La carta de Gloria Gaitán y el día que los campesinos lloraron por sus tierras
En las frías, altas y solemnes paredes de la Catedral Primada de Colombia, un silencio denso y tenso fue súbitamente rasgado por unas palabras que absolutamente nadie esperaba escuchar en medio de un rito fúnebre. Al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de esa escena centralizada, elitista y bogotana, bajo el cielo inmenso y los verdes tapices montañosos del departamento de Boyacá, un hombre humilde, de manos profundamente curtidas por más de tres décadas de arar la tierra bajo el sol abrasador y la lluvia inclemente, sostenía con temblor reverencial un trozo de papel. Para el ojo inexperto, el citadino apresurado o el analista ajeno a la realidad del campo, ese papel podría parecer apenas un documento burocrático más, un trámite de oficina. Pero para este hombre, y para miles como él, representaba el desmoronamiento definitivo de una barrera invisible, el final de una agonía que había cruzado generaciones enteras de su familia y la materialización de un sueño que parecía prohibido. ¿Cómo es posible que un acto de tajante rechazo político en las más altas y exclusivas esferas de la capital y la entrega de un simple documento en las profundidades rurales de Boyacá estén intrínsecamente conectados por un hilo invisible de justicia, reivindicación histórica y dolor acumulado? La respuesta a este profundo enigma se encuentra cifrada en una carta, redactada en el más absoluto silencio reflexivo por una mujer que lleva, literalmente, en sus venas la historia viva y sangrante de la nación. Una misiva que esperó el momento exacto de la historia para revelar una verdad profundamente incómoda sobre el alma dividida del país. Pero para comprender el peso sísmico de esas palabras y el asombroso desenlace de esta historia de contrastes, primero debemos adentrarnos en el epicentro de la exclusión y el duelo.
La historia reciente de Colombia parece un tapiz tejido con los hilos de la tragedia, la resiliencia y las fracturas ideológicas que se niegan a sanar. En días recientes, el país fue testigo de un episodio que retrata de cuerpo entero la polarización que habita incluso en los espacios que deberían ser santuarios de paz y reconciliación. La familia de Miguel Uribe Turbay, en medio del dolor inenarrable que supone la pérdida y las honras fúnebres de un ser querido, tomó una decisión que sacudió los cimientos de la política nacional: prohibir de manera categórica la asistencia del presidente de la República, Gustavo Petro, y de cualquier representante de su gobierno a la ceremonia religiosa.
Los funerales, en casi todas las culturas de la humanidad, representan una tregua. Son el instante sagrado en el que las armas verbales e ideológicas caen al suelo, en el que los enemigos reconocen la fragilidad compartida de la existencia humana y en el que el respeto por el dolor ajeno se sobrepone a cualquier rencilla terrenal. Sin embargo, en la Catedral Primada de Colombia, el discurso pronunciado por el padre, Miguel Uribe Londoño, no fue un llamado a la paz espiritual, sino un manifiesto de ruptura. Tras las conmovedoras palabras de María Claudia Tarazona, la esposa, el ambiente se transformó. Las palabras de Uribe Londoño, cargadas de un tinte político innegable, dejaron claro que las trincheras siguen cavadas, que el rechazo hacia la figura del actual mandatario y lo que representa su proyecto político supera incluso la solemnidad de la muerte. Para muchos analistas y ciudadanos de a pie, este gesto no fue solo el ejercicio del derecho privado de una familia en duelo, sino un mensaje público que buscaba sembrar más división, más distancia y, lamentablemente, perpetuar la narrativa del odio que tanto daño le ha hecho a la estructura social colombiana.
Es precisamente en este punto de ebullición donde entra en escena una de las voces más autorizadas moral e históricamente del país: Gloria Gaitán. Hija del inmolado líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, cuyo asesinato en 1948 partió en dos la historia de Colombia desatando el “Bogotazo” y décadas de violencia partidista, Gloria no es una observadora casual de la realidad nacional. Ella es la heredera de un legado que clamaba por la reivindicación de los oprimidos, del “País Nacional” frente al “País Político” que su padre tanto denunció. Al enterarse del desaire en la catedral, Gloria decidió tomar la pluma, no para atacar con ira, sino para defender con una altura moral abrumadora al presidente Gustavo Petro y confrontar a su viejo amigo, Miguel Uribe Londoño, a través de una carta abierta que ya ha pasado a los analistas como un documento histórico imprescindible.
