este fue el que hizo el daño. Este fue el que se robó lo que era nuestro. Este fue el que compró a los que debían cuidarnos. Uno de esos nombres es Diego Marín Trago. Usted que lleva años viendo como Colombia no termina de salir adelante. Usted que ha pagado sus impuestos con sacrificio toda la vida y que alguna vez se ha preguntado por qué en este país el que roba en grande no paga igual que el que roba en pequeño.
Usted que conoce a alguien que cerró su negocio porque no podía competir con la mercancía barata que llenaba los mercados de San Andresito, sin que nadie explicara muy bien de dónde venían y por qué costaba tan poco. Usted necesita conocer ese nombre, porque ese nombre tiene detrás una historia que explica muchas de las cosas que le han pasado a Colombia durante las últimas cuatro décadas.
Una historia de corrupción tan profunda y tan arraigada que para entenderla bien hay que remontarse no a los últimos años, sino a los tiempos del cartel de Cali, a los tiempos de los hermanos Rodríguez Orejuela, a los tiempos en que el narcotráfico colombiano era el negocio más grande del mundo y necesitaba de alguien que supiera mover mercancía por los puertos sin que nadie hiciera preguntas.
Diego Marín Buitrago comenzó su carrera criminal en los años 90 cuando era apenas un joven que entendió algo que muy pocos entendían en ese momento, que el contrabando y el narcotráfico no son dos negocios separados, sino uno solo, que las mismas rutas que sirven para sacar cocaína del país sirven para meter mercancía ilegal.
que los mismos puertos que nadie vigila de noche para que salgan los contenedores de droga son los mismos que nadie vigila de día para que entren los contenedores de ropa y calzados sin pagar aranceles. Las primeras apariciones del nombre de Diego Marín en los expedientes judiciales colombianos se remontan a 1994, cuando fue capturado por primera vez en una operación que se llamó Belcázar 2.
una operación que reveló que este hombre ya en ese entonces era el encargado de liderar el contrabando del cartel del Valle del Cauca y de manejar el lavado de dinero de los hermanos Rodríguez Orejuela. Los fundadores del cartel de Cali, el cartel que en sus mejores momentos controlaba el 70 por de la cocaína que se consumía en el mundo.
En aquel tiempo, cuenta el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, los camiones de papá pitufo entraban neveras y electrodomésticos al país con dólares forrados en plástico escondidos en su interior. Las neveras se vendían en San Andresito, los dólares se lavaban. El dinero de la droga se convertía en dinero limpio y nadie hacía preguntas porque ya había suficiente gente pagada para no hacerlas.
Ese joven que entendió ese negocio a los veintitantos años y que fue capturado en 1994, salió después de un tiempo y, en lugar de alejarse del camino que lo había llevado a la cárcel, hizo lo que hacen los hombres de su tipo, cuando la institucionalidad de un país no es suficientemente fuerte para retenerlos. salió y construyó algo más grande, más organizado, más difícil de tocar, porque ya sabía de dónde venía el peligro y ya sabía exactamente a quién había que pagarle para que ese peligro desapareciera.
Para cuando llegamos a los años 2000, Diego Marimrago ya no era solo un contrabandista con algunos contactos. Era el sar del contrabando de Colombia, el zar, el jefe, el hombre que controlaba los puertos de Buenaventura y Cartagena, que son los dos puertos más importantes del país. Los pulmones por donde respira el comercio colombiano, el lugar por donde entra y sale la gran mayoría de lo que Colombia compra y vende con el resto del mundo.
Controlar esos puertos significaba controlar algo enorme, porque por Buenaventura y Cartagena pasan cada año millones de toneladas de mercancía y en ese flujo gigantesco de contenedores y camiones y facturas y sellos de aduana existe para el que sabe manejarlo. Un espacio donde una fortuna puede entrar y salir sin que nadie la vea.
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Un espacio que Diego Marín había aprendido a usar mejor que nadie en Colombia. Pero para mantener ese espacio abierto, para garantizar que sus camiones siguieran pasando cuando todo el mundo pasaba por los mismos controles, para asegurarse de que el agente de la polfa que revisaba los contenedores mirara para otro lado en el momento preciso.
Papá Pitufo necesitaba algo que el dinero si podía comprar si uno sabía a quién ofrecérselo. Necesitaba lealtades dentro del Estado colombiano. Necesitaba hombres con uniforme que fueran suyos antes que del Estado que lo sabía formado. hombres que cobraran su sueldo del gobierno, pero que respondieran a él.
Y ese es el corazón de esta historia. Eso es lo que Colombia no había entendido completamente hasta que esta semana una coronel salió a un micrófono a contarlo con sus propias palabras, que Papá Pitufo no era simplemente un delincuente que se las arreglaba para no ser capturado, sino un hombre que había construido durante décadas una red dentro de las propias instituciones del Estado colombiano, una red de personas con cargo y con poder que cobraban de él y que a cambio le garantizaban que sus operaciones pudieran seguir, que las investigaciones
que se abrieran en su contrase se frenaran, que los testigos que pudieran hablar callaran y que cuando la presión fuera demasiado, él siempre tuviera tiempo para moverse antes de que llegaran a buscarlo. Para entender el tamaño de lo que esta coronel destapó, hay que entender primero cuánto daño hace el contrabando a Colombia.
Porque esta no es una historia abstracta de dineros y procedimientos judiciales. Esta es una historia que tiene consecuencias concretas en la vida de millones de colombianos que nunca han escuchado el nombre de papá Pitufo y que, sin embargo, han vivido durante años las consecuencias de lo que él hacía. Piense en el señor que durante 20 años tuvo una tienda de ropa en Cúcuta o en Buenaventura o en cualquier ciudad colombiana.
El señor que se levantaba temprano a abrir su local, que compraba su mercancía pagando todos los impuestos que la ley exige, que vendía sus productos a precios que le permitían pagar el arriendo, pagar a sus empleados y llevar algo a la casa al final del mes. Ese señor que en algún momento empezó a ver que al lado de su local aparecía otro que vendía la misma ropa, los mismos zapatos, los mismos electrodomésticos, pero a la mitad del precio, y que por más que él bajara sus precios y trabajara más horas y sacrificara más, no podía competir,
porque era imposible competir con alguien que no pagaba aranceles, ni impuestos, ni controles, aduaneros, porque ya había pagado para que nadie se los exigiera. Ese señor cerró su negocio. Ese señor perdió sus empleados. Ese señor no entendió muy bien por qué no podía competir, pero sintió en su propio bolsillo el resultado de que alguien como Diego Marín Witrago llevara décadas operando sin que nadie lo detuviera.
Y ese señor es uno de millones, porque el contrabando no es solo un delito económico, sino una máquina de destruir el trabajo honesto, de arruinar a la gente que si paga sus impuestos, de matar los negocios que si cumplen las reglas, mientras los que no cumplen las reglas no solo sobreviven, sino que prosperan y crecen y compran propiedades y viven bien, mientras el resto trabaja cada vez más por cada vez menos.
Eso es lo que hizo Diego Marimrago durante 38 años. Eso es lo que Colombia toleró durante 38 años. Y esa tolerancia no fue un descuido, sino una decisión, la decisión de todos los hombres y mujeres que a lo largo de esas cuatro décadas recibieron el sobre o el favor o la llamada de teléfono de papá Pitufo y eligieron protegerlo en lugar de detenerlo.
La decisión de todos los que sabían y miraban para otro lado, de todos los que podían hacer algo y no lo hacían. ¿Por qué hacerlo? Tenía un costo que no estaban dispuestos a pagar. porque no hacerlo tenía una recompensa que no estaban dispuestos a rechazar. Y en ese contexto, en ese Colombia, donde el contrabando más grande de la historia reciente del país funcionaba con la complicidad de personas adentro del estado, apareció una mujer.
