Afuera pasa el bus, pasa la moto, pasa la vida y de pronto en la pantalla aparece una imagen que le llama la atención. El presidente Gustavo Petro hablando fuerte, con el ceño fruncido, no contra la oposición, no contra los ricos de siempre, sino contra la fiscalía, contra la misma fiscal que él ayudó a elegir.
Al otro lado, en otra imagen, usted ve una mujer seria, de gafas, de pocas palabras, entrando al búnker de la fiscalía, sin cámaras, sin discursos, sin aplausos. Es Luz Adriana Camargo, la fiscal general de la nación. No grita, no trina, no da ruedas de prensa todos los días. Pero sus decisiones se sienten como golpes secos sobre la mesa del poder.
Con su firma se abren procesos, se ordenan imputaciones, se llaman a responder a personas que hace poco parecían intocables. Así arranca esta historia con un presidente que siente que la justicia se le vino encima y con una fiscal que en silencio le recuerda a todos que la ley no escribió en ninguna parte, que el presidente y su gente están por encima del resto de los colombianos.
Para entender cómo llegamos a este punto, hay que ir un poco atrás. A cuando entre Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo no había ataques ni reproches, sino confianza, elogios y sonrisas. Cuando se habló por primera vez del nombre de Camargo como posible fiscal general, fue el mismo Gustavo Petro quien la puso sobre la mesa. El la ternó, él la presentó como una mujer seria, como una abogada independiente, como una aliada para la paz total y para la lucha contra la impunidad.
En la televisión, en los periódicos, se leía y se escuchaba que por fin Colombia tendría una fiscal que no acabaría siendo la fiscal del presidente, como había pasado tantas veces antes. Muchos colombianos, sobre todo los que todavía tienen memoria de los años en que la justicia era un adorno, sintieron un poquito de esperanza.
Pensaron, “De pronto ahora si va a cambiar algo, de pronto esta vez la fiscalía va a investigar de verdad. Caiga quien caiga. Esas palabras, caiga quien caiga, las repetían todos, el gobierno, la oposición, los medios. En ese momento, la relación entre Petro y Camargo parecía perfecta. El presidente decía en público que respetaría la independencia de la fiscalía, que no metería las manos, que no llamaría a nadie para presionar.
La fiscal, por su lado, se mantenía discreta hablando poco, dejando que los papeles y las investigaciones hablaran por ella. era, al menos en apariencia, lo que siempre nos han dicho, que debe ser una justicia sana. Cada poder en su lugar, cada institución haciendo su trabajo. Pero en Colombia, y usted lo sabe mejor que nadie, las cosas cambian muy rápido cuando el poder se siente amenazado.
El primer ruido fuerte en esta relación fue un nombre que empezó a aparecer una y otra vez en los noticieros, Juliana Guerrero. Para muchos colombianos, ese nombre no decía nada al principio. ¿Quién será esa muchacha? Se preguntaban. No era una ministra famosa ni una figura conocida en la vida pública, pero por dentro, en la casa del gobierno, todos sabían quién era.
Juliana Guerrero no fue una funcionaria cualquiera. Fue asesora de confianza. Estuvo en cargos clave, llegó a ser viceministra. Estuvo cerca del corazón del petrismo, cerca del poder, cerca de esos espacios donde no entra cualquier persona. En un país donde a muchos les cierran la puerta en la cara, ella la tuvo abierta de par en par.
Y entonces pasó algo que nadie en el gobierno quería ver en los titulares. La fiscalía anunció que la iba a imputar por posibles irregularidades en sus títulos profesionales. En palabras simples, la estaban investigando porque al parecer los papeles que acreditaban que era profesional no cuadraban. Había dudas sobre cómo obtuvo su diploma, sobre si cumplió con los requisitos que se le exigen a cualquier joven colombiano para graduarse.
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Para la calle, para la gente común, eso puede sonar como un tema técnico de papeles, de notas y exámenes. Pero para un estado y más para un gobierno que se presenta como el gobierno del cambio y de la transparencia es una bomba. Porque si alguien que no tenía los títulos en regla llegó tan alto, eso significa que el filtro falló.
Y cuando el filtro falla, entra cualquiera. Y cuando entra cualquiera, el país lo paga con corrupción, con mala gestión, con decisiones mal tomadas. La fiscalía dirigida por Camargo no se echó para atrás, no miró para otro lado, no dijo dejemos así para no pelear con el presidente, al contrario, siguió adelante.
documentos, escuchó testimonios, revisó bases de datos y cuando encontró lo que consideró suficiente, dio el paso que muchos no se atreverían a dar con alguien tan cercano al presidente, anunció la imputación. En ese momento, la relación Petro Camargo dejó de ser un mar en calma. La reacción del presidente no fue la de un jefe de estado que dice que se investigue todo, que se aclare, que si alguien hizo trampa que responda.
No. Gustavo Petro reaccionó como un líder político herido. Salió a defender a Juliana Guerrero de inmediato, en público, con fuerza. Dijo que la estaban persiguiendo, que eso era parte de un plan para debilitar a su gobierno, que detrás de la decisión de la fiscalía había intereses políticos. Para muchos, sobre todo los que conocen la política de años, esa respuesta sonó conocida.
En Colombia, cada vez que la justicia toca a alguien importante, el discurso es el mismo. Es persecución, es una guerra jurídica. Es porque les molestamos, es porque tocamos intereses. Pero esta vez había un detalle que hacía todo diferente. La jefa de esa justicia, que ahora era presentada como enemiga del cambio, había sido ternada por el mismo presidente que la criticaba.
Petro no podía decir que Camargo era una ficha del uribismo o de la oligarquía sin que eso se le devolviera como un bomerán, porque fue el quien puso su nombre. Eso para mucha gente empezó a oler a contradicción. Porque, dígame usted, ¿qué mensaje recibe un país cuando ve que la independencia de la justicia se aplaude cuando toca a los de siempre, a los de la orilla contraria? Pero se ataca y se insulta cuando se atreve a tocar a los míos.
En la casa de muchos adultos mayores, en los barrios populares, en los pueblos, la pregunta se repetía, “Entonces, la justicia es buena solo cuando va contra el otro y cuando toca al que está en el poder. De repente ya no sirve.” La grieta estaba abierta y lo que vino después la hizo mucho más grande. Si el caso de Juliana Guerrero encendió las alarmas, el caso de Ricardo Roa hizo temblar las paredes.
Ricardo Roa no es cualquier nombre. No es un funcionario de tercera fila, es el actual presidente de Ecopetrol, la empresa más grande del país, la joya de la corona en lo económico. Pero además fue el gerente de la campaña Petro Presidente en 2022. Es decir, fue el hombre que manejó la plata, los contratos, las cuentas, los aportes, los gastos de la campaña que llevó a Gustavo Petro al poder.
Cuando la fiscalía, bajo la dirección de luz Adriana Camargo, anunció que iba a imputar a Roa por irregularidades en la financiación de esa campaña, el ambiente político se congeló por un momento. No era ya solo una asesora, no era un viceministerio, era la columna vertebral de la campaña presidencial la que empezaba a ser revisada con lupa.
La noticia salió en todos los medios. La campaña habría superado los topes de financiación, habría omitido reportar gastos, habría recibido aportes que la ley prohíbe. Para cualquier presidente eso es una pesadilla, porque si se demuestra que la campaña se financió mal, la pregunta obvia es, ¿con qué legitimidad llegó al poder? La fiscalía no solo habló de topes electorales, también mencionó delitos como tráfico de influencias.
