5 ALERTAS desde WASHINGTON — MARCO RUBIO ADVIERTE a GUSTAVO PETRO SOBRE las ELECCIONES

entienden perfectamente la diferencia que hay entre ese sistema y un sistema donde todo pasa a través de un computador que nadie puede revisar, donde un cambio de unos pocos números en un servidor puede alterar el resultado de una elección entera sin que quede ninguna evidencia visible. Y eso es lo que más aterra a los expertos en democracia, no la manipulación grosera de llenar urnas físicamente que todos pueden ver y denunciar, sino la manipulación invisible que ocurre en los bits de información que viajan a través de

cables y servidores en fracciones de segundo que no deja huella que el ciudadano común pueda detectar, que solo es visible para los expertos técnicos que saben exactamente qué buscar y dónde buscarlo. Y esos expertos técnicos los tiene el departamento de estado de los Estados Unidos y lo que encontraron es suficientemente grave para que Rubio haya decidido que el mundo lo necesita saber antes de mayo.

Pero el informe de inteligencia no habla solo de software y de servidores. Habla también de algo que toca más de cerca la vida cotidiana de los colombianos de las regiones, de los municipios pequeños, de los lugares donde el Estado ha tenido históricamente menos presencia y donde los grupos armados han llenado ese vacío.

Porque una de las denuncias más graves del reporte es el crecimiento anómalo del censo electoral en zonas donde grupos armados que han expresado abiertamente su apoyo al proyecto político del gobierno tienen presencia y control territorial cuando el censo electoral crece de manera anormal en una zona donde hay control armado, cuando aparecen inscritos que no corresponden a la población real de ese municipio, cuando hay personas fallecidas que siguen habilitadas para votar en esos registros.

Lo que eso significa en términos electorales es que alguien puede cargar votos ficticios al sistema electrónico durante la consolidación de resultados usando esas identidades fantasmas. Y si el software de escrutinio no tiene una verificación cruzada inmediata con el recuento físico de los formularios de mesa, esos votos ficticios pueden aparecer en el resultado final como si fueran reales y para cuando alguien detecte la anomalía, el resultado ya habrá sido anunciado y el ganador ya habrá salido a dar su discurso de victoria.

Marco Rubio fue enfático en su comunicación directa a la cancillería colombiana y esa palabra enfático no es exageración, sino la descripción exacta del tono de una advertencia diplomática que no deja espacio para interpretaciones ambiguas, porque Rubio dijo en términos claros que la ayuda económica y militar de Estados Unidos hacia Colombia, esa ayuda que existe desde hace décadas y que ha sido fundamental para financiar la lucha contra el narcotráfico, para equipar a las fuerzas militares, para apoyar la sustitución de cultivos

ilícitos, para mantener la estabilidad institucional de un país que ha luchado durante generaciones contra el crimen organizado. Esa ayuda está condicionada a que Colombia garantice elecciones transparentes el 31 de mayo. Y esa condicionalidad no es un capricho de Trump ni una maniobra política de Rubio, sino una posición que tiene una lógica que cualquier colombiano que piense con claridad puede entender.

Porque para que va a financiar Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico en Colombia si el gobierno que recibe ese dinero está usando las instituciones para perpetuarse en el poder mediante fraude para lo que va a servir esa ayuda si el resultado es un gobierno que no representa la voluntad real del pueblo colombiano, sino el resultado de una elección amañada donde los votos fueron contados por un software diseñado para dar el resultado que el gobierno quería desde antes de que se abrieran las urnas.

La respuesta del gobierno de Petro a esa advertencia fue exactamente la que cualquier colombiano que conoce su estilo podría haber predicho. El rechazo tajante, la acusación de injerencia en la soberanía, el discurso de que Colombia es libre de organizar sus procesos electorales sin que nadie de afuera le diga cómo hacerlo.

Y ese discurso soberanista suena bonito en el papel, pero oculta una pregunta que el gobierno no puede responder con honestidad. Si el proceso es limpio, si el sistema es transparente, si el software es confiable, si el censo es legítimo, si el CNE es independiente, ¿por qué el gobierno se niega a que auditores internacionales independientes revisen el código fuente del programa y accedan libremente a los centros de datos? Porque esa es la pregunta que Rubio le está haciendo a Petro, no en forma de insulto ni de intromisión, sino en forma

de exigencia democrática que cualquier gobierno que tenga conciencia limpia debería poder satisfacer sin problema. Y el hecho de que el gobierno de Petro responda con el rechazo en lugar de con la apertura, con la acusación de injerencia en lugar de con la invitación a verificar, es para los expertos en democracia exactamente la señal de que hay algo que no quieren que se vea, algo que una auditoría independiente revelaría y que el gobierno sabe que no puede explicar.

Ustedes que han criado sus familias enseñándoles que quien no debe no teme, que el hombre honrado no le huye a la verdad, sino que la enfrenta, que la persona que rechaza que la revisen es la persona que tiene algo que esconder. Reconocen ese principio de inmediato en lo que está pasando con el gobierno de Petro y la Auditoría Internacional que Rubio está exigiendo, porque es exactamente el mismo principio que aplica en la vida cotidiana.

Si la Registraduría y el gobierno no tienen nada que ocultar, si el sistema electoral es lo que dicen que es transparente, moderno y confiable, entonces la auditoría solo les daría razón, solo confirmaría lo que ya saben que es correcto y el rechazo no tendría ningún sentido. Pero el gobierno rechaza y ese rechazo habla más que 1000 discursos, porque el hombre que no teme no cierra las puertas, sino que las abre.

El proceso limpio no huye de la luz, sino que la busca. Y el gobierno que está preparando elecciones honestas no solo permite que los expertos independientes revisen su sistema, sino que los invita, los celebra, los presenta como prueba de su compromiso con la democracia. Y el gobierno de Petro no hace nada de eso, sino que responde con la soberanía herida y con el discurso del imperialismo, como si auditar un software fuera una invasión militar.

Y en ese contraste entre lo que un gobierno honesto haría y lo que el gobierno de Petro está haciendo, los colombianos maduros que nos ven, los que han visto suficientes gobiernos y suficientes excusas para saber distinguir la honestidad de la maniobra, pueden encontrar la respuesta a la pregunta más importante de todas.

¿Por qué Petro no quiere que nadie mire el sistema por dentro? La respuesta a esa pregunta es la que Washington ya encontró y la que Rubio tuvo el coraje de decirle al mundo, aunque al gobierno colombiano no le gustara escucharla. Y aquí es donde la historia de Rubio y de Trump y de la advertencia de Washington se convierte en algo que va más allá de la diplomacia y toca directamente el corazón de cada colombiano que ha votado con honestidad durante toda su vida.

