La historia de las naciones rara vez se escribe en las plazas públicas bajo la luz del sol; por el contrario, sus capítulos más oscuros y determinantes suelen redactarse en la penumbra de acuerdos privados, en conversaciones de sobremesa donde las máscaras caen y las verdaderas ambiciones quedan al desnudo. La política mexicana, marcada históricamente por el misterio y la traición, acaba de sumar un episodio que hiela la sangre por su nivel de cálculo y frialdad. A través del testimonio del periodista Ramón Alberto Garza, hoy se abre una ventana indiscreta hacia la mente de quien prometió transformar a México, revelando una estrategia que explica, paso a paso, la profunda crisis institucional, de seguridad y de militarización que atraviesa el país.
Esta no es una simple anécdota de pasillo; es la disección de una promesa rota, la crónica de una claudicación moral y el relato de cómo las fuerzas armadas de una nación entera fueron, presuntamente, seducidas y neutralizadas no con la fuerza de los ideales, sino con el peso abrumador del dinero. Es un viaje a las entrañas de un sistema donde la línea que separa al Estado del crimen organizado se ha vuelto imperceptible.
Para comprender la magnitud de esta revelación, debemos situarnos en el contexto de un México que venía arrastrando años de violencia, corrupción y un profundo hartazgo social. Los ciudadanos, agotados por los abusos del pasado, buscaban desesperadamente una figura que representara la antítesis del sistema político tradicional. En ese caldo de cultivo, se erigió la figura del candidato que prometía devolver al ejército a los cuarteles, pacificar el país y gobernar con una honestidad inquebrantable. Sin embargo, las palabras pronunciadas en la intimidad de un restaurante en Saltillo demuestran que el plan real era diametralmente opuesto a la narrativa que enamoró a millones en las plazas públicas.
La comida en el restaurante “Don Artemio” no fue un encuentro casual. Ramón Alberto, quien en aquel entonces mantenía una estrecha amistad con Andrés Manuel López Obrador, relata cómo el propio candidato lo buscó para compartir el pan, la sal y, sin saberlo, los secretos más profundos de su estrategia de poder. En medio de la plática, surgió una pregunta que suele definir la psique de cualquier líder: “¿A qué político admiras? ¿Cómo quién quisieras ser?”. La respuesta fue inmediata y sorprendente: Salvador Allende, el histórico presidente chileno.
Admirar a Salvador Allende tiene connotaciones profundas. Representa la lucha social, la transformación desde las bases y el desafío al establecimiento oligárquico. Pero la fascinación del candidato mexicano no se detenía en el romanticismo de la figura de Allende; iba acompañada de un análisis frío y calculador sobre su trágico final. La reflexión que siguió a esa declaración es la clave de bóveda para entender el México contemporáneo. El candidato advirtió que Allende cometió un error fatal: intentó realizar cambios estructurales y mover todo el sistema sin sentarse previamente a negociar con las fuerzas armadas. Ese descuido, según su visión, fue lo que permitió la traición de Augusto Pinochet.
“A mí no me va a pasar eso”, sentenció el entonces candidato. “Yo primero voy a sentarme con el ejército, los voy a poner de mi lado porque si no, no voy a poder hacer lo que quiero hacer”. En ese instante, la promesa de campaña de desmilitarizar al país quedó reducida a cenizas en una mesa de restaurante. La estrategia no era alejar a los militares del poder civil, sino cooptarlos, absorberlos y convertirlos en cómplices estructurales de su proyecto político. Era una maniobra preventiva para asegurar la lealtad absoluta, un blindaje contra cualquier posible disidencia interna.
Pero, ¿cómo se compra la lealtad de una institución tan hermética y poderosa como el ejército mexicano? Ramón Alberto es contundente en su conclusión: no fue mediante el convencimiento ideológico o la alineación de valores democráticos. La lealtad se compró a “billetazos”. Según el testimonio, el histórico y respetado verde olivo de los uniformes militares fue reemplazado simbólicamente por el verde de los dólares. Se les entregó poder económico, control de aduanas, construcción de megaproyectos y presupuestos multimillonarios sin rendición de cuentas. Se les quitó el blindaje institucional que los limitaba a la disciplina puramente castrense para convertirlos en administradores del Estado.
Esta metamorfosis de las fuerzas armadas tiene consecuencias devastadoras para el tejido social y la seguridad nacional. Al otorgarles tanto poder y recursos, el gobierno no solo silenció a los generales, sino que los hizo partícipes de un sistema que, de manera simultánea, ha permitido la expansión sin precedentes del crimen organizado. Y aquí es donde el relato se vuelve aún más sombrío, conectando la militarización con la historia negra del narcotráfico en México.
La conversación expone una cruda realidad que los mexicanos han sospechado durante años, pero que rara vez se articula con tanta crudeza: la guerra contra las drogas en México ha sido, en gran medida, una farsa sangrienta. Una coreografía macabra donde el Estado no combate al crimen organizado para erradicarlo, sino para administrarlo y favorecer a grupos específicos dependiendo del sexenio en curso.