Son palabras grandes, graves, que más allá de los tecnicismos significan que se habría usado el poder, la posición, las relaciones para conseguir cosas que la ley no permite. En ese punto, defender a Ricardo Roa ya no era para Gustavo Petro un asunto de simple amistad. Se volvía un tema de supervivencia política.
Si Roa caía, si se demostraba que hubo irregularidades serias en la campaña, la sombra de la duda se posaría directamente sobre la silla presidencial. Y sin embargo, Roa siguió en su cargo. A pesar de la imputación, a pesar de las investigaciones, a pesar de las advertencias sobre la reputación de Ecopetrol, el presidente mantuvo a Roa en la presidencia de la empresa.
No hubo renuncia, no hubo suspensión. Lo que hubo fue una especie de muro de protección política levantado desde la casa de Nariño. Para muchos colombianos que han trabajado toda la vida, que han visto como por una falta menor cualquier empleado pierde su puesto, ver a un hombre tan poderoso. Con tantos cuestionamientos, seguir sentado en la silla más importante de la empresa más grande del país fue difícil de entender y más difícil todavía de aceptar.
Mientras tanto, en el búnker de la fiscalía, Luz Adriana Camargo no concedía entrevistas escandalosas ni publicaba fotos dramáticas. no respondía a los ataques con ataques. Su estilo era otro: dejar que los expedientes hablaran, seguir el camino de las pruebas, no el de las tendencias en redes sociales. Las decisiones no se quedaban solo en Guerrero y Roa.
La fiscalía también empezó a tocar a otros hombres fuertes del proyecto del cambio, exministros como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Nombres que vienen de la política tradicional que se montaron al bus del gobierno actual. que recibieron cargos importantes. Ellos también, según los fiscales, tenían cuentas por aclarar en temas administrativos y de manejo de recursos.
Cada nuevo nombre que salía, cada nueva investigación, cada nueva imputación se sentía como un paso más de la justicia hacia el centro del círculo presidencial. Y cada paso de la fiscalía venía acompañado de una nueva reacción del presidente. Reacción no serena, no institucional, sino emocional.
defensiva, llena de sospechas y de palabras como persecución y loer. Lo que en campaña se prometió como respeto a la separación de poderes empezaba a verse para muchos como papel mojado. Porque un presidente que realmente cree en la independencia judicial no puede aplaudirla hoy y destruirla mañana según le convenga. El punto más delicado de este conflicto llegó cuando Gustavo Petro fue más allá de criticar decisiones concretas de la fiscalía y empezó a hablar de supuestos vínculos personales entre la fiscal general y uno de sus enemigos públicos,
el abogado Abelardo de la Espriella. En uno de sus mensajes en la red X, el presidente insinuó que existía una cercanía entre Camargo y de la Espriella e incluso metió en el cuento al esposo de la fiscal, sugiriendo una especie de entramado secreto, de pacto oculto, de complot para usar la fiscalía contra él y su gobierno.
Fue una acusación muy seria, no era una simple opinión. Cuando un presidente señala a la fiscal general de estar de alguna forma conectada con un abogado opositor, sin mostrar pruebas claras, sin documentos, sin grabaciones, está lanzando una bomba sobre la credibilidad de la justicia. La respuesta no tardó.
La fiscalía salió a desmentir esos vínculos. Abelardo de la espriella también lo negó. Dijeron, en pocas palabras, que esa relación que Petro insinuaba no existía, que era una historia sin soporte, pero como pasa siempre en la política, el daño ya estaba hecho. La duda ya había sido sembrada en la mente de muchos.
Y mientras tanto, Luz Adriana Camargo siguió en su estilo, sin entrar en peleas mediáticas, sin bajar al nivel del insulto, sin responder con trinos. Su forma de contestar fueron los autos, las imputaciones, los pasos concretos en los expedientes. En medio de todo esto, el país vio otra imagen que muchos no supieron cómo interpretar.
El presidente Gustavo Petro en una celda en una foto publicada por el mismo recordando sus días de detenido en el pasado, acompañando la imagen con mensajes donde se presentaba como alguien que podría volver a estar tras las rejas por culpa de esta justicia que él mismo ayudó a crear. Para unos fue un acto de victimización, para otros un mensaje de advertencia, para otros más una especie de teatro político.
Pero detrás de esa foto y de esas palabras había una idea peligrosa, la de un presidente que se siente perseguido por la misma independencia que antes decía defender. Cuando Petro dice que es víctima de su propio invento, lo que está admitiendo, aunque no lo diga así de claro, es que nunca pensó que esa independencia llegara tan lejos, que nunca imaginó que la justicia pudiera tocar a su campaña, a sus amigos, a su círculo de confianza.
Y ahí es donde esta historia deja de ser solo un choque entre dos figuras y se convierte en un espejo incómodo para Colombia. Porque la pregunta que queda flotando es sencilla y dura. De verdad queremos una justicia independiente, aunque un día nos toque a nosotros o a los nuestros, o solo la queremos cuando toca al vecino.
Hasta aquí lo que tenemos es esto. Un presidente que dice haber impulsado una fiscalía independiente, pero que insulta, acusa y siembra dudas cuando esa misma fiscalía se acerca a su casa. una fiscal general que fue ternada por él, pero que ahora camina por la cuerda floja entre hacer su trabajo y soportar los ataques del poder político.
Un país que mira una vez más como las instituciones se usan como armas en una pelea de poder, mientras los ciudadanos de a pie se preguntan si algún día la ley será realmente igual para todos. En la segunda parte de esta historia vamos a entrar más a fondo en los casos concretos.
¿Qué pasó con los títulos de Juliana Guerrero? ¿Qué significan las imputaciones contra Ricardo Roa? ¿Qué hay detrás de las investigaciones a los exministros? ¿Y cómo todo esto puede cambiar el futuro político de Colombia? Porque esta, querido amigo, querida amiga, no es solo la pelea entre un presidente y una fiscal. Es la prueba más dura de si en este país estamos dispuestos a que la justicia deje de ser un adorno y se convierta de verdad en una balanza que pese lo mismo para todos.
Hay momentos en la vida de un país que parecen normales por fuera, pero que por dentro están llenos de tensión, como una olla a presión que nadie ha destapado todavía. Colombia vivió uno de esos momentos en los meses que siguieron a la llegada de Luz Adriana Camargo al búnker de la fiscalía. Afuera todo parecía funcionar.
El gobierno daba sus discursos, los ministerios operaban. El presidente hablaba en sus redes sociales, pero por dentro, en los pasillos donde los fiscales revisan documentos y cruzan datos, algo estaba pasando que muy pronto iba a sacudir a todo el país. Para entender bien lo que pasó, hay que tener claro algo desde el principio.
La Fiscalía General de la Nación no es un ministerio del gobierno. No recibe órdenes del presidente. No tiene que consultarle al palacio presidencial antes de abrir una investigación. Su trabajo es revisar los hechos, analizar las pruebas y actuar cuando encuentra indicios de que se cometió un delito. No importa si el señalado es un reciclador del barrio o si es el gerente de la empresa más grande del país.
La ley, al menos en teoría, debe ser la misma para todos. Y fue exactamente esa independencia la que el presidente Petro tanto celebró cuando ternó a Camargo, la que empezó a generar los primeros temblores en la relación entre la casa de Nariño y el búnker, porque la fiscalía no se quedó mirando los expedientes viejos, los casos de administraciones anteriores, los escándalos de los gobiernos de antes.
