Colombia tiene una historia larga y dolorosa con esa lógica. Una historia escrita con la sangre de hombres y mujeres que se pararon frente al poder cuando el poder esperaba que se agacharan, que hablaron cuando el poder esperaba que se callaran, que siguieron caminando cuando el poder había decidido que ya era suficiente.
Algunos de esos hombres y mujeres están en los libros de historia, otros están en la memoria de las familias que todavía los lloran. Muchos nunca tuvieron el reconocimiento que merecían, porque los que los eliminaron también se encargaron de eliminar su recuerdo, de borrar su nombre de los titulares, de reemplazar su historia con la versión que le convenía a quienes los habían silenciado.
Esta historia es sobre dos de esos hombres. Uno ya no está. El otro todavía camina, todavía habla, todavía incomoda y en 87 días va a pedirle a Colombia que lo envíe a la casa de Nariño. El 7 de junio de 2025 era un sábado como cualquier otro en Bogotá, el tipo de tarde en que los parques se llenan de familias, de niños jugando, de personas mayores sentadas a tomar el sol con esa tranquilidad que la gente busca cuando la semana ha sido larga y el cuerpo pide descanso.
En el parque del Golfito, en el occidente de la ciudad, había ese día una actividad preelectoral, un evento de campaña donde un senador joven, un hombre que llevaba años hablando en el Congreso con una valentía que pocos políticos colombianos tienen, se había reunido con sus seguidores para seguir construyendo el camino hacia la presidencia, que todo indicaba que iba a ser suya.
Ese senador se llamaba Miguel Uribe Turbay, tenía 39 años. Era hijo de Miguel Uribe Londoño, un empresario boyacense y nieto de Julio César Turbayayala. Es presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Es decir, llevaba el peso de un apellido político importante en un país donde los apellidos pesan, pero llevaba también algo más difícil de heredar y más difícil de fabricar.
La convicción de quien no necesita el apellido para tener razones propias, la claridad de quien ha mirado a los ojos de los que hacen daño en este país y ha decidido que la cobardía no es una opción. En el Congreso, Miguel Uribe Turbay era el tipo de senador que los grupos criminales aprenden a identificar con rapidez, no porque sea ruidoso, sino porque es efectivo, no porque grite, sino porque los datos que presenta son exactos.
Los nombres que menciona son verificables y las denuncias que hace tienen la solidez de quien ha hecho la tarea antes de pararse a hablar. Denunciaba el narcotráfico, denunciaba las conexiones entre los grupos armados y el poder político, denunciaba las rutas del dinero ilegal que atraviesa las instituciones colombianas con la naturalidad de quien lleva demasiado tiempo haciéndolo sin consecuencias.
denunciaba con nombre y apellido, con cifras, con documentos, con la fría precisión de quien sabe que en Colombia las denuncias vagas se disuelven en el aire, pero las denuncias concretas dejan huella y eso, esa precisión, esa consecuencia, esa disposición de no callarse, aunque callarse hubiera sido mucho más seguro, lo estaba convirtiendo en algo que en Colombia es al mismo tiempo un honor y una sentencia de muerte, en un hombre que los malos no podían ignorar.
Su padre lo describió con palabras que cualquier colombiano que haya visto trabajar a su hijo con orgullo entiende de inmediato. Que Miguel estaba incomodando mucho a los malos, que les hablaba donde les tenía que llegar, que no había forma de refutarle lo que decía y que todo pintaba, todo indicaba, que ese joven iba volando de primero hacia la casa de Nariño.
Ese día, en el parque del Golfito, un adolescente de 15 años sacó un arma y le disparó. El disparo lo alcanzó. Miguel Uribe Turbá y cayó. Lo llevaron al hospital. Colombia contuvo la respiración durante dos meses, esperando, rezando, siguiendo los partes médicos con la angustia de quién sabe que lo que está en juego no es solo la vida de un hombre, sino algo más grande, algo que ese hombre representaba y que con él podría desaparecer.
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El 11 de agosto de 2025, Miguel Uribe Turbay murió. Colombia lloró y mientras lloraba, mientras las flores se acumulaban en los lugares donde él había estado y mientras los colombianos de bien que lo habían escuchado hablar, procesaban el dolor de una pérdida que se sentía personal, aunque muchos nunca lo hubieran conocido en persona.
Las preguntas empezaron a acumularse con la misma velocidad con que los investigadores empezaban a jalarlos. Hilos de una trama que resultó ser mucho más profunda y mucho más oscura de lo que nadie quería reconocer. ¿Quién mató a Miguel Uribe Turbay? Esa pregunta, la más simple y la más importante, la que el país entero se hizo desde el momento en que el adolescente apretó el gatillo, fue la que la Fiscalía General de la Nación empezó a responder con la paciencia metódica que los procesos de esta magnitud requieren, avanzando
captura por captura, imputación por imputación, hasta que el cuadro empezó a tener una forma reconocible. En agosto de 2025, la fiscalía imputó cargos a la séptima persona involucrada en el crimen, Harold Barragano Valle, un hombre de 25 años señalado de haber actuado como el jefe directo del sicario que disparó.
El eslabón entre quién apretó el gatillo y quién dio la orden de hacerlo. En octubre de 2025, la fiscala general Luz Adriana Camargo hizo un anuncio que Colombia necesitaba escuchar, que la segunda marquetalia, la disidencia de las FARC, comandada por alias Iván Márquez, era la organización señalada como autora intelectual del magnicidio.
La captura de Simeón Pérez Marroquín, alias el viejo. Fue el avance que permitió a la fiscalía reforzar esa hipótesis porque él era el articulador, el hombre que conectaba al grupo de sicarios en Bogotá con quienes en el Caquetá habrían ordenado el crimen. Pero hay algo que la investigación todavía no ha podido responder con certeza.
Algo que el padre de Miguel señaló en la entrevista de Crisis y Poder, con esa mezcla de dolor y determinación que tiene el padre que lleva meses buscando la verdad que el país le debe, quien usó a la segunda marquetalia, quien le dio a esa organización la instrucción de eliminar a ese hombre específico, quien tomó la decisión de que Miguel Uribe Turbay tenía que desaparecer y sobre todo quién puso el dinero para que esa decisión se ejecutara.
Y ahí, en esa última pregunta, en la pregunta del dinero, es donde la historia adquiere la dimensión que los grandes medios han tratado con pinzas, donde la tragedia personal de una familia que perdió a su hijo se convierte en una historia política que Colombia necesita entender antes de decidir su futuro. Porque el padre de Miguel, ese hombre que durante meses ha acompañado la investigación con la determinación de quién sabe que la justicia en Colombia es posible, aunque sea lenta, dijo en cámara lo que había llegado a saber, que
la plata que pagó el aparato que ejecutó el asesinato de su hijo vino de Venezuela, que fue usada a través de la segunda Marquet Italia y que aunque todavía no sabe con certeza quién tomó la decisión desde ese lado, la ruta del dinero apunta hacia ese territorio y hacia ese gobierno, Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro, el mismo régimen al que el gobierno de Gustavo Petro reconoció cuando medio mundo lo había aislado, que visitó cuando otros países cerraban sus embajadas, que defendió en foros internacionales cuando organismos de derechos humanos documentaban sus crímenes y al que llamó aliado en los momentos en que ese aliado era señalado de complicidad con el narcotráfico y el terrorismo que destruyen a Colombia desde adentro.
Para los colombianos de más edad, para los que recuerdan lo que Colombia era antes de que el narcotráfico y la violencia política se volvieran parte del paisaje cotidiano, esa conexión no es sorprendente. es dolorosa, pero no sorprendente, porque este país ha aprendido de la peor manera posible que los enemigos de Colombia no siempre tienen cara de enemigos, que a veces hablan el mismo idioma, que a veces tienen el mismo acento, que a veces llegan con discursos de liberación y de justicia social y de soberanía nacional, y que debajo de esos
discursos hay intereses que no tienen nada que ver con la libertad, ni con la justicia, ni con Colombia, sino con el poder, con el dinero, con el control de las rutas que mueven la cocaína desde los valles colombianos hasta los mercados que la consumen. La segunda Marquetalia no es un grupo que lucha por los pobres.
Es una organización criminal que usa el lenguaje de la revolución para cubrir un negocio que se mide en toneladas y en miles de millones de dólares, que asesina campesinos cuando los campesinos no le sirven, que recluta niños cuando los niños son útiles y que elimina políticos cuando esos políticos amenazan con interrumpir el flujo del negocio que los sostiene.