Juli Catherine Ruiz Solorza nació en Arbeláez, Cundinamarca, un pueblo de esos que Colombia tiene muchos. un pueblo que no salen los libros de historia, pero que forma las personas que la hacen. y desde los 13 años supo que quería hacer parte de la policía nacional, no porque fuera la única opción que tenía, sino porque veía en los policías de su pueblo algo que la movía, algo que no era solo el uniforme ni la autoridad, sino lo que representaban para la gente, la idea de que hay personas que eligen dedicar su vida a proteger a
los demás, que eligen ponerse del lado del que no puede defenderse solo eligen cada mañana cuando se pone en el uniforme estar en el lado donde el estado le cumple a sus ciudadanos. en lugar del lado donde el estado los abandona. Entró a la policía en el año 2000 y desde el principio se fue hacia el área que menos gente quiere porque es la más peligrosa de todas.
No peligrosa por los criminales de afuera, sino peligrosa por los enemigos de adentro. La contrainteligencia. La contrainteligencia de la Policía Nacional no es una unidad que salen las noticias con frecuencia. No tiene el glamur de los grupos de élite que aparecen en los operativos con helicópteros y chalecos antibalas. No tiene la visibilidad de los investigadores criminales que capturan narcos en operaciones espectaculares.
La contrainteligencia hace un trabajo que, por definición tiene que ser invisible, silencioso, paciente. Un trabajo que consiste en vigilar a los propios, en detectar a los uniformados que están traicionando el uniforme, en identificar a los policías que están trabajando para el enemigo en lugar de trabajar contra él.
Y ese trabajo es el más incómodo que existe dentro de una institución, porque significa que en algún momento vas a tener que señalar a alguien con quien compartiste formación, alguien a quien tal vez conoces, alguien que tiene el mismo uniforme que tú y decir este está del lado equivocado. Julie Ruiz hizo ese trabajo durante más de 20 años.
construyó su carrera operación por operación, recibió más de 30 condecoraciones, lideró más de 130 operaciones exitosas y en cada una de esas operaciones aprendió algo que fue moldeando la manera en que veía su institución y el país que esa institución debía servir, que la corrupción no es un problema de unas manzanas podridas aquí y allá, sino un sistema, una red, una estructura que se defiende a sí misma, que cuando uno empieza a jalar del hilo, aparece siempre algo más grande de lo que esperaba.
que los corruptos rara vez actúan solos y que los que actúan en grande casi siempre tienen protección en los niveles donde nadie espera encontrar corrupción. En el año 2023, Julie Ruiz llegó a su momento más importante, el momento que la haría famosa por las razones equivocadas y que terminaría costándole el cargo que había construido con dos décadas de trabajo, le nombraron jefa de la contrainteligencia de la Policía Nacional, la máxima responsable del área que investiga la corrupción dentro de la propia institución y en ese cargo le
dieron una instrucción que llegó desde arriba, desde el general Salamanca y desde el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Una instrucción que sonaba sencilla, pero que implicaba tocar los nidos de los que más poder tenían. Lucha frontal contra la corrupción. Caiga quien caiga. Esa fue la orden.
Y Ruiz la tomó en serio. Lo que su equipo encontró en los meses siguientes fue más grande de lo que cualquiera esperaba. No porque nadie supiera que Papá Pitufo existía, que eso sí lo sabían, sino por el tamaño de la red de protección que rodeaba a ese hombre adentro de la propia institución encargada. de perseguirlo.
La magnitud de la infiltración que había logrado construir durante años dentro de la policía fiscal y aduanera, la polfa, que es exactamente el cuerpo de policía encargado de vigilar los puertos y las aduanas. Lo que encontraron no fue solo un general o un mayor con algún contacto incómodo. Lo que encontraron fue una estructura, una cadena de complicidades que iba desde los agentes que revisaban los contenedores hasta los coroneles que comandaban las unidades.
personas que recibían pagos de papá pitufo a cambio de garantizarle que sus operaciones pudieran seguir, que los informantes que trabajaban para la fiscalía fueran identificados y neutralizados, que las investigaciones que avanzaran demasiado se descarrilaran por la vía que fuera necesaria y que cuando hubiera una amenaza real, cuando alguien en serio estuviera por llegar a buscarlo, alguien le avisara con tiempo suficiente para moverse.
Ese era el sistema que Julie Ruiz y su equipo empezaron a documentar desde agosto de 2023 con la paciencia y la meticulosidad que da la experiencia de dos décadas en inteligencia, juntando prueba a prueba, declaración a declaración, registro a registro, construyendo el caso que ningún gobierno colombiano había podido o querido construir en cuatro décadas de tolerancia.
Y en ese proceso inevitable, como ocurre siempre cuando se jala del hilo de la corrupción dentro de una institución, los nombres que empezaron a aparecer no eran todos de personas que ya estaban retiradas o marginadas. Algunos eran nombres de personas que en ese momento todavía tenían cargo, todavía tenían poder, todavía podían hacer daño.
Y uno de esos nombres era el nombre de alguien que en ese momento era el inspector general de la policía, es decir, el director de la unidad encargada de garantizar la transparencia y la disciplina de la institución, un cargo que es la garantía de que el sistema funciona limpiamente por dentro. Ese inspector general era el general William Oswaldo Rincón.
Cuando Yuli Ruiz, siendo jefa de contrainteligencia, tuvo que adelantar una verificación institucional al interior de la inspección general y esa verificación tocó al propio general Rincón. Algo cambió en la manera en que la institución la miraba, algo que ella no podía ver todavía con claridad, pero que iba a sentir con toda su fuerza en los meses siguientes.
La diferencia entre una institución que te respeta cuando haces tu trabajo y una institución que te tolera solo, mientras tu trabajo no. Toca a los que mandan. Ese es el momento en que la historia de Julie Ruiz deja de ser solo la historia de una investigación policial y se convierte en algo que Colombia reconoce de inmediato porque lo ha visto muchas veces.
La historia del funcionario honesto que hace exactamente lo que le dijeron que hiciera, que cumple la orden de luchar contra la corrupción sin importar a quién toque y que en el momento en que esa lucha empieza a tocar a alguien con suficiente poder para defenderse, descubre que el sistema que se suponía que lo respaldaba empieza a moverse en su contra.
Pero Juli Ruiz no solo tenía encima la incomodidad de haber investigado al inspector general, también tenía algo más peligroso, el caso Papa Pitufo, la investigación que había avanzado más que ninguna en décadas y que tenía acorralado al contrabandista más poderoso del país. Una investigación que muchas personas con muchos intereses habrían preferido que no avanzara, que se durmiera, que se perdiera entre los procedimientos y la reservas y los pasos que siempre hay que dar antes de poder hacer nada concreto en este país.
El 10 de octubre de 2023, en una sala del Ministerio de Defensa se reunieron cuatro personas y lo que pasó después de esa reunión es la pregunta que Colombia no ha podido responder todavía. Tres días después, Diego Marimbo Trago, alias Papá Pitufo, tomó un vuelo a España. Y desde ese día, Julie Ruiz dejó de ser la coronel que iba a capturar al contrabandista más buscado del país y se convirtió en la sospechosa, en la señalada, en la que supuestamente había filtrado la información, en el chivo expiatorio que el sistema necesitaba
para explicar que el pájaro había volado sin que nadie tuviera que responder por haberle abierto la jaula. lo que ella tiene para decir sobre eso, lo que documentó durante un año antes de salir a un micrófono a contarlo y porque la salida de la policía no fue el fin de su historia, sino el comienzo de la más importante que ha vivido.
Es lo que Colombia va a conocer en la segunda parte de este vídeo. Porque esta historia apenas está comenzando y la pregunta que usted se está haciendo ahora mismo, la misma que se hicieron millones de colombianos cuando escucharon a esa coronel hablar esta mañana, es la pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que en este país el que roba durante 38 años siga libre y la que intentó detenerlo sea la que está en la calle? Hay momentos en la historia de un país que parecen normales desde afuera y que por adentro están cambiando todo.