Los fiscales delegados fueron siguiendo las pistas a donde las pistas los llevaban y las pistas en varios casos importantes, llevaban directamente al corazón del gobierno del cambio. El primer caso que rompió el silencio fue el de Juliana Guerrero. Ya hablamos de quién era ella en la primera parte de esta historia, pero ahora hay que entrar más a fondo en lo que encontraron los investigadores, porque los detalles cuentan mucho y ayudan a entender por qué este caso hizo tanto ruido.
Juliana Guerrero ocupó durante el gobierno de Petro cargos de altísima responsabilidad. Fue asesora de confianza en espacios donde se toman decisiones que afectan a millones de colombianos. llegó a ser viceministra, lo que significa que su firma valía, que su opinión importaba, que su trabajo tenía consecuencias reales en la vida del país.
Para llegar a esos cargos, por ley, se necesita cumplir con ciertos requisitos, experiencia, formación académica, títulos que demuestren que uno sabe lo que va a hacer. Y ahí fue donde aparecieron los problemas. Según la investigación de la fiscalía, los títulos profesionales que Juliana Guerrero presentó para acceder a esos cargos tenían irregularidades graves.
La Fundación Universitaria San José, que fue la institución que expidió algunos de esos diplomas, terminó anulando dos de ellos después de que se revisaron los procesos con los que fueron obtenidos. En otras palabras, los certificados que acreditaban su formación no eran válidos. No cumplían con lo que la ley exige para la gente común, para el señor que trabaja toda la vida, para la señora que manda a sus hijos a estudiar con sacrificio, que ahorra para pagar la matrícula, que vela porque sus nietos cumplan con todas las materias y
terminen el bachillerato y la universidad de forma honesta. Esta noticia cayó muy mal, porque en Colombia la educación siempre ha sido un camino duro. No es fácil estudiar, no es fácil graduarse, no es fácil conseguir que le reconozcan lo que aprendió. Y entonces ver que alguien llegó al más alto nivel del gobierno con papeles cuestionados, con diplomas que después fueron anulados.
Es una herida directa en el corazón de quienes sí cumplieron todas las reglas. La fiscalía fue avanzando, en este caso con documentos, con testimonios, con la revisión detallada de los procesos académicos. No fue una decisión tomada a la ligera. Los fiscales que llevan estos casos tienen que construir lo que se llama una teoría del caso, que en términos simples significa que tienen que poder demostrar con pruebas lo que dicen, no solo afirmarlo porque sí.
Cuando llegó el momento de la imputación, el país se detuvo por un instante. Imputar no significa condenar. Imputar es el paso en el que la fiscalía le dice a una persona, “Tenemos indicios serios de que usted pudo haber cometido este delito. Le vamos a informar de qué se trata para que usted pueda defenderse.
Es el comienzo del proceso, no el final. Pero simbólicamente tiene un peso enorme, sobre todo cuando la persona señalada viene del círculo más cercano del presidente. Y como ya contamos en la primera parte, la reacción del presidente fue inmediata y emocional. No esperó a que se aclarara nada. No pidió que se investigara con calma.
Salió a decir que era una persecución, que había manos oscuras detrás de la decisión, que la justicia estaba siendo usada como arma política. Pero aquí hay que hacerse una pregunta honesta. Si alguien con títulos cuestionados llegó tan alto en el gobierno del cambio, un gobierno que prometió meritocracia, transparencia y honestidad, ¿quién le abrió esa puerta? ¿Quién revisó sus papeles? ¿Quién firmó su nombramiento? Son preguntas incómodas.
Son preguntas que el presidente nunca quiso responder. El caso Guerrero no fue solo una historia de un diploma irregular, fue la primera grieta visible en la promesa de que este gobierno iba a ser diferente. Fue la primera señal de que las mismas prácticas que se prometió combatir podían estar ocurriendo a plena luz del día detrás de los escritorios del gobierno del cambio.
Y cuando la fiscalía tocó esa grieta, el presidente no respondió con transparencia. respondió con defensas automáticas, con teorías de conspiración, con ataques a la institución que él mismo ayudó a fortalecer. Pero el caso Guerrero, por grande que pareciera, iba a quedar pequeño comparado con lo que vendría después. El nombre de Ricardo Roa empezó a aparecer en los noticieros con una frecuencia que incomodaba a mucha gente en el gobierno.
No porque fuera un desconocido, sino todo lo contrario, Roa era demasiado conocido, demasiado importante, demasiado central en la historia del petrismo para que su nombre en los medios no significara algo muy serio. Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol de la mano directa del gobierno. Antes de ese cargo había sido el gerente de la campaña Petro Presidente, el hombre encargado de organizar, administrar y hacer funcionar toda la maquinaria que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022. Conocía los
números de la campaña mejor que nadie. Conocía quién puso plata, cuánto, cuándo y de dónde venía. Eccopetrol, para quien no la conoce bien, es mucho más que una empresa de petróleo. Es la empresa más grande de Colombia, la que más ingresos genera, la que más empleados tiene, la que más impacto tiene en la economía del país.
Su presidente no es un cargo administrativo cualquiera. Es una posición de un poder enorme con decisiones que mueven millones de millones de pesos. Cuando la fiscalía anunció que iba a imputar a Ricardo Roa y cuando se supo que una de las investigaciones tenía que ver con la financiación de la campaña Petro Presidente, el efecto fue inmediato y devastador.
En la bolsa de valores de Colombia, las acciones de Ecopetrol cayeron. Los inversionistas, los fondos de pensiones que tienen plata en esa empresa, la gente que ahorra para su retiro y cuyo dinero está invertido ahí, todo el mundo sintió el temblor. No porque Ecopetrol fuera a cerrar, sino porque tener al presidente de la empresa más grande del país imputado por la fiscalía es una señal que los mercados leen con preocupación.
Las investigaciones contra Roa se movían en dos frentes. El primero era el de la campaña presidencial. Los fiscales encontraron, según lo que reportaron públicamente, que la campaña habría recibido dineros y hecho gastos que no fueron reportados correctamente, que se habrían superado los topes que la ley electoral le pone a cuánto puede costar una campaña y que habría habido movimientos de recursos que necesitaban explicación.
Para entender por qué eso importa tanto, hay que pensar en qué representan los topes electorales. No son un capricho burocrático. Son una garantía de que en las elecciones no gana el que más plata tiene, sino el que más apoyo popular consigue. Cuando alguien gasta más de lo que la ley permite en una campaña, está comprando ventaja.
Está poniendo más publicidad, más eventos, más presencia que sus rivales. Y eso no es democracia limpia, es una competencia amañada. El segundo frente de la investigación tenía que ver con otras actuaciones de Roa relacionadas con su posición y sus influencias. Los detalles de esa parte del proceso eran más reservados, pero el solo hecho de que la fiscalía hubiera abierto ese camino era ya un mensaje muy claro.
Y ahí el presidente Petro se encontró ante una disyuntiva que no tenía salida fácil. Si pedía la renuncia de Roa o si lo dejaba ir, estaba admitiendo que algo andaba mal, que había razones para dudar de la limpieza de la campaña, que los señalamientos tenían fundamento. Si lo mantenía en el cargo, como finalmente lo hizo, estaba poniendo la lealtad personal y la supervivencia política por encima de lo que cualquier gobierno serio debería hacer cuando uno de sus funcionarios más importantes está bajo investigación formal de la
fiscalía. El presidente eligió el segundo camino. Roa siguió en Ecopetrol. No hubo renuncia, no hubo suspensión voluntaria, no hubo un gesto, por pequeño que fuera, de decir por respeto a la institución, por respeto a los colombianos. Me voy a apartar mientras se aclara mi situación. Para los adultos mayores de este país, para los que trabajaron toda la vida en instituciones públicas y privadas y saben lo que significa cumplir las reglas, eso fue difícil de digerir porque en este país un conductor de bus que tiene un problema con la justicia
pierde su licencia mientras se investiga. Un maestro de escuela con una queja encima queda suspendido mientras se revisa el caso. Pero el presidente de Ecopetrol, con imputación encima siguió despachándose como si nada. Ese doble rasero, ese peso diferente de la ley según quien seas, fue uno de los temas que más indignación generó entre la gente común.