Miguel Uribe Turbay los amenazaba, los denunciaba desde el Congreso con la precisión que ellos no podían rebatir. Los nombraba con sus alias y sus estructuras y sus rutas. Los hacía visibles en un país donde la visibilidad es el primer paso hacia la persecución judicial y donde la persecución judicial cuando funciona produce capturas, condenas y el tipo de daño real que ninguna organización criminal puede absorber sin consecuencias.
Por eso lo eliminaron. No porque fuera un peligro personal para ningún sicario ni para ningún comandante de frente, sino porque era un peligro institucional, porque representaba el tipo de poder político que si llegaba a la presidencia podría cambiar las reglas del juego, de una manera que el crimen organizado no estaba dispuesto a aceptar.
Y esa es la misma razón por la que hoy con las elecciones a 87 días otro hombre está siendo atacado por los mismos medios, con las mismas narrativas, con la misma coordinación que caracteriza las campañas de desprestigio que en Colombia se activan cuando alguien incomoda demasiado. Ese hombre se llama Abelardo de la Espriella.
Tiene 57 años. Es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda con maestría en derecho de la misma universidad. Uno de los juristas más reconocidos del país, el hombre que durante décadas defendió causas que otros no querían tocar, que habló cuando otros callaban, que usó el derecho no como escudo del poder, sino como herramienta de los que el poder atropella.
Es el candidato que en diciembre de 2025 entregó ante la Registraduría Nacional 4,7 millones de firmas ciudadanas como aval para su candidatura presidencial por el Movimiento Defensores de la Patria. Un número que no fue producido por una maquinaria política con dinero del Estado ni por un partido con décadas de clientelismo acumulado, sino por colombianos de a pie que decidieron poner su nombre detrás de ese hombre, porque algo en lo que él dice resuena con lo que ellos sienten.
4,700,000 firmas. Para que los colombianos de más edad entiendan lo que ese número significa, hay que ponerlo en contexto. En Colombia, para inscribir una candidatura presidencial por firmas se requieren aproximadamente 600,000. Abelardo de la Espriella recogió casi ocho veces esa cifra. Eso no se improvisa, eso no se compra.
Eso es el resultado de recorrer los 32 departamentos del país con la constancia de quien tiene una convicción genuina y la disciplina de quien sabe que los grandes cambios no se decretan desde Bogotá, sino que se construyen desde los municipios, desde los barrios, desde las mesas donde la gente común se sienta a hablar de lo que le preocupa de verdad.
Y lo que le preocupa a esa gente de verdad es lo mismo que le preocupaba a Miguel Uribe Turbai cuando hablaba en el Congreso, la seguridad, el narcotráfico, la impunidad, los grupos armados que el Estado negocia pero no derrota y la sensación creciente de que en Colombia hay dos tipos de justicia, una para los poderosos y otra para todos los demás.
Abelardo de la Espriella habla de eso, sin filtros, sin el lenguaje cuidado del político que mide cada palabra para no ofender a nadie, con la contundencia del abogado que conoce los casos desde adentro, que ha visto lo que el crimen organizado le hace a las familias colombianas y que no está dispuesto a negociar con esa realidad cuando el país le está pidiendo que la enfrente.
habla de prisiones de alta seguridad para los criminales que no se pueden reinsertar porque nunca quisieron serlo. Habla de cortar de raíz las conexiones entre el narcotráfico y el poder político que durante décadas han impedido que Colombia salga del ciclo de violencia en que está atrapada. Habla de una Colombia donde el Estado defiende a los ciudadanos de bien y persigue a los que los hacen daño.
Sin medias tintas, sin eufemismos, sin la tibieza de los gobiernos que confunden la negociación con la rendición. Y ese discurso, esa claridad, esa disposición de decir lo que muchos colombianos piensan, pero pocos políticos se atreven a decir en voz alta, lo ha convertido en algo que en Colombia tiene una historia muy específica, en un hombre que los que tienen interés en que nada cambie necesitan destruir antes de que el 31 de mayo Colombia tenga la oportunidad de elegirlo.
La campaña para destruirlo empezó con una precisión que los colombianos de más edad reconocen de inmediato porque la han visto antes. Primero llegaron las acusaciones antiguas, esas que la fiscalía había archivado hace 15 años porque no tenían sustento, que en el derecho colombiano ya no existen como cargos activos, pero que en el periodismo de campaña pueden presentarse como si fueran realidades vigentes, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el archivo de una investigación no dijera exactamente lo que dice. que no había mérito suficiente
para continuar. Luego llegaron los titulares coordinados, los que aparecen en medios distintos el mismo día con el mismo ángulo y el mismo tono, como si cada redacción hubiera llegado de manera independiente a las mismas conclusiones con los mismos énfasis, exactamente al mismo tiempo.
¿Qué es exactamente lo que no ocurre cuando el periodismo es genuino y si ocurre cuando hay una mano invisible que coordina el momento y el mensaje? Luego llegó la Flip, la Fundación para la libertad de prensa, que en enero y febrero de 2026 publicó comunicados criticando a Abelardo de la Espriella por sus acciones legales contra periodistas que lo habían atacado con información que él señalaba como falsa, presentando sus demandas por calumnia como si fueran ataques a la libertad de prensa, sin preguntarse si la información que esos periodistas
publicaban era verificable o si era exactamente el tipo de contenido que una campaña de desprestigio produce cuando necesita munición. Y mientras todo eso ocurría, mientras los titulares se acumulaban y las fundaciones protestaban y los medios que de la espriella llama, la bodega del establecimiento, publicaban sus análisis sobre los peligros que representaría su candidatura.
Las encuestas mostraban algo que esos mismos medios no podían ignorar aunque lo intentaran, que Abelardo de la Espriella tenía un 18,2% de intención de voto, que estaba en segundo lugar detrás de Iván Cepeda en las mediciones más recientes y que su crecimiento no se detenía, sino que seguía subiendo con la constancia de un hombre cuyo mensaje llega donde los mensajes de los otros candidatos no alcanzan.
Segundo lugar, con 4,7 millones de firmas recogidas en los 32 departamentos del país, con un crecimiento que se acelera en lugar de detenerse, con un discurso que resuena especialmente con los colombianos de más edad, con los que han visto demasiado en este país para dejarse convencer fácilmente por las promesas de los que dicen que van a cambiar todo, pero que terminan siendo exactamente lo mismo que lo que prometieron cambiar.
Eso no se combate con argumentos. Eso se combate con el único mecanismo que el poder tiene cuando los argumentos no alcanzan. El ataque a la reputación, la acusación sin prueba, la narrativa de peligro construida ladrillo por ladrillo con titulares que no se verifican, pero que se repiten hasta que la repetición los convierte en verdad percibida en la mente de quien los consume sin cuestionarlos.
Es el mismo mecanismo que se usó contra Miguel Uribe Turbay cuando se hizo evidente que su crecimiento político no tenía freno. Con la diferencia de que cuando el mecanismo mediático no fue suficiente con Miguel, alguien decidió que había que pasar al siguiente nivel. Y esa diferencia, ese límite entre destruir con palabras y destruir con balas, es la distancia exacta que separa lo que le hicieron a Miguel de lo que le están haciendo a Abelardo por ahora.
Los colombianos de bien, los que nos ven desde sus casas con la sabiduría de quien ha vivido suficiente para saber que las coincidencias en política pocas veces son coincidencias. Se están haciendo en estos días una pregunta que merece una respuesta honesta antes del 31 de mayo. ¿Por qué un candidato que tiene 4,7 millones de firmas, que está en segundo lugar en las encuestas, que no ha sido condenado por ningún delito, que representa una visión política perfectamente legítima en una democracia? recibe el tipo de ataque
coordinado y sostenido que normalmente se reserva para los que amenazan con cambiar, algo que los poderosos no quieren que cambie. ¿Por qué los mismos medios que callaron durante años las conexiones entre grupos armados y el poder político de repente encuentran tanta energía para investigar a ese candidato específico y tan poca para investigar a los que financiaron una campaña presidencial con dinero cuyo origen todavía no ha sido completamente esclarecido? ¿Por qué la Flip? Que no salió a defender al general Urrego
cuando el gobierno lo acusó sin pruebas en un consejo de ministros, si encuentra la urgencia de publicar comunicados contra Abelardo de la Espriella cuando él demanda a periodistas por información que dice es falsa. Y sobre todo porque la misma narrativa que se usó para presentar a Miguel Uribe Turbai como un peligro para la paz y para el proceso que el gobierno defendía se está usando ahora con los mismos tonos y los mismos ángulos y la misma coordinación para presentar a Abelardo de la Espriella como un peligro para la
democracia y para la libertad de prensa. Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero tienen respuesta. Y esa respuesta es la historia que Colombia necesita escuchar completa antes del 31 de mayo. Esta es apenas la primera parte. ¿Usted cree que en Colombia es posible que dos hombres tan distintos en momentos tan distintos sean atacados de la misma manera por los mismos medios y con la misma coordinación sin que haya una razón común? ¿Qué explique por qué los mismos poderes no quieren que ninguno de los dos llegue a la
presidencia? Hay una pregunta que los investigadores judiciales aprenden muy temprano en su carrera. Una pregunta que en Colombia cobra una dimensión especial porque en este país las respuestas a esa pregunta han cambiado el curso de la historia más de una vez. Han tumbado gobiernos, han revelado conexiones que los poderosos preferían mantener en la oscuridad y han producido ese tipo de verdad que cuando sale a la luz no puede volverse a meter adentro sin importar cuánto lo intenten los que se beneficiaron del silencio.