Porque lo que está en juego el 31 de mayo no es solo quien gana la presidencia de Colombia. No es solo si Petro o el candidato de oposición saca más votos. Lo que está en juego es algo mucho más fundamental y mucho más valioso que cualquier resultado electoral. puntual, que es la confianza de que el voto sirve para algo, de que cuando uno va a la urna y deposita su tarjetón, ese voto va a ser contado exactamente como fue emitido, sin que nadie lo cambie en un servidor en la madrugada, sin que nadie lo diluya con votos fantasmas de

personas que llevan años muertas, sin que nadie le robe ese acto de ciudadanía que es lo más sagrado que tiene una democracia. Porque si el 31 de mayo los colombianos van a votar y el resultado que aparece en los boletines oficiales no corresponde a lo que realmente votaron. Si el sistema electrónico muestra una cosa y los formularios físicos muestran otra.

Si el candidato que ganó según los tarjetones termina perdiendo según el software, entonces algo muere en Colombia ese día, algo que es muy difícil de resucitar una vez que muere. ¿Qué es la fe en que la democracia funciona? ¿Que el voto importa? Que el ciudadano tiene poder y cuando esa fe muere en un pueblo, cuando la gente deja de creer que votar sirve para algo, el camino hacia el autoritarismo está pavimentado porque la gente se resigna y el poder hace lo que quiere.

Eso es exactamente lo que el socialismo quiere que pase, que los colombianos se frustren, que dejen de creer en la democracia, que sientan que el sistema está tan corrompido que no hay nada que hacer. Y en esa desesperanza fabricada, el proyecto de perpetuarse en el poder se consolida porque la resistencia se rinde.

Y por eso la advertencia de Rubio es tan importante y tan urgente, porque llega antes de que ese daño sea irreversible, porque llega cuando todavía hay tiempo de actuar, cuando todavía hay meses para exigir auditorías, para organizar la vigilancia ciudadana, para movilizar a los testigos electorales, para que cada colombiano entienda que está en juego y decida que no va a dejar que le roben su voto sin pelear.

Esa es la primera parte de esta historia, la historia de como Washington encendió la alarma roja que el gobierno de Petro no quería que se encendiera, de cómo Marco Rubio dijo con el respaldo de Trump lo que millones de colombianos ya sospechaban, pero necesitaban escuchar de alguien con la autoridad suficiente para que el mundo lo tomara en serio.

Y de cómo esa advertencia, ese informe de inteligencia, esa condicionalidad de la ayuda es el primer paso de una batalla que todavía se puede ganar. Si los colombianos como ustedes deciden que el voto que han defendido durante toda su vida vale la pena seguir defendiéndolo porque Rubio ganó la batalla diplomática, pero la batalla final, la del 31 de mayo, la tienen que ganar ustedes.

¿Usted cree que la presión de Rubio y de Washington es suficiente para que el gobierno de Petro permita una auditoría independiente al sistema electoral? ¿O cree que Colombia necesita algo más para proteger el voto de sus ciudadanos antes del 31 de mayo? Cuando una advertencia llega desde Washington con el peso de Donald Trump y Marco Rubio detrás, cuando esa advertencia no es un tweet de madrugada ni una declaración improvisada, sino un informe técnico documentado que señala con nombres, fechas y detalles cómo se

está construyendo la arquitectura de un fraude electoral en Colombia. Lo primero que un ciudadano honesto debe preguntarse no es si le cae bien o mal quien hace la advertencia, sino si los hechos que describe corresponden a la realidad. que puede verificar con sus propios ojos y cuando uno hace esa pregunta con honestidad, cuando mira los contratos de la registraduría, cuando revisa la composición del CNE, cuando analiza el crecimiento del censo electoral en zonas de conflicto, cuando estudia quiénes son los funcionarios técnicos que

reemplazaron a los de carrera, la respuesta que encuentra no tranquiliza, sino que confirma exactamente lo que Rubio está diciendo. para los colombianos maduros que nos ven, para los que han vivido suficientes gobiernos y suficientes procesos electorales para saber cómo funciona la maquinaria del poder cuando quiere perpetuarse, para los que recuerdan las épocas en que el fraude era físico y visible, cuando había que falsificar actas a mano y transportar urnas rellenas en madrugadas de lluvia, este fraude del siglo XXI es diferente en su

forma, pero idéntico en su propósito, y entenderlo requiere que nos detengamos en cada pieza del entramado que los expertos del Departamento de Estado pusieron sobre la mesa, porque solo cuando uno ve todas las piezas juntas comprende la magnitud de lo que está en juego. La primera pieza del entramado es la más técnica, pero también la más reveladora y es lo que los expertos en seguridad informática llaman el código fuente del software de escrutinio, que es básicamente el conjunto de instrucciones que le dice al computador qué hacer con

los números que llegan de los puestos de votación de todo el país, cómo sumarlos, como organizarlos, cómo producir el resultado final que se publica como resultado oficial de las elecciones y cuya revisión por parte de auditores independientes es la garantía más básica y más fundamental de que ese software hace exactamente lo que dice que hace y nada más.

En Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha sido durante décadas la institución encargada de organizar las elecciones. Y durante muchos años, el debate sobre la transparencia del software de escrutinio fue una discusión técnica que interesaba principalmente a los expertos y a los partidos políticos, pero que el ciudadano común no seguía de cerca porque confiaba en que la institución hacía bien su trabajo y esa confianza, aunque no era ciega, tenía fundamento en el hecho de que el sistema colombiano, con todos sus defectos,

había sobrevivido décadas de democracia imperfecta sin un colapso institucional total. Pero lo que el informe de inteligencia de Washington señala es que bajo la administración actual se produjeron cambios en los términos de referencia para la contratación del software de escrutinio que eliminaron capas de seguridad que antes existían y que permitían a los partidos de oposición revisar el código o fuente del programa antes de que fuera implementado en las elecciones y que esa eliminación de las capas de seguridad no fue un accidente

técnico ni una decisión neutral de modernización, sino una maniobra deliberada para construir un sistema donde el gobierno tenga control sobre los algoritmos que cuentan los votos sin que nadie de afuera pueda verificar si esos algoritmos hacen lo que deberían hacer. La Registraduría, por su parte, anunció en febrero de 2026 que abriría un periodo de revisión del código fuente del software para los partidos y movimientos políticos registrados, que es una medida positiva en apariencia, pero que los expertos señalan como

insuficiente si no va acompañada de una auditoría forense independiente por parte de organismos internacionales con la capacidad técnica de detectar puertas traseras que no son visibles en una revisión superficial del código y Esa distinción entre mostrar el código y permitir que expertos independientes lo auditen a fondo es exactamente la diferencia entre la transparencia real y la transparencia de escaparate que el gobierno puede usar para decir que cumplió con las formas sin cumplir con el fondo.

La segunda pieza del entramado es la que más duele a los colombianos de las regiones, a los que viven en municipios pequeños, a los que han visto de cerca como los grupos armados operan en sus territorios y como esa presencia armada se mezcla con la política de maneras que el ciudadano de la capital no siempre entiende, pero que el habitante del campo conoce en carne propia.