Mientras los casos de Guerrero y Roa ocupaban los titulares, la fiscalía también fue tocando a otros nombres que llevaban el sello del gobierno del cambio. Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco empezaron a aparecer en los expedientes. Estos no eran figuras menores. Eran hombres con trayectoria política larga, con nombre en los corredores del poder, con años de experiencia en la cosa pública.
Bonilla llegó al gobierno como ministro de Hacienda. el cargo desde donde se mueve la plata del país, desde donde se aprueban los presupuestos y se toman decisiones que afectan a todos los colombianos. Velasco, por su parte, fue ministro del Interior, que es el cargo desde donde se manejan los temas de orden público, las relaciones con los partidos políticos, las negociaciones con los territorios.
Ambos llegaron al gobierno del cambio con la promesa de que las cosas iban a ser diferentes, de que la gestión pública iba a ser transparente, de que el dinero de los colombianos iba a ser bien manejado. Esa promesa era uno de los pilares más importantes del discurso de Petro, porque la corrupción en Colombia ha sido uno de los problemas más grandes y más dolorosos durante décadas.
Y entonces, cuando la fiscalía empezó a revisar las actuaciones de esos exministros y encontró cosas que le parecieron irregulares en el manejo de recursos y en ciertas decisiones administrativas, la contradicción entre el discurso y la realidad se volvió imposible de ignorar. El presidente, otra vez no actuó como un líder que confía en que la justicia va a aclarar las cosas.
actuó como un jefe político que siente que le están tocando a su equipo. Salió a defender a sus exministros, a hablar de persecución, a sugerir que todo era parte de una estrategia para hundir al gobierno. Pero la gente que lleva años viviendo en este país, la gente que tiene canas y memoria, la gente que vio como otros presidentes también defendían a sus fichas cuando los investigaban, la gente que conoce el cuento de memoria empezó a sentir algo familiar en todo esto.
empezó a reconocer el patrón, el poder que no acepta que la justicia le llegue al bolsillo. Aquí es importante hablar de algo que muchos colombianos conocen, pero que tal vez no tienen tan claro en términos exactos, qué es el llamado lofer o guerra jurídica y por qué el gobierno empezó a usar esa palabra cada vez que la fiscalía tomaba una decisión que lo incomodaba.
El término lo viene de una expresión en inglés, laufare, que en términos simples describe el uso de los mecanismos legales y judiciales como arma política para destruir a un adversario. Es una forma de hacer la guerra sin balas usando jueces, fiscales, expedientes y procesos como instrumentos de ataque. En Colombia, el concepto se popularizó sobre todo en los debates sobre los juicios a líderes de la izquierda latinoamericana.
Algunos dicen que en ciertos países de la región la justicia fue usada para sacar del juego a políticos que molestaban a los poderosos económicos. Hay casos históricos debatidos, hay ejemplos que se citan y la discusión académica y política sobre si eso existió o no sigue abierta. El problema es que esa palabra locer empezó a ser usada por el gobierno del cambio como una especie de paraguas universal para cubrir cualquier investigación que tocara a sus funcionarios.
Y ahí es donde el concepto se desnaturaliza, donde se convierte de una preocupación legítima en una excusa. Porque el loer para ser real necesita algo muy específico. Necesita que las investigaciones sean fabricadas, que las pruebas sean inventadas, que los procesos sean iniciados no por indicios, sino por instrucciones políticas desde algún escritorio de poder.
Y eso es muy diferente a que la justicia encuentre documentos cuestionables, diplomas anulados por la propia universidad que los expidió, cuentas de campaña que no cuadran con los reportes, decisiones ministeriales que dejan preguntas en el aire. Cuando Colombia humana, el movimiento político del presidente salió a hablar de denuncias anónimas y de estrategias del Ofer, muchos periodistas y ciudadanos se hicieron la misma pregunta.
¿Hay pruebas de que los fiscales están actuando por órdenes políticas o están actuando por lo que encuentran en los expedientes? Esa pregunta nunca fue respondida con evidencias concretas. Solo hubo afirmaciones repetidas una y otra vez, como si repetir una cosa muchas veces la convirtiera en verdad. Y mientras esa pelea de palabras se desarrollaba en los medios y en las redes sociales, en el búnker de la fiscalía, los fiscales seguían trabajando silenciosamente, sin parar, sin responder insultos, sin entrar en el juego de la polarización,
acumulando folios, escuchando testigos, rastreando movimientos de dinero. Esa paciencia, ese silencio activo de luz Adriana Camargo fue una de las cosas que más irritó al presidente. Porque cuando alguien no baja al nivel de la pelea, cuando no reacciona a las provocaciones, cuando simplemente sigue haciendo su trabajo, el que grita fuerte termina pareciendo el único que está nervioso.
El momento más dramático, el que quedó grabado en la memoria del país, fue cuando el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una fotografía suya dentro de una celda. Era una imagen del pasado de cuando Petro había estado preso hace muchos años, en tiempos en que su trayectoria política apenas comenzaba.
En esa época, él mismo fue víctima de procesos que muchos consideraron injustos y esa experiencia marcó para siempre su forma de entender la política y la justicia. Pero la forma en que usó esa foto fue lo que generó tanto debate. La acompañó con palabras que decían, en resumen, que esa imagen le podría gustar a la fiscal Camargo, que él podía volver a estar en ese lugar, que era víctima de su propio invento por haber apoyado una fiscalía independiente.
Aquí hay que detenerse un momento y analizar lo que esa frase significa de verdad. víctima de mi propio invento. Son palabras que un hombre dice cuando siente que algo que creó se le fue de las manos. Cuando construyes algo y luego ese algo empieza a actuar por su cuenta sin seguir tus instrucciones, sin obedecer lo que esperabas y entonces te afecta a ti.
Eso produce una mezcla de frustración, de rabia y de una sensación de traición que es difícil de manejar. Pero hay una pregunta que esa frase deja sin responder. ¿Qué esperaba exactamente el presidente de la fiscal que el mismo ternó? Si la independencia judicial es buena por principio, si la autonomía de la fiscalía es un valor democrático que debe defenderse, entonces no puede haber un límite invisible que diga independiente sí, pero no tanto como para tocarme a mí.
Eso es exactamente lo que la frase víctima de mi propio invento reveló sin querer, que la independencia que el presidente celebraba tenía, en su cálculo político, un límite no escrito. Y cuando ese límite fue cruzado, la independencia dejó de ser una virtud y pasó a ser en su narrativa, una traición. Para muchos colombianos de edad, que han visto presidentes de todos los colores y de todas las ideologías a lo largo de sus vidas, esa foto y esas palabras no fueron una novedad absoluta.
Han visto antes a hombres poderosos que cuando la justicia los toca de cerca buscan proyectarse como perseguidos, como mártires, como víctimas de una conspiración. Es un recurso viejo en la política. Lo que sí fue diferente, lo que causó una mezcla de tristeza e incredulidad en muchos.
es que viniera de alguien que durante años prometió que iba a ser diferente. Mientras todo esto ocurría, la figura de Abelardo de la Espriella seguía apareciendo en el discurso presidencial. El presidente en varios momentos trató de conectar a de la Espriella con la fiscal Camargo, como si detrás de las decisiones de la fiscalía hubiera una mano que tiraba de los hilos.