La pregunta es simple. Tres palabras. ¿Quién puso el dinero? No, ¿quién apretó el gatillo? ¿No quién dio la orden inmediata? No quien reclutó al sicario, sino quien financió toda la operación, quien puso los recursos que hicieron posible que una organización criminal movilizara a sus hombres, planeara un ataque en un parque de Bogotá en plena luz del día, pagara a cada uno de los eslabones de la cadena y coordinara la ejecución de un senador que iba camino a ser presidente de Colombia.
Esa pregunta, esa búsqueda del financiador final es la que la familia de Miguel Uribe Turbay lleva más de 9 meses persiguiendo con la tenacidad de quien sabe qué. Sin esa respuesta, la justicia está incompleta, que los sicarios pueden capturarse y los articuladores pueden imputarse. Pero mientras el que puso el dinero siga libre, mientras el que tomó la decisión política de que ese hombre tenía que desaparecer no enfrente consecuencias, el crimen no está resuelto, sino apenas parcialmente iluminado.
Y el padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, dijo en la entrevista de crisis y poder lo que hasta ese momento nadie había dicho en cámara con esa crudeza. que la investigación había llegado a establecer que el dinero que pagó el aparato criminal que ejecutó el asesinato de su hijo salió de Venezuela, que pasó a través de la segunda Marquet Italia como vehículo de ejecución y que aunque todavía faltaban piezas para completar el cuadro, la dirección de los indicios era inequívoca.
Eso no es un rumor. Eso no es una hipótesis de un hombre desesperado que busca culpables donde no los hay. Eso es la conclusión a la que llega una familia que ha acompañado durante meses una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que ha tenido acceso a información que los investigadores han recopilado captura por captura, que ha escuchado a los testigos y ha revisado las evidencias y que habla desde el conocimiento de quien está adentro del proceso y no desde la especulación de quien lo mira desde afuera.
Y esa conclusión, esa ruta del dinero que parte de Venezuela y llega a las calles de Bogotá a través de uno de los grupos criminales más poderosos y más violentos que operan en Colombia hoy, tiene un contexto político que Colombia no puede ignorar en el año en que va a elegir a quien va a gobernarla durante los próximos 4 años.
Para entender ese contexto, hay que entender primero qué es la segunda marquetalia y cuál es su relación con Venezuela. Porque esa relación no es una teoría conspirativa ni una acusación sin sustento. Es una realidad documentada por organismos de inteligencia colombianos, por agencias internacionales, por periodistas de investigación de distintos países y por decisiones judiciales que han establecido los vínculos entre esa organización y el aparato del Estado venezolano, con la solidez que los hechos producen cuando se les investiga
con rigor. La segunda marquetalia es la organización que fundó alias Iván Márquez. el excomandante de las FARC, que firmó el acuerdo de paz de 2016 y que en 2019 anunció desde Venezuela que retomaba las armas que la paz había sido una trampa y que volvía a la guerra con la misma bandera revolucionaria, pero con una estructura diferente, más fragmentada, más internacional y más integrada a las redes del narcotráfico transnacional que le dan el sustento económico que ninguna ideología por sí sola puede garantizar.
Iván Márquez anunció ese retorno a la guerra desde territorio venezolano, no desde las selvas del Caquetán, ni desde los corredores del Pacífico, ni desde ningún rincón remoto de Colombia. Desde Venezuela, con el conocimiento y la tolerancia del régimen de Nicolás Maduro, en un territorio donde los grupos armados colombianos tienen una presencia que los gobiernos venezolanos han preferido administrar antes que combatir, porque esa presencia les resulta útil para el control territorial de zonas fronterizas, para la gestión de rutas de
narcotráfico que producen divisas que el régimen necesita, y para mantener viva una amenaza que puede activarse o desactivarse dependiendo de las necesidades. Políticas del momento. La alianza entre la Segunda Marquetalia y el gobierno de Maduro no es un secreto. Está documentada en informes de inteligencia colombiana filtrados a medios de comunicación, en investigaciones periodísticas de largo aliento publicadas en Colombia y en el exterior, en testimonios de desmovilizados que han descrito ante la fiscalía la manera en que esa relación
funciona en la práctica y en el simple hecho geográfico de que la principal estructura de mando de la segunda marquetalia operó durante años desde suelo venezolano sin que el gobierno de ese país tomara ninguna medida efectiva para desmantelarla. Eso es lo que significa que el dinero que pagó el asesinato de Miguel Uribe Turbai vino de Venezuela.
No significa necesariamente que Maduro personalmente tomó el teléfono y ordenó el crimen, aunque eso sea lo que la investigación todavía tiene que establecer con certeza. Significa que una organización criminal que opera desde territorio venezolano con la tolerancia y posiblemente la colaboración del aparato del Estado venezolano recibió los recursos y la instrucción de eliminar a un político colombiano que incomodaba los intereses que esa organización protege.
Y los intereses que esa organización protege, el negocio que financia sus operaciones y que hace posible que pueda movilizar sicarios en Bogotá y pagar a cada eslabón de la cadena es el narcotráfico. esa industria que mueve toneladas desde los cultivos colombianos hacia los mercados del mundo y que genera miles de millones de dólares en ingresos que necesitan estructuras políticas y militares para mantenerse funcionando. sin interrupción.
Miguel Uribe Turbay denunciaba eso desde el Congreso, con datos, con nombres, con la precisión que hace que las denuncias dejen marca y no se evaporen en el aire de la retórica política y por eso lo mataron. El gobierno de Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro construyeron durante 4 años la relación más cercana que Colombia y Venezuela han tenido en décadas.
Una relación que el gobierno colombiano presentó como necesaria para la paz regional, pero que sus críticos describieron desde el principio con una precisión que los hechos han ido confirmando como la legitimación de una dictadura que es al mismo tiempo cómplice del narcotráfico que destruye a Colombia. Desde adentro, Petro reconoció diplomáticamente a Maduro cuando medio mundo lo había aislado después de las elecciones fraudulentas de 2018 y de la crisis humanitaria que convirtió a Venezuela en el país con más desplazados internacionales de América Latina.
Petro visitó a Maduro en Caracas cuando otros presidentes latinoamericanos habían roto relaciones o congelado los intercambios diplomáticos. Petro defendió al régimen venezolano en foros internacionales cuando organismos de derechos humanos documentaban crímenes de lesa humanidad contra la población civil venezolana y cuando las cortes internacionales habrían investigaciones por esos crímenes.
Y mientras Petro construía esa relación con Maduro, mientras el gobierno colombiano normalizaba sus vínculos con un régimen señalado de complicidad con el crimen organizado transnacional, los grupos armados que operan desde Venezuela, la segunda Marque Italia entre ellos, crecían en Colombia con una velocidad que los propios informes del gobierno reconocían.
23% de crecimiento en el mismo periodo en que la política de paz total prometía reducirlos. La paz total no produjo paz. produjo el fortalecimiento de las estructuras que supuestamente iba a desmantelar, porque ninguna organización que basa su poder en el narcotráfico va a desarmarse voluntariamente mientras el negocio siga siendo tan rentable y mientras el Estado que negocia con ella no tenga la voluntad real de combatirla si las negociaciones fracasan.
Y en ese contexto, en esa Colombia donde los grupos armados crecían mientras el gobierno negociaba y donde la segunda marque Italia operaba desde Venezuela con recursos y respaldo logístico que venían de ese territorio. Un senador que denunciaba esas conexiones desde el Congreso con la claridad que Miguel Uribe Turbay tenía era más que un inconveniente político, era una amenaza directa al negocio.