Y esa pieza es el crecimiento anómalo del censo electoral en zonas de alta presencia de grupos armados que han expresado apoyo al proyecto político del gobierno de Petro. El censo electoral es la lista de ciudadanos colombianos habilitados para votar y en condiciones normales ese censo crece de manera proporcional al crecimiento de la población con los jóvenes que van cumpliendo la mayoría de edad y se inscriben, con los ciudadanos que se trasladan de municipio y actualizan su lugar de votación, con los nuevos colombianos que llegan al país y

se naturalizan. Y ese crecimiento tiene patrones estadísticos que cualquier demógrafo puede identificar y verificar comparándolos con los datos del censo de población del Dañe. Y cuando el censo electoral de un municipio crece de manera que no corresponde al crecimiento poblacional real de ese municipio cuando aparecen inscritos que no tienen correlato en la población real que vive allí, eso es una anomalía que requiere explicación.

Lo que la investigación periodística y los análisis demográficos citados en el informe de inteligencia muestran es que en varios municipios del país, donde grupos armados ilegales tienen control territorial y donde ese control se ha fortalecido bajo la política de paz total del gobierno de Petro, el censo electoral presenta exactamente ese tipo de anomalías: crecimientos que no corresponden a la dinámica poblacional real, registros de personas que llevan años fallecidas, pero que siguen habilitadas para votar. inscripciones

masivas que se concentraron en periodos específicos de manera que sugiere una organización deliberada y no un proceso espontáneo de participación ciudadana. Y la conexión entre esas anomalías del censor y el software de escrutinio es la que convierte ambas piezas en un sistema coherente de fraude potencial.

Porque si el software de consolidación de datos puede recibir votos de cédulas que aparecen en el censo, pero que no corresponden a personas reales que fueron a votar físicamente. Si el sistema electrónico puede cargar datos de esas cédulas fantasmas durante la fase de consolidación sin que haya una verificación cruzada inmediata con los formularios físicos de cada mesa, entonces el fraude se vuelve técnicamente posible sin que sea necesario falsificar un solo formulario físico.

Porque el engaño no ocurre en las mesas de votación, sino en los servidores, en los bits de información, en los segundos críticos del procesamiento de datos que ocurren lejos de los ojos de los jurados y los testigos. La tercera pieza del entramado es la que involucra a los organismos de vigilancia electoral y específicamente al Consejo Nacional Electoral, que es la institución encargada de vigilar que las elecciones se desarrollen dentro de la ley, que los partidos cumplan los topes de financiación de campaña, que los medios de comunicación den acceso

equitativo a los candidatos y que las denuncias de irregularidades sean investigadas con rigor e imparcialidad y cuya composición y actuación en los últimos años ha sido objeto de cuestionamientos que van mucho más allá de la crítica política normal. El Consejo Nacional Electoral Colombiano es elegido por el Congreso de la República, lo que significa que su composición refleja el equilibrio de fuerzas políticas que existe en el Parlamento.

Y cuando el gobierno tiene suficiente influencia sobre los congresistas que eligen a los magistrados del CNE, el resultado es un organismo de vigilancia que puede terminar siendo más leal al proyecto político que lo eligió, que a la independencia institucional que su función requiere. Y ese conflicto de intereses estructural es exactamente lo que el informe de inteligencia de Washington señala como una de las vulnerabilidades más graves del sistema electoral colombiano.

La exclusión de Iván Cepeda de la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 fue una decisión del CNE que muchos interpretaron como una señal de que el organismo está en medio de una crisis de legitimidad con magistrados que votan en bloques que reflejan lealtades políticas más que análisis jurídicos imparciales.

Y esa crisis de legitimidad del CNE es el contexto en que hay que leer la advertencia de Rubio sobre la necesidad de que los organismos de vigilancia electoral sean realmente independientes y no simples extensiones del poder que se supone que deben vigilar. Porque un sistema electoral puede tener el software más transparente del mundo y el censo más limpio que exista.

Pero si el organismo encargado de recibir y procesar las denuncias de irregularidades está capturado por el poder político. Si los magistrados que deben investigar las anomalías son los mismos que deben su cargo a la influencia del gobierno que se está investigando, entonces la vigilancia electoral es una ficción, una formalidad institucional que da apariencia de control sin él, contenido real de independencia que ese control requiere para ser efectivo.

Y eso es exactamente lo que Marco Rubio denomina un ecosistema de impunidad electoral donde el gobierno es juez y parte. La cuarta pieza del entramado y quizás la más sofisticada tecnológicamente es la que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial en el proceso electoral y que el informe de Washington describe con una preocupación especial porque representa una dimensión del fraude moderno que la mayoría de los ciudadanos no conoce y que por eso mismo es más difícil de detectar y de denunciar y que los expertos del Departamento de Estado identificaron en

los contratos de adquisición de tecnología de la registraduría bajo la administración actual. La inteligencia artificial en su aplicación electoral puede ser una herramienta positiva para la depuración del censo, para identificar registros duplicados, para detectar anomalías estadísticas, para mejorar la logística de la jornada electoral.

Y en esas aplicaciones su uso sería completamente legítimo y bienvenido por todos los actores del proceso, pero también puede ser configurada para hacer exactamente lo contrario, para identificar perfiles de votantes basándose en su historial de participación y en datos demográficos y geográficos para generar errores administrativos automáticos que anulen las cédulas de sectores específicos de la población para suprimir técnicamente la participación de votantes que el sistema clasifica como alineados con la oposición. antes de que esas personas

lleguen a la mesa de votación. Eso es lo que el informe de Washington describe como supresión digital del voto, una táctica que no requiere violencia física ni intimidación visible, sino que opera en el silencio de las bases de datos y los algoritmos, inhabilitando técnicamente a los votantes que el sistema no quiere que voten mediante errores que parecen administrativos, pero que son deliberados y que para el ciudadano afectado se manifiesta como una sorpresa desagradable cuando llega al puesto de votación y le dicen que su cédula

presenta algún problema que impide que vote sin que ese ciudadano tenga manera de saber que ese problema fue generado intencionalmente por un algoritmo que lo identificó como votante de oposición. La trazabilidad de los contratos para las herramientas de inteligencia artificial adquiridas conduce, según el informe, a empresas que tienen vínculos con países que ideológicamente están alineados con el proyecto político del gobierno de Petro.

Y esa coincidencia geopolítica no es una prueba definitiva de mala intención. Pero sí es una señal de alerta que cualquier sistema de auditoría independiente debería examinar con detenimiento, porque la procedencia de las herramientas tecnológicas que se usan en un proceso electoral es tan importante como las especificaciones técnicas de esas herramientas, especialmente cuando esas herramientas tienen capacidad para acceder a bases de datos de ciudadanos y para generar efectos sobre su participación electoral.

