Sin embargo, una investigación periodística posterior revelaría que había obtenido sus títulos en esa institución en tan solo dos cursos académicos gracias a una convalidación extraordinaria que sus detractores calificarían de irregular. Con ese bagaje en el bolsillo y sobre todo con el poderoso apellido que le daba su vinculación con la familia real, Urdangarí se lanzó al mundo empresarial.
En 2003 se asoció con Diego Torres, un antiguo profesor suyo en ESADE, experto en estrategia corporativa y patrocinio. Juntos tomaron el control de una pequeña asociación llamada Instituto de Investigación Aplicada, que rebautizaron con un nombre que muy pronto se haría tristemente famoso. Lo llamaron Instituto Nos.
Un nombre que sonaría inocente, un nombre que escondería lo que vendría después. El Instituto Nos comenzó presentándose al mundo como una organización sin ánimo de lucro. Su misión declarada era promover el deporte, el turismo y el desarrollo social a través de eventos y congresos. En el papel todo sonaba impecable.
En la práctica, lo que Urdangarín y Torres construyeron fue algo muy diferente. La clave del negocio era simple en su concepto, aunque sofisticada en su ejecución. Ordangarín era yerno del rey de España. Eso le abría puertas que permanecían cerradas para cualquier otro empresario del país. Presidentes de comunidades autónomas, directores generales de turismo y deporte, funcionarios de alto rango.
Todos querían sentarse a la mesa con el hombre que tenía acceso directo a la familia real. Y Urdangarín lo sabía, lo utilizó. Entre los años 2004 y 2006, el Instituto NOS firmó convenios millonarios con el gobierno de las Islas Baleares y con la Generalidad Valenciana para organizar foros internacionales sobre turismo y deporte.
El Gobierno Balear, presidido en aquel momento por Yaume Matas del Partido Popular, pagó 2,300,000 € por dos congresos que la organización prometió organizar. La Generalidad Valenciana aportó su parte. En total, el dinero público que fluyó hacia el Instituto NOS superó los 5,800,000 € Dinero del contribuyente español. Dinero que debía financiar eventos de interés general, Wikipedia.
Pero cuando los investigadores comenzaron a examinar esos eventos, la imagen que encontraron era perturbadora. Uno de los foros celebrado en Palma de Mallorca en noviembre de 2005 duró apenas 3 días y tuvo una repercusión mínima. Por esa actividad, el gobierno Balear había pagado 1,200,000 € No había justificación real para ese precio.
No había concurso público, no había competencia. Había un hombre con un apellido poderoso y funcionarios dispuestos a firmar. Wikipedia. La arquitectura del fraude, que el juez y los fiscales irían desentrañando, era más compleja de lo que aparentaba en la superficie. El Instituto NOS no era un organismo aislado, era la punta visible de una red societaria diseñada para mover el dinero público hacia los bolsillos privados de quienes la controlaban.
Wikipedia. Alrededor del instituto se crearon múltiples empresas satélite, NOS, consultoría estratégica, The Goes Center for Stakeholder Management, Virtual Strategies, hay más intuitation, nombres en varios idiomas, estructuras societarias en distintas jurisdicciones y entre todo es arquitectura empresarial, una sociedad que llamó especialmente la atención de los investigadores.
Se llamaba Aon y era de propiedad conjunta de Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina. A través de esa sociedad, que figuraba como empresa de gestión y consultoría, el dinero del instituto NOS llegaba también a las cuentas personales de la pareja. Entre los años 2004 y 2007, Urdangarín recibió directamente 747,889 € de la inmobiliaria AON.
Su socio Torres recibió cantidades similares a través de las otras sociedades y el Instituto, que era supuestamente una entidad sin fines lucrativos, había cobrado millones de euros de fondos públicos por trabajos que, según los peritos, en muchos casos nunca se realizaron o se ejecutaron a precios completamente alejados de la realidad del mercado.
Mientras tanto, la vida exterior de los duques de Palma seguía siendo brillante. Actos sociales, viajes, residencias de lujo. En sus correos electrónicos privados, que más tarde se convertirían en prueba judicial, Urdangarí firmaba con una jactancia que revelaría mucho de su carácter.
Se hacía llamar a sí mismo, con zorna y desparpajo, el duque en palma do. una broma privada que resumía, sin saberlo, la distancia que empezaba a crecer entre su imagen pública y la realidad que se cosía debajo. En el año 2006 algo cambió. Quizás fue la acumulación de rumores, quizás fueron los primeros artículos periodísticos que comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre los contratos del instituto NOS.