Abelardo de la Espriella lo sabe. lo sabe no porque tenga acceso privilegiado a información de inteligencia, sino porque lleva décadas en el derecho colombiano viendo como esas estructuras operan. Como el dinero del crimen organizado se mueve a través de las instituciones, como los abogados que defienden a los criminales aprenden a distinguir entre los clientes que son víctimas del sistema y los que son el sistema.
Y como Colombia ha fallado generación tras generación en romper ese ciclo, porque los que llegan al poder terminan siendo parte del problema o terminan siendo destruidos por quienes no quieren que el problema se resuelva. Es abogado. Ha defendido casos que otros no quisieron tocar. ha visto desde adentro cómo funciona la justicia en Colombia cuando los que están siendo investigados tienen conexiones con el poder y cómo funciona cuando no las tienen.
Y ha usado ese conocimiento no para enriquecerse en silencio, sino para construir un discurso político que le habla directamente a los colombianos que llevan décadas viendo el mismo ciclo sin que nada cambie de manera fundamental. Su propuesta de seguridad no tiene ofemismos. La llama Spax romana, esa paz que no se negocia, sino que se impone con la presencia del estado, con la fuerza pública bien dotada y bien entrenada, con cárceles de alta seguridad donde los criminales, que no pueden reinsertarse porque nunca quisieron serlo, paguen sus
condenas sin los beneficios que el sistema actual les da y que permiten que en Colombia los mismos hombres entren y salgan de la cárcel como si fuera un trámite administrativo en lugar de una consecuencia real de sus actos. Propone ampliar el pie de fuerza. Dotar a soldados y policías con armamento de primera generación.
Porque en Colombia hay hombres que arriesgan su vida todos los días con equipos que llevan décadas de uso, mientras los criminales que enfrentan tienen acceso a tecnología y armamento que el Estado no puede igualar. Propone un plan Colombia 2, una cooperación profunda y sin ambigüedades con los Estados Unidos y con Israel en materia de inteligencia y combate al crimen organizado.
Porque Colombia sola no puede enfrentar un problema transnacional como el narcotráfico sin los aliados que tienen, la capacidad técnica y los recursos que ese combate requiere. propone fumigar las 330,000 hectáreas de coca que hoy se cultivan en Colombia, porque ninguna política de seguridad tiene sentido si la fuente primaria del negocio que financia los grupos armados sigue creciendo sin control y porque la experiencia colombiana de las últimas décadas ha demostrado que la fumigación aérea, implementada con los controles ambientales necesarios, es el único
mecanismo que ha logrado reducir esos cultivos de manera significativa y propone cortar las relaciones con los regímenes que son cómplices del crimen organizado en esta región, incluyendo Venezuela, incluyendo Cuba, incluyendo Nicaragua, porque Colombia no puede tener paz mientras sus vecinos funcionan como base de operaciones para las organizaciones criminales que destruyen a los colombianos de bien.
Ese programa, esa visión de un estado que defiende a sus ciudadanos en lugar de negociar con quienes los atacan es exactamente lo que los que tienen interés en que nada cambie en Colombia no quieren que llegue a la casa de Nariño. y por eso lo están atacando. La campaña contra Abelardo de la Espriella tiene una arquitectura que los colombianos de más edad reconocen de inmediato porque han visto construcciones similares en otros momentos y contra otros hombres y que funciona de la misma manera, independientemente del nombre del
objetivo. Primero se establece la narrativa de peligro, luego se la repite hasta que la repetición la normaliza. Luego se le agregan capas de preocupaciones que suenan legítimas, pero que en realidad sirven para reforzarla. imagen inicial y finalmente se la ancla en el imaginario público de manera que cuando el candidato aparece en los medios ya viene con esa carga, ya es leído a través de ese filtro, ya tiene que gastar energía defendiéndose en lugar de explicando lo que quiere hacer por Colombia.
La primera capa de la campaña son las acusaciones antiguas, las que la fiscalía archivó hace 15 años, las que en el derecho colombiano ya no existen como cargos activos, las que cuando un periodista honesto las busca en la base de datos oficial encuentra que fueron archivadas porque no había mérito suficiente para continuar la investigación.
Esas acusaciones aparecen en los medios de vez en cuando, presentadas con el cuidado necesario para no hacer una afirmación que pueda ser demandada, pero con el énfasis suficiente para dejar la insinuación flotando en el aire, que este hombre tiene un pasado turbio, que hay cosas que se investigaron, que hay preguntas que responder, que la fiscalía ya las respondió y concluyó que no había caso.
un detalle que esos titulares omiten o mencionan al final en letra pequeña, después de que el titular ya hizo su trabajo. La segunda capa son los ataques a su relación con la prensa. Abelardo de la Espriella ha demandado a periodistas que publicaron información sobre el que considera falsa. Eso es su derecho legal, el mismo derecho que tiene cualquier ciudadano colombiano que considera que su reputación fue dañada con información inexacta.
En un estado de derecho, las disputas sobre información se resuelven en los tribunales y la decisión de acudir a los tribunales no es en sí misma una amenaza a la libertad de prensa, sino el ejercicio de un derecho que la misma libertad de prensa reconoce como legítimo. Pero la FLP, la Fundación para la libertad de prensa, ha convertido esas demandas en una campaña pública contra el candidato, publicando comunicados que presentan sus acciones legales como ataques sistemáticos al periodismo, que omiten preguntarse si la información que esos periodistas publicaron era
verificable y que utilizan el lenguaje de la libertad de prensa como escudo para una narrativa que en realidad tiene poco que ver con la libertad y mucho que ver con el resultado electoral. La Flip es una fundación respetable que ha hecho trabajo importante en Colombia en otros contextos, pero en este caso específico, en este momento electoral específico, la manera en que ha utilizado sus comunicados contra de la espriella, la frecuencia con que ha publicado esas críticas y el silencio que ha guardado frente a casos
de presión sobre periodistas por parte de otros actores políticos levantan preguntas legítimas sobre qué está midiendo con qué vara y por qué esa vara no tiene el mismo tamaño. para todos los candidatos. La tercera capa son los titulares coordinados. La silla vacía, revista Cambio Daniel Coronel, medios que de la Espriella y su campaña han identificado públicamente como parte de la bodega del establecimiento, publican con una regularidad y una coordinación temática que no es característica del periodismo independiente, sino de la comunicación
estratégica. análisis críticos sobre el candidato que aparecen en fechas que coinciden con momentos clave de la campaña, que utilizan los mismos marcos interpretativos con variaciones menores y que producen una cantidad de cobertura negativa sobre ese candidato específico que no tiene equivalente en la cobertura de otros aspirantes.
Eso no prueba que haya una conspiración. El periodismo puede convergir en narrativas similares por razones legítimas y candidatos con posiciones polémicas generan cobertura crítica precisamente porque sus posiciones son polémicas, pero la desproporción, ese volumen de atención negativa concentrada en un candidato específico en el momento en que ese candidato crece en las encuestas, es exactamente el tipo de patrón que los colombianos de más edad han aprendido a leer con cuidado, porque lo han visto antes y saben que cuando el
escrutinio se concentra Sí. Cuando los medios de un mismo sector cubren al mismo candidato con el mismo tono al mismo tiempo. La pregunta pertinente no es solo si lo que publican es verdad, sino también por qué están publicando eso ahora y qué intereses se sirven con que ese candidato llegue debilitado al 31 de mayo.
Y mientras esa campaña se desarrolla en los medios, mientras los titulares se acumulan y las fundaciones publican sus comunicados y las acusaciones archivadas, vuelven a circular en las redes sociales. Abelardo de la Espriella hace algo que sus atacantes no habían calculado del todo. No se calla. No se calla cuando la silla vacía publica un análisis que él considera tendencioso.
Los demanda. No se calla cuando medios que él considera parte de la maquinaria del establecimiento lo atacan. los nombra públicamente, explica por qué considera que su cobertura no es periodismo independiente, sino comunicación al servicio de intereses específicos y le pide a su audiencia que compare lo que esos medios dicen con lo que los hechos muestran.
No se calla cuando le preguntan por Venezuela, por Maduro, por la segunda marquetalia. dice lo que piensa con la claridad directa del hombre, que no necesita medir sus palabras para no ofender a nadie, porque ya decidió que la comodidad diplomática no es su objetivo. Y no se calla cuando la Flip le pide que deje de demandar periodistas.