La quinta pieza del entramado es la financiera y es la que conecta toda la arquitectura técnica con el dinero. Porque los sistemas no se construyen solos, sino que alguien los paga, alguien los contrata, alguien define las especificaciones que favorecen unas características sobre otras. Y cuando el rastro del dinero conduce a lugares que no deberían estar conectados con el proceso electoral, cuando los contratos se adjudican de manera directa sin licitación pública transparente, cuando los presupuestos se incrementan sin una

justificación técnica clara que todos puedan revisar, el patrón que emerge es el de un proceso diseñado para que el dinero fluya hacia quienes construyen el sistema que el gobierno necesita y no hacia quienes construyen el mejor sistema posible para la democracia colombiana. El informe de inteligencia señala que el presupuesto destinado a la Registraduría para el ciclo electoral de 2026 fue incrementado sustancialmente con una cláusula de reserva técnica que limita la posibilidad de que los partidos de oposición y los organismos de control

accedan a los detalles de en que se gasta ese dinero y con qué proveedores. Y esa falta de transparencia presupuestal es exactamente el tipo de opacidad que permite que se construyan sistemas electorales con especificaciones que favorecen al gobierno sin que nadie pueda objetar porque nadie tiene acceso completo a los términos de los contratos.

La investigación judicial que está en curso y que el informe de Washington documenta ha detectado transferencias de criptoactivos hacia cuentas vinculadas con operadores de redes sociales encargados de ejecutar campañas de desinformación masiva. Y esa conexión entre el dinero de la campaña electoral y las operaciones de manipulación de la opinión pública en las redes es la que Rubio describe como parte integral del ecosistema del fraude moderno.

Porque el fraude del siglo XXI no solo manipula los votos el día de las elecciones, sino que manipula la percepción de la realidad durante los meses previos para que cuando llegue el día la gente ya haya sido preparada para aceptar cualquier resultado que el gobierno presente como legítimo. Frente a todo este entramado que Washington describe, frente a estas cinco piezas que juntas forman el cuadro de una democracia bajo asedio, la pregunta que ustedes colombianos maduros y honrados se están haciendo en este momento es la misma que Rubio le está

haciendo al gobierno de Petro. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay tiempo todavía? ¿Tiene Colombia los mecanismos institucionales para defenderse de este tipo de fraude técnico antes de que sea demasiado tarde para revertirlo? Y la respuesta es que sí, que hay tiempo, que hay mecanismos, que la batalla no está perdida, pero que el tiempo se agota y que los mecanismos solo funcionan si los ciudadanos los activan con su participación, con su vigilancia, con su voz.

y que por eso la advertencia de Washington no es el final de la historia, sino el principio de una respuesta que Colombia debe dar colectivamente si quiere que el 31 de mayo sea una jornada democrática real y no la fecha en que se certifica un resultado que ya fue decidido en los servidores semanas antes. La primera respuesta institucional que Rubio exige y que Colombia necesita es la auditoría forense, independiente al sistema de escrutinio.

Una revisión del código fuente y de la arquitectura de los servidores hecha por expertos internacionales que no tengan ningún vínculo con el gobierno colombiano, que no estén bajo ninguna presión política y que tengan la libertad de reportar exactamente lo que encuentren sin filtros ni censuras. Y esa auditoría no es una amenaza a la soberanía de Colombia, sino exactamente lo contrario, es la garantía de que la soberanía real del pueblo colombiano, la que se expresa en el voto libre, sea protegida contra quienes quieren usurparla desde adentro

del aparato del Estado. La segunda respuesta es la que corresponde a los partidos de oposición, a los testigos electorales, a los jurados de mesa, a todos los actores del proceso que tienen la responsabilidad de estar presentes en cada puesto de votación del país el 31 de mayo y de vigilar que el conteo físico de los tarjetones coincida con lo que el sistema electrónico reporta, porque aunque el software sea manipulable, aunque los servidores sean vulnerables, la verificación cruzada entre el resultado físico de cada mesa y El

resultado electrónico consolidado es el escudo más efectivo contra el fraude, el que obliga a que cualquier manipulación deje huellas visibles que puedan ser denunciadas. Y la tercera respuesta, la más importante de todas, es la que corresponde a ustedes, a los ciudadanos colombianos que nos ven desde sus casas, que llevan décadas votando con honestidad y que no están dispuestos a que ese voto sea robado por un algoritmo en la madrugada del 31 de mayo.

Y esa respuesta es tan simple como poderosa. participar, ir a votar, llevar a la familia a votar, conocer los derechos que tienen como votantes, saber que pueden exigir ver el formulario físico de la mesa donde votaron, saber que pueden denunciar cualquier anomalía que detecten y saber que no están solos en esa vigilancia, porque el mundo entero, encabezado por Trump y Rubio, está mirando lo que pasa en Colombia el 31 de mayo con la misma atención que se le presta a las democracias que están siendo puestas a prueba por quienes

quieren destruir desde adentro, porque eso es en el fondo lo que la advertencia de Washington le dice a Colombia, que no están solos, que hay un mundo democrático que entiende lo que está en juego, que reconoce el patrón que ha visto antes en Venezuela y en Nicaragua y en Cuba y que no quiere verlo repetirse en Colombia y que está dispuesto a presionar, a condicionar la ayuda, a exigir auditorías, a no reconocer resultados fraudulentos, no porque quiera intervenir en los asuntos internos de Colombia, sino porque sabe

qué. Cuando la democracia cae en un país del tamaño e importancia estratégica de Colombia, las consecuencias se sienten en todo el continente. Y Petro lo sabe. Por eso rechaza la advertencia con tanta fuerza. Por eso acusa de injerencia con tanta rapidez, porque sabe que la presión internacional es el obstáculo más difícil de sortear cuando uno está construyendo un fraude, que se puede controlar el CNE, que se puede presionar a los funcionarios de la registraduría, que se puede intimidar a los medios locales, pero que la mirada

de Washington no se puede apagar con un decreto ni con un discurso soberanista y que mientras Rubio y Trum estén atentos al proceso electoral colombiano, la posibilidad de que el fraude pase desapercibido es mucho. menor que si Colombia estuviera sola frente a su propio sistema institucional capturado. Esa es la segunda parte de esta historia, la historia de las cinco piezas del entramado que Washington descubrió y que el gobierno de Petro no puede explicar sin contradecirse la historia de como el software y el censo

y el CNE y la inteligencia artificial y el dinero forman juntos la arquitectura de un fraude que todavía puede ser detenido si los colombianos deciden que su voto vale más que el miedo, que la democracia que heredaron de sus mayores merece ser entregada intacta a sus hijos y a sus nietos.

y que la advertencia de Rubio no es el principio del fin, sino la señal de inicio de la batalla más importante que Colombia librará antes del 31 de mayo. ¿Usted cree que las instituciones colombianas, el CNE, la Procuraduría, la Contraloría tienen todavía la independencia suficiente para detener este entramado desde adentro? ¿O necesitamos que sea la presión internacional de Washington la que garantice la transparencia del voto el 30 y 1 de mayo? Hay una imagen que los colombianos de más edad guardan en lo más profundo de su memoria. Una imagen que no está en

ninguna fotografía ni en ningún archivo de televisión, sino en el corazón. ¿Qué es la imagen de sus propios padres o sus propios abuelos levantándose temprano en el día de elecciones, poniéndose la ropa limpia, la que guardaban para las ocasiones importantes, y saliendo a hacer la fila antes de que abriera el puesto de votación? Porque ir a votar era para ellos un acto solemne, casi sagrado, tan importante como ir a misa, tan cargado de significado como el día en que bautizaron a sus hijos o el día en que los casaron. Y esa imagen es la

que resume todo lo que está en juego en Colombia antes del 31 de mayo de 2026. Porque esos hombres y mujeres que votaban con esa solemnidad, que enseñaron a sus hijos que el voto es la voz del ciudadano libre, merecen que Colombia le responda con la misma dignidad que ellos pusieron en ese acto. La advertencia que Marco Rubio lanzó desde Washington con el respaldo de Donald Trump no es el final de una historia, sino el comienzo de la respuesta que Colombia tiene que dar.