Momentos que en su superficie son apenas una reunión de trabajo. una tarde en una sala con cuatro personas alrededor de una mesa, papeles, café, palabras técnicas y que sin embargo van a definir lo que pase después, lo que se sepa, lo que se silencie, quién termina en la cárcel y quién termina con condecoraciones, quién termina siendo el héroe de la historia y quién termina siendo el chivo expiatorio que el sistema necesita para que nada cambie de verdad.
El 10 de octubre de 2023 fue uno de esos momentos para Colombia. Ese día, en una sala del Ministerio de Defensa, se reunieron cuatro personas. Estaba el ministro Iván Velázquez, el hombre que había llegado al ministerio con la reputación de ser uno de los magistrados más incorruptibles de Colombia. El mismo que años antes como magistrado auxiliar había destapado la parapolítica y que Petro había llamado a gobernar la institución más grande y más compleja del estado colombiano.
Estaba el fiscal Leonardo Quevedo. Estaba el fiscal del caso, Andrés Marín, el hombre que llevaba el expediente judicial contra Diego Maríno. Y estaba Yuli Ruiz, la jefa de contrainteligencia. Cuatro personas con uniforme o con toga. Cuatro personas que representaban al Estado colombiano en sus niveles más altos.
Cuatro personas que en teoría estaban del mismo lado, el lado de la ley, el lado de los que persiguen a los criminales, el lado de los que hacen las preguntas difíciles para que este país pueda avanzar hacia algo mejor. Lo que se discutió en esa reunión, según los distintos relatos que han salido en los medios, tenía que ver con medidas de seguridad para un agente encubierto que estaba infiltrado en la organización de Papá Pitufo, con decisiones administrativas relacionadas con la investigación, con la coordinación entre la inteligencia policial y la fiscalía.
No era una reunión donde se presentaban los avances del caso como si fuera una rueda de prensa interna. Ese es un punto que todos los que estuvieron ahí, incluyendo a Yuli Ruiz, han repetido con insistencia que el objetivo de esa reunión nunca fue mostrar el estado de la investigación contra Diego Marín. Pero lo que ocurrió después de esa reunión es un hecho que ninguna explicación puede desaparecer, que ninguna versión puede resolver completamente, porque ese hecho está registrado en documentos migratorios y
en expedientes de la fiscalía y en audios que la propia Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló al país con nombre y apellido Diego Marín Buitrago, el mismo hombre que era el objetivo central de la investigación más avanzada que Colombia había logrado en cuatro décadas contra él. SAR del contrabando salió de Colombia hacia España el 19 de noviembre de 2023, 40 días después de esa reunión.
40 días. 40 días entre la reunión y la fuga. Y en esos 40 días algo pasó, algo que Noticias Caracol documentó con audios reales, con grabaciones concretas que permiten reconstruir parte de lo ocurrido. El mayor Peter Steven Noa, un oficial de la policía que hacía parte de la operación como agente vinculado al proceso judicial, le filtró a Papá Pitufo la información de lo que se había hablado en esa reunión de alto nivel.
Eso es lo que dicen los audios. Un hombre de confianza de papá pitufo le contaba a la gente encubierto de la fiscalía que ya sabían, que ya los habían avisado, que ya estaban al tanto de lo que se había discutido en el Ministerio de Defensa. Solo unas horas después de que esas cuatro personas se levantaron de la mesa y se fueron cada uno por su lado, Pitufo ya sabía que venían por él y con ese conocimiento en la mano, Pitufo no corrió, porque los hombres como Pitufo no corren, porque corriendo se delata uno, porque el hombre que ha sobrevivido
40 años en ese negocio, precisamente porque nunca ha actuado de manera que levante sospechas innecesaria, sabía exactamente qué hacer cuando el peligro se acercaba. El mismo que llevaba décadas haciendo maniobrar con calma, moverse despacio, esperar el momento exacto. Regresó a Colombia a finales de octubre, estuvo aquí algunas semanas más y el 19 de noviembre tomó un vuelo a España desde donde viajó a Portugal, donde eventualmente fue localizado y donde a la fecha de esta historia sigue esperando que se resuelva su
extradición. Ese es el hecho que está en el centro de todo lo que vino después. La fuga que no fue fuga porque técnicamente Pitufo no tenía en ese momento una orden de captura activa, no la tuvo sino hasta el 10 de marzo de 2024, meses después de que ya estaba en Europa, pero que en la práctica significó que el caso más importante que Colombia había construido contra el quedó debilitado de una manera que ningún argumento técnico puede remediar porque el hombre salió del país.
Las vigilancias directas sobre el terminaron. Los testigos que podían verlo e identificarlo en Colombia ya no podían hacer nada y la investigación que durante meses había avanzado con una paciencia meticulosa tuvo que reorientarse hacia los procedimientos de extradición internacional que son lentos, que son complejos, que dependen de la voluntad de otros países y de trámites que no están bajo el control de quienes lo investigaban aquí.
Para Juli Ruiz, para su equipo de contrainteligencia, para el fiscal Quevedo, para todos los que habían trabajado durante meses en ese caso, lo que pasó fue un golpe enorme. La sensación de ver como algo que habían construido con sacrificio y con riesgo se dañaba por culpa de alguien que estaba dentro, alguien que no era el enemigo de afuera, sino el que llevaba el mismo uniforme, el que estaba supuestamente de su mismo lado.
Pero lo que pasó después fue peor, porque en Colombia el sistema tiene una manera muy particular de procesar las traiciones internas, una manera que los colombianos que han visto muchos escándalos en este país reconocen de inmediato. Cuando algo sale mal, cuando una investigación se frustra, cuando un criminal se escapa por una filtración.
El sistema no siempre busca al verdadero culpable. A veces el sistema busca al que más fácil tiene para señalar, al que ya está incómodo, al que ya molestó. demasiado al que investigó a quien no debía investigar y lo convierte en el responsable de todo. Y ahí es donde entra el nombre del mayor Peter Noa con toda su complejidad, con toda la carga que tiene ese nombre en esta historia.
Peter Steven Noa era un oficial de la policía que había sido puesto como parte del proceso judicial que acompañaba la operación contra Papá Pitufo, trabajando en la órbita de la Fiscalía General como funcionario de policía judicial. Y lo que los audios revelados por Noticias Caracol muestran es que este hombre, el mismo que estaba dentro del proceso, el mismo que sabía cosas que no debía compartir con nadie fuera de la investigación, era también el conducto a través del cual la información llegaba a los oídos de Pitufo.
Ahora bien, ¿por qué el nombre de Noa termina conectado con el de Yuli Ruiz? Esa es la pregunta que esta historia tiene que responder con honestidad, porque es la pregunta que está en el centro de todos los señalamientos que se han hecho contra ella. La conexión que algunos han querido establecer es la siguiente.
Julie Ruiz, como jefa de contrainteligencia, habría convocado a Noa a Bogotá para someterlo a una prueba de polígrafo. Y en el marco de esa prueba, Noa habría tenido acceso a información que luego usó para filtrarle datos a Pitufo. Es decir, que la misma herramienta que debía servir para detectar la traición de Noa habría sido el momento en que la traición se habilitó.
Cuando los periodistas le preguntaron directamente si ella fue quien citó a Noa para el polígrafo, Julie Ruiz respondió de una manera que no era un sí ni era un no, sino algo más revelador que ambas cosas. Dijo que la pregunta no era tan sencilla como se planteaba, que las fechas importaban, que había contextos que no podía revelar por razones de reserva y que cualquier cosa que dijera sobre ese tema haría parte de un expediente que tenía consecuencias concretas para personas concretas, incluida ella misma.
Y ese momento, esa respuesta que no era negación, pero que tampoco era confirmación, fue uno de los momentos más tensos y más reveladores de toda su aparición pública. Porque en esa dificultad para responder una pregunta directa estaba resumida toda la encrucijada en que se encontraba esta mujer.