Les recuerda que la libertad de prensa incluye la libertad de quien es atacado por la prensa de defenderse en los tribunales, que esa no es una amenaza a la libertad, sino su ejercicio correcto. Y que la confusión entre libertad de prensa e inmunidad frente a la ley es exactamente el tipo de privilegio que los poderosos construyen para protegerse a sí mismos en nombre de un principio que aplican selectivamente.
esa disposición de no callarse, esa capacidad de recibir el golpe y responder es precisamente lo que hace que la campaña contra él no esté produciendo el resultado que quienes la diseñaron esperaban. Porque cuando el objetivo del ataque responde con hechos, cuando no se dobla, cuando no desaparece, cuando sigue creciendo en las encuestas, a pesar de semanas de titulares negativos, el ataque empieza a perder credibilidad, empieza a verse como lo que es en lugar de como lo que quería parecer y empieza a producir el
efecto contrario, el de fortalecer a quien quería debilitar porque Colombia puede ver que ese hombre resiste. Las encuestas de febrero de 2026 mostraban a Abelardo de la Espriella en segundo lugar. con un 18,2% de intención de voto detrás de Iván Cepeda, pero por encima de todos los demás candidatos del centro y la derecha.
En una carrera que todavía tiene 3 meses por delante y donde ese tipo de posición a esta distancia de la primera vuelta tiene un significado que los analistas electorales conocen bien, que la tendencia importa más que la foto que lo que ocurre en los últimos 30 días antes del 31 de mayo determinará quién pasa a la segunda vuelta y que un candidato que crece de manera sostenida mientras sus rivales se estancan o retroceden tiene la inercia de su lado y él crece.
A pesar de los titulares, a pesar de la Flip, a pesar de las acusaciones archivadas que vuelven a circular cada vez que la campaña alcanza un nuevo máximo en las encuestas, crece porque los colombianos de más edad, los que tienen memoria suficiente para comparar lo que Colombia era con lo que es hoy, los que vivieron la seguridad de los años donde el Estado sí combatía al crimen con consecuencia y los que han visto como esa seguridad se deterioró cuando el Estado decidió negociar en lugar de combatir, reconocen
en su discurso algo que llevan años esperando escuchar, la disposición de decir la verdad sobre lo que Colombia necesita, aunque esa verdad incomode a los que tienen interés en que nada cambie. Crece porque los colombianos que vivieron el dolor de la época más oscura del narcotráfico, que enterraron a personas queridas o que vieron sus barrios convertirse en escenarios de guerra cuando los carteles tenían más poder que el estado, no quieren volver a ese tiempo.
Y cuando escuchan a un candidato decir que va a fumigar las 330.000 1000 hectáreas de coca y que va a hacer un plan Colombia 2 y que no va a negociar con los que no quieren paz, sino que los va a combatir. Algo en ese mensaje resuena con una urgencia que los discursos más moderados no producen. Y crece porque los colombianos de bien que siguieron la historia del general Urrego, que vieron como el gobierno usó un correo anónimo para destruir la carrera de un hombre honesto, que entienden lo que significa que el poder ataque a los que lo incomodan, ven en lo
que le está pasando a Abelardo de la Espriella el mismo patrón con diferentes herramientas y deciden que ese patrón no puede repetirse, que Colombia no puede seguir eligiendo gobernantes que usen el estado para silenciar a los que les resultan inconvenientes. Hay un momento en la entrevista de crisis y poder que define mejor que cualquier análisis, porque la historia de Miguel Uribe Turbai y la historia de Abelardo de la Espriella son en realidad la misma historia contada dos veces.
El padre de Miguel, ese hombre que lleva meses buscando la verdad sobre quién ordenó el asesinato de su hijo, fue preguntado directamente si creía que su hijo hubiera ganado las elecciones de 2026 si estuviera vivo. Su respuesta fue breve, directa, cargada con el peso de todo lo que no puede decirse en pocas palabras, que sí, que Miguel iba volando de primero, que hubiera sido presidente de Colombia.
Y cuando le preguntaron por Abelardo de la Espriella, cuando le pidieron que describiera que veía en ese candidato que competía por el mismo espacio político que su hijo había comenzado a ocupar, respondió con tres palabras que en Colombia tienen el peso de una historia entera: valentía, conocimiento y trayectoria.
Valentía, conocimiento, trayectorie. Las mismas tres cosas que su hijo tenía. Las mismas tres cosas que los mismos poderes que no querían que Miguel llegara a la presidencia no quieren que Abelardo lleve a la casa de Nariño. Esa conexión, ese hilo invisible que une el parque del Golfito de junio de 2025 con las elecciones del 31 de mayo de 2026 es la historia que Colombia necesita entender antes de votar.
No porque Abelardo de la Espriella sea perfecto, porque ningún candidato lo es, no porque su programa no tenga aspectos que merezcan debate, porque todos los programas los tienen, sino porque el tipo de ataque que está recibiendo, la coordinación con que se ejecuta, el momento en que se intensifica cada vez que suben las encuestas y la comparación con lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay cuando su ascenso político se volvió imparable.
Le dicen a Colombia algo que las palabras de ningún analista pueden decir con la misma elocuencia, que los mismos poderes que no querían que ese espacio político existiera entonces siguen sin querer que exista ahora y que mientras Colombia no entienda por qué seguirá eligiendo dentro de los márgenes que esos poderes le permiten en lugar de decidir con la libertad real que la democracia promete.
Los colombianos de más edad saben que este país tiene una capacidad asombrosa de resistencia, que ha sobrevivido cosas que habrían destruido a naciones menos tenaz, que ha producido en cada generación hombres y mujeres que se pararon cuando el poder esperaba que se agacharan y que hablaron cuando el poder esperaba que se callaran.
Miguel Uribe Turbayo de esos hombres. Abelardo de la Espriella es uno de esos hombres. y Colombia, ese pueblo que lleva décadas pagando el costo de las decisiones que sus gobernantes toman en nombre de intereses, que no son los del país, sino los de quienes los financian. Tienen el 31 de mayo la oportunidad de hacer algo que no se hace con titulares ni con comunicados de fundaciones, ni conosimos a servicios de inteligencia.
tiene la oportunidad de votar, de decidir con sus propios ojos abiertos, con su propia memoria intacta, con la sabiduría de quien ha vivido suficiente para saber cuando le están contando la verdad y cuando le están contando la versión conveniente para los que ya tienen todo y no quieren que nada cambie. Esa oportunidad no se repite.
Esta es apenas la segunda parte. ¿Usted cree que en Colombia el mismo poder que financió el asesinato de un joven senador que denunciaba las conexiones entre el crimen y la política es capaz de usar los medios, las fundaciones y los informes de inteligencia para hacer lo mismo con otro candidato antes de que Colombia pueda votar? ¿O cree que esta vez Colombia ya tiene suficiente memoria para reconocer el patrón antes de que sea demasiado tarde.
En Colombia hay una frase que los abuelos les repiten a sus nietos cuando los nietos todavía son demasiado jóvenes para entender todo lo que esa frase contiene. Una frase corta y sencilla que parece hecha de palabras ordinarias, pero que lleva dentro el peso de décadas de historia, de victorias y derrotas, de momentos en que este país estuvo al borde del abismo y de otros en que encontró la fuerza para alejarse de él.
cuando menos lo esperaba. La frase es esta: Colombia siempre encuentra el camino. No siempre a tiempo, no siempre sin dolor, no siempre de la manera más eficiente, ni con los líderes más perfectos, ni con las decisiones más claras desde el principio. Pero siempre, en algún momento, después de toda la confusión y el miedo y el ruido y la desinformación, Colombia encuentra el camino.
Esta historia, la historia de Miguel Uribe Turbay y de Abelardo de la Espriya. La historia del senador que mataron porque incomodaba y del abogado que están intentando callar porque incomoda. Es en el fondo la historia de Colombia buscando ese camino en el año más decisivo de su historia reciente, en el año en que tiene que elegir quién la lleva hacia adelante después de 4 años que dejaron más preguntas que respuestas, más heridas que curas, más promesas incumplidas que logros concretos.
Para los colombianos de a pie que no viven de la política, sino que viven con suerte a pesar de ella. La encuesta en Bamer publicada el 25 de febrero de 2026. La medición más reciente en el momento en que contamos esta historia, tiene un número que los grandes medios mencionaron de paso, pero que merece ser leído con la atención que produce cuando uno entiende lo que significa.