Es importante entender bien por qué el nombre de Deyaella es tan importante en este contexto. De la Espriella es un abogado, un candidato presidencial que viene ganando espacio en las encuestas, un hombre que ha sido muy crítico del gobierno de Petro y que representa para el petrismo una amenaza política real de cara a las elecciones del 2026.
Al vincular el nombre de De la Espriella con la fiscalía, con el esposo de la fiscal, con supuestos pactos ocultos, el presidente estaba matando dos pájaros de un tiro de un lado. Intentaba deslegitimar las investigaciones de la fiscalía presentándolas como movidas políticas orquestadas por un rival. del otro buscaba dañar la imagen de un candidato que le está complicando la vida a su proyecto político.
Pero el problema es que hacer eso desde la presidencia con el poder y la visibilidad que da ese cargo, sin presentar ni una sola prueba verificable, sin mostrar documentos, sin dar nombres concretos con evidencias de respaldo, es una acción muy peligrosa para la salud de un país. La fiscalía salió a decir públicamente que esos vínculos no existían, que no había ninguna relación entre Camargo y de la Espriella, que las investigaciones seguían su curso estrictamente por las pruebas que los fiscales habían encontrado y no por
instrucciones de ningún poder político externo. Y de la espriella, como ya contamos en la historia anterior, también salió a negarlo de frente mirando a la cámara sin titubear en entrevistas en vivo. dijo que no conocía a la fiscal, que no conocía a su esposo, que todo era un invento del presidente para distraer al país.
Pero la semilla de la duda ya había sido sembrada. Y en Colombia, como en muchos países de América Latina, esa semilla tiene un suelo muy fértil, porque la desconfianza en las instituciones es tan vieja que muchos están dispuestos a creer cualquier teoría que suene a complot sin importar si tiene pruebas o no. En toda esta historia hay un personaje que ha sido tratado de formas muy distintas según quien hable de él y cuya situación merece una mirada más cuidadosa.
Ese personaje es el mismo Gustavo Petro, no como presidente, no como político, no como ideólogo, sino como ser humano. Petro viene de una historia dura. Fue guerrillero en su juventud. Estuvo preso, vivió la violencia de cerca, enterró a amigos y compañeros. sobrevivió a amenazas, recibió atentados. Es un hombre que llegó al poder después de décadas de luchar por ello, después de perder elecciones, después de ver como sus proyectos políticos eran aplastados una y otra vez.
Cuando finalmente llegó a la presidencia en 2022, eso representó para millones de colombianos, sobre todo los más pobres, los más excluidos, los que nunca habían visto a alguien como ellos en el palacio presidencial. una esperanza enorme, casi desbordante, pero gobernar es diferente a hacer campaña. Y ahí está el centro del drama que estamos contando.
El Petro que gobernó no siempre fue el Petro que prometió. No porque sea un hombre malo o un criminal, no estamos diciendo eso, sino porque el poder tiene una forma muy particular de distorsionar las promesas, de ir borrando poco a poco las líneas que uno juraba no cruzar, de ir construyendo justificaciones internas para hacer hoy lo que ayer era inaceptable.
El mismo hombre que prometió respetar la separación de poderes empezó a cuestionar cada decisión judicial que lo incomodaba. El mismo hombre que prometió no hacer dedazos en la justicia terminó siendo acusado de haber ternado a alguien con la expectativa de que esa persona lo protegería. El mismo hombre que prometió rodearse de los mejores nombró encargos clave a personas con títulos que no eran válidos.
Eso no lo convierte automáticamente en el peor presidente de la historia, pero sí lo pone en la incómoda posición de tener que responder por la brecha entre lo que dijo y lo que hizo. Una brecha que la fiscalía con sus expedientes silenciosos fue documentando paso a paso. Y lo más triste de todo es que esa brecha no solo lastima la imagen del presidente, lastima a los millones de colombianos que creyeron en él, que pusieron en ese proyecto político sus esperanzas de que algo cambiara de verdad.
que esta vez iba a ser diferente. La gente mayor de este país, la que más ha sufrido los efectos de la desigualdad, la que conoce la pobreza no como estadística, sino como vivencia, la que recuerda lo que era Colombia antes de que Petro llegara. Esa gente merece una respuesta honesta a una pregunta muy simple.
¿Cambió algo? Y la respuesta honesta es complicada porque siempre lo es cuando hablamos de política. Cambió algo, sí, pero no todo lo que se prometió. Y lo que no cambió, lo que se prometió que iba a erradicar para siempre, la corrupción, el favoritismo, la protección de los poderosos, sigue apareciendo una y otra vez en los titulares, vestida con diferentes nombres, pero con el mismo fondo de siempre.
Y mientras los expedientes de la fiscalía siguen creciendo, mientras los procesos avanzan despacio, pero sin detenerse, mientras el presidente sigue twiiteando y la fiscal sigue guardando silencio y acumulando autos, la gente de a pie sigue viendo el espectáculo desde afuera, preguntándose cuándo va a llegar el día en que la ley sea la misma para el gerente de Ecopetrol y para el mensajero que le lleva los documentos.
Esa pregunta, vieja como la República misma, es la que late en el fondo de toda esta historia. Y en la tercera parte de esta crónica vamos a ver lo que todo esto significa para Colombia de aquí en adelante. ¿Qué puede pasar con las investigaciones? ¿Qué está en juego para las elecciones del 2026? ¿Qué queda del proyecto del cambio? Y sobre todo, ¿qué deberían hacer los ciudadanos colombianos para que la justicia deje de ser un instrumento del poder y se convierta de una vez por todas en una garantía para todos?
Porque esta historia no ha terminado, apenas está en la mitad. Hay una imagen que muchos colombianos mayores llevan grabada en la memoria. No es una imagen de televisión ni de periódico. Es una imagen de la vida real, de esas que se quedan pegadas en el corazón sin que uno las busque. Es la imagen de un familiar, un padre, un abuelo, un vecino de toda la vida que trabajó honestamente durante décadas, que pagó sus impuestos, que cumplió las reglas, que nunca se robó nada, que crió a sus hijos con el ejemplo de la
rectitud y que al final de su vida se pregunta con tristeza si valió la pena. Si el que hizo las cosas bien terminó igual o peor que el que las hizo mal. Esa imagen, esa pregunta silenciosa que se hace mucha gente cuando apaga el televisor después de ver las noticias es la que da fondo a todo lo que hemos contado en esta historia.
La pelea entre Gustavo Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo no es solo una disputa entre dos funcionarios poderosos, no es solo un capítulo más de la eterna telenovela política colombiana. Es una pregunta que se le hace al país entero. ¿De verdad queremos justicia igual para todos o solo la queremos cuando conviene? Esa es la pregunta que esta tercera parte intenta responder, no con discursos bonitos ni con frases de político, sino con la honestidad sencilla de quien mira los hechos tal como son.
Para llegar al fondo de lo que está pasando, hay que entender algo que en Colombia nunca se ha resuelto del todo, algo que ha estado presente en cada gobierno, en cada escándalo, en cada promesa incumplida desde que este país se convirtió en república. Ese algo se llama impunidad. La impunidad no es solo que los delitos queden sin castigo, eso sería la consecuencia, la parte visible.
La impunidad tiene raíces más profundas. tiene que ver con la idea muy arraigada en la cultura política colombiana de que hay personas que están por encima de la ley. No porque la ley lo diga, porque la Constitución dice claramente que todos somos iguales ante la ley, sino porque en la práctica, en la vida real, en los pasillos del poder, siempre ha habido una ley para los de arriba y otra para los de abajo.