La misiva es una obra maestra de la diplomacia emocional y la firmeza ideológica. Comienza recordando los cimientos de una amistad improbable: “Viejo amigo Miguel, durante muchos años he valorado nuestra amistad construida a pesar de las diferencias profundas en nuestras convicciones. Tú, identificado con el pensamiento conservador; yo, revolucionaria y gaitanista. No católica, pero sí inspirada en la figura de Jesús como referente moral terrenal”. Con estas palabras, Gaitán establece un precedente demoledor: es posible convivir en la diferencia. Es posible que el agua y el aceite compartan el mismo espacio si existe un recipiente de respeto mutuo. Durante décadas, como ella misma lo afirma, fueron un ejemplo palpable de que el afecto puede y debe prevalecer sobre los desacuerdos políticos o religiosos.
Pero la decepción en sus líneas es palpable. Recibir con sorpresa y tristeza la noticia del rechazo gubernamental en las ceremonias fúnebres representó para ella una traición a ese pacto implícito de convivencia civilizada. Gloria Gaitán expone una realidad dolorosa: ese gesto, más allá de las comprensibles razones de dolor familiar que pudieron motivarlo, envía un mensaje devastador que hiere profundamente a quienes apoyan el llamado “Gobierno del Cambio”. ¿Por qué duele tanto? Porque, como explica Gaitán magistralmente, este sector de la ciudadanía cree firmemente en la urgencia vital de superar el “país político oligárquico” que durante más de dos siglos ha gobernado a Colombia bajo la espesa y lúgubre sombra de la violencia, la exclusión y el desprecio por el otro. Entristece ver cómo, en un momento que debía unir a la sociedad en torno a la reflexión sobre la vida y la muerte, se trazó deliberadamente una línea en el suelo que deja fuera a una parte inmensa de la ciudadanía.
Con el peso de la historia y el luto de por medio, ¿qué hubieras hecho tú en esta situación: priorizarías la reconciliación o mantendrías las barreras políticas?
Gloria no se detiene ahí. Su análisis penetra en la hipocresía histórica de las clases dominantes colombianas. Señala cómo, a lo largo de los siglos, estas élites han invocado repetidamente la bandera de la “unidad nacional”, pero siempre con una condición silenciosa y perversa: que algunos sean, en sus propias palabras, “más iguales que otros”. A pesar de este panorama desolador de exclusión sistemática, Gaitán reafirma su fe inquebrantable en el diálogo, en la confrontación pacífica de ideas y en la posibilidad real de avanzar hacia una Colombia más justa y equitativa. Su compromiso con la restauración moral y democrática del país se mantiene incólume, entendiendo que la paz verdadera solo germinará si sus raíces se anclan profundamente en la equidad y en la dignidad absoluta de todos y cada uno de los ciudadanos. Termina su carta con un deseo que resuena como un eco de esperanza: que algún día puedan volver a encontrarse en un terreno común, donde la diferencia no sea el motor del rechazo, sino el material fundamental para la construcción colectiva.
Mientras estas tensiones ideológicas y epistolares sacudían las esferas del poder en la capital, una revolución silenciosa, pacífica y profundamente transformadora estaba teniendo lugar en el corazón agrícola de Colombia. Como en una obra de teatro donde se desarrollan dos escenas simultáneas que contrastan dramáticamente, el presidente Gustavo Petro se encontraba en el departamento de Boyacá. Lejos de los pasillos encalfombrados, de las catedrales monumentales y de los discursos de odio disfrazados de luto, el mandatario estaba haciendo aquello que constituye la columna vertebral de su promesa política: entregarle la tierra a quienes la trabajan.
Boyacá, tierra de libertadores, de montañas escarpadas y de gente trabajadora que teje la ruana mientras cultiva la papa y la cebolla, fue el escenario de un acto de justicia poética y social sin precedentes. El presidente anunció la entrega de 2.016 títulos de propiedad al campesinado de 41 municipios del departamento. No es una cifra menor; es un golpe directo a la desigualdad estructural. La extrema derecha colombiana, frecuentemente atrapada en sus propios ecos de odio y negación, intenta desesperadamente invisibilizar y minimizar este tipo de gestiones. Figuras políticas de la oposición han intentado, en su afán de deslegitimar al actual gobierno, afirmar sin sustento que administraciones anteriores, como la de Iván Duque, entregaron más tierras. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras, con datos duros y verificables en mano, ha desmentido categóricamente estas afirmaciones, tapando bocas y demostrando que el esfuerzo actual por dignificar al campesinado no tiene paralelo en la historia reciente de la nación.