Y esa respuesta no la pueden dar solo los diplomáticos, ni los expertos en seguridad informática, ni los abogados constitucionalistas, aunque todos ellos tienen un papel importante, sino que la tienen que dar principalmente los colombianos de a pie, los de los barrios y los pueblos y las veredas, los que no entienden de algoritmos, pero entienden perfectamente de dignidad.

Los que no saben auditar un servidor, pero saben perfectamente cuando alguien les está robando algo que les pertenece. Y ustedes que nos ven desde sus casas, que han llegado hasta este punto de la historia porque sienten que esta batalla los toca de cerca, son exactamente las personas que Colombia necesita en este momento.

Para entender por qué la conclusión de esta historia importa tanto, hay que entender primero lo que ha pasado en las últimas semanas en Colombia mientras Washington encendía la alarma Roja y el gobierno de Petro respondía con el rechazo y la acusación de injerencia, porque mientras ese debate diplomático ocupaba los titulares de los medios, en el interior del país seguían ocurriendo cosas que confirman el patrón que el informe de inteligencia describe, cosas que los colombianos que están atentos pueden ver con sus propios ojos si saben

que buscar. La primera de esas cosas es la actitud del propio Gustavo Petro frente al sistema electoral colombiano. Porque hay una ironía profunda y reveladora en el hecho de que el presidente de Colombia sea al mismo tiempo el más fervoroso denunciante del fraude electoral y el más feroz opositor a las auditorías independientes que podrían verificar si sus denuncias son ciertas o son falsas.

Y esa contradicción no es un accidente, sino la señal más clara de toda la historia de que el relato del gobierno. Sobre el fraude electoral no está orientado a proteger la democracia, sino a crear el ambiente de confusión y desconfianza que necesita para justificar cualquier resultado que le convenga. Petro lleva meses insistiendo en que el software de escrutinio que se usó en las elecciones de 2022, las que él ganó, presentó anomalías que hay irregularidades en el sistema Thomas Greg que opera el preconteo, que los

escrutinios son opacos y vulnerables. Y esas denuncias suenan a primera vista como un llamado a la transparencia que cualquier ciudadano demócrata debería aplaudir hasta que uno se da cuenta de que esas son exactamente las mismas denuncias que la oposición le hace al sistema bajo su gobierno, que las vulnerabilidades que Petro denuncia son las mismas que Rubio señala y que la diferencia fundamental es que Petro las usa para sembrar dudas sobre su propia victoria pasada sin proponer soluciones verificables, mientras que Rubio las usa

para exigir auditorías independientes que el gobierno de Petro rechaza con la misma fuerza con que denuncia las vulnerabilidades. Esa contradicción, esa actitud de denunciar el problema, pero rechazar la solución es la que los colombianos maduros que han visto suficientes maniobras políticas en su vida reconocen de inmediato, porque es la táctica más antigua del político que actúa de mala fe, crear el problema y señalarlo con escándalo para que nadie note que el mismo se opone a resolverlo.

Y en ese patrón de comportamiento está encapsulada toda la perversión del proyecto político del petrismo frente a las elecciones del 31 de mayo. La segunda cosa que ocurrió mientras Washington encendía la alarma roja fue la confirmación de que la Registraduría Nacional tomó la decisión de congelar los softwares de preconteo y escrutinio para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Lo que en el lenguaje técnico significa que los programas quedaron fijados en su versión actual y no pueden ser modificados a partir de ese momento. Y esa decisión fue presentada como una medida de seguridad y transparencia que responde a las preocupaciones de los partidos y de los observadores internacionales. El congelamiento del software es positivo en sí mismo porque impide que se hagan cambios de último minuto que nadie pueda auditar, pero los expertos señalan que no es suficiente por sí solo si no va acompañado de la auditoría

forense, independiente que permita verificar que la versión que quedó congelada no tiene ya incorporadas las vulnerabilidades que el informe de Washington denuncia, porque se puede congelar un software que ya tiene puertas traseras instaladas y el congelamiento no resuelve el problema, sino que lo preserva exactamente como estaba en el momento de la acción.

La Registraduría también confirmó que abriría un periodo de revisión del código fuente del software para los partidos políticos y que contaría con el acompañamiento de la corporación para la acción preventiva electoral, conocida como CAPEL, que es el organismo del Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que ha acompañado procesos electorales en América Latina durante décadas.

Y esa presencia de Capel es una señal positiva que responde parcialmente a la exigencia de observación internacional que Rubio planteó, aunque los expertos advierten que el alcance de su mandato y los recursos con que cuente para hacer una auditoría verdaderamente profunda determinará si su presencia es una garantía real o un sello de aprobación cosmético.

La tercera cosa que ocurrió y que habla directamente del estado de la democracia colombiana en este momento fue la crisis en el interior del petrismo provocada por la exclusión de Iván Cepeda de la consulta interpartidista del 8 de marzo. Una decisión del Consejo Nacional Electoral que con una votación de seis magistrados contra cuatro determinó que Cepeda no podía participar porque ya había tomado parte en una consulta interpartidista anterior y que desató una guerra interna en el pacto.

histórico que el gobierno no esperaba y que desnudó ante toda Colombia las fracturas reales que existen en ese proyecto político detrás de la fachada de unidad que la propaganda oficial construye todos los días. Esa crisis no es solo un episodio de política interna, sino una ventana al estado real del petrismo en este momento.

Porque cuando el proyecto político que prometía ser diferente de todos los anteriores, se empieza a mostrar las mismas peleas de ego, las mismas disputas de poder, los mismos egos inflados que siempre criticó en la política tradicional colombiana. cuando los propios aliados del gobierno se acusan mutuamente de maniobras y traiciones.

Cuando el CNE que el petrismo influyó en su composición toma una decisión que perjudica a uno de sus candidatos más importantes, la imagen de cohesión y propósito colectivo que el gobierno necesita proyectar para llegar fuerte al 31 de mayo se empieza a agrietar de maneras que ninguna campaña de propaganda puede tapar completamente.