Lo cierto es que desde la casa real llegó un mensaje en Ñakiurdangarín a través de un intermediario, un abogado amigo del rey llamado José Manuel Romero Moreno. El mensaje era claro. Debía abandonar formalmente la presidencia del instituto NOS. Urdangarín obedeció en las formas. En junio de 2006 dejó oficialmente la presidencia de la Fundación NOS y aceptó nuevos cardos dentro del mundo corporativo, principalmente en Telefónica.
la gran empresa de telecomunicaciones española, donde fue nombrado consejero de Telefónica Internacional en Barcelona. Era un movimiento calculado para alejar su nombre de cualquier sospecha y de paso para dotarlo de un salario millonario que justificara su elevado nivel de vida. Pero lo que la casa real no sabía o no quería saber es que Urdangarín no había abandonado nada.
Lo que había abandonado era solo la apariencia. Las operaciones del instituto nos siguieron, los contactos con las administraciones públicas continuaron. Los negocios que ya estaban en marcha no se detuvieron. Su socio, Diego Torres, lo explicaría años después en el juzgado con una precisión escalofriante. La recomendación de la casa real de Claro Torres era que se cubrieran las apariencias, pero no que no pudiera seguir estando detrás de los proyectos.
Y así durante dos o tres años más, el entramado siguió funcionando. El público veía a un ex deportista convertido en ejecutivo respetable. Los jueces, cuando llegara el momento, verían algo completamente diferente. En agosto de 2009, Iñayangarín y la infanta Cristina pusieron rumbo a Washington. Él había sido ascendido a consejero y presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica y Estados Unidos con un suendo anual que rondaba el millón de euros.
La familia entera se trasladó a la capital estadounidense. Para muchos era la prueba de que Urdangarí había encontrado su camino fuera del ruido español. Para los investigadores que trabajaban en silencio en Palma de Mallorca, era simplemente la siguiente página de una historia que todavía tenía mucho que decir. Ese mismo año, en el verano de 2007, un descubrimiento aparentemente ajeno había activado una maquinaria judicial que tardaría años en detenerse.
El nuevo gobierno Balear, presidido por el socialista francés Antique, encontró al asumir el poder un descuadre contable gigantesco en las cuentas del Palma Arena, un polideportivo recién inaugurado. La instalación había costado 110 millones de euros, pero su precio de licitación original era de 43 m000000. El escándalo que estalló con ese hallazgo se conoció como el caso Palmarena.
Y al excavar en las cuentas de ese caso, el juez instructor José Castro encontró un hilo que no debería haber estado ahí, un hilo que llevaba directamente al Instituto NOS y a sus contratos con el gobierno Balear. Wikipedia. El 22 de julio de 2010, el juez Castro abrió formalmente una pieza separada del caso Palmarena. Su objetivo era investigar los convenios firmados entre el gobierno Balear y el Instituto NOS.
Era el primer paso oficial de lo que se convertiría en el mayor escándalo de la historia reciente de la monarquía española. Urtangarin en Washington todavía vivía ajeno a lo que se acercaba o quizás no tan ajeno. Wikipedia. El 7 de noviembre de 2011 fue el día en que España despertó. Ese día agentes de la Policía Nacional registraron las oficinas del Instituto NOS en Barcelona, así como el domicilio particular de Diego Torres en la misma ciudad.
Los periódicos comenzaron a publicar las primeras informaciones detalladas sobre el caso y el nombre de Ñakiur Dangarin, exduque de palma, yerno del rey, campeón olímpico, empezó a circular en contextos que nadie habría imaginado pocos años antes. Wikipedia. El impacto fue inmediato y devastador. La casa real reaccionó con un comunicado que en su sobriedad institucional era en realidad un terremoto.
A partir de aquel diciembre de 2011, Iñaki Urdangarín quedó apartado de todos los actos oficiales de la familia real porque su comportamiento, según las palabras del palacio, no era ejemplar. Era la primera vez en la historia reciente de la monarquía española que un miembro de la familia, aunque fuera por vía matrimonial, era públicamente repudiado por la institución.
El 29 de diciembre de 2011, el juez José Castro levantó el secreto del sumario e imputó formalmente Iñakiurdangarí. Los cargos eran los más serios que se pueden imaginar para un civil en el sistema penal español. evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos.