Sabía cosas que si decía podrían usarse en su contra. sabía cosas que si callaba parecían confirmar lo que la estaban acusando y estaba navegando en ese espacio angosto con la conciencia de que cada palabra que dijera iba a ser analizada por personas que ya habían decidido cuál era la historia que querían contar sobre ella. Para entender completamente por qué Yulie Ruiz quedó en esa posición, hay que entender algo sobre el general William René Salamanca, el director de la Policía Nacional que estaba al mando de la institución durante todo el
periodo en que ocurrieron estos hechos. Porque Salamanca no es un personaje secundario de esta historia, sino uno de sus protagonistas centrales, uno de los nombres, sin los cuales nada de lo que pasó tiene sentido completo. William René Salamanca llegó a la dirección de la Policía Nacional con el respaldo del gobierno de Petro, nombrado para liderar la institución en un momento en que el país esperaba reformas, transparencia y una ruptura con los vicios que habían manchado a la policía en años anteriores.
Y Salamanca, hay que decirlo con honestidad, hizo algunas cosas en ese sentido. Tomó decisiones que en otros momentos habrían sido políticamente difíciles y que mostraban que no era un director dispuesto a dejar pasar todo. Pero Salamanca tenía algo que en esta historia resultó ser fundamental. tenía personas cercanas a el que terminaron en el centro del escándalo de Papá Pitufo.
Y la manera en que esas personas llegaron a los cargos que ocupaban cuando el escándalo estalló no fue por casualidad, sino por decisión directa del general. El primero de esos nombres es el mayor Peter Noa, el mismo al que los audios señalan como el conducto de la filtración, el mismo que aparece en reuniones encubiertas con emisarios de Diego Marín.
El mismo que según el expediente de la fiscalía confesó que dinero proveniente de Pitufo llegó a manos de uniformados de la policía. No cuaera, según lo que reveló el propio escándalo, el aijado de bautismo del general Salamanca. Un vínculo que en Colombia tiene un peso social y afectivo particular que dice algo sobre la cercanía y la confianza entre dos personas, que va más allá de lo meramente profesional.
Y Salamanca fue quien impulsó el nombramiento del mayor Noa como jefe de la polfa en Cartagena. El cargo que lo puso exactamente en el lugar donde Pitufo más necesitaba tener un hombre de su confianza, en el puerto por donde pasaba buena parte de su operación de contrabando. El segundo nombre es el teniente coronel don Enrique Melo Ramírez, sobrino lejano, pero reconocido del general Salamanca, que el propio Salamanca admitió públicamente en una declaración que no dejaba espacio para la ambigüedad.
Melo Ramírez fue puesto en la polfa de Pereira también con el impulso del general y Melo Ramírez terminó admitiendo que había recibido dinero de papá Pitufo. Una admisión que en cualquier país con una justicia que funcione como debe habría resultado en su destitución inmediata. ¿Qué pasó con Melo Ramírez? solicitó su retiro voluntario.
El mismo, como si el hecho de haber recibido dinero de un contrabandista fuera apenas una razón de conciencia personal para dejar el cargo y no una causa legal para que el Estado lo removiera, lo investigara y lo procesara. Y en ese contexto, con Nokua ha señalado y Melo Ramírez admitiendo lo que admitió con dos personas cercanas al general en el centro del escándalo, con audios que mostraban como la filtración había llegado a oídos de Pitufo a través de ese mismo mayor que el general había puesto en Cartagena. Llegó el momento en
que el gobierno de Petro tuvo que decidir qué hacía con Salamanca. La salida del general de la dirección de la Policía Nacional ocurrió el 10 de febrero de 2025 y la manera en que ocurrió esa salida dice mucho de cómo funciona el poder en Colombia cuando necesita resolver una situación incómoda. No hubo una destitución formal, no hubo un anuncio presidencial que dijera que el general salía por las razones que el país había empezado a conocer.
Hubo una conversación que Armando Benedetti, el jefe del despacho presidencial, le tuvo con Salamanca para decirle que el presidente Petro ya no confiaba en él, que las preocupaciones que generaban las acusaciones en su contra eran demasiado grandes y que su ciclo en la institución había terminado. Salamanca salió sin escándalo público, sin cargo formal, con la posibilidad de una embajada sobre la mesa como si fuera un retiro honroso y no la salida de un general, cuyo ahijado había confesado recibir dinero de un contrabandista y
cuyo sobrino admitió lo mismo. Ese es el estándar de rendición de cuentas que Colombia le aplicó al general que nombró a las personas que protegieron a Papá Pitufo dentro de la polfa. Y mientras eso ocurría, mientras Salamanca salía en silencio por una puerta lateral de la historia, algo muy diferente le estaba pasando a Juli Ruiz.
Desde que el escándalo de la filtración se hizo público, desde que los medios empezaron a publicar los detalles de lo ocurrido el 10 de octubre de 2023 y en los días siguientes, el nombre de Julie Ruiz fue apareciendo cada vez más frecuentemente en los reportes, no como el de la persona que había construido la investigación más avanzada contra Pitufo en décadas.
sino como uno de los posibles responsables de la filtración que había permitido su escape. Los señalamientos que empezaron a circular decían que ella había sido quien convocó al mayor noa para el polígrafo, que en ese espacio de la prueba se había compartido información que no debía compartirse, que había una comunicación entre ella inokua que iba más allá de lo estrictamente necesario para el proceso y que esa comunicación era la que explicaba como Pitufo había podido saber lo que debía saber para moverse antes de que fuera demasiado
tarde. Y Julie Ruiz lo negó. Lo negó ante sus superiores, lo negó ante los órganos de control. se sometió a un polígrafo propio para demostrar que estaba diciendo la verdad y solicitó que se investigara disciplinariamente al fiscal Andrés Marín, cuyo comportamiento en el caso, decía ella, era lo que más debía generar preguntas en una investigación seria sobre lo ocurrido.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial recibió su solicitud y dispuso que se adelantaran las actividades propias del proceso. Eso significa, en el lenguaje formal de las instituciones colombianas que la solicitud no fue rechazada, que hubo elementos suficientes para que el proceso avanzara. Pero mientras ese proceso avanzaba en los despachos, donde los procesos avanzan lentamente, lo que Yuli Ruiz estaba viviendo en su cotidianidad era algo muy diferente.
A comienzos de 2025, cuando regresó de sus vacaciones a mediados de enero, encontró una institución que la miraba diferente, que le ponía obstáculos que antes no existían, que le generaba situaciones que ella describió con una palabra que tiene un peso enorme en el mundo laboral y que en Colombia las mujeres que trabajan en instituciones dominadas por hombres reconocen de manera instintiva. Acoso.
El general Rincón, el mismo que había sido inspector general cuando Julie Ruiz realizó la verificación institucional que tocó su despacho. Era para ese momento el director general de la Policía Nacional, el máximo comandante de la institución, el hombre que estaba en la cima de la estructura que ella había servido durante más de 20 años.
Y según el relato de Yuli Ruiz, ese hombre, desde esa posición de máximo poder, inició un proceso de presión y de obstaculización que terminó haciéndole imposible seguir ejerciendo su cargo con normalidad, un proceso que ella documentó y que finalmente le llevó a poner una queja formal por acoso laboral contra él.
General Rincón el 7 de noviembre de 2025. Una queja que no fue la primera acción que tomó, sino la última, la que tomó cuando ya había agotado todas las vías internas para resolverla. Situación de otra manera. Ese mismo año, el gobierno intentó retirarla formalmente de la institución, pero Juli Ruiz acudió a la justicia y obtuvo lo que en Colombia se llama una medida cautelar, una orden judicial que frenó el trámite de su retiro mientras los tribunales analizaban si ese retiro cumplía con los procedimientos legales o si era, como ella argumentaba, un acto
de retaliación disfrazado de gestión administrativa. La orden judicial llegó. El retiro fue frenado temporalmente, pero el daño ya estaba hecho, porque en Colombia la batalla legal puede durar años. Y mientras la batalla legal dura, mientras los papeles van y vienen entre despachos, la vida de la persona que está en el centro de esa batalla sigue con todas las consecuencias que tiene ser la persona señalada, la persona sobre la que pesan dudas públicas, la persona que el sistema institucional está tratando de sacar mientras ella
intenta demostrar que no merece ese trato. Hay algo en esta historia que usted, que ha visto Colombia desde adentro durante muchos años, reconoce de inmediato, aunque nadie se lo haya contado todavía con estas palabras. La forma en que el poder en este país trata a los que lo incomodan. No siempre lo hace con violencia directa, no siempre lo hace con una acusación abierta y una persecución obvia, a veces lo hace de una manera mucho más sofisticada y mucho más difícil de combatir.