El análisis del caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, ilustra perfectamente esta dinámica. La narrativa oficial de aquella época nos hablaba de un combate frontal contra los cárteles. Sin embargo, la revelación indica que el objetivo de García Luna era uno y solo uno: limpiarle el territorio a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las espectaculares capturas y los operativos militares que llenaban los noticieros no eran golpes al narcotráfico en su totalidad, sino ataques quirúrgicos contra los enemigos del Cártel de Sinaloa, como los hermanos Beltrán Leyva. El Estado operaba como el brazo armado de un cártel para ayudarle a consolidar un monopolio criminal.
Esta política de favoritismo explica cómo “El Chapo” Guzmán logró fugarse durante la administración de Vicente Fox y, a lo largo de doce años de gobiernos panistas, pasó de ser un reo evadido a figurar en las prestigiosas listas de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta. El Estado no falló en capturarlo; el Estado triunfó en protegerlo y enriquecerlo. La guerra no era contra las drogas, era contra la competencia.
La llegada de Enrique Peña Nieto al poder no significó un retorno a la legalidad ni una limpieza de las instituciones. Según el principio de que “cada sexenio tiene su propio jefe de capos”, el gobierno priista simplemente cambió de bando. La caída final del Chapo Guzmán no fue un acto de justicia ciega ni un triunfo de la honestidad institucional. Fue un movimiento estratégico para desplazar al Cártel de Sinaloa y abrirle la puerta de par en par a una nueva organización hegemónica: el Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. La sangre siguió corriendo, pero ahora bajo el patrocinio de un nuevo acuerdo político-criminal.
Con estos antecedentes, la sociedad mexicana depositó sus esperanzas en el movimiento de López Obrador, creyendo ingenuamente que el ciclo de complicidad entre el poder político y el poder criminal llegaría a su fin. Ramón Alberto confiesa haberse puesto en la fila de los ingenuos, aquellos que pensaron que el nuevo líder, al haber sufrido las injusticias del sistema, cerraría la brecha de desigualdad y gobernaría con rectitud. Sin embargo, la realidad ha superado cualquier pesadilla.
Lo que está ocurriendo en el régimen actual, según las voces expertas de esta conversación, no tiene precedentes. Ya no se trata de un gobierno que pacta bajo la mesa con un cártel para mantener cierta paz mafiosa, ni de funcionarios corruptos operando a espaldas del presidente. La acusación es mucho más grave: se ha consolidado un verdadero “narcogobierno”. La etiqueta de narcopolíticos se ha adherido de manera indeleble a las estructuras del Estado. La colusión es tan evidente y descarada que incluso a nivel internacional, figuras como Donald Trump han sugerido clasificar a estos actores como terroristas.
El nivel de descomposición ha escalado a límites inimaginables porque se ha institucionalizado la extorsión y el cobro de piso desde las propias estructuras gubernamentales. El testimonio de un empresario serio y legal, que recientemente acudió a Estados Unidos para declarar y detallar la red de corrupción, es espeluznante. Este empresario, que no se dedica al robo de combustible (huachicol), sino que importa productos de manera legal respaldados por Pemex, enfrenta un panorama de extorsión sistemática.
Por cada pipa de combustible legal que transita por el territorio nacional, las autoridades exigen una cuota de 500 dólares. Y no se trata de criminales armados en caminos vecinales; los cobradores son la Guardia Nacional, las policías estatales, los alcaldes y los gobernadores. Todos participan en este festín de corrupción, imponiendo un sobreprecio brutal que hace imposible operar negocios de manera legítima. El Estado ha asimilado las tácticas del crimen organizado, operando como el cártel más grande e institucionalizado del país.
Ante este panorama desolador, donde las fuerzas de seguridad exigen cuotas ilegales y protegen a los capos de turno, surge una pregunta ineludible y llena de tensión histórica: ¿De qué lado está realmente el ejército? La militarización del país, planeada desde aquella comida en Saltillo, ha puesto a las fuerzas armadas en el centro del huracán político y criminal. Obligados a compartir el poder y, en muchos casos, los negocios con un gobierno señalado por sus vínculos con el narcotráfico, los militares enfrentan una crisis de identidad profunda.
El análisis revela que no existe un solo ejército, sino dos fuerzas que cohabitan bajo el mismo uniforme. Por un lado, está el ejército coludido, aquellos mandos que fueron seducidos por el dinero, los contratos sin licitación y la impunidad, quienes actúan como facilitadores de la red de corrupción gubernamental y criminal. Por otro lado, sobrevive el ejército institucional, compuesto por hombres y mujeres de armas que juraron lealtad a la patria, que respetan su uniforme y que observan con profunda frustración y vergüenza cómo la institución es arrastrada por el lodo de la narcopolítica.