Los colombianos mayores lo saben muy bien, lo han visto con sus propios ojos. Han visto políticos que se robaron fortunas y siguieron de salón en salón, de cargo en cargo, sin que nadie los tocara. Han visto empresarios que destruyeron comunidades enteras y terminaron recibiendo contratos del Estado como si nada.
Han visto paramilitares que cometieron crímenes horrorosos y terminaron en cárceles con comodidades. Han visto narcotraficantes que negociaron con el gobierno y salieron a seguir haciendo lo mismo. Con otras palabras, cada vez que eso pasaba, el mensaje para la gente común era el mismo. Las reglas son para los de abajo. Los de arriba tienen sus propias reglas, sus propios jueces, sus propios acuerdos.
Entonces, cuando llegó el gobierno de Petro en 2022, muchos de esos colombianos que han visto tanto y han sufrido tanto, pusieron una esperanza muy grande en ese cambio. No todos, no era una esperanza universal. Había quienes desconfiaban desde el principio. Pero si una parte importante del país, sobre todo los más pobres, los más excluidos, los que más han sido golpeados por esa desigualdad histórica, creyeron que por fin había llegado alguien que iba a romper ese patrón.
que iba a demostrar que nadie está por encima de la ley, ni los ricos, ni los poderosos, ni los que han mandado siempre. Y lo que estamos viendo ahora con este conflicto entre el presidente y la fiscalía es la prueba más dura de si esa promesa era real o era solo una promesa de campaña. Más una de esas que se pronuncian con pasión en las plazas públicas y se olvidan cuando el poder empieza a ejercerse.
De verdad, el caso de Ricardo Roa es el más revelador de todos. El que mejor resume la contradicción que estamos describiendo. Roa fue imputado formalmente por la fiscalía. Las razones ya las contamos. Irregularidades en la financiación de la campaña, posible tráfico de influencias. No son cargos menores, no son cositas de trámite, son cargos que en cualquier país con instituciones fuertes habrían obligado a esa persona a apartarse de su cargo, mientras se investiga no como señal de culpa, sino como señal de respeto a las instituciones y a la ciudadanía.
En Colombia, cuando un alcalde de un municipio pequeño es investigado por algo, lo suspenden mientras dure el proceso. Cuando un concejal tiene una queja encima, la Procuraduría puede pedirle que se aparte. Cuando un empleado del gobierno de nivel medio tiene un problema legal, lo normal es que le pidan que deje el cargo mientras se aclara todo.
Pero Ricardo Roa siguió como presidente de Ecopetrol con imputación encima, con investigaciones abiertas, con el nombre en los titulares. Siguió despachándose en la empresa más importante del país, tomando decisiones que afectan la economía nacional, firmando contratos, manejando recursos que son de todos los colombianos.
Y el presidente no solo lo dejó en el cargo, lo defendió, lo protegió públicamente, le puso un escudo político que decía, sin decirlo con palabras, pero diciéndolo con hechos. Este hombre no se va porque yo no lo voy a dejar ir. Esa decisión tiene consecuencias que van más allá de Roa o de Ecopetrol. tiene consecuencias para la imagen del Estado colombiano ante el mundo, para los inversionistas que miran a Colombia y evalúan si es un lugar confiable para poner su dinero.
Para los trabajadores de Copetrol que quieren saber si la empresa en la que trabajan está bien gestionada o si está siendo usada como herramienta de protección política, pero sobre todo tiene consecuencias para la gente común, para el pensionado que tiene sus ahorros de toda la vida en un fondo que invierte en Ecopetrol. Para el trabajador petrólero que vive de esa empresa, para el colombiano de a pie, que cada vez que paga el combustible o la factura de energía está contribuyendo de alguna forma al sustento de esa gigante empresa,
ellos merecían que el gobierno actuara diferente. Merecían que alguien dijera, “Las instituciones por encima de las lealtades personales.” Merecían que se les demostrara que el gobierno del cambio es de verdad diferente a todos los anteriores. No solo en el discurso, sino en los hechos. No lo vieron. Ahora hay que hablar de algo que mucha gente pregunta en los barrios, en los mercados, en las parroquias, en los sitios donde la gente común se reúne a hablar de lo que está pasando en el país.
La pregunta es esta, ¿la fiscal luz Adriana Camargo es buena o es mala? Y la respuesta honesta es que esa no es la pregunta correcta. La fiscal no es un personaje de novela que se clasifica entre buenos y malos. Es una funcionaria pública que tiene una responsabilidad enorme, dirigir la institución encargada de investigar los delitos en Colombia.
Una institución que tiene más de 25,000 funcionarios, que maneja miles de casos al mismo tiempo, que investiga desde el robo de una tienda de barrio hasta los crímenes más complejos del narcotráfico internacional. Lo que sí se puede decir y lo que los hechos permiten decir es que Camargo ha tomado decisiones que ningún fiscal anterior se habría atrevido a tomar con tanta claridad.
frente al gobierno de turno. Investigar a la asesora de más confianza del presidente, investigar al gerente de la campaña que lo llevó al poder, abrir procesos contra sus exministros. Eso no es lo que históricamente han hecho los fiscales colombianos cuando el presidente que los ternó sigue en el poder.
No es que los fiscales anteriores fueran todos malos o todos corruptos. Algunos hicieron cosas importantes, pero la presión política en Colombia siempre ha sido enorme y muchos fiscales aprendieron a navegar esas presiones con cuidado, evitando las aguas más revueltas, dejando para después lo que podía generarles conflictos con el gobierno. Camargo, al menos hasta ahora, ha elegido otro camino.
ha elegido avanzar con los expedientes, aunque eso le genere ataques, aunque el presidente la señale en redes sociales, aunque la llamen traidora o enemiga del cambio, eso merece reconocimiento, no porque ella sea perfecta ni porque cada decisión que ha tomado sea necesariamente la correcta, sino porque mantener la independencia institucional bajo esa presión no es fácil.
Y aquí hay una lección importante para Colombia. La independencia judicial no debe depender de la valentía personal de quien dirige la fiscalía. No puede ser que si tenemos un fiscal valiente las cosas funcionen y si tenemos uno cobarde todo se caiga. La independencia debe estar estructuralmente garantizada.
debe estar protegida por leyes, por mecanismos institucionales, por una cultura política que la respete sin importar quién esté en el poder. Mientras eso no exista, mientras la fiscalía dependa de que su director tenga el tempel suficiente para resistir las presiones, vamos a seguir viviendo en la incertidumbre de no saber si la justicia va a funcionar o no dependiendo de las circunstancias del momento.
Y en medio de todo esto, hay otro elemento de esta historia que no se puede ignorar. El tiempo, el calendario político de Colombia. Estamos en el año 2026. Las elecciones presidenciales se acercan. El mandato de Gustavo Petro está llegando a su fin. No puede reelegirse. La Constitución es clara en ese punto, pero si puede dejar un heredero político, puede intentar que su proyecto continúe, puede trabajar para que el próximo gobierno sea una continuación del suyo.
Y en ese contexto, todo lo que está pasando con la fiscalía adquiere un peso político enorme que es imposible separar del peso jurídico. Porque si las investigaciones contra Ricardo Roa avanzan y terminan en una condena, eso le da un golpe muy duro a la legitimidad de la campaña que llevó a Petro al poder y por extensión a todo el proyecto político del petrismo.
Si los procesos contra los exministros generan resultados concretos, si quedan demostradas irregularidades graves en el manejo de los recursos del Estado durante este gobierno, eso se convierte en argumento electoral para todos los que quieren un cambio de dirección. Por eso el presidente necesita que estas investigaciones no lleguen a ningún lado o que al menos no lleguen antes de las elecciones.
