas que recibía $100,000 al mes del CJNG y 2 millones de pesos al mes de los Beltrán Leiva, que despojó a miles de Nayaritas de sus tierras, que encubrió asesinatos, que liberó narcotraficantes, que fabricó expedientes contra inocentes.
Beitía se benefició de una reducción de condena por cooperar con el gobierno de Estados Unidos. le bajaron la sentencia de 20 a 10 años y según el Buró Federal de Prisiones, su fecha de liberación estaba programada para el 3 de octubre de 2025. El hombre que mató, que robó, que traficó y que destruyó vidas durante años sale antes que el gobernador al que servía.
Porque en el sistema de justicia estadounidense la información tiene un precio y Beitia pagó con información lo que Sandoval no podía pagar con nada. El fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, tiene activas seis solicitudes de extradición contra Beitia por delitos de secuestro, extorsión y abuso de autoridad cometidos en territorio mexicano.
Si lo extraditan y lo procesan en México, podría enfrentar décadas adicionales de prisión, pero eso depende de la cooperación entre dos sistemas de justicia que rara vez se ponen de acuerdo. Mientras tanto, Beitia negoció su libertad y la consiguió. Roberto Sandoval no tuvo esa opción. No tenía nada que ofrecer a cambio de clemencia. No tenía testimonios valiosos para un gobierno extranjero.
No tenía información que pudiera comprar años de libertad. Lo único que tenía era 800 caballos, una silla de montar con oro, ranchos de millones de pesos y un estado destruido. Y nada de eso sirve como moneda de cambio en una negociación judicial. La silla de oro no lo iba a sacar de la cárcel. Los caballos no iban a testificar por él.
Los ranchos no iban a convencer a ningún juez. En 2008, Roberto Sandoval recorría los pueblos de Nayarit, montado en un caballo prestado, un caballo criollo sin nombre, sin pedigrí. Un animal que valía lo que vale un animal común en un rancho cualquiera de la Sierra Nayarita. La gente lo veía pasar y pensaba que era uno de ellos, un tablao honesto, un ranchero del pueblo, un hombre que se había hecho desde abajo cortando carne y montando caballos.
Lo aplaudían, lo saludaban, lo botaban. Porque en México los tablajeros que montan a caballo se parecen mucho a los hombres buenos y a los hombres buenos se les da poder. En 2021, siete agencias federales del gobierno de México lo encontraron escondido en una casa de Linares, Nuevo León, a las 5 de la mañana lo sacaron esposado de un lugar que no era suyo, en un pueblo que no era el suyo, en un estado que no era el suyo, lejos de Nayarit, lejos de sus caballos.
Lejos de su rancho, lejos de todo lo que había construido con dinero ajeno, lo subieron a un vehículo blindado, lo llevaron a un penal federal y desde ese día no ha vuelto a montar un caballo, no ha vuelto a ver sus ranchos, no ha vuelto a sentarse en la silla de oro, no ha vuelto a darle órdenes a nadie.
Entre esos dos momentos, entre el tablajero montado en el caballo prestado y el preso sacado a las 5 de la mañana de un escondite en Linares, hay 800 caballos, pura raza española importados de Sevilla, una silla de montar con incrustaciones de oro y diamantes, 68 caballerizas subterráneas de lujo, una instructora de equitación contratada desde España, propiedades de cientos de millones de pesos, 12,000 cabezas de ganado, la protección de dos cárteles internacionales un fiscal que confesó haber matado a 10 personas, más de 2000 víctimas de despojos y secuestros, 7726
expedientes penales en un solo año y un estado entero que nunca se recuperó de lo que le hicieron. Roberto Sandoval pasó de no tener donde guardar dos caballos criollos prestados a tener un rancho más grande que algunos pueblos enteros de Nayarit. Pasó de vender carne en un mostrador a gobernar un millón de personas.
Pasó de dos caballerizas prestadas a 68 de lujo con puertas de madera importada. Hoy no tiene ni eso. Hoy no tiene nada. Hoy tiene cuatro procesos penales abiertos. Tiene una sentencia firme de 7 años por falsificación. Tiene una vinculación a proceso por lavado de 156 millones de pesos. Tiene a toda su familia en la lista negra de Estados Unidos.
tiene un juez que en abril de 2026 le negó cualquier cambio de medidas cautelares y tiene una celda en el rincón de Tepic, la misma ciudad donde empezó su carrera, la misma ciudad donde cortaba carne en un mercado, la misma ciudad donde montaba caballos prestados para hacerse pasar por hombre del pueblo. El tablajero que vendía carne terminó gobernando un estado.
El gobernador que montaba caballos con silla de oro terminó en un penal federal y el penal donde está encerrado se llama el rincón. Porque en México, cuando la justicia finalmente llega, te manda al rincón y del rincón no se sale. Si quieres saber cómo otro gobernador del PRI que aspiraba a ser presidente de México, terminó preso en Italia con pasaporte falso, pasó 7 años en una cárcel de Texas y hoy se pudre en el altiplano con tres órdenes de arresto esperándolo.
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