¡Indignante! El general que prometió seguridad y terminó acusado de aliarse con el narcotráfico.
Imagina por un instante la siguiente escena, digna de un thriller de Hollywood pero dolorosamente real en el contexto colombiano: es la madrugada, la niebla cubre las carreteras solitarias del país. Una camioneta oficial, blindada y pagada con los impuestos de millones de ciudadanos trabajadores, avanza a toda velocidad. En su interior no viaja un ministro, ni un líder social amenazado que requiere protección urgente. En la parte trasera de este imponente vehículo oficial viajan decenas de paquetes de cocaína pura, y en otro evento similar, un sanguinario líder paramilitar que acaba de escapar de la prisión de máxima seguridad más vigilada del país, vistiendo un uniforme oficial para burlar los controles. ¿Quién podría tener el poder, la audacia y la influencia logística para orquestar semejante operación en las narices de todo un país? ¿Quién podría mover los hilos invisibles de las instituciones estatales para ponerlas al servicio de los cárteles más temibles? La respuesta a esta incógnita, que resolveremos a fondo al final de este viaje periodístico, apunta hacia lo más alto de la cúpula militar, hacia un hombre que solía golpear su pecho y gritar ante las cámaras que él era el cimiento moral de la República.
Hoy, Colombia se despierta con una sacudida sísmica en sus cimientos institucionales. La noticia es abrumadora y ha dejado a analistas, políticos y ciudadanos de a pie conteniendo la respiración: el general retirado Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, excomandante del Ejército Nacional durante el gobierno de Iván Duque, está bajo la lupa implacable de la Corte Suprema de Justicia. Y los cargos que se le intentan endilgar no son faltas administrativas menores. Estamos hablando de presuntos nexos con el temible Clan del Golfo, narcotráfico, paramilitarismo, graves violaciones a los derechos humanos, desaparición forzada e incluso acusaciones de acoso sexual. ¿Cómo es posible que el hombre encargado de velar por la vida de cincuenta millones de colombianos termine sentado en el banquillo de los acusados por aliarse, supuestamente, con los mismos monstruos que juró destruir?
Para entender la magnitud de esta caída, es fundamental retroceder y analizar la figura pública que el general Zapateiro construyó meticulosamente. Durante su mandato, Zapateiro no era un militar de perfil bajo. Era un hombre espectáculo. Se hizo famoso por su estridente grito de batalla “¡Ajúa!”, una expresión que repetía en cada formación, en cada entrevista y en cada aparición pública. Representaba la línea más dura, la mano de hierro de un gobierno que basó su discurso en la “seguridad democrática” y en la defensa irrestricta de los valores tradicionales.
Las cámaras lo amaban. Aparecía en foros políticos, específicamente del partido Centro Democrático, dictando cátedras de moralidad. “Hoy Colombia está sufriendo de dos males y está quebrantando los principios y los valores”, decía Zapateiro con voz de trueno ante auditorios repletos de políticos conservadores. “Yo pongo los cimientos porque somos los cimientos de esta república y tenemos que defenderla a como dé lugar”. El discurso era embriagador para un sector del país que pedía orden. De hecho, el afecto político llegó a tal punto que el propio Centro Democrático lo paseaba por sus convenciones, perfilándolo como un fuerte precandidato presidencial. Querían que el “General Ajúa” fuera el próximo inquilino de la Casa de Nariño.
Pero detrás de esa fachada de rectitud, de ese uniforme impecable cubierto de medallas y condecoraciones, se estaba gestando una tormenta oscura. Las primeras grietas en su armadura de hierro no vinieron de la política, sino de su propio entorno. Varias mujeres, valientes integrantes de las Fuerzas Militares, rompieron el silencio institucional y lo denunciaron por acoso sexual durante sus años de mando. Este fue el primer indicio de que los “principios y valores” que pregonaba en público no se aplicaban en la intimidad de los cuarteles. Sin embargo, en un país donde la justicia a menudo cojea cuando se trata de altos mandos, el verdadero terremoto legal vendría de la mano de la criminalidad organizada.
La trama que tiene a Zapateiro contra las cuerdas parece sacada de una novela negra. El origen de este proceso específico se remonta a la captura del narcotraficante más buscado de Colombia en la última década: Dairo Antonio Úsuga David, mundialmente conocido por su alias, “Otoniel”. Como líder supremo del Clan del Golfo (también autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia), Otoniel controlaba un imperio multimillonario de tráfico de drogas, minería ilegal y extorsión, con ejércitos privados que superaban en número y armamento a las fuerzas de seguridad en muchas regiones del país.