Pero los números, por impresionantes que sean, no logran capturar la magnitud emocional de lo que significa recibir un título de propiedad en Colombia. Hay que entender el contexto de despojo brutal que ha sufrido el campo. Durante décadas, tierras fértiles fueron arrebatadas a sangre y fuego por grupos paramilitares, guerrillas, políticos corruptos y narcotraficantes. Los campesinos fueron desplazados, asesinados o, en el mejor de los casos, reducidos a ser peones en las tierras que sus abuelos habían limpiado. Tener la tierra pero no tener el papel que lo certifique es vivir en un estado de vulnerabilidad perpetua; es ser un fantasma ante el Estado.
Es aquí donde las voces de los verdaderos protagonistas se alzan por encima de cualquier ruido mediático. Durante el evento en Boyacá, los testimonios de los campesinos rasgaron el aire con una mezcla de gratitud desbordante y años de llanto contenido. Un campesino de la provincia de Márquez, específicamente de Tibaná, tomó el micrófono. Su voz, temblorosa pero firme, representaba a miles. Expresó el orgullo inmenso de conocer a quien llamó su “ídolo de toda la vida”, el presidente Petro. Pero más allá de la admiración personal, su discurso fue una radiografía dolorosa de la exclusión financiera y social del campo.
“Nosotros siempre hemos sido los menos beneficiados en los gobiernos anteriores”, relató el hombre, con el papel en sus manos temblando de emoción. “Hace más de 30 años tengo una finquita, y nunca tenía con qué ir a sacar un préstamo a un banco, porque nos negaban por no tener nuestros títulos al día. Ni sabíamos a qué estábamos en este mundo”.
Esta declaración es demoledora. “Ni sabíamos a qué estábamos en este mundo”. Tres décadas de cultivar la tierra de sol a sol, de alimentar a las ciudades que a menudo los desprecian, y vivir con la sensación de no existir legalmente. Sin un título de propiedad, un campesino en Colombia no es sujeto de crédito. No puede pedir dinero para comprar fertilizantes, mejorar sus herramientas, o educar a sus hijos. Está condenado a la subsistencia y a la caridad. Al entregar ese papel, el gobierno no solo está cediendo un terreno baldío; está otorgando ciudadanía, está insertando a una familia en la economía formal, está, en una palabra, dignificando la existencia humana.
El agradecimiento de este hombre no se detuvo ahí. Reconoció la valentía del presidente, llamándolo un “berraco”, un término profundamente colombiano para describir a alguien con coraje y determinación excepcionales. “No le ha temblado la mano con los de arriba, la alta sociedad que lo ha criticado, lo ha humillado, lo ha ultrajado”, sentenció el campesino, dejando claro que el pueblo raso tiene una lectura cristalina del ajedrez político nacional. Saben perfectamente quiénes atacan al gobierno y por qué lo hacen. Y ante esos ataques, la promesa fue rotunda: “Nosotros los campesinos lo defenderemos aquí, adonde sea”.
Otro hombre del campo, de la región de Ventaquemada, sumó su voz a este coro de justicia postergada. Llevaba más de seis años en trámites burocráticos, persiguiendo un sueño que se le escapaba entre las oficinas estatales, hasta que finalmente, bajo esta administración y gracias al trabajo incansable de la institucionalidad, logró la legalización de su parcela. La gratitud hacia las instituciones, tantas veces vistas como enemigas o entes inoperantes por el ciudadano rural, hoy se transforma en un lazo de confianza restaurada.
Esta es la respuesta contundente a la maquinaria mediática tradicional de Colombia. Durante meses, e incluso años, hemos sido testigos de cómo ciertos canales de televisión, emisoras de radio corporativas y columnistas alineados con la extrema derecha construyen una narrativa persistente: que Gustavo Petro es un generador de odio, que su discurso polariza y divide al país. Sin embargo, la realidad de los hechos impone una reflexión mucho más profunda. Mientras los acusadores hablan de paz pero agreden, insultan, amenazan y cierran las puertas de las iglesias a quienes piensan diferente, el acusado de generar odio se encuentra en el campo entregando los medios de producción a los históricamente desposeídos. ¿Dónde está realmente la coherencia? ¿Quién genera verdadera violencia: aquel que exige equidad a través del verbo, o aquel que acumula miles de hectáreas robadas mientras el campesino muere de hambre?