El autojudicial detallaba que Urdangarín y su socio Torres habían percibido en total 5,800,000 € del Instituto NOS, obtenidos a su vez de los gobiernos valenciano y Balear. El rey Juan Carlos I, en su discurso navideño de ese mismo mes pronunció una frase que el país entero escuchó sabiendo perfectamente a quién iba dirigida.
“La justicia, dijo el rey, es igual para todos.” Wikipedia. El 25 de febrero de 2012, Iñai Urdangarí se sentó ante el juez Castro en Palma de Mallorca. La declaración duró más de 22 horas. extendida durante el día 25 y la madrugada del 27. Más de 200 periodistas entre nacionales e internacionales acreditados afuera del juzgado.
Cámaras de Alasira, de televisoras latinoamericanas, de periódicos alemanes, franceses y británicos. El mundo entero miraba ese juzgado pequeño en una isla mediterránea española. Wikipedia. Lo que Udangarín declara ese día. respondía una estrategia jurídica clara. Negó conocer la existencia de las empresas creadas para desviar fondos públicos.
Culpó a su socio Diego Torres de las irregularidades. Exculpó a la infanta Cristina de cualquier conocimiento o participación en los negocios y reveló que el propio rey Juan Carlos le había pedido que se desvinculara de sus actividades empresariales. era una declaración cuidadosamente construida para minimizar el daño propio y proteger a los que estaban cerca de él, especialmente a su esposa.
Pero Torres no estaba dispuesto a convertirse en el único culpable. Cuando le llegó su turno ante el juez, el excio de Ordangarín pintó un cuadro completamente diferente. afirmó Purdangarin seguía detrás de los proyectos, incluso después de haber abandonado formalmente la presidencia del Instituto. Que la infanta Cristina era consciente de los negocios y participaba en ellos como miembro de la junta directiva y que la instrucción de la casa real no era que abandonara los negocios, sino que se cuidaran las apariencias.
Dos versiones radicalmente opuestas. dos hombres que antes eran socios y ahora se apuntaban el uno al otro con todo lo que tenían. En los meses que siguieron, el caso se fue expandiendo como una mancha de aceite sobre el papel. Diego Torres entregó al juzgado en varias tandas a lo largo de 2012 y 2013 una serie de correos electrónicos que se convirtieron en el arma más poderosa de la acusación.
En esos mensajes aparecían nombres que iban más allá de Urdangarín y Torres. El secretario privado de las infantas, Carlos García Revenga. Referencias a Corina Sain Bitgenstein, descrita como amiga entrañable del rey Juan Carlos. Comunicaciones que sugerían que el conocimiento de los negocios del Instituto NOS llegaba mucho más arriba de lo que la versión oficial quería admitir.
La prensa internacional no dejaba de publicar. El diario alemán Su Deutchet Saitong tituló uno de sus artículos con las palabras vergüenza real. El New York Times escribió que un juez imputaba a la princesa de España por fraude fiscal. Cuando la infanta Cristina fue llamada a declarar la BBC, Lemont, la República, todos cubrían el proceso con una atención que convertía cada sesión judicial en un acontecimiento de alcance global. Wikipedia.
En enero de 2013, la casa real borró de su sitio web la página que correspondía a Ordangarín como miembro de la familia real. Su nombre y su fotografía desaparecieron del catálogo oficial. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por su parte, tomó la decisión unánime de cambiar el nombre de una céntrica vía de la ciudad que desde 1998 se llamaba Ramla de los Duques de Palma.
Una ciudad le había quitado el nombre, una institución la había borrado de sus registros y el juicio todavía no había comenzado. Wikipedia. En abril de 2013, el juez Castro dio un paso que nadie en el país esperaba con tanta contundencia. Imputó a la infanta Cristina de Borbón por presunta apropiación indebida de fondos públicos.
Era la primera vez en la historia constitucional española que un miembro directo de la familia real era llamado a declarar ante un juez como imputada. El país entró en un debate jurídico, político y emocional de una intensidad que no tenía precedentes modernos. Wikipedia. La reacción fue inmediata y polarizada.
La Fiscalía Anticorrupción, que había llevado el caso hasta ese punto, se opuso a la imputación de la infanta, argumentando que no existían pruebas sólidas de su participación directa en los delitos. La Audiencia Provincial de Baleares bloqueó temporalmente esa imputación. El juez Castro y el fiscal Pedro Orrach chocaron públicamente en un enfrentamiento que rivalizó en espectacularidad con el propio juicio.
