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FRANCO: los últimos 40 días — lo que su familia no quiere que sepas

No era un formalismo, era dentro del ordenamiento jurídico del régimen un acto de poder personal del jefe del Estado. Y Franco firmó, hay documentos, hay fotografías de esos documentos. Los originales existen en los archivos. Lo que los peritos que han examinado esas firmas han señalado y aquí los registros divergen lo suficiente como para exigir precisión es que la firma en esos documentos del 27 de septiembre presenta características que la diferencian de la firma habitual de Franco en documentos de meses anteriores. El tamaño es menor. El trazo

tiene irregularidades que van más allá del temblor esperado por el Parkinson. La presión sobre el papel es inconsistente de una manera difícil de atribuir solo la enfermedad conocida. Los peritos no se ponen de acuerdo en qué significan exactamente esas diferencias. La pericia caligráfica tiene limitaciones reales como disciplina y sería deshonesto presentar esas observaciones como conclusión definitiva.

Pero hay algo que sí es definitivo. En el momento en que Franco firmó esas sentencias, su estado médico documentado por Pozuelo, confirmado posteriormente por otros miembros del equipo, era ya lo suficientemente grave como para que su capacidad de comprender completamente lo que estaba firmando fuera como mínimo una pregunta que alguien debería haber hecho en voz alta.

Nadie la hizo. O si alguien la hizo, no hay registro de que se respondiera. Siempre había alguien en esa habitación cuando firmó el ayudante de campo, algún familiar, algún funcionario. Quien estuviera presente, no ha dado nunca una declaración completa sobre las circunstancias de esas firmas. No hay acta de lo que Franco dijo o no dijo antes de firmarlas.

No hay registro de que se le leyeran los documentos en voz alta. No hay evidencia de que se evaluara su comprensión del contenido. La firma existe, las ejecuciones ocurrieron y el hombre que firmó estaba tres semanas después en cama con un equipo médico que crecía de 20 hacia 32. La reacción internacional a las ejecuciones del 27 de septiembre fue de una intensidad que el régimen subestimó.

México rompió relaciones diplomáticas con España. 15 países europeos retiraron temporalmente sus embajadores de Madrid. En varias capitales, entre ellas Lisboa y París, se produjeron ataques contra instalaciones diplomáticas españolas. El Papa Paulo VI hizo un llamamiento personal a Franco pidiendo clemencia antes de que se ejecutaran las sentencias.

Un llamamiento que llegó y que no fue atendido. El Vaticano, que había sido durante décadas uno de los pilares de legitimidad del régimen, quedó en una posición de distancia pública sin precedentes desde la guerra civil. El régimen respondió organizando la concentración del 1 de octubre en el Palacio de Oriente. La presentó como una demostración de respaldo popular frente a la campaña de desprestigio internacional y sacó a Franco al balcón.

Ese balcón fue la última vez que la mayoría de los españoles vieron a su caudillo vivo. Lo que vino después ocurrió detrás de las paredes del Po, filtrado a través de partes médicos redactados con la misma lógica propagandística que había regido la información oficial durante 36 años. Había un hombre que seguía esos partes con una atención de naturaleza muy diferente a la del ciudadano común que escuchaba la radio por la mañana.

Juan Carlos de Borbón tenía 37 años en octubre de 1975 y era príncipe de España desde 1969 cuando Franco le había designado sucesor a título de rey ante las cortes franquistas, saltando por encima de los derechos dinásticos de su propio padre, don Juan de Borbón. era el heredero de un sistema político que nadie en Europa occidental tomaba ya en serio y que dentro de España tenía cada vez menos capacidad de generar adhesión entre las generaciones que no habían vivido la guerra. Lo que Juan Carlos hizo durante

esas semanas de octubre y noviembre de 1975 requiere ser descrito con precisión porque hay dos versiones radicalmente distintas que han circulado durante décadas y ninguna de las dos es completamente honesta. La versión oficial de la transición, la que se enseñó en los colegios durante generaciones y que tiene mucho de verdad, pero no toda, presenta a Juan Carlos como el artífice casi solitario de la apertura democrática, actuando con convicción personal frente a las resistencias del búnker franquista.

La versión contraria, que predomina en ciertos sectores críticos, lo presenta como un operador puro al servicio de intereses externos, principalmente norteamericanos, sin convicción democrática propia. Los hechos documentados de esas semanas sugieren algo más complicado y más interesante que cualquiera de esas dos narrativas.

Torcuato Fernández Miranda era en octubre de 1975 presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del Reino y también el hombre que había sido tutor político de Juan Carlos durante años y que conocía la arquitectura legal del régimen mejor que nadie vivo. En privado, Fernández Miranda y Juan Carlos llevaban tiempo trabajando en algo que en esos meses de agonía de Franco se convirtió en prioridad urgente.

encontrar el mecanismo legal que permitiera transformar el régimen desde dentro de su propia legalidad, sin ruptura formal, sin que los sectores duros del ejército y del búnker franquista tuvieran un pretexto para intervenir. La fórmula que Fernández Miranda acuñó pasar de la ley a la ley era una proeza jurídica de una elegancia que solo puede apreciarse completamente cuando se entiende lo estrecho que era el margen en que operaba.

Pero mientras esa arquitectura se construía en despachos y en conversaciones privadas, había otra dimensión del proceso que ocurría escala diferente. El 29 de octubre de 1975, Henry Kissinger aterrizó en Madrid. Era secretario de Estado de los Estados Unidos, el arquitecto de la política exterior norteamericana en uno de los periodos más intensos de la Guerra Fría.

Un hombre que en ese mismo año había gestionado la caída de Saigón y que llevaba años operando en América Latina consecuencias que la historia ha juzgado con dureza creciente. Kissinger se reunió con Juan Carlos, hecho documentado, no hay acta pública de esa reunión, pero el contexto es suficientemente elocuente por sí solo.

España tenía en su territorio bases militares norteamericanas fundamentales para la estrategia de la OTAN. El tratado de amistad y cooperación entre España y Estados Unidos, firmado en 1953 y renovado en 1970, era una pieza clave de la arquitectura defensiva occidental. Kissinger llegó a Madrid cuando Franco llevaba días clínicamente fuera de combate, cuando era cuestión de semanas o incluso días que el trono cambiara de ocupante y se reunió con el hombre que iba a sentarse en ese trono.

Fue una evaluación. Kissinger necesitaba saber qué tipo de gobernante iba a ser Juan Carlos, calibrar si el proceso que se avecinaba iba a producir estabilidad o caos, si España iba a seguir siendo una pieza fiable en el mapa occidental o si el vacío postfranco iba a crear oportunidades para la izquierda o en el peor escenario desde Washington para el Partido Comunista, que era en esa época uno de los mejor organizados de Europa occidental, aunque operara en la clandestinidad.

Juan Carlos le convenció. Eso es evidente por lo que siguió. El apoyo norteamericano al proceso de transición fue consistente, discreto y efectivo. No fue el único factor. Probablemente ni siquiera fue el más importante. Pero existió. Y existió porque en esa reunión del 29 de octubre, mientras Franco todavía respiraba en el pardo y el régimen emitía sus partes diarios, el futuro rey de España ya estaba negociando el futuro de España con la potencia que más directamente podía afectarlo. Hay una imagen que sirve para

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