Abelardo de la espriella tiene el 23,4% de intención de voto. Iván Cepeda tiene el 43%. Ese es el panorama en primera vuelta a menos de 3 meses del 31 de mayo. Pero eso no es el número más importante de esa encuesta. El número más importante es el que habla de la tendencia, de la dirección en que se mueven las cosas cuando el calendario electoral avanza y los colombianos que todavía están decidiendo empiezan a prestar más atención, a escuchar con más cuidado, a comparar no los titulares de los medios, sino las realidades de sus
propias vidas con lo que cada candidato les está ofreciendo. Y la tendencia de Abelardo de la Espriella en las encuestas de los últimos meses no es la de un candidato que se estanca, es la de un candidato que crece. En enero de 2026, la encuesta de GAT 3 lo tenía con el 22% de intención de voto. En febrero, Atlas Intel lo puso en primer lugar con el 32,1%.
Adelante incluso de Cepeda con el 31,4%. En una medición que los analistas atribuyeron al efecto de la visibilidad acumulada y al impacto de sus apariciones en medios. En la más reciente de Imbamer, el 23,4% lo mantiene en segundo lugar sólido con una brecha concepeda que los analistas electorales más serios señalan como reducible en el tramo final de la campaña, especialmente si la derecha logra la unificación que todavía está buscando en la consulta interpartidista que definirá si candidatos como Paloma Valencia deciden sumarse o competir por
separado. Ese panorama, esos números vistos juntos y en su contexto de tendencia cuentan una historia que los que quieren que Colombia elija dentro de los márgenes que el establecimiento les permite. No quieren que los colombianos lean con claridad que Abelardo de la Espriella no solo está sobreviviendo el ataque más sostenido y coordinado que ningún candidato en esta carrera ha recibido, sino que está creciendo a pesar de él y que si la derecha colombiana logra consolidarse detrás de una sola candidatura en los próximos meses, el
escenario de segunda vuelta entre de la Espriella y Cepeda. El duelo que Colombia tendrá que decidir antes del 21 de junio es perfectamente posible. perfectamente posible. Y esa posibilidad, ese escenario que en enero parecía ambicioso y que hoy los propios analistas describen como real es exactamente lo que hace que los ataques contra el candidato se intensifiquen en lugar de disminuir, que los titulares negativos aparezcan con mayor frecuencia cuando las encuestas suben en lugar de cuando bajan, porque la lógica de la
campaña de desprestigio es la misma que la del deportista que juega más duro cuando está perdiendo. El esfuerzo aumenta en proporción directa a la amenaza. Y Abelardo de la Espriella, ese abogado de Cartagena que recorrió los 32 departamentos del país recogiendo 4,7 millones de firmas, que habla de fumigar la coca y de combatir a los grupos armados y de cortar las conexiones entre el Estado colombiano y los regímenes que financian el crimen en esta región.
Es hoy la amenaza más concreta que el poder que no quiere que Colombia cambie enfrenta en este proceso electoral. Para entender por qué Abelardo de la Esprilla representa esa amenaza específica y no simplemente la amenaza genérica de cualquier candidato de oposición, hay que entender lo que él propone hacer con tres cosas que el poder que lo ataca necesita que no cambien.
La primera es la coca. Colombia tiene hoy 330,000 hectáreas sembradas con coca, el número más alto de la historia del país. Una cifra que representa no solo el combustible del narcotráfico, sino la fuente de financiamiento de los grupos. armados que controlan los territorios donde esos cultivos existen, que cobran vacunas a los cultivadores, que administran las rutas de salida de la pasta base y que usan ese dinero para pagar sicarios, comprar armas, corromper funcionarios y financiar la violencia que mantiene a
Colombia atrapada en un ciclo que lleva décadas siendo descrito como el problema más grave del país sin que ningún gobierno haya logrado resolverlo de manera definitiva. El gobierno de Petro decidió que la solución era la paz total, la negociación con esas estructuras, la oferta de reinserción a cambio del silencio de las armas.
El resultado documentado en los propios informes del gobierno y en los de organizaciones independientes fue exactamente el opuesto al prometido. Los cultivos de coca aumentaron, los grupos armados crecieron un 23% y la violencia en los territorios donde el Estado había prometido llegar con desarrollo e instituciones siguió siendo la realidad cotidiana de las comunidades que ya no esperaban que nadie las protegiera.
Abelardo de la Espriella propone lo contrario, fumigar esas 330,000 hectáreas con glifosato, retomar el plan Colombia en su versión más efectiva y combatir a los grupos que no quieren paz, sino que usan la palabra paz como escudo para seguir operando. Ese programa no le gusta a los grupos armados, no le gusta a los intermediarios políticos que durante años han construido su influencia sobre la base de administrar la coexistencia entre el Estado y esas estructuras, en lugar de exigir la eliminación de una de las dos.
Y no le gusta a los que desde Venezuela miran a Colombia como un territorio de operaciones que les resulta conveniente mientras el Estado colombiano mira hacia otro lado. La segunda cosa que no puede cambiar para el poder que lo ataca es la relación con Venezuela. El gobierno de Petro construyó con Maduro una relación que fue mucho más allá de la diplomacia ordinaria entre países vecinos.
Una relación que produjo apertura de fronteras, reactivación del comercio bilateral, visitas de alto nivel y una cobertura política mutua en foros internacionales donde los dos mandatarios se respaldaban en los momentos en que sus respectivos críticos los cuestionaban. Esa relación le fue conveniente a Venezuela porque le dio legitimidad internacional en un momento en que muchos países la habían retirado.
Le fue conveniente a Petro porque le permitió presentarse como el restaurador de los vínculos regionales que la derecha colombiana había roto y le fue conveniente a los grupos armados que operan desde territorio venezolano. que mientras esa relación existía, el gobierno colombiano no podía combatirlos con la misma energía con que un gobierno que no tiene esa deuda diplomática podría hacerlo.
Abelardo de la Espriella propone cortar esa relación. No porque Venezuela no sea el país vecino que es, ni porque los millones de venezolanos que han huído de su propia miseria no merezcan solidaridad, sino porque el régimen de Maduro es cómplice del crimen organizado que destruye a Colombia.
Porque la ruta del dinero que llegó hasta el parque del Golfito el 7 de junio de 2025 y pagó el asesinato de un senador colombiano pasó por ese territorio y ese gobierno y porque ninguna Colombia que se respete puede seguir llamando aliado a quien financió el magnicidio de uno de sus líderes más prometedores. Eso no lo puede tolerar quien construyó 4 años de política exterior sobre la base de que Maduro era el aliado que Colombia necesitaba.
Y eso no lo puede tolerar quién desde Venezuela mira con atención los resultados electorales colombianos con la conciencia de que un presidente que declare a su régimen enemigo del Estado colombiano produce consecuencias que van mucho más allá de los discursos. La tercera cosa es la justicia. El gobierno de Petro tuvo durante 4 años una relación con el sistema de justicia colombiano que sus propias palabras describen mejor que cualquier análisis.
El presidente fue multado por desacatar fallos judiciales, fue advertido por tribunales que le exigían cumplir la ley y usó reiteradamente el poder del cargo para atacar públicamente a funcionarios judiciales que tomaban decisiones que lo incomodaban, incluyendo fiscales, magistrados y jueces cuyos nombres aparecieron en sus trinos, con el tipo de descalificaciones que en cualquier otro contexto se llamarían lo que son intimidación institucional.
Abelardo de la Espriella es abogado. Ha vivido en el derecho colombiano durante décadas. Ha defendido casos ante la Corte Suprema, ante los tribunales administrativos, ante instancias internacionales. Conoce la diferencia entre un estado que usa la justicia como herramienta de control y un estado que la respeta como límite a su propio poder y propone una Colombia donde esa diferencia sea real y no solo retórica, donde los jueces fallen sin miedo a los trinos.
presidenciales, donde los magistrados que ordenan allanamientos a los ministros del gobierno de turno no sean atacados públicamente por el presidente, sino protegidos institucionalmente para que puedan hacer su trabajo. Eso tampoco le gusta al poder que necesita una justicia manejable. Y esa combinación, esas tres cosas juntas, la coca, Venezuela y la justicia, es lo que hace que la campaña contra Abelardo de la Espriella no sea simplemente la oposición ordinaria que cualquier candidato recibe en una democracia competitiva, sino algo mucho
más específico y mucho más organizado. El esfuerzo sistemático de quienes tienen interés en que esas tres cosas no cambien para impedir que el candidato que quiere cambiarlas llegue al poder antes de que Colombia pueda votar por él. María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, habló en diciembre de 2025 con una claridad que contiene todo lo que una mujer que perdió a su esposo en las circunstancias más crueles puede decir cuando decide que el dolor no va a silenciarla, sino a darle más razones para hablar.
dijo que la fiscalía había hecho un trabajo extraordinario, que en menos de 6 meses prácticamente todos los autores materiales estaban detenidos y que el compromiso que le pedía a la fiscal general Luz Adriana Camargo era que ese mismo rigor y esa misma determinación se mantuvieran para llegar hasta los autores intelectuales.