Y para los colombianos que han visto suficientes ciclos políticos en su vida, que han visto como los proyectos que parecían invencibles empezaron a caer cuando las contradicciones internas se hicieron imposibles de manejar. Esa crisis del petrismo no es una curiosidad política menor, sino una señal importante de que el gobierno llega debilitado a las elecciones más importantes de su mandato y que ese debilitamiento, combinado con la presión internacional que Washington ha puesto sobre el proceso electoral y combinado

con la movilización ciudadana que la advertencia de Rubio está generando, crea un contexto donde la victoria que el petrismo planeaba no es tan segura como sus promotores querían que pareciera. Pero más allá de las crisis del gobierno y de las maniobras diplomáticas de Washington, más allá del software y el censo y el CNE y todas las piezas técnicas del entramado que hemos descrito en esta historia, hay un nivel más profundo donde esta batalla se decide y qué es el más importante de todos, qué es el nivel de las personas,

de las familias colombianas que van a ir a votar el 31 de mayo o que van a quedarse en casa, que van a vigilar las mesas o que van a confiar en que otros lo hagan, que van a exigir transparencia o que van a resignarse a que las cosas son como son y que nada puede cambiar. Ustedes que nos ven, que han llegado hasta el final de esta historia porque algo en su corazón les dijo que valía la pena escucharla hasta el final, son parte de ese nivel profundo donde las batallas democráticas se ganan o se pierden realmente no en los servidores,

ni en los contratos, ni en las cancillerías, sino en la decisión individual de millones de ciudadanos de pararse o de quedarse sentados frente a la injusticia. Y esa decisión tiene una historia en Colombia, una historia de personas comunes que en momentos difíciles eligieron pararse y que con esa decisión cambiaron el curso de los acontecimientos.

Porque Colombia no ha sobrevivido décadas de conflicto, de violencia, de crisis institucionales y de experimentos políticos fallidos gracias a sus gobernantes, sino gracias a su gente, a los colombianos anónimos que siguieron trabajando cuando la guerrilla cerraba las carreteras, que siguieron construyendo, cuando los paramilitares amenazaban, que siguieron votando cuando el miedo intentaba vaciar las urnas y que con esa terquedad amorosa de seguir creyendo en el país, a pesar de todo, le demostraron al mundo que Colombia es más grande que

cualquiera de sus crisis y que ningún proyecto de destrucción puede derrotarla si su gente no se deja derrotar. La advertencia de Marco Rubio con el respaldo de Donald Trump es la señal externa que confirma lo que los colombianos democráticos ya sentían por dentro, que el proceso electoral del 31 de mayo está siendo amenazado por un entramado técnico y político que busca convertir la voluntad del pueblo en un número manipulable y que esa amenaza requiere una respuesta que combine la presión internacional con la vigilancia

ciudadana y con la movilización de todos los actores democráticos del país para que el día de las elecciones sea el día en que Colombia demuestre que su democracia es más fuerte que el fraude que alguien está intentando cometer contra ella. Esa respuesta tiene dimensiones concretas que cada colombiano puede activar desde su propio lugar, desde su casa, desde su barrio, desde su municipio y que juntas forman el escudo más efectivo que existe contra cualquier intento de manipular los resultados electorales. Porque el fraude moderno,

ese que opera en los bits y los algoritmos y los servidores, necesita silencio para funcionar. Necesita que los ciudadanos no estén prestando atención, necesita que las mesas no estén bien vigiladas. necesita que los testigos no lleguen a tiempo. Y si ese silencio se rompe, si esa atención existe, si esas mesas están vigiladas y esos testigos están presentes y activos, la posibilidad del fraude se reduce de manera dramática porque el riesgo de ser descubierto en tiempo real se vuelve demasiado alto para quien lo intenta.

La primera dimensión de esa respuesta es la más simple y la más poderosa, que es ir a votar, no quedarse en casa pensando que el resultado ya está decidido, no dejarse llevar por el pesimismo que el propio gobierno a veces promueve para desmovilizar a quienes no lo apoyarán. No creerle a quien diga que los votos no sirven de nada porque el sistema está corrompido, porque exactamente esa resignación es la que el fraude necesita para funcionar, la que le reduce el trabajo a quien quiere manipular.

El resultado, la que convierte el fraude técnico en el gran aliado del abstencionismo ciudadano. Cada voto que se queda en casa el 31 de mayo es un voto que el sistema puede inventar sin que nadie lo note, porque si la participación es baja y el censo tiene registros inflados, la diferencia entre los votos reales y los votos ficticios es más fácil de disimular estadísticamente, mientras que si la participación es masiva y el resultado físico de las mesas es contundente cualquier manipulación electrónica posterior tiene que ser tan grande que

las anomalías estadísticas saltan a la vista de cualquier observador con los ojos abiertos. Y eso hace que el fraude sea mucho más difícil de ejecutar y mucho más fácil de denunciar con evidencia verificable. Así que la primera respuesta que Colombia le debe dar a la advertencia de Washington y al entramado que el gobierno está construyendo es llenar las urnas el 31 de mayo, ir a votar con la misma solemnidad que sus abuelos le enseñaron, llevar a los hijos y a los nietos que tengan la edad para votar, hablar con

los vecinos y con los amigos y con los compañeros de trabajo para que entiendan que quedarse en casa ese día es hacerle un favor al fraude y que salir a votar es el primer y más fundamental acto de resistencia democrática que existe. La segunda dimensión de la respuesta es la vigilancia y esa vigilancia opera en varios niveles que todos los colombianos pueden activar según sus posibilidades y su disposición.

Desde el ciudadano que puede inscribirse como jurado de mesa y estar presente en el conteo físico de los tarjetones de su puesto de votación, hasta el que puede ser testigo electoral de su partido o movimiento político preferido, hasta el que simplemente puede tomar fotos del formulario físico que se pega en la puerta. del puesto de votación al final del día y que muestra los resultados de esa mesa, porque esos formularios físicos son la prueba de papel que ningún algoritmo puede borrar, el registro tangible de cómo votó cada mesa, que

permite comparar los resultados físicos con los resultados electrónicos que el sistema reporta. Esa comparación entre el resultado físico de las mesas y el resultado electrónico consolidado es el ejercicio de auditoría ciudadana más efectivo que existe, el que no requiere ser experto en informática ni tener acceso a los servidores de la registraduría.

El que cualquier colombiano con un teléfono y la disposición de tomarse el tiempo puede hacer el día de las elecciones y las horas siguientes. Y si suficientes colombianos hacen ese ejercicio en suficientes puestos de votación de todo él país, cualquier manipulación en la consolidación electrónica de los datos va a ser detectada y documentada con evidencia irrefutable antes de que el gobierno tenga tiempo de reaccionar.