Lo hace con traslados, con informes, con rumores que circulan por los pasillos antes de llegar a los micrófonos, con la acumulación de pequeños obstáculos que por separado parecen normales y que juntos construyen una trampa de la que es muy difícil salir sin ayuda. una trampa que está diseñada no para destruir a alguien de un golpe, sino para desgastarlo lentamente, para hacerle la vida tan difícil que el costo de seguir peleando sea mayor que el costo de rendirse y callarse.
Eso es lo que Yulie Ruiz encontró cuando su investigación empezó a tocar los nombres equivocados, los nombres que tenían suficiente poder para defenderse y eso es lo que eligió no aceptar, porque hay personas en este mundo y Colombia produce más de las que uno podría esperar dado todo lo que este país ha sufrido.
Que en el momento en que el sistema decide que su silencio tiene precio, descubren que ese precio es exactamente lo que no están dispuestos a pagar. La decisión de Yulie Ruiz de romper el silencio después de un año no fue una decisión impulsiva, ni fue la reacción desesperada de alguien que no tiene más opciones.
Fue una decisión calculada, preparada durante meses, respaldada por documentos que ella fue juntando con la misma paciencia y la misma meticulosidad con que había juntado los documentos de las investigaciones que había liderado durante 20 años, con la diferencia de que esta vez los documentos no eran sobre un criminal de afuera, sino sobre lo que el Estado le había hecho a ella desde adentro y lo que reveló cuando por fin habló, lo que puso sobre la mesa en ese micrófono, es lo que Colombia todavía está procesando.
Y lo que en la tercera parte de esta historia vamos a analizar en toda su profundidad, porque la pregunta no es solo quien filtró la información ni por qué Pitufo pudo escapar. La pregunta más grande, la que usted ya se está haciendo, es si en Colombia existe realmente la voluntad política de investigar hasta donde sea necesario cuando los y los llevan a los que mandan o Si cada vez que alguien se acerca demasiado a esa verdad, el sistema encuentra la manera de desviar la atención, cambiar el relato y convertir al que preguntan el problema,
porque eso es lo que esta historia muestra y eso es lo que Colombia no puede seguir ignorando. ¿Quién cuida a los que cuidan a Colombia cuando los que deben cuidarlos son los mismos que los persiguen? Hay una imagen que este país necesita guardar en la memoria, no en la memoria fría de los archivos judiciales, ni en la memoria técnica de los expedientes que duermen en los despachos de los tribunales, sino en esa otra memoria, la memoria del corazón, la que guarda las cosas que nos duelen y que nos dicen quiénes somos y en qué tipo de país
vivimos. La imagen es esta, una mujer con más de 20 años de servicio a la Policía Nacional de Colombia, con más de 30 con decoraciones ganadas en operaciones que nunca salieron en los noticieros porque la contrainteligencia trabaja en silencio. Una mujer que pasó dos décadas de su vida aprendiendo a detectar la corrupción desde adentro, que construyó el caso más avanzado que Colombia había logrado en cuatro décadas contra el contrabandista más poderoso del país, que en cumplimiento de las órdenes que le dieron, se atrevió a tocar los
nombres que nadie quería tocar. Esa mujer en febrero de 2026 está en la calle. está en la calle con su retiro oficializado en el año anterior, con una queja por acoso laboral que presentó contra el director general de la policía, con una orden judicial que en algún momento frenó temporalmente su salida de la institución, pero que no pudo frenar todas las consecuencias de haberse atrevido a saber lo que supo y a decir lo que dijo.
y el hombre que ella persiguió, el hombre al que su equipo le construyó el caso, el hombre al que llamaban papá Pitufo y que llevaba 38 años robándole a Colombia. Ese hombre está en Europa, en libertad condicional en Portugal, solicitando así lo político para frenar su extradición con abogados que trabajan en cada resquicio legal disponible para que el día en que tenga que responder ante la justicia colombiana llegue lo más tarde posible o no llegue nunca.
Esa es la fotografía de Colombia en este momento. Esa es la imagen que ningún comunicado oficial puede tapar y que ningún argumento técnico puede explicar de una manera que un colombiano honesto pueda aceptar sin que algo en el fondo de su ser diga que aquí hay algo profundamente equivocado. Para llegar a entender completamente por qué Colombia está en ese punto, por qué la historia terminó así hasta ahora, hay que repasar con calma todo lo que ocurrió después de que Julie Ruiz salió a hablar. Porque la historia no terminó
con la entrevista en Caracol Radio ni terminó con los titulares que se generaron. Esos días la historia siguió y lo que pasó en los días y semanas siguientes es igualmente revelador de cómo funciona este país cuando una verdad incómoda sale a la luz. Lo primero que ocurrió después de que Julie Ruiz rompió su silencio fue algo que los colombianos que conocen cómo funciona el poder en este país ya podían anticipar.
La institución respondió no con una investigación urgente ni con medidas concretas para proteger a la persona que había hablado, sino con exactamente lo contrario, con acciones que en la práctica agravaban la situación de quienes habían sido parte del equipo que construyó el caso. Contrapitufo. El general William Brincon, el mismo director general de la Policía Nacional contra quien Julie Ruiz había presentado la queja por acoso laboral, ordenó los traslados de los investigadores del equipo a departamentos como Cauca y
Arauka. dos de las zonas más complejas y más peligrosas del país, traslados que ocurrieron en el mismo momento en que esas mismas personas habían sido reconocidas por la propia institución como personas con una valoración de riesgo extraordinario, es decir, personas cuya vida estaba en peligro. Piens en lo que eso significa.
Piense en el mensaje que ese gesto le envía no solo a Yuli Ruiz y a su equipo, sino a cualquier funcionario colombiano que en algún lugar de este país esté pensando en este momento si vale la pena o no denunciar lo que sabe, si tiene sentido arriesgar su carrera y su seguridad para hacer lo correcto cuando el sistema le puede responder así.
con un traslado a Arauca, con la queja archivada en algún cajón, con el señalamiento de sospechosa, conviviendo con la certeza íntima de que ella hizo lo que le dijeron que hiciera y que el precio que está pagando es exactamente el precio que el sistema cobra a los que hacen su trabajo cuando ese trabajo incomoda a los que tienen poder.
Pero hay algo más que Colombia necesita saber sobre lo que le ocurrió al equipo de Yuli Ruiz, algo que no está solo en los papeles de las quejas disciplinarias ni en los traslados administrativos, sino en algo mucho más concreto y mucho más aterrador, algo que este escándalo sacó a la luz en febrero de 2026 y que debería haber generado una reacción nacional mucho más contundente de la que generó el equipo de investigadores que trabajó en el caso Papá Pitufo, el grupo de hombres y mujeres que pasaron meses en silencio construyendo la operación
que logró la única orden de captura contra Diego Marín, que arriesgaron su carrera y su tranquilidad para hacer un trabajo que nadie más en décadas había podido hacer. Ese equipo en el que estaban Julie Ruiz, el teniente coronel Sergio Peñaranda, la mayor Lorena Fonseca y el mayor Kevin Castaño, el investigador líder de la parte judicial, denunció ante la fiscalía el 15 de noviembre de 2025 algo que Colombia debería escuchar con toda la atención que merece.
Hay un plan para asesinarlos. No es una amenaza vaga. No es la presión difusa que cualquier investigador policial en Colombia aprende a vivir como parte del oficio. Es una amenaza específica documentada que llegó en mensajes concretos con palabras concretas que no dejan espacio para la interpretación.