Hasta quién tomó la decisión política de que su esposo tenía que desaparecer y hasta quiénes pusieron el dinero para que esa decisión se ejecutara. Esa petición, esa exigencia de justicia completa que no se conforma con los sicarios, sino que busca llegar hasta el último eslabón de la cadena. Es el tipo de presión que los sistemas de justicia en Colombia necesitan para seguir funcionando cuando los casos son difíciles y cuando los que están al final de la cadena tienen poder suficiente para hacer que la investigación se detenga antes de llegar
a ellos. La investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay todavía no ha identificado públicamente al autor intelectual. Todavía no se sabe con la certeza judicial que la fiscalía exige antes de hacer una imputación, quien tomó la decisión política de que ese hombre tenía que morir, quien dio la instrucción a la segunda marquetalia, quién fue el intermediario entre esa organización y quien ordenó el crimen y quién en el final de esa cadena tiene el poder y los intereses que explican por qué un senador colombiano de 39 años que
iba volando de primero hacia la presidencia tenía que ser eliminado en un parque de Bogotá un sábado de junio. Esa pregunta sigue abierta y mientras siga abierta, mientras el autor intelectual no sea identificado y procesado, la justicia colombiana tiene una deuda con Miguel Uribe Turbay, con su familia, con su viuda que pide que el compromiso se mantenga y con los colombianos que entienden que si el crimen político queda impune.
La señal que ese silencio manda a todos los que piensan en silenciar al siguiente líder que incomode es una señal que Colombia no puede permitirse mandar. Pero hay algo que la investigación se ha establecido, algo que el padre de Miguel dijo en cámara con la contundencia de quien ha seguido cada paso del proceso y que cuando habla lo hace desde el conocimiento y no desde la especulación.
Y eso es la ruta del dinero. El dinero vino de Venezuela. Pasó a través de la segunda marquetalia y llegó a las calles de Bogotá a pagar a cada eslabón de la cadena que terminó con un adolescente de 15 años sacando un arma en el parque del Golfito mientras un senador colombiano saludaba a sus seguidores en una tarde que parecía normal.
Esa ruta del dinero, ese camino que une a Venezuela con el magnicidio de un líder político colombiano, tiene implicaciones que van mucho más allá del caso específico de Miguel Uribe Turbai, porque establece un precedente que Colombia no ha querido mirar de frente con toda su crudeza, que los enemigos de la democracia colombiana no están solamente adentro, que tienen brazos que llegan desde territorios vecinos con recursos que el Estado colombiano no siempre puede rastrear ni cortar a tiempo.
que mientras Colombia tenga gobiernos que no reconozcan esa amenaza o que por razones de conveniencia política prefieran no nombrarla, esa amenaza seguirá siendo tan real como la bala que mató a Miguel Uribe Turbay. Abelardo de la espriella la nombra sin eufemismos. Dice que Venezuela es un régimen cómplice del narcotráfico y del terrorismo.
Dice que las relaciones con ese régimen tienen que romperse. Dice que la segunda Marquetalia no es un grupo de paz en proceso de negociación, sino una organización criminal que usó el escudo de las negociaciones para crecer mientras el Estado miraba para otro lado. y dice que la política de paz total fue en realidad una política de rendición disfrazada de diálogo que benefició a los grupos armados y que le costó a Colombia 4 años de crecimiento del crimen, de pérdida de seguridad y, en el caso extremo y definitivo de
Miguel Uribe Turbai, debidas que no pueden recuperarse. Eso es lo que Colombia necesita escuchar. No porque Abelardo de la Espriella sea el candidato perfecto o porque su programa no tenga aspectos que merezcan debate, sino porque en este momento específico de la historia colombiana, cuando la pregunta de fondo es si este país va a continuar en el camino que tomó los últimos 4 años o va a elegir una dirección diferente, la disposición de decir esas verdades en voz alta y sin miedo es exactamente el tipo de liderazgo que los colombianos de bien
necesitan reconocer y respaldar. Los colombianos de más edad, los que llevan décadas votando en este país con la esperanza de que algo mejore y con la resignación de quien ha visto demasiadas veces como las promesas se convierten en decepciones, tienen una ventaja sobre los votantes más jóvenes que a veces no se valora suficientemente.
Tienen memoria. ¿Recuerdan cómo era Colombia cuando el Estado combatía al narcotráfico con la determinación que ese combate requiere? cuando las cifras de homicidios bajaban porque la presencia del Estado en los territorios subía, cuando los líderes criminales sabían que tendrían consecuencias reales y no negociaciones eternas donde siempre terminaban siendo los que ponían las condiciones.
Recuerdan la seguridad de los años en que eso funcionó, no perfecta, no sin costos, no sin errores, pero si suficientemente real para que la gente pudiera salir a la calle con una tranquilidad que hoy en muchas ciudades y muchos municipios de Colombia se siente como un recuerdo lejano. Recuerdan también los líderes que Colombia perdió en las décadas más duras, los nombres que están en las paredes de los edificios públicos y en los libros de historia y en la memoria de las familias que los lloraron, los que murieron porque incomodaban, porque
hablaban, porque no se callaban cuando el poder esperaba que se callaran. Y cuando ven lo que le pasó a Miguel Uribe Turbai, cuando escuchan a su padre decir que la plata que pagó su asesinato vino de Venezuela, cuando leen los titulares que semana tras semana atacan a Abelardo de la Espriella con la misma coordinación y el mismo tono y los mismos ángulos, esos colombianos de más edad no leen esa historia como un episodio aislado, la leen como un patrón.
Un patrón que han visto antes, un patrón que saben cómo termina cuando Colombia no lo reconoce a tiempo. Hay una escena en la investigación periodística que siguió al asesinato de Miguel Uribe Turbay que no apareció en los grandes titulares, pero que dice más sobre la naturaleza de lo que pasó que muchos análisis de muchas páginas.
Mientras Miguel estaba todavía en el hospital luchando entre la vida y la muerte en esas semanas de junio y julio de 2025 que Colombia vivió con el corazón en la garganta, el presidente Gustavo Petro hizo algo que sus críticos consideraron un intento de moldear la narrativa del crimen antes de que la investigación produjera conclusiones que él prefería no ver.
dijo que las causas del atentado estaban aún en averiguación y que marcaban un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada se insinuó. Esa declaración hecha por el presidente de la República en el momento en que la fiscalía apenas iniciaba su trabajo, en el momento en que nadie todavía sabía con certeza qué organización había ordenado el crimen, fue leída por muchos colombianos de la misma manera, como una señal de que el gobierno quería que la investigación llegara a ciertas conclusiones y no a otras. que el camino
diferente al que se insinuaba era el camino que evitaba las conexiones con las estructuras que la política de Paz total necesitaba mantener como interlocutores de sus negociaciones. Esa lectura puede ser injusta. Las palabras del presidente pueden haber tenido una intención diferente, pero en Colombia, en ese momento, con ese contexto, con esa historia, la desconfianza que esas palabras generaron no fue el resultado de la mala fe de quienes las interpretaron como una interferencia, sino el resultado natural de un gobierno que durante 4 años había
demostrado que no tenía inconveniente en usar el peso del cargo para influir en los procesos que lo afectaban. Y esa desconfianza, ese ruido de fondo que acompaña cualquier versión oficial sobre hechos que involucran a los aliados del gobierno es parte de la herencia que la administración Petro deja a Colombia en este año electoral, un país donde la credibilidad institucional está tan erosionada que cuando el gobierno dice algo.