Por eso la presión sobre la fiscal no es solo personal o emocional, es estratégica. Es una presión que tiene un objetivo político muy concreto, debilitar la credibilidad de los procesos para que sus efectos no contaminen la campaña del candidato del petrismo y Abelardo de la Espriella, cuyo nombre el presidente ha mencionado tantas veces en relación con la fiscal, es la pieza opuesta en ese tablero.
es el candidato que más amenaza representa para los planes del petrismo de cara al 2026, el que está punteando en las encuestas, el que ha retado a Iván Cepeda a debatir y no ha recibido respuesta. Entonces, lo que parece una pelea entre el presidente y sus fiscal es también visto desde otro ángulo, el inicio de una batalla electoral disfrazada de disputa institucional, una batalla en la que se están usando todos los recursos disponibles, el poder presidencial, las redes sociales, los discursos, las acusaciones sin pruebas
para intentar controlar el relato que los colombianos van a tener en la cabeza cuando lleguen a las urnas. Pero más allá de la política, más allá de los candidatos y las encuestas, hay algo mucho más fundamental que esta historia nos pone sobre la mesa. Algo que afecta no solo a los colombianos de hoy, sino a los que van a venir después de nosotros.
Ese algo es la pregunta de qué tipo de país queremos ser. Queremos ser un país donde la ley se aplica de verdad, de manera igual, sin importar el apellido, ni el cargo ni la ideología del que está siendo investigado. Un país donde un presidente que prometió la independencia judicial la defiende incluso cuando esa independencia le duele.
Un país donde un funcionario cuestionado tiene el honor de apartarse voluntariamente mientras se aclara su situación. Un país donde los ciudadanos pueden confiar en que las instituciones trabajan para ellos y no para proteger al poder. O queremos seguir siendo el país de siempre, el que tiene leyes bonitas escritas en papel, el que en los discursos habla de democracia y transparencia, pero que en la práctica sigue funcionando con la lógica de que el que manda protege a los suyos y la ley es para los que no tienen palanca.
Esa no es una pregunta fácil de responder y no se responde con palabras. Se responde con hechos con las decisiones que toman los presidentes, los funcionarios, los jueces, los fiscales, los periodistas y también los ciudadanos comunes cuando van a votar, cuando exigen cuentas, cuando se informan, cuando no se dejan manipular.
Hablemos de los colombianos de a pie, de los que no tienen cargo, no tienen escolta, no tienen nombre en los periódicos, los que se levantan temprano a trabajar, los que llevan a sus hijos al colegio con sacrificio, los que pagan sus impuestos sin que nadie les dé las gracias, los que respetan las reglas, aunque no siempre les sea fácil.
¿Qué les dice esta historia? les dice que el sistema todavía no funciona igual para todos, que hay gente que puede estar imputada por la fiscalía y seguir manejando la empresa más grande del país sin que nadie le diga nada. ¿Qué hay gente que puede haber llegado a cargos del gobierno con papeles irregulares y la respuesta del poder es defenderla, no investigarla? que hay un presidente que prometió que las cosas iban a ser diferentes y que cuando la justicia tocó a su círculo, respondió exactamente igual que todos
los que él siempre criticó. Pero también les dice algo más esperanzador, aunque sea pequeño, que hay una fiscal que está haciendo su trabajo, que está siguiendo las pruebas a donde las pruebas llevan, que no está guardando los expedientes incómodos en un cajón. Y eso en un país con la historia institucional de Colombia es algo que no se puede dar por sentado.
La pregunta es si eso va a durar, si esa independencia va a sobrevivir la presión política, si el sistema va a permitir que los procesos lleguen a su conclusión natural o si algo o alguien va a intervenir para desviarlos, atracarlos o simplemente dejarlos morir de inanición en algún despacho olvidado. Esa incertidumbre, esa sensación de que nunca se sabe si la justicia va a llegar o no.
Es uno de los daños más profundos que la política colombiana le ha hecho a su gente. El daño no es solo la injusticia concreta de cada caso. El daño es la resignación, la desconfianza crónica, el para qué, el aquí, eso nunca cambia, que muchos colombianos llevan en el corazón desde hace generaciones. Y romper ese ciclo, salir de esa resignación exige más que una fiscal independiente o un proceso bien llevado.
exige un cambio cultural y político que tome años, que pase por la educación, por la formación de ciudadanos que exijan más y que no se conformen con menos, por líderes que cuando lleguen al poder recuerden las promesas que hicieron. Hay algo que vale la pena decir sobre el legado que Gustavo Petro está construyendo en estos últimos meses de su gobierno, no como juicio definitivo, sino como reflexión honesta.
Petro llegó al poder con una historia personal que inspiraba a millones. sobrevivió la violencia, aguantó la persecución, resistió cuando todo estaba en contra, luchó durante décadas por unas ideas que creía verdaderas. Eso no es poca cosa. En un país donde a los líderes populares muchas veces los matan antes de que lleguen a algún lado, el solo hecho de haber llegado a la presidencia representó algo simbólico enorme y durante su gobierno hizo cosas que merecen reconocerse.
Impulsó reformas que ningún gobierno anterior se había atrevido a tocar. Puso sobre la mesa temas que siempre estuvieron debajo de la alfombra. Le habló al país de sus deudas históricas con los más pobres, con los excluidos, con los que nunca habían tenido voz en las decisiones grandes. Pero también es verdad que su gobierno tuvo errores graves, contradicciones dolorosas, promesas que no se cumplieron y en algunos casos comportamientos que se parecían demasiado a los de los gobiernos que él tanto criticó.
El conflicto con la fiscalía es el ejemplo más claro de esa contradicción. No porque Petro sea necesariamente culpable de los delitos que se investigan. Eso es algo que los jueces determinarán, sino porque la forma en que respondió a esas investigaciones, atacando a la fiscalía, sembrando dudas sobre la fiscal, protegiendo a los suyos sin importar las evidencias, fue exactamente lo que él siempre señaló como la conducta de los gobiernos corruptos y antidemocráticos.
Cuando uno dice una cosa y hace otra, cuando el espejo devuelve una imagen diferente a la que uno espera ver, eso produce una crisis de credibilidad que es muy difícil de reparar. Y esa crisis que hoy afecta al gobierno de Petro también afecta a todos los que creyeron en él, a todos los que pusieron su esperanza en ese proyecto, a todos los que pensaron que esta vez sí iba a ser diferente.
Eso duele. Y es importante reconocer que duele, no con cinismo ni con él, se los dije, de los que nunca creyeron, sino con la honestidad de quien entiende que la política en Colombia tiene una larga historia de promesas rotas y que cada promesa que se rompe hace más difícil la próxima vez que alguien venga a pedir confianza.
Hay una figura en esta historia que merece una mención especial más allá de los protagonistas principales. Es una figura invisible que no tiene nombre en los titulares, que no da ruedas de prensa ni publica en redes sociales. Es la figura del ciudadano colombiano común el que ve todo esto desde afuera. En Colombia hay millones de personas que cada mañana se levantan antes del amanecer a trabajar.
Hay campesinos que cultivan la tierra con sus manos. Hay vendedores ambulantes que recorren las ciudades con sus carritos. Hay madres cabeza de familia que trabajan en casas ajenas y también sostienen la suya. Hay adultos mayores que con su pensión pequeña ayudan a sostener a sus hijos y nietos porque el desempleo no para.