Llegó un momento en que Jorch pidió una vista para hacer valer la posición de la fiscalía, mientras que el juez acusaba al fiscal de actuar con una docilidad institucional que comprometía la independencia judicial. Finalmente, en enero de 2014, el juez Castro volvó a imputar a la infanta Cristina, esta vez por delito fiscal y blanqueo de capitales.
La Audiencia de Palma confirmó en noviembre de ese año la imputación por delito fiscal, aunque no por blanqueo. Así, la hermana del rey de España, madre de cuatro hijos, figura hasta entonces inmaculada de la familia real, quedó formalmente acusada y citada a sentarse en el banquillo de los acusados junto a su marido. El proceso judicial más importante de la historia reciente de la monarquía española estaba a punto de comenzar.
Wikipedia. El 11 de enero de 2016, con más de 5 años de instrucción judicial a sus espaldas, el caso NOS llegó por fin a la fase de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Baliares. Era un proceso que el país había estado esperando con una mezcla de morbo, indignación y una extraña esperanza en la justicia.
En el banquillo se sentaron 18 acusados, entre ellos Iñaki Urdangarín, su exocio Diego Torres, el expresidente Balear Yaume Matas y la infanta Cristina de Borbón, la primera miembro de la familia real española en comparecer como acusada ante un tribunal en toda la historia constitucional del país. El fiscal Pedro Ratch pidió para Ulangarín 19 años y medio de prisión, para Torres 16 años.
Para la infanta Cristina no presentó ninguna acusación, una decisión que generó controversia y que la organización Manos Limpias aprovechó para ejercer como acusación popular, solicitando 8 años de cárcel para ella. Los tres magistrados que presidían el tribunal eran tres mujeres, lo que no pasó desapercibido en un caso que tocaba instituciones y poderes, generalmente dominados por hombres.
Durante el juicio, Urdangarín mantuvo su postura de ignorancia y negación. declaró no conocer los detalles del funcionamiento del entramado empresarial que él mismo había creado. Afirmó que su papel había sido principalmente representativo y que era Torres quien gestionaba los detalles financieros. Sus declaraciones generaron incredulidad entre los fiscales y comentaristas jurídicos, pero en los procesos penales la incredulidad no equivale a condena.
Para eso hacían falta pruebas y las pruebas en este caso eran abundantes. El 17 de febrero de 2017, tras casi 8 meses de deliberaciones y más de 6 años de investigación, las tres magistradas de la Audiencia Provincial de Palma leyeron la sentencia que el país había esperado. La sala estaba llena. Los medios de comunicación de todo el mundo habían enviado corresponsales afuera del edificio judicial, grupos de ciudadanos aguardaban con pancartas y carteles.
BBC. Iñaki Ururdangarin fue declarado culpable de prevaricación continuada en concurso con falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, de fraude a la administración pública, de tráfico de influencias y de dos delitos contra la hacienda pública. La pena impuesta fue de 6 años y 3 meses de prisión más 7 años y un mes de inhabilitación especial y una multa de 513,553 € con68timos.
Su socio Diego Torres recibió 8 años y 6 meses. El expresidente Yaume Matas 3 años y 8 meses. El diario. La infanta Cristina fue absuelta por unanimidad de los dos delitos fiscales de los que la acusaba manos limpias, aunque el tribunal la condenó como partícipe a título lucrativo al pago de 265,088 € Para la corona española, la absolución de la infanta fue un alivio, pero para el conjunto de la institución la condena de su yerno era una herida que no iba a cerrarse fácilmente.
Burdangarin anunció que recurriría a la sentencia ante el Tribunal Supremo. El capítulo final del proceso todavía no había llegado. El diario. El Tribunal Supremo tardó más de un año en resolver el recurso. El 12 de junio de 2018, la sala segunda del alto tribunal publicó la sentencia firme. Urdangarín no podría seguir apelando.
No habría más instancias. La condena quedaba fijada en 5 años y 10 meses de prisión, ligeramente reducida respecto a la de la audiencia por la absolución del delito de falsedad en documento público. Pero en lo esencial, la sentencia era la misma, culpable a prisión. Lo que siguió fue uno de los momentos más crudamente simbólicos de toda la historia.
El 18 de junio de 2018, Iñai Urdangarín se convirtió en el primer pariente directo del rey de España en ingresar en prisión tras un proceso judicial. El campeón olímpico, el abanderado de España en Sydney, el hombre que había cargado la bandera nacional ante el mundo, entró en la cárcel de Brieva, un centro penitenciario de mujeres ubicado en la provincia de Ávila, en Castilla y León.