Mensajes que hablaban de venganza, de sufrir las consecuencias, de que tenían poder nuevamente y de que iban a hacer todo lo posible por destruirlos. mensajes que mencionaban a las familias de los investigadores. Mensajes que describían la intención con una claridad que solo puede venir de alguien que tiene la capacidad y la voluntad de cumplirla.
El mensaje que llegó al equipo decía algo que da escalofríos leerlo. Llegó la hora de mi venganza. Sufrirán las consecuencias de sus actos. Me voy a vengar. Tengo el poder nuevamente y les escribo para que sepan y se revuelquen, porque voy a hacer hasta lo imposible por joderlos y tirarme sus carreras. Se pusieron a mover arenas que ustedes no conocen y por eso van a sufrir.
Ese mensaje, esas palabras, ese nivel de amenaza directa y específica contra personas cuya identidad ya era conocida por el remitente, llegaron al mismo tiempo en que la institución que debía protegerlos los trasladaba a zonas de conflicto y los sacaba de los cargos desde donde podían seguir haciendo su trabajo.
¿Qué país puede llamarse así mismo un estado de derecho cuando los funcionarios que cumplieron su deber reciben amenazas de muerte, mientras la institución que los formó los castiga con traslados y retiros? Y los criminales que ellos investigaron viven en libertad condicional en Europa pidiendo así lo político.
La respuesta a esa pregunta tiene muchas capas y ninguna de ellas es cómoda, porque la respuesta no está solo en la maldad de algunos individuos corruptos, no está solo en la debilidad de un gobierno específico o en la falla de una institución específica. La respuesta está en algo más profundo que Colombia lleva décadas negándose a mirar directamente a los ojos.
El problema de la corrupción sistémica, esa forma de corrupción que no es la manzana podrida, sino el árbol enfermo, que no es él policía que acepta una propina en una esquina, sino la estructura completa que hace posible que un hombre pague durante 38 años para que todo un sistema mire hacia otro lado. Esa corrupción sistémica tiene una característica que la hace especialmente difícil de combatir.
Una característica que esta historia ha mostrado con una claridad casi cruel. Se defiende sola. No necesita que alguien de la orden de perseguir a los que la amenazan. No necesita una reunión donde alguien decida destruir a Yuli Ruiz. Ese tipo de corrupción funciona como un organismo que tiene anticuerpos propios, que cuando siente que algo la amenaza activa todos los mecanismos a su disposición para neutralizar esa amenaza.
Traslados, señalamientos, rumores, presiones, acoso y cuando eso no es suficiente. Amenazas de muerte que llegan por WhatsApp con la firma implícita de alguien que tiene suficiente poder para creer las reales. Y en ese organismo, en esa estructura que se defiende a sí misma, el papel del general Rincón, del mayor Noa, del teniente coronel Melo Ramírez, del fiscal Andrés Marín y de todos los demás nombres que han aparecido en este escándalo no es el papel de los grandes villanos de una película de acción, sino el papel mucho más común y mucho más
colombiano del funcionario, que tiene intereses que proteger, que tiene relaciones que cuidar, que tiene favores que pagar y favores que cobrar, y que cuando llega el momento de elegir entre hacer lo correcto y proteger lo que tiene. Elige lo segundo con una naturalidad que habla de cuánto tiempo lleva ese sistema funcionando así.
Ahora bien, esta historia no es solo que salió mal, sobre los que fallaron, sobre los que traicionaron, porque si fuera solo eso, sería una historia derrotista, una historia que termina diciéndole a Colombia que todo está podrido y que no hay nada que hacer. Y esa no es la verdad completa, ni es la conclusión justa.
La verdad completa incluye también esto, que en medio de todo ese sistema que se defiende, que en medio de esa estructura de corrupción que durante décadas pareció invencible, aparecieron personas que eligieron diferente. apareció Yuli Ruiz, que construyó el caso con su equipo con la convicción de que valía la pena, aunque nadie la aplaudiera, que cuando la investigación tocó a personas con poder, no se detuvo, sino que siguió, que cuando la amenazaron no se rindió, sino que juntó sus documentos con más cuidado todavía y
que cuando el sistema la sacó, eligió no callarse, sino hablar. No porque hablar fuera fácil ni seguro, sino porque había vivido suficiente adentro de ese sistema para saber que el silencio de los que saben es el oxígeno que necesitan los que hacen daño para seguir haciéndolo. Pareció el mayor Kevin Castaño, el investigador líder de la parte judicial del caso, que siguió trabajando en la operación con la misma dedicación después de recibir las primeras amenazas, que no pidió ser trasladado a un lugar seguro, sino que pidió poder
seguir haciendo su trabajo, que cuando lo trasladaron a Arauca, de todas maneras, se aseguró de que los documentos que había construido quedaran en el expediente, que el trabajo que había hecho no pudiera simplemente desaparecer porque él ya no estuviera en el mismo cargo. aparecieron los periodistas, los de noticias Caracol, los de la revista Cambio, los de Caracol Radio, los que en Colombia llevan años siendo el único contrapeso real que tienen los que no tienen poder frente a los que lo tienen todo. periodistas que recibieron las
mismas presiones y los mismos mensajes intimidatorios que recibían los investigadores y que siguieron publicando, porque entendían que en este caso específico callar no era una opción neutral, sino una elección con consecuencias para personas reales que dependían de que la historia saliera a la luz.
Y aparecieron los jueces y los magistrados que cuando Julie Ruiz llegó a pedir protección judicial no la mandaron. De vuelta con el argumento de que esos eran asuntos internos de la policía, sino que emitieron las órdenes que tenían que emitir, que frenaron el retiro cuando había razones jurídicas para frenarlo. ¿Qué le dijeron al sistema que no podía hacer todo lo que quería hacer con impunidad mientras el mundo miraba? Esas personas existen.
Colombia las produce. Y esa es una parte de la verdad que esta historia también tiene que contar. Diego Marimrago, alias Papá Pitufo, está en este momento en una situación que ninguno de sus abogados en Portugal ha podido resolver del todo. A pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de todas las estrategias jurídicas que han intentado.
El Tribunal Supremo de Justicia de Portugal rechazó la apelación que presentó su defensa y dejó en firme la extradición a Colombia, donde lo esperan cargos de contrabando, cohecho, lavado de activos y concierto para delinquir. cargos que en teoría deberían traducirse en muchos años de cárcel para el hombre que durante 38 años convirtió la impunidad en su forma de vida.
Pero hay algo en ese proceso de extradición que Colombia tiene que seguir con mucha atención, algo que esta historia ha mostrado con toda claridad, que la extradición de un hombre no cierra el caso, que el caso no cierra hasta que los que lo protegieron adentro del Estado colombiano también respondan. que la justicia no puede ser selectiva sin dejar de ser justicia, que si Colombia solo captura al contrabandista y deja tranquilos a los generales, a los mayores, a los fiscales y a los funcionarios que durante años cobraron
de él para garantizar la impunidad, entonces lo único que habrá cambiado es el nombre del próximo Papitufo, porque el sistema que hizo posible que este existiera durante cuatro décadas seguirá exactamente igual, esperando al próximo dispuesto a pagar. Hay una pregunta que Colombia tiene que hacerse sobre el general William René Salamanca, el hombre que dirigió la Policía Nacional durante el periodo en que ocurrieron todos estos hechos y que salió de su cargo sin una destitución formal, sin una acusación pública del
gobierno que lo nombró, sin un proceso que le exigiera responder por lo que pasó con su ahijado y con su sobrino mientras él estaba al frente de la institución. Salamanca salió, como salió en silencio, con la posibilidad de una embajada sobre la mesa, como si los vínculos que sus personas más cercanas tuvieron con papá pitufo fueran una desgracia de la que él no tenía que responder en lugar de ser exactamente el tipo de preguntas que un estado serio le hace a los generales que pone al frente de sus instituciones más
importantes. Esa es la rendición de cuentas que Colombia acepta para un director de la Policía Nacional. Esa es la exigencia que este país tiene para quienes ocupan los cargos más importantes de las instituciones que se supone que nos protegen. Si la respuesta es sí, si Colombia acepta que un director de la policía cuyo ahijado filtró información a un contrabandista y cuyo sobrino admitió haber recibido dinero de ese mismo contrabandista pueda salir de su cargo en silencio y explorar opciones diplomáticas. Entonces, este país ya
sabe cuál es el precio real de la responsabilidad pública en Colombia y ese precio es prácticamente nada. Hay también una pregunta que Colombia tiene que hacerse sobre el general William Oswaldo Rincón, el actual director general de la Policía Nacional, el hombre que era inspector general cuando Julie Ruiz realizó la verificación institucional que lo tocó a él.