La Registraduría tiene en su página web los resultados desagregados por mesa de votación. Y los formularios físicos que los jurados firman al final del día quedan publicados también de manera que cualquier ciudadano puede comparar lo que el formulario dice con lo que el sistema electrónico registra. Y esa transparencia que el sistema tiene en el nivel de las mesas individuales es exactamente la que los observadores internacionales y los partidos de oposición necesitan activar de manera masiva y coordinada para que si hay

manipulación en la consolidación de datos, esta quede documentada con la precisión que permite una denuncia judicial exitosa. La tercera dimensión de la respuesta es la comunicación. Y esta es la dimensión en que ustedes, los que nos ven desde sus casas, tienen un poder que antes no tenían y que el mundo digital les ha dado sin que muchos de ellos se hayan dado cuenta, completamente de su magnitud.

Porque en la época en que sus padres y abuelos votaban, la única manera de que la información circulara era la radio, los periódicos y el boca a boca. Y esos canales estaban controlados por quienes tenían el dinero y el poder para controlarlos. Pero hoy la información puede circular por el teléfono celular de cada colombiano a una velocidad y con un alcance que ningún canal tradicional puede igualar.

Y eso significa que la advertencia de Washington puede llegar a todos los rincones de Colombia si ustedes deciden que debe llegar. Compartir este vídeo con la familia, con los amigos, con el grupo de WhatsApp del barrio o del trabajo o de la iglesia, con ese hijo o nieto que dice que la política es toda igual y que no tiene sentido votar, con ese vecino que todavía cree el relato oficial porque nadie le ha contado la otra versión.

No es un acto menor ni un gesto simbólico, sino una contribución real y concreta a que la información que el gobierno no quiere que circule llegue a las personas que necesitan tenerla antes del 31 de mayo. Y en esa contribución, en esa decisión de compartir y de hablar y de no callarse, está una parte del resultado de las elecciones que todavía está siendo escrita.

Porque la batalla que Rubio libra en Washington y la batalla que los candidatos de oposición libran en Colombia y la batalla que los expertos en democracia libran en los organismos internacionales tiene que complementarse con la batalla que cada colombiano de a pie libra en su entorno cotidiano, contándole a su familia lo que está pasando, explicándole a sus vecinos por qué importa ir a votar, aclarándole a sus hijos y nietos que la democracia no es un espectáculo que se ve por televisión, sino una responsabilidad que

se ejerce en primera primera persona y que si la democracia colombiana sobrevive el 31 de mayo, no va a ser porque Trump lo ordenó desde Washington, sino porque los colombianos como ustedes decidieron defenderla. Y aquí, en este punto de la historia es donde la advertencia de Washington y la historia de Colombia se unen en algo que va más allá de la política y toca la esencia de lo que significa ser colombiano, ser parte de un pueblo que ha sufrido mucho, pero que no ha aprendido a rendirse, que ha visto sus

peores momentos y ha encontrado la manera de levantarse, que tiene en su historia la prueba de que cuando los colombianos deciden que algo vale la pena defenderlo, defienden con una terquedad y una valentía que sorprende al mundo. Ustedes que han vivido suficiente para conocer esa historia, no de los libros, sino de la vida, que la vivieron en sus propios cuerpos y en sus propias familias, que saben lo que es perder y levantarse, que saben lo que es tener miedo y seguir adelante de todas formas, porque no hay

otra opción que la dignidad. Son exactamente las personas que Colombia necesita que cuenten esta historia a los que no la conocen todavía. Que le digan a los jóvenes que la democracia no es un regalo que vino dado, sino una conquista que costó sangre y tiempo y sacrificio y que puede perderse si los que la recibieron no la cuidan con el mismo amor con que fue construida.

La historia de Marco Rubio es también la historia de alguien que entendió ese principio desde adentro. Desde la experiencia de su familia cubana que perdió su democracia y que vivió el resto de su vida sabiéndolo, que se pierde cuando un gobierno toma el control de todo y la gente deja de tener voz y que por eso cuando ve en Colombia las mismas señales que vio en Cuba antes de que cayera, no puede quedarse callado, no puede hacer como que no lo nota, no puede priorizar la comodidad diplomática sobre la responsabilidad de decirle la

verdad a un pueblo que todavía está a tiempo de actuar. Y Trump lo respalda porque Trump ganó en 2024 con el voto de millones de estadounidenses que también estaban hartos de que el establishment les dijera una cosa mientras la realidad mostraba otra, que también sentían que las instituciones habían sido capturadas por quienes debían servir al pueblo, que también querían que alguien hablara sin los filtros de la corrección política y dijera las cosas como son.

Y esa experiencia de ganar hablando verdades incómodas le da a Trumpuna comprensión muy específica de lo que pasa en Colombia. ¿De por qué la gente está cansada del relato oficial? ¿De por qué la advertencia de Rubio resuena con tanta fuerza entre los colombianos que sienten que llevan años siendo engañados? La historia de Colombia en estas semanas previas al 31 de mayo es la historia de un pueblo en el que dos fuerzas opuestas están tirando en dirección contraria con toda su energía.

Una fuerza que quiere que las elecciones sean el momento en que se certifica un resultado que ya fue decidido antes en los servidores y en los contratos y en los acuerdos de sombra. Y otra fuerza que quiere que las elecciones sean lo que deben ser en una democracia real, el momento en que la voluntad libre de millones de ciudadanos se expresa sin manipulación y sin miedo y produce un resultado que todos puedan reconocer como legítimo, porque todos pudieron verificar que el proceso fue limpio.

Esas dos fuerzas están en este momento en equilibrio inestable y lo que determine cuál de las dos gana no va a ser el informe de inteligencia de Washington por sí solo, ni la auditoría de Capel por sí sola, ni la movilización de los partidos de oposición por sí sola, sino la combinación de todas esas cosas con la decisión de millones de colombianos como ustedes de que este es el momento de no quedarse sentados, de que la democracia que sus padres y abuelos les enseñaron a respetar vale la pena.

defender, aunque sea incómodo, aunque requiera levantarse temprano el 31 de mayo y hacer la fila en el sol, aunque requiera tomarse el tiempo de leer el formulario físico y compararlo con el resultado electrónico, aunque requiera hablar con los vecinos que prefieren no meterse en política para explicarles por qué esta vez meterse en política es la cosa más responsable que pueden hacer como ciudadanos.

Y cuando esa decisión colectiva se tome, cuando suficientes colombianos decidan que su voto no se negocia y que el 31 de mayo van a estar en las urnas con los ojos bien abiertos y el corazón bien puesto. Cuando el 31 de mayo llegue y los puestos de votación estén llenos y los jurados sean cuidadosos y los testigos estén presentes y los formularios físicos sean fotografiados y comparados con los resultados electrónicos, en ese momento, la advertencia de Washington habrá cumplido su función más.

importante que no es la de intervenir en los asuntos colombianos, sino la de recordarle a Colombia que el mundo la está mirando y que ese mirar, esa solidaridad democrática internacional, es el respaldo que la sociedad civil colombiana necesita para exigir la transparencia que el gobierno no quiere dar de manera voluntaria.