Cuando Otoniel cayó, su dispositivo móvil personal fue incautado. Allí, entre un mar de datos cifrados, un ciudadano analista identificado como Richard Maok Botina habría logrado acceder a información explosiva. Según los reportes, en ese teléfono, el máximo cabecilla del Clan del Golfo mencionaba directamente al general Eduardo Zapateiro. Otoniel, antes de ser silenciado y rápidamente extraditado a los Estados Unidos, también compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, donde empezó a soltar la lengua sobre cómo su organización criminal operaba en connivencia con altos mandos del Ejército Nacional.
Con estos indicios aterradores, se abrió un expediente. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema, específicamente el fiscal octavo, tomó el caso para investigar al excomandante por el delito de concierto para delinquir agravado. La lógica era simple: si el comandante del Ejército estaba colaborando con el cártel más grande del país, la seguridad nacional estaba comprometida desde sus raíces.
Pero aquí es donde la justicia colombiana nos muestra su rostro más sombrío y frustrante. El 4 de febrero pasado, en un movimiento que muchos calificaron de sospechoso y prematuro, ese mismo fiscal decidió radicar un escrito de “preclusión”. En términos legales, pedir la preclusión significa solicitar a un juez que cierre el caso, que archive la investigación para siempre alegando que no hay pruebas suficientes o que es imposible demostrar la culpabilidad del acusado. El fiscal argumentó que había una “ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”. Según él, no era posible atribuirle a Zapateiro un rol dentro de la estructura del Clan del Golfo.
Imaginemos la frustración colectiva. Una vez más, parecía que un alto mando saldría ileso por la puerta grande, protegido por la burocracia judicial. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dijo “¡No más!”. En una decisión valiente y sin precedentes recientes para un excomandante de su talla, los magistrados rechazaron tajantemente la petición de precluir la indagación.
Los argumentos de la Corte Suprema fueron un regaño monumental para la Fiscalía. Los magistrados señalaron que la Fiscalía actuó de forma negligente y perezosa. Sí, verificaron que Otoniel mencionó a Zapateiro en la JEP, pero no hicieron su trabajo de investigar a otras personas clave. La Fiscalía no profundizó en la vasta red de convivencias históricas entre agentes del Estado y el Clan del Golfo. La Corte ordenó que el caso siga abierto e hizo un llamado de insistencia severo: la justicia colombiana tiene que ir a Estados Unidos y tomarle la declaración completa a Otoniel allá en su celda. El país tiene el derecho inalienable de saber qué más sabe el exjefe paramilitar sobre el general que decía ser el cimiento de la patria.
Mientras todo esto ocurre en los altos tribunales, las pruebas testimoniales que vinculan a Zapateiro con el submundo del crimen no dejan de acumularse. Quizás el testimonio más devastador provenga de un hombre que conocía las entrañas de la corrupción estatal: Manuel Antonio Castañeda, tristemente célebre como el “narcochofer” de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La UNP es la entidad encargada de brindar escoltas y vehículos blindados a políticos, periodistas, líderes sociales y personas amenazadas de muerte en Colombia. Es una institución sagrada para la democracia. Pero durante el gobierno anterior, Castañeda descubrió que las camionetas blindadas de la UNP eran el camuflaje perfecto para los criminales. ¿Quién va a detener y registrar un vehículo oficial del Estado?
Castañeda fue capturado en 2022, en flagrancia, mientras transportaba la increíble cantidad de 168 paquetes de cocaína en una camioneta adscrita a la UNP. Al verse acorralado, decidió firmar un preacuerdo con la justicia, aceptando cargos por tráfico de estupefacientes y cohecho a cambio de encender el ventilador de la verdad. Y vaya que sopló fuerte.
En sus confesiones formales a la Fiscalía y en entrevistas a medios de comunicación, el narcochofer lanzó una bomba nuclear: aseguró que el mismísimo general Eduardo Zapateiro hacía parte de la nómina paralela del Clan del Golfo. Castañeda no habló de rumores; dio detalles operativos espeluznantes.
El 18 de marzo de 2022, Colombia presenció una de las humillaciones más grandes a su sistema penitenciario. Juan Lárinson Castro Estupiñán, alias “Matamba”, el segundo al mando del Clan del Golfo y la mano derecha de Otoniel, simplemente salió caminando por la puerta principal de la cárcel de máxima seguridad La Picota en Bogotá. Se vistió con uniforme del INPEC (guardia penitenciaria), pasó varios controles de seguridad y abordó un vehículo que lo esfumó en la noche.
Según el narcochofer Castañeda (quien fue el conductor encargado de transportar a Matamba esa misma noche), esa fuga de película no habría sido posible sin la colaboración directa, sobornos millonarios y planificación de altos oficiales de la Policía y del Ejército. Castañeda confesó que Carlos Eduardo Téllez, entonces comandante del Gaula en Bogotá (el escuadrón antisecuestro), fue el cerebro logístico de la fuga.