La primera reacción de una parte importante de los ciudadanos no es creer, sino preguntar qué interés tiene el gobierno en que esa sea la versión que prevalezca. Eso no es un problema de un partido, es un problema de Colombia y es parte de lo que el próximo gobierno va a tener que reconstruir. La segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, si se llega a ella como la historia electoral colombiana, sugiere que se llegará porque desde 1990 y uno solo dos elecciones no la requirieron.
va a definir que Colombia emerge del periodo más polarizado y más debatido de la historia reciente del país. Si el escenario que las encuestas dibujan hoy se confirma, esa segunda vuelta va a ser entre Iván Cepeda e Abelardo de la Espriella, entre dos visiones de Colombia que no son simplemente izquierda y derecha, entre dos respuestas completamente diferentes a la pregunta más importante que Colombia tiene que hacerse en este momento.
¿Cómo vamos a relacionarnos con el crimen organizado que nos destruye? ¿Con la negociación que lo fortaleció o con el combate que lo debilitó? Cuando se intentó con consecuencia, esa pregunta no tiene una respuesta políticamente cómoda, tiene una respuesta históricamente verificable. Cuando Colombia combatió al narcotráfico con determinación, con cooperación internacional, con fumigación, con extradición, con inteligencia bien entrenada y bien dotada, los indicadores de seguridad mejoraron, no perfectamente, no sin costos, pero mejoraron con la consistencia de lo que
produce resultados cuando se hace con consecuencia. Cuando Colombia decidió negociar con las estructuras en lugar de combatirlas, cuando la paz total prometió que el diálogo era más poderoso que la fuerza, los indicadores de seguridad empeoraron, los grupos armados crecieron, los cultivos de coca aumentaron y en el caso más extremo y más doloroso, un senador que denunciaba esas estructuras desde el Congreso fue asesinado con dinero que vino de Venezuela.
Esa es la evidencia, no la evidencia de un análisis político ni de un estudio académico, sino la evidencia de lo que ocurrió en Colombia durante 4 años y cuyo resultado los colombianos de más edad llevan consigo con la claridad de quién. No necesita que le expliquen lo que ya vivió. Abelardo de la espriella habló de Miguel Uribe Turbay con las palabras que el oponente generoso usa cuando reconoce la grandeza de quien estaba al lado.
Valentía, conocimiento, trayectoria. y añadió algo más, algo que en el contexto de esta historia tiene un peso que va más allá del elogio político, que Miguel era exactamente el tipo de hombre que Colombia necesitaba en este momento, que su pérdida es irreparable y que quien quiera honrar su memoria tiene la obligación de continuar el trabajo que él comenzó.
ese trabajo, esas denuncias desde el Congreso sobre las conexiones entre el crimen y el poder, sobre las rutas del narcotráfico, sobre los grupos armados que usaban la paz como escudo, sobre Venezuela como base de operaciones del crimen organizado transnacional, ese trabajo no murió en el parque del Golfito.
Viven cada colombiano que escuchó a Miguel hablar y que entiende por qué lo callaron. Vive en cada colombiano que lee los titulares contra Abelardo de la Espriella y que reconoce el patrón. y vive sobre todo en el voto que el 31 de mayo puede producir el cambio que Miguel buscaba desde el Congreso y que los que lo silenciaron calcularon que nunca llegaría, calcularon mal, porque lo que el poder nunca calcula del todo bien es la memoria.
La memoria de los colombianos que llevan décadas viendo como sus líderes caen y como sus esperanzas se frustran y como el ciclo se repite con variaciones de nombre y de color político, pero con la misma lógica de fondo. Esa memoria no se borra con titulares, no se reemplaza con encuestas financiadas por quienes tienen interés en ciertos resultados.
No se silencia con comunicados de fundaciones que hablan de libertad de prensa cuando lo que están protegiendo es el derecho de sus aliados a atacar. sin que los atacados puedan defenderse. Esa memoria es la herramienta más poderosa que tienen los colombianos de bien en este proceso electoral, más poderosa que cualquier maquinaria política, más poderosa que cualquier campaña mediática, más poderosa que cualquier correo anónimo que llega a un servicio de inteligencia para producir un informe que destruya la carrera de un
general honesto o la candidatura de un abogado que dice lo que otros no se atreven a decir. Y esa memoria en el 31 de mayo en la privacidad de la cabina de votación, donde nadie puede ver el tarjetón que cada colombiano marca y donde el peso de los titulares y de los comunicados y de los decretos se desvanece frente a la realidad de la vida cotidiana que cada votante lleva consigo.
Esa memoria va a hablar con la única voz que en democracia no puede ser silenciada, la del voto libre y consciente de un pueblo que ya sabe suficiente para decidir. El senador Miguel Uribe Turbay tenía 39 años cuando lo mataron. Tenía una familia que lo amaba, una esposa que lleva meses exigiendo justicia y un padre que sale a dar entrevistas en televisión a los 70 años para decirle a Colombia que la plata que pagó ese crimen vino de Venezuela, que hay que llegar hasta el final, que la memoria de su hijo merece la verdad completa y no solo la versión que le
resulta conveniente a los que tienen interés en que Colombia no descubra quién tomó la decisión. tenía también, y eso es lo que más importa para esta historia, una visión de Colombia que no murió con él, una visión de un país que combate al crimen con determinación, que no negocia con quienes lo destruyen, que corta las conexiones con los regímenes que financian la violencia que nos mata, que respeta las instituciones y protege a los jueces que aplican la ley, aunque eso incomode a los que están en el poder. Esta visión vive hoy en
Abelardo de la Espriella. No porque sean el mismo hombre, no porque uno sea la copia del otro, ni porque el segundo sea el reemplazante del primero, sino porque en este momento electoral, en este año decisivo, el discurso que incomodaba a los mismos poderes que silenciaron a Miguel sigue siendo el discurso que Colombia necesita escuchar y el candidato que lo pronuncia sin miedo, que lo defiende contra los ataques, que se para cuando los poderosos esperan que se agache, lleva en ese gesto algo que trasciende la
política y llega a algo más profundo. Lleva la prueba de que Colombia tiene todavía el tipo de hombres que no tienen precio, que no todos se callan, que no todos desaparecen cuando el poder les dice que desaparezcan y que la esperanza de un país no se mide en encuestas ni en titulares, sino en la calidad de los hombres que en el momento más difícil deciden que la verdad vale más que la comodidad y que el país vale más que el cargo.
El 31 de mayo de 2026, Colombia va a votar. No como abstracción, ni como ejercicio académico, ni como evento de calendario que se cumple cada 4 años por obligación constitucional. va a votar con la historia de los últimos 4 años en la espalda, con la memoria de Miguel Uribe Turbay en el corazón, con la evidencia de lo que le pasó al general Urrego y de lo que le están haciendo a Abelardo de la Espriella en los ojos y con la pregunta más importante que cualquier democracia puede hacerse en el momento en que decide su futuro. ¿Queremos seguir
siendo el país que elegimos ser los últimos 4 años o queremos intentar ser el país que prometemos ser cada vez que ponemos la mano en el corazón y recitamos el himno? Esa pregunta no la responde ningún analista, no la responde ningún titular de ningún medio, no la responde ningún comunicado de ninguna fundación, la responde usted.
Usted que nos ve desde su casa. Usted que ha vivido suficiente tiempo en este país para saber la diferencia entre lo que es y lo que puede ser. Usted que enterró esperanzas y que todavía las tiene porque en Colombia la esperanza no muere aunque a veces se lastime profundamente. Usted que recuerda a Miguel Uribe Turbay y que entiende lo que significa que Colombia haya tenido que despedirlo de esa manera.
Usted tiene en sus manos el 31 de mayo la posibilidad de votar por el cambio que él quería hacer desde el Congreso y que no pudo terminar. Esa posibilidad no se desperdicia. Esa posibilidad se honra. Esta es la historia de dos hombres que incomodaron al poder. Al primero lo silenciaron con una bala. Al segundo lo están intentando callar con titulares, con fundaciones, conosimos y con el peso de la maquinaria que se activa en Colombia cada vez que alguien amenaza con cambiar lo que los poderosos necesitan que no cambie.
Pero Abelardo de la Espriella no se ha callado. Sigue de pie, sigue creciendo. Y el 31 de mayo Colombia va a tener la última palabra. ¿Usted cree que Colombia puede permitirse elegir en el 31 de mayo sin recordar que la misma plata que vino de Venezuela a pagar el silencio de un senador valiente sigue circulando en este país? ¿O cree que ya es tiempo de que Colombia vote como quién sabe lo que está en juego y lo que cuesta quedarse en casa? Cuéntenos en los comentarios.
Comparta este vídeo con alguien que necesite escuchar esta historia antes del 31 de mayo. Porque en Colombia la información que no se comparte es el silencio que los poderosos necesitan para ganar. Hasta la próxima. M.