Petro perdió la batalla diplomática que Rubio ganó, no porque Estados Unidos sea más poderoso que Colombia, que lo es, sino porque el argumento de Rubio es más sólido que el argumento de Petro, porque exigir auditorías y transparencia en un proceso electoral es una posición que el mundo democrático respalda de manera casi universal, mientras que rechazar esas auditorías con el argumento de la soberanía es una posición que solo convence a quienes ya están convencidos de que el gobierno tiene razón en todo. que es un grupo cada vez más

pequeño en Colombia, a medida que los resultados del gobierno se confrontan con las promesas que hizo cuando llegó al poder. El sistema de salud que prometió mejorar está en crisis con hospitales que no reciben el pago de la CPS, con médicos que no consiguen los medicamentos que sus pacientes necesitan, con los colombianos de más edad que son los que más dependen del sistema, sintiendo en carne propia que algo que funcionaba imperfectamente, pero funcionaba.

Se deterioró en 4 años de reforma ideológica que ignoró la complejidad técnica en favor de la pureza política de un modelo que el mundo ya demostró que produce más miseria que bienestar cuando se aplica a los sistemas de salud. La economía que prometió transformar sigue siendo la economía de un país donde los precios suben más rápido que los salarios, donde el desempleo afecta especialmente a los jóvenes, que son precisamente el sector que el gobierno prometió.

Rescatar con mayor urgencia, donde los empresarios pequeños y medianos, que son los que crean la mayoría del empleo en Colombia, están asfixiados por regulaciones que aumentaron y por impuestos que crecieron y por una incertidumbre jurídica que hace que las decisiones de inversión se pospongan indefinidamente mientras el ambiente político no se aclare.

La seguridad que prometió mejorar con la paz totalidad con el esfuerzo de años de política de seguridad que el gobierno desmanteló por considerarla militarista. Y hoy hay familias en Colombia que viven con un nivel de miedo que no habían experimentado en muchos años, que no pueden transitar libremente por sus territorios, que pagan extorsión a grupos que se fortalecieron mientras el gobierno negociaba ces al fuego que esos grupos usaron para armarse y expandirse.

Ese es el balance de 4 años de gobierno de Petro que los colombianos van a llevar a las urnas el 31 de mayo. ese balance de promesas incumplidas y realidades deterioradas que ninguna propaganda oficial puede borrar de la experiencia cotidiana de los ciudadanos. Y es balance el que hace que el gobierno necesite el entramado técnico que Washington denuncia.

Porque un gobierno que tuviera el respaldo real de la mayoría de los colombianos no necesitaría software con puertas traseras ni censo inflado ni CNE complaciente, porque sus propios votantes entusiastas llenarían las urnas con suficiente fuerza para ganar limpiamente. La necesidad del fraude es en sí misma la confesión de que el gobierno sabe que no puede ganar limpiamente.

Y esa confesión implícita es lo que la advertencia de Washington hace visible ante el mundo. Lo que Rubio está señalando cuando dice que hay indicios de venezolanización del sistema electoral, no que Colombia ya sea Venezuela, sino que está siendo preparada para que el resultado sea el que el gobierno quiere y no el que el pueblo decide.

Y ese es el momento en que la historia de Colombia se vuelve a conectar con la historia de todos los países que tuvieron la oportunidad de defender su democracia y no lo hicieron, que creyeron que era exagerado preocuparse, que pensaron que las instituciones solas serían suficientes para proteger el proceso, que dejaron para después la movilización que necesitaban hacer ahora y que cuando quisieron actuar ya era demasiado tarde porque el resultado había sido anunciado y el gobierno ya estaba celebrando una victoria que nadie

podía revertir sin pruebas en mano. Colombia todavía está a tiempo de no ser esa historia y ese tiempo que queda entre hoy y el 31 de mayo es el tiempo más valioso que tiene. El tiempo de la preparación, de la organización, de la vigilancia anticipada, de las auditorías que se exigen antes de que el sistema se cierre, de las denuncias que se hacen mientras todavía pueden ser atendidas por los organismos que tienen la competencia de actuar.

Y ese tiempo requiere que sea usado con la urgencia y la seriedad que la situación merece. La presión de Rubio y de Washington no va a ceder antes del 31 de mayo y eso es un activo democrático que Colombia debe aprovechar porque la mirada internacional hace que el costo del fraude sea más alto, que el gobierno tenga que calcular muy bien si el riesgo de que las irregularidades sean detectadas y denunciadas ante el mundo vale más que el beneficio de manipular el resultado.

Y cuando ese cálculo se torna desfavorable para el fraude, cuando el riesgo supera el beneficio, la probabilidad de que el fraude se ejecute disminuye de manera significativa. Pero esa presión internacional solo funciona si está respaldada por la presión interna, por la movilización de los colombianos, por los testigos en las mesas, por los observadores en los centros de datos, por los jueces que atiendan las denuncias con rapidez, por los medios independientes que cubran cualquier anomalía desde el primer momento y por los ciudadanos que con su

voto masivo hagan que cualquier manipulación necesite ser tan grande que sea imposible de disimular. Ustedes que han llegado hasta el final de esta historia, que se tomaron el tiempo de escucharla completa porque sienten que Colombia merece que sus ciudadanos estén informados y alertas antes del momento más importante del año, tienen ahora en sus manos algo muy valioso, la información, el contexto, las piezas del rompecabezas que permiten entender por qué la advertencia de Washington importa, por qué el 31 de mayo no es una

elección más y por qué la decisión de ir a votar y de vigilar el proceso Es la contribución más concreta y más poderosa que cada colombiano puede hacer para que Colombia siga siendo una democracia donde el voto del ciudadano decide el futuro del país. Compartan esta historia, cuéntenla con sus propias palabras.

Explíquenle a sus hijos y nietos que la democracia no se defiende sola, que necesita ciudadanos que la cuiden con el mismo amor con que fue construida, que el voto es sagrado no porque la ley lo diga, sino porque representa la voz de cada persona libre que decide participar en el destino colectivo de su nación y que ese derecho que sus abuelos defendieron con dignidad merece ser entregado intacto a las generaciones que vienen.

Rubio ganó la batalla diplomática, pero la batalla final, la del 31 de mayo, la tienen que ganar ustedes con su voto, con su vigilancia, con su voz, con esa terquedad colombiana de no rendirse, que es la cosa más bella y más poderosa que tiene este pueblo. Colombia está avisada. Colombia sabe lo que está en juego y Colombia, cuando sabe lo que está en juego, no se queda sentada.

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¿Usted cree que Colombia tiene todavía la fuerza ciudadana para defender su voto el 31 de mayo frente al entramado técnico que Washington denuncia? ¿O cree que necesitamos más que la advertencia de Rubio para garantizar que cada voto sea contado como fue emitido? Si llegaste hasta aquí, hasta el final de esta historia, ya sabes algo que la mayoría de colombianos todavía no sabe y eso tiene un valor que ningún medio del establecimiento te va a dar.

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