Esas personas no tienen tiempo para seguir cada detalle de los expedientes de la fiscalía ni de los trinos del presidente, pero si sienten en su vida diaria los efectos de que el Estado funcione bien o mal. Cuando los recursos del gobierno se malgastan o se roban, ellos sienten que los hospitales no tienen medicinas. Cuando los cargos se dan a personas sin los méritos necesarios, ellos sienten que la gestión pública es mala y los servicios no funcionan.
Cuando la justicia protege a los poderosos y castiga a los débiles, ellos sienten que el país no es de ellos, sino de otros. Esas personas son las verdaderas víctimas de esta historia. No el presidente que pelea con su fiscal en redes sociales. No el gerente de Ecopetrol que sigue en su cargo con imputación encima.
Las víctimas son los colombianos comunes que necesitan que el Estado funcione, que la justicia sea justa y que los que llegan al poder lo usen para servir y no para protegerse. Ellos merecen más que esta pelea de egos y de poder. Merecen un gobierno que cumpla las reglas que les exige a los demás. Merecen una justicia que no tenga dos velocidades.
Merecen un país donde la honestidad tenga recompensa y la corrupción tenga consecuencias. Y mientras ese país no llegue, mientras sigamos viendo los mismos patrones una y otra vez con diferentes caras, esas personas van a seguir levantándose antes del amanecer, trabajando duro, pagando sus impuestos, criando a sus hijos con el ejemplo de la honradez y preguntándose en silencio si algún día algo va a cambiar.
Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué le toca a cada quien en este momento? Al presidente Gustavo Petro le toca algo que tal vez sea lo más difícil para cualquier ser humano que ha llegado al poder. Reconocer que la reglas que el mismo impulsó, la independencia judicial que el mismo celebró, también le aplican a él, no como castigo, no como derrota, sino como la demostración más poderosa de que en realidad creyó en lo que prometió.
Si hay investigaciones abiertas contra personas de su círculo, lo que corresponde no es atacar a la fiscalía. Lo que corresponde es dejar que los procesos sigan su curso, apartar a las personas cuestionadas de sus cargos mientras duren las investigaciones y demostrarle al país que para este gobierno las instituciones son más importantes que las lealtades personales.
Eso sería un acto de grandeza, no de debilidad, como algunos en el gobierno podrían creer, sino de la grandeza real que se necesita para gobernar un país difícil y complejo como Colombia. A los candidatos presidenciales del 2026, a todos sin excepción, no solo a los de la oposición, sino también al candidato del petrismo.
Les corresponde entender que Colombia está cansada de las promesas vacías sobre la justicia y la transparencia. El país ha escuchado esas promesas demasiadas veces. Lo que quiere ver ahora son compromisos concretos, mecanismos específicos, propuestas reales para fortalecer la independencia de la fiscalía, para garantizar que los procesos no se detengan cuando el que está siendo investigado tiene poder político, para asegurar que los cargos del Estado los ocupen personas con los méritos necesarios y no con los contactos correctos. A los periodistas y a los
medios de comunicación les corresponde seguir haciendo su trabajo con rigor y sin miedo. Esta historia, la del conflicto entre Petro y la fiscal Camargo, ha sido cubierta con valentía por algunos medios colombianos. Eso es fundamental en una democracia. El periodismo no es el enemigo del poder, pero tampoco puede ser su aliado incondicional.
Su papel es informar, cuestionar, mostrar lo que el poder quiere ocultar y hacerlo con rigurosidad, con pruebas, con el respeto que los ciudadanos merecen. Y a los ciudadanos, a los colombianos comunes, a los adultos mayores que han visto tanto en su vida, a los jóvenes que están construyendo su futuro, a todos sin excepción, les corresponde lo más importante de todo. No resignarse.
No resignarse a que la justicia sea siempre diferente según quien sea el acusado. No resignarse a que los poderosos siempre encuentren la forma de escapar. No resignarse a que las promesas de los políticos sean solo palabras de campaña que se evaporan en cuanto llegan al poder. No resignarse a la cultura del para que de aquí eso nunca cambia porque Colombia puede cambiar.
Ha cambiado en muchas cosas a lo largo de su historia. Ha superado momentos que parecían insuperables. Ha encontrado caminos donde parecía no haber ninguno y tiene millones de ciudadanos honrados, trabajadores, valientes, que quieren un país mejor y que están dispuestos a construirlo. Pero para eso hace falta exigir.
Hace falta votar con conciencia, no con camiseta. Hace falta informarse y no dejarse manipular por los relatos que los políticos construyen para confundir. Hace falta defender las instituciones, no porque sean perfectas, sino porque son lo que tenemos. Y sin instituciones fuertes no hay democracia posible. Esta historia que hemos contado en tres partes no tiene un final definitivo todavía.
Los procesos de la fiscalía siguen abiertos. Ricardo Roa sigue en Ecopetrol. Los expedientes de los exministros siguen en marcha. El presidente sigue en la casa de Nariño. La fiscal sigue en el búnker trabajando en silencio. El desenlace de todo esto lo va a escribir Colombia en los próximos meses. Lo van a escribir los jueces con sus fallos.
Lo van a escribir los ciudadanos con sus votos. Lo van a escribir los periodistas con sus investigaciones. Lo van a escribir los políticos con sus decisiones. Lo van a escribir los colombianos comunes con su paciencia, su resistencia y su capacidad de no perder la esperanza, aunque el panorama a veces sea muy difícil.
Lo que sí es claro, lo que esta historia deja sin lugar a dudas es que Colombia está en un momento bisagra, un momento en que las decisiones que se tomen ahora en los próximos meses, en las próximas elecciones, van a marcar el camino del país por muchos años. Si se permite que la presión política destruya la independencia de la fiscalía, si se normaliza que un presidente ataque a la justicia cuando esta lo incomoda, si se acepta como normal que los funcionarios cuestionados se queden en sus cargos porque tienen el
escudo del poder, entonces Colombia habrá dado un paso hacia atrás en su construcción democrática que va a ser muy difícil de recuperar. Pero si la ciudadanía exige, si los candidatos se comprometen de verdad con instituciones fuertes, si la justicia resiste la presión y llega a donde tiene que llegar, si el próximo gobierno entiende que la independencia judicial no es una amenaza, sino una garantía, entonces este momento doloroso puede convertirse en el punto de partida de algo mejor.
Colombia ha tenido antes esas oportunidades y las ha desperdiciado. Ojalá esta vez sea diferente. Ojalá los que vienen después de nosotros puedan decir que en este momento difícil el país eligió bien. Eso es lo que le debemos a los que vinieron antes, a los que trabajaron toda su vida creyendo que valía la pena, a los que sembraron sin ver la cosecha, a los viejos y a las viejas que aún oíen las noticias con el café en la mano y siguen esperando que algo cambie.
De verdad, ellos se lo merecen. Colombia se lo merece. Y entonces le dejamos a usted, querido amigo, querida amiga, que nos ha acompañado en esta historia desde el principio. Una pregunta para pensar esta noche, ¿cuándo se siente a descansar después de un día largo? ¿Usted cree que en Colombia algún día la justicia va a ser igual para todos? para el presidente y para el ciudadano de a pie, para el gerente de Ecopetrol y para el vendedor de la esquina, para el que tiene poder y para el que no tiene nada. ¿O cree que
ese día todavía está muy lejos? Déjenos su respuesta en los comentarios. Queremos escuchar su voz porque en este canal la voz que más importa es la de la gente honesta, la de los colombianos de verdad, los que aman a este país, aunque a veces este país les duela. No olvide suscribirse al canal y compartir este vídeo con sus familiares y amigos, porque esta historia la tiene que conocer todo Colombia.