En la imagen era imposible de ignorar por su fuerza simbólica. Brievas una cárcel de mujeres y Urdangarín fue asignado módulo de aislamiento dentro de ella, un detalle que los medios de comunicación no pasaron por alto. El hombre que había sido duque se convirtió en recluso. el que había compartido mesa con reyes tenía ahora un número de expediente y la institución a la que había estado vinculado por matrimonio durante más de 20 años miraba hacia otro lado con la incomodidad de quien no puede deshacer lo que ya está
hecho. RTV en la vida dentro de la prisión de Brieva fue desde el principio objeto de una tensión mediática sin precedentes. Urdangariña era diferente a cualquier otro preso que hubiera pasado por aquellos muros. Su historia, su apellido político, su conexión con la familia real hacían de él un fenómeno periodístico que no necesitaba hacer nada para traer los focos. RTV.
E durante los primeros meses en prisión, Urdangarín no hizo declaraciones públicas. Trabajó dentro de la cárcel, cumplió con las normas penitenciarias. En enero de 2021 obtuvo permiso para realizar actividades de voluntariado en la ONG, el hogar de Donorione, una organización dedicada a atender personas con discapacidad en Pozuelo de Alarcón, municipio de la Comunidad de Madrid.
Las imágenes que circularon de él en ese contexto, trabajando en una organización de ayuda social generaron debates encontrados. Algunos veían en ellas el principio de una rehabilitación genuina, otros las consideraban una cenificación cuidadosamente administrada. RTVE en enero de 2022 accedió a la libertad condicional.
Había cumplido dos tercios de su condena, condición necesaria según la legislación penitenciaria española para acceder a ese beneficio. Se trasladó a Vitoria, la ciudad donde había pasado parte de su infancia. y allí comenzó a trabajar en un bufete de abogados. Era un giro extraño y cargado de ironía para un hombre que había sido condenado precisamente por ignorar la ley durante años.
Pero las ironías en esta historia no terminaban con su salida de prisión, porque lo que le esperaba fuera de los moros de Brieva era otra pérdida que de un modo diferente resultaría igual de definitiva. RT rtve. Mientras Ordangarin cumplía su condena, su matrimonio con la infanta Cristina se fue deshaciendo en silencio. Durante años, la infanta había mantenido públicamente su apoyo a su marido.
Estuvo en las audiencias, siguió siendo mencionada como su esposa, pero las grietas eran cada vez más visibles para quienes seguían de cerca la historia familiar. En enero de 2022, pocas semanas después de que Urdangarin accediera a la libertad condicional, los medios de comunicación publicaron fotografías del exduque paseando en actitud íntima con Ainoa Armentia, una compañera de trabajo del bufete vitoriano.
Las imágenes dieron la vuelta al país en cuestión de horas. La infanta Cristina, a través de un comunicado lacónico que ella misma firmó, confirmó lo que las fotografías insinuaban. Su matrimonio había terminado. RTVE, 24 años de matrimonio, cuatro hijos, un proceso judicial que había durado más de una década, una condena de prisión y al final la separación.
La infanta Cristina retomó el apellido Borbón como su identidad pública principal, distanciándose del apellido Urdangarín, que durante años había cargado con el peso del escándalo. En el año 2023 el divorcio se hizo oficial. Otro capítulo cerrado con una pérdida. Urdangarin había perdido ya sus títulos, su libertad, y ahora también a la mujer con quien había construido una vida que durante años pareció invulnerable al tiempo y a la adversidad.
El 9 de abril de 2024, Iñaki Urtangarín quedó libre a todos los efectos. Su condena estaba extinguida. 5 años y 10 meses de cárcel, más un periodo de libertad condicional, más los años de voluntariado y reintegración social habían llegado a su fin legal. Pero la libertad jurídica no devuelve lo que el tiempo y la justicia se llevaron.
Sus antecedentes penales seguirán vigentes durante al menos 5 años más, siempre que no vuelva a delinquir. En ese periodo, la ley española le impide acceder a determinados trabajos, ser miembro de un jurado popular, realizar ciertas actividades de voluntariado o incluso tener determinadas razas de perros consideradas peligrosas. RTV E.
El hombre que el 16 de febrero de 2004 había sido nombrado vicepresidente primero del Comité Olímpico Español, el que había ganado gran cruces de tres países, el que había paseado por los pasillos del palacio de la zarzuela como si fueran los corredores de su propia casa, era ahora un ciudadano con antecedentes penales que debía reconstruir su vida desde cero.
