En el complejo y a menudo turbulento escenario de la política contemporánea, existe una tendencia casi natural a buscar culpables más allá de nuestras fronteras. Es una táctica política tan antigua como efectiva: cuando la casa se incendia desde adentro, lo más sencillo es señalar al vecino y acusarlo de haber arrojado una chispa. Recientemente, hemos sido testigos de un despliegue retórico formidable centrado en el intervencionismo extranjero. Lo escuchamos resonar con fuerza en los discursos de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a multitudes enarboladas, y lo leímos en las misivas del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se nos pide que miremos hacia el norte, que nos indignemos ante el imperialismo y que cerremos filas en nombre de una soberanía herida. Sin embargo, aceptar esta narrativa de forma acrítica no solo sería un ejercicio de ceguera voluntaria, sino una negación profunda y peligrosa del problema de fondo que hoy nos tiene arrodillados como sociedad.
Para comprender la magnitud de la crisis actual, es imperativo realizar un ejercicio de memoria y honestidad brutal. Debemos desentrañar la narrativa oficial y mirar de frente las decisiones que nos han traído hasta este punto de quiebre. Y al hacerlo, descubriremos una verdad incómoda: la crisis de seguridad, violencia y corrupción que asfixia a nuestra nación no fue impuesta por potencias extranjeras, ni fue el resultado de un complot internacional. Esta crisis tiene el sello inconfundible de “Hecho en México”. Fue manufacturada en los despachos del poder nacional, diseñada a través de políticas públicas fallidas y tolerada mediante pactos inconfesables.
El epicentro de este desastre nacional se encuentra en una frase que definió todo un sexenio: “Abrazos, no balazos”. Esta política, que en su momento fue vendida como una estrategia humanista y pacificadora, terminó convirtiéndose en el símbolo de la claudicación del Estado. No fue una imposición del Fondo Monetario Internacional ni de la Casa Blanca. Fue una directriz puramente interna, concebida y defendida obstinadamente por Andrés Manuel López Obrador. La decisión consciente y sistemática de no combatir de frente al crimen organizado, de replegar a las fuerzas del orden y de evitar las incautaciones estratégicas, generó un vacío de poder que fue rápidamente llenado por los cárteles.
Negar que en nuestro territorio se produjera fentanilo, a pesar de la evidencia abrumadora de los laboratorios clandestinos que operaban a plena luz del día, fue otra decisión soberana y profundamente destructiva. Al negarse a reconocer el problema, el gobierno federal renunció a solucionarlo, permitiendo que las organizaciones criminales expandieran su poderío económico y logístico a niveles nunca antes vistos. El responsable de esta parálisis institucional tiene nombre y apellido. Fue bajo la administración de López Obrador que el Estado mexicano decidió mirar hacia otro lado mientras el país se teñía de sangre.
Pero la tragedia no se limita a la inacción; también se extiende a la acción directa y a las designaciones políticas que empoderaron a perfiles oscuros. Fue una decisión de López Obrador enviar a Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, un movimiento que trajo consigo nombramientos inexplicables y aterradores. La colocación de Hernán Bermúdez Requena como secretario de seguridad estatal en esa entidad es un ejemplo paradigmático de la podredumbre interna. Hablamos de un individuo señalado como líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”, una organización dedicada sistemáticamente al tráfico de drogas, la tortura, la extorsión y el robo de combustibles. Que un perfil con estos antecedentes haya sido encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos es una muestra palpable de cómo el crimen organizado logró infiltrarse en las más altas esferas de la administración pública con el aval del gobierno federal.
Y si hablamos de robo de combustibles, es imposible ignorar lo que constituye el mayor escándalo de corrupción documentado en la historia reciente del país: el llamado “huachicol fiscal”. La administración pasada construyó su popularidad sobre la promesa de erradicar la corrupción y limpiar las aduanas. Para ello, López Obrador tomó la decisión sin precedentes de militarizar los puertos y entregar el control absoluto de las aduanas a la Secretaría de Marina. La promesa era que la disciplina militar blindaría estos recintos contra el fraude. La realidad fue diametralmente opuesta. Fueron los propios funcionarios designados por la administración quienes orquestaron un fraude monumental, permitiendo la entrada de millones de litros de combustible sin declarar, evadiendo el pago de impuestos por sumas astronómicas. Este desfalco a la nación no fue orquestado por agentes extranjeros; fue un saqueo interno, perpetrado por aquellos que juraron proteger el patrimonio nacional.
La metástasis de la narcopolítica es, quizás, el legado más sombrío de la pasada administración. No podemos ni debemos ignorar que una parte significativa de los gobernadores que hoy se encuentran bajo la lupa, enfrentando acusaciones penales en tribunales internacionales o siendo señalados periodísticamente por sus vínculos indisolubles con el crimen organizado, llegaron al poder arropados por la estructura política de López Obrador. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es el más visible y alarmante, pero no es el único. En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla gobierna una entidad donde amplias zonas territoriales están bajo el control absoluto de grupos armados. La entrega del poder político a personajes complacientes con la criminalidad fue una estrategia electoral que resultó exitosa en las urnas, pero catastrófica para la viabilidad del país.
Durante seis años, la sociedad mexicana fue testigo de una serie de mensajes profundamente ambiguos enviados desde Palacio Nacional hacia las cúpulas del crimen. La orden de liberar a Ovidio Guzmán durante el tristemente célebre “Culiacanazo” rompió un paradigma fundamental: demostró que el Estado podía ser doblegado mediante la fuerza e intimidación. Las seis visitas presidenciales al municipio de Badiraguato, cuna de los capos más notorios de nuestra historia, bajo justificaciones de infraestructura que a nadie convencían, enviaron un mensaje de deferencia que no pasó desapercibido para nadie. Escuchar a un jefe de Estado declarar públicamente que las organizaciones criminales se habían “portado muy bien” durante los procesos electorales, o presenciar el saludo deferente a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, minó la moral de las fuerzas armadas y dejó a los ciudadanos en un estado de indefensión psicológica absoluta.
En un contraste brutal, la energía y los recursos del Estado que debieron utilizarse para desarticular a los cárteles, se invirtieron obsesivamente en desacreditar a la oposición política, en estigmatizar a la prensa crítica y en desmantelar a las organizaciones defensoras de derechos humanos. El aparato de comunicación gubernamental se convirtió en una maquinaria de demolición de la disidencia, mientras los verdaderos enemigos de la nación consolidaban sus imperios de terror. Toda esta arquitectura de impunidad y simulación, reitero, fue diseñada, aprobada y ejecutada desde el corazón político de México.
El nivel de degradación institucional ha llegado a extremos que parecen sacados de una novela negra. Volvamos la mirada nuevamente a Sinaloa, un estado que se ha convertido en el microcosmos del colapso nacional. Fue la propia Fiscalía estatal, controlada férreamente por el oficialismo afín al gobernador Rocha Moya, la que tomó la decisión criminal de ocultar la verdad sobre el brutal asesinato