El hombre que según Julie Ruiz inició un proceso de presión y acoso después de esa verificación. El hombre que cuando el escándalo de Papá Pitufo estalló y los investigadores recibían amenazas de muerte, respondió trasladándolos a zonas de riesgo en lugar de protegerlos. Rincón sigue en su cargo. Dirige hoy la institución más grande del Estado colombiano.
Tiene el mando sobre más de 200,000 hombres y mujeres de uniforme. Y frente a sus acciones, frente a lo que Julie Ruiz ha documentado y declarado en los micrófonos de la radio más escuchada del país, el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno que prometió que la lucha contra la corrupción sería caiga quien caiga, no ha dicho nada que cambie esa realidad.
Eso que dice sobre la promesa del cambio. Eso que dice sobre la distancia entre el discurso con que este gobierno llegó al poder y las decisiones concretas, ¿qué toma cuando las cosas que habría que cambiar tienen un costo político que no está dispuesto a pagar? Esta no es una pregunta ideológica, no es una pregunta de los que apoyan al gobierno ni de los que se le oponen.
Es la pregunta más básica que existe en una democracia. Cuando el gobierno promete que va a combatir la corrupción y luego no actúa cuando la corrupción está en sus propias instituciones, que le debe esa promesa a los colombianos que la creyeron. Para usted que ha vivido suficiente para haber visto muchos gobiernos en este país, para usted que conoce la diferencia entre los que cambian las cosas y los que cambian las palabras con que se describen las cosas, este escándalo no es nuevo en el fondo, aunque los nombres sean diferentes,
porque Colombia ha visto esta historia antes con otros actores y en otros tiempos. La historia del funcionario honesto que termina pagando el precio de serlo. La historia del criminal con conexiones que termina en un tribunal europeo mientras sus protectores siguen en sus cargos. La historia del escándalo que llena los titulares por unas semanas y que después va siendo desplazado por él.
siguiente escándalo y el siguiente y el siguiente hasta que queda enterrado en los archivos con todos los demás que prometían cambiar algo y que terminaron cambiando muy poco. Eso ha pasado antes. Puede volver a pasar. Y la única razón por la que a veces no pasa es porque hay colombianos que no se resignan a que pase, que insisten, que recuerdan, que siguen haciendo preguntas cuando el sistema preferiría que dejaran de hacerlas.
Existe en esta historia un momento que usted quizás no escuchó en los medios, porque los medios no siempre destacan las cosas más importantes, sino las más llamativas. Un momento que ocurrió en la entrevista de Yulie Ruiz en Caracol Radio y que resume de una manera más honesta que cualquier declaración oficial todo lo que esta historia significa.
Cuando los periodistas le preguntaron si ella tenía alguna duda de que papá Pitufo había tenido comprados a oficiales de la policía, Julie Ruiz hizo una pausa. La pausa de alguien que está calibrando hasta donde puede llegar con lo que dice, que está pensando en las consecuencias de sus palabras, que sabe que cada cosa que diga puede usarse en su contra, pero que también sabe que callarlo sería una traición a todo lo que construyó durante dos décadas.
Y entonces dijo algo sencillo, sin adornos, sin el lenguaje técnico que había usado durante toda la entrevista. Algo que cualquier colombiano puede entender sin necesidad de saber nada sobre contrainteligencia ni sobre procedimientos judiciales, que claro que lo sabía, que para eso era la contrainteligencia, que por eso habían empezado a trabajar desde agosto de 2023, que por eso habían lanzado más de 130 operaciones, que por eso habían llegado hasta donde llegaron y que lo que a ella le parecía más preocupante no
era que Pitufo hubiera comprado a quien compró, sino que en Colombia todavía no existiera una respuesta institucional proporcional a lo que se había descubierto. Eso dijo. Y en esas palabras estaba todo lo que esta historia necesita decir. Hay algo que los colombianos de todas las generaciones y especialmente los colombianos que han vivido suficiente para haber visto de cerca lo que la corrupción le hace a este país, necesitan entender sobre el caso Papá Pitufo, más allá de los nombres y los cargos y los procedimientos judiciales.
Necesitan entender que cada vez que en Colombia una investigación como esta avanza y luego se frena. Cada vez que alguien con el valor de Yul Ruiz construye un caso durante meses y luego el sistema se lo desbarata. Cada vez que un contrabandista escapa a Europa, mientras sus cómplices en el Estado siguen en sus escritorios con sus uniformes y sus salarios, no es solo un fracaso del sistema judicial, no es solo una historia de impunidad abstracta, es una decisión que este país toma sobre qué tipo de futuro quiere tener. Porque
los puertos que Papá Pitufo controló durante 38 años no son solo instalaciones comerciales, son el punto de entrada de buena parte de lo que Colombia consume y produce. Y el hecho de que durante casi cuatro décadas esos puertos fueran en parte un negocio para él tiene consecuencias que se pueden medir en los negocios que cerraron por no poder competir con el contrabando, en los empleos que se perdieron, en los impuestos que no se recaudaron y que por lo tanto no llegaron a las escuelas, ni a los hospitales ni a las carreteras que
este país necesita con tanta urgencia. El contrabando no es un crimen sin víctimas. Las víctimas son reales, tienen nombre, tienen familia, tienen historias. Son el señor que cerró su tienda de electrodomésticos en San Andresito porque no podía competir con neveras de contrabando. Son la familia campesina del Cauca que no pudo vender sus cultivos porque el mercado estaba inundado de mercancía barata que llegó sin pagar lo que debía pagar.
Son los niños de un colegio público que aprendieron en aulas deterioradas porque los recursos que deberían haber llegado del recaudo de impuestos los había capturado antes la red de un contrabandista. Esas víctimas nunca van a aparecer en los expedientes judiciales del caso Papá Pitufo. Nadie va a identificarlas ni a contarlas ni a sumarlas en una cifra que permita dimensionar el daño real que hizo este hombre durante cuatro décadas.
Pero están ahí, son reales y merecen que Colombia entienda que lo que Julie Ruiz y su equipo intentaron hacer no era solo una operación policial, sino un acto de justicia en nombre de todos ellos. El juicio oral contra Diego Marín Buitrago, alias Papapitufo, está programado para avanzar en el sistema judicial colombiano y el proceso de extradición desde Portugal, aunque complejo y demorado por las estrategias legales de su defensa, está en marcha.
Pero Colombia no puede limitarse a esperar el juicio oral de un hombre que ya tiene más de 60 años, que ha vivido de la impunidad durante cuatro décadas y que tiene los recursos para contratar los mejores abogados disponibles en dos continentes para pretender que con eso se habrá hecho justicia completa. La justicia completa en este caso requiere responder preguntas que todavía no tienen respuesta pública, preguntas que los periodistas han hecho y que las instituciones no han contestado con la claridad que merecen,
quien específicamente filtró la información después de la reunión del 10 de octubre de 2023. El mayor Nokua actuó solo o recibió instrucciones de alguien con más jerarquía. ¿Qué papel exacto tuvo el fiscal Andrés Marín en la cadena de filtración? Y la investigación disciplinaria que Julie Ruiz solicitó ha avanzado o ha sido archivada.