Wikipedia. Esa reconstrucción implicaba también aceptar lo que el caso había revelado sobre su propia historia, porque el proceso judicial no solo había destruido su imagen pública, había expuesto ante el mundo entero una serie de decisiones tomadas en silencio, de acuerdos firmados en palacios, de dinero público desviado a través de fundaciones que prometían el bien común.
Cada uno de esos actos había sido un ladrillo en el muro de su caída y ahora con el muro derrumbado quedaba la pregunta que pocas veces se formula en voz alta sobre los grandes escándalos. ¿Cuándo comenzó realmente el error? Wikipedia. Hay un detalle en esta historia que a menudo queda sepultado bajo el peso de los datos judiciales y los mundos económicos del fraude.
Y es el impacto que el caso NOS tuvo sobre la monarquía española en su conjunto. Una institución que para bien o para mal definió una parte importante de la identidad política de ese país. Wikipedia. El escándalo llegó en un momento particularmente delicado para la imagen del rey Juan Carlos I. En el mismo año en que el caso Noos acaparaba los titulares, el rey protagonizó otro episodio que sacudió la opinión pública española, un viaje de cacería de elefantes en Botswana, realizado mientras España atravesaba una de las peores crisis
económicas de su historia reciente. Se convirtió en noticia mundial cuando Juan Carlos I sufrió una caída y tuvo que ser repatriado con una fractura de cadera. La combinación de ese episodio con el escándalo de su yerno resultó devastadora para la popularidad de la institución. Wikipedia. El 3 de junio de 2014, el rey Juan Carlos I anunció su opticación en favor de su hijo, el príncipe Felipe.
Fue una decisión que muchos analistas vincularon directamente con el deterioro de la imagen de la corona, parcialmente causado por el caso Noos. El rey que había guiado a España a través de la transición democrática después del franquismo y que había jugado un papel clave en la noche del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, abandonaba el trono con una imagen seriamente dañada, en parte por el comportamiento de su propio yerno, en parte por las preguntas sobre qué sabía la casa real y cuándo lo supo.
Wikipedia. El nuevo rey Felipe VI tomó una de sus primeras decisiones simbólicamente más contundentes en junio de 2015, cuando revocó a su hermana Cristina el uso del título de duquesa de Palma de Mallorca. Era la marca definitiva de una ruptura institucional. El rey había trazado una línea. El escándalo había llegado demasiado lejos como para que la corona simplemente esperara que el tiempo lo borrara.
Wikipedia. En 2026, Iñaki Urdangarin publicó sus memorias. El libro se tituló Todo lo vivido. Un título que, visto desde afuera cardaba con todo el peso de una historia que muy pocas personas en el mundo podrían igualar en términos de gloria alcanzada y abismo recorrido. El campeón olímpico que fue abanderado de su país, el yerno que entró en la familia más antigua de España, el empresario que construyó un entramado de fraude con el escudo invisible de un apellido real.
El acusado que se sentó en el banquillo mientras el mundo lo miraba, el preso que entró en una cárcel de mujeres con su número de expediente. El hombre libre que salió sin el matrimonio, sin los títulos, sin la imagen que había tardado décadas en construir. Wikipedia. La historia de Iñaki Urdangarín no es solo la historia de un hombre que eligió mal, es también la historia de un sistema que permitió esas elecciones durante demasiado tiempo, de instituciones que miraron hacia otro lado, de funcionarios que firmaron
contratos millonarios porque el nombre que encabezaba la propuesta abría puertas que la razón debería haber mantenido cerradas. Es la historia de cómo el poder cuando no encuentra límites se convierte en su propio veneno. Wikipedia. Hoy con sus antecedentes penales todavía activos, con su matrimonio disuelto y con cuatro hijos que llevan el peso silencioso y apellidos que durante años fueron noticia, Iñaki Ururdangarin es un hombre que ha vivido dos vidas completamente distintas dentro de una sola.
La primera construida sobre el esfuerzo genuino de un deportista excepcional y coronada con la gloria de quien fue elegido para cargar la bandera de su país. La segunda, construida sobre decisiones que él mismo y sus colaboradores tomaron en silencio en salas de reunión y correos electrónicos privados, creyendo quizás que ciertos apellidos los hacían intocables, creyendo, como tantos antes que él que las reglas que rigen a los demás no estaban escritas para quienes se sientan cerca de una corona.
RTVE.
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