El general Salamanca sabía que su ahijado tenía vínculos con papá Pitufo antes de nombrarlo en Cartagena. ¿Y si lo sabía? ¿Qué hizo con ese conocimiento? El general Rincón tomó las decisiones de traslado contra el equipo de investigadores como represalia por su trabajo o hubo alguna otra razón y quién puede verificarlo? Esas preguntas no son preguntas retóricas ni preguntas de oposición política.
Son las preguntas que cualquier colombiano que cree en la justicia tiene el derecho de hacer y de esperar que alguien con autoridad y responsabilidad responda. Esta historia tiene también una dimensión que va más allá de Colombia y que en el contexto del año 2026 tiene una relevancia particular. la dimensión de lo que significa para un país latinoamericano que se describe a sí mismo como una democracia comprometida con el estado de derecho, cuando sus instituciones demuestran que la protección al que denuncia la corrupción es insuficiente para garantizar que el
que denuncia no termine pagando un precio mayor que el que denuncia. En los países que han logrado construir instituciones capaces de combatir la corrupción de manera sostenida. El elemento central no ha sido la reforma legal, ni el cambio de gobierno, ni la voluntad declarada de los presidentes. El elemento central ha sido siempre el mismo, la protección real, efectiva, concreta de los funcionarios que se atreven a hacer lo que Julie Ruiz hizo.
La garantía de que denunciar la corrupción no termina en un traslado a Arauca, sino en una investigación que lleva a los responsables ante la justicia. Sin esa garantía no hay reforma que funcione, no hay ley anticorrupción que sirva, no hay discurso presidencial que cambie nada, porque el funcionario que sabe lo que sabe, pero ve lo que le pasó a Julie Ruiz va a hacer el cálculo que haría cualquier ser humano racional y va a concluir que el silencio tiene un precio mucho más bajo que hablar y va a callarse y el sistema que necesita ese
silencio para seguir funcionando va a agradecer ese silencio sin decirlo como lo ha agradecido durante décadas. Antes de cerrar esta historia, hay un nombre que no ha aparecido suficientemente en los titulares, pero que merece un lugar en esta narración, porque representa algo importante sobre como este escándalo afecta al tejido completo de la policía nacional, no solo a los altos mandos y los oficiales con cargo, sino a los miles de hombres y mujeres de uniforme que se levantan cada día a cumplir su deber con honestidad,
que patrullan las calles de Colombia, que arriesgan su vida en operativos, que lloran a sus compañeros caídos, que mantienen a sus familias con el sueldo de policía que no es grande, pero que se gana limpiamente. Para esas personas, para los policías de base, que no son generales ni directores, ni tienen padrinos con poder, el escándalo de Papá Pitufo no es solo una crisis institucional que hay que gestionar, sino una herida en el orgullo.
La sensación de que el uniforme que visten con sacrificio ha sido ensuciado por los que estaban arriba, los que tenían el poder de mantenerlo limpio y lo eligieron vender. Esas personas merecen que Colombia haga la distinción, que no generalice, que no meta en el mismo saco al policía honesto que muere en una carretera veredal, cumpliendo su deber y al general que pone a su aijado en el cargo donde más útil le resulta al contrabandista que lo paga.
Y esas personas merecen también una institución que proteja a los suyos cuando hacen lo correcto. Que no traslade a Arauca a los investigadores que reciben amenazas de muerte, sino que los cuide como cuida a quienes llevan su nombre con dignidad. que haga sentir a cada policía colombiano que si un día tiene que elegir entre hacer lo correcto y callar, el estado que lo formó va a estar de su lado.
Y Ruiz está en la calle. Esa es la realidad de hoy, la realidad de este momento en que usted está escuchando esta historia. Pero también es cierto que Julie Ruiz habló, que después de un año de silencio, de recoger documentos, de preparar cada argumento, de aguantar las presiones y las amenazas y los traslados y el acoso, decidió que ya era suficiente, que Colombia merecía saber lo que ella sabía, que su equipo merecía que alguien dijera en voz alta lo que les había pasado y por qué.
Y también es cierto que Colombia escuchó que los programas de radio que transmitieron su entrevista tuvieron escuchas que normalmente no tienen, que las redes sociales se llenaron de colombianos haciendo preguntas que el escándalo había generado, que periodistas de varios medios siguieron investigando después de que ella habló y encontraron más detalles, más nombres, más conexiones que completaban el cuadro.
Y también es cierto que el proceso judicial avanza, que la extradición de papá Pitufo desde Portugal tiene más posibilidades de concretarse hoy que las que tenía hace un año. Que hay magistrados en Portugal y Colombia que están haciendo su trabajo. ¿Qué hay fiscales que siguen en el caso a pesar de las presiones? ¿Qué hay partes de este sistema que no están rotas, aunque otras claramente lo estén? Colombia no está perdida.
Colombia nunca ha estado perdida, aunque a veces parezca que sí. Colombia es un país que ha sobrevivido cosas que habrían destruido a naciones con menos resiliencia, un país que ha encontrado siempre, en sus momentos más oscuros, personas dispuestas a pararse en la brecha y a decir que hasta aquí que esto no puede seguir así, que vale la pena pelear aunque el costo sea alto.
Juli Ruiz es una de esas personas, su equipo son esas personas y los colombianos que escucharon su historia esta semana y que se hicieron las preguntas que ella dejó flotando en el aire, esos colombianos también son parte de la respuesta. Porque en este país la justicia no avanza sola. Avanza cuando hay gente que la exige, que la recuerda, que no deja que los expedientes se duerman en los cajones, ni que los responsables descansen tranquilos en la impunidad.
Hay una última cosa que esta historia necesita decir, algo que usted, que ha vivido suficiente para saber cuando algo importa de verdad, ya sintió desde el comienzo de este vídeo, aunque quizás no lo haya podido poner en palabras todavía. Esta historia no es solo Papá Pitufo, no es solo el contrabando, no es solo un general que nombró a su ahijado en el puerto equivocado o sobre una reunión en el ministerio de defensa que terminó mal.
Esta historia es sobre el tipo de país que Colombia quiere ser. Es sobre si en Colombia el que sirve honestamente puede esperar que el Estado lo proteja cuando ese servicio honesto lo pone en peligro. O si el servicio honesto es un lujo que solo se puede permitir el que no tiene nada que perder. Es sobre si en Colombia los que tienen poder responden por lo que hacen con ese poder o si los que tienen poder solo responden cuando el que pide cuentas tiene más poder todavía.
lo que en la práctica significa que casi nunca responden. Es sobre si el discurso del cambio que trajo al actual gobierno al poder tiene alguna consecuencia concreta cuando el cambio que se necesita no es en el discurso, sino en las decisiones, en los nombramientos, en la protección a los que hablan y en la exigencia de cuentas a los que callan lo que saben.
Y es sobre si Colombia va a seguir siendo un país donde los papá Pitufo duran 38 años, donde las Julie Ruiz terminan en la calle, donde los generales con conexiones incómodas salen en silencio por la puerta lateral de la historia, donde los investigadores que reciben amenazas de muerte son trasladados a zonas de conflicto y donde el escándalo de la semana es reemplazado por el escándalo de la siguiente semana antes de que él primero haya producido la justicia que prometía producir o si esta vez va a ser diferente.
Si esta vez Colombia va a seguir preguntando, siguiendo el proceso, exigiendo nombres y respuestas, protegiendo a los que se atrevieron a hablar y no dejando que esta historia se entierre como tantas otras antes de que produzca los resultados que Yulie Ruiz y su equipo arriesgaron todo para hacer posibles. Esa decisión no la toman los generales, ni los directores, ni los presidentes solos.
La toma cada colombiano que escucha una historia como esta y decide qué hace con lo que acaba de saber. Y la pregunta que le dejamos esta noche, la misma pregunta que Yulie Ruiz se hizo durante un año mientras juntaba sus documentos antes de hablar, es también la pregunta que Colombia entera tiene que responder.
¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar que en este país los que sirven honestamente paguen el precio de la honestidad, mientras los que los traicionan duermen tranquilos? Hasta la próxima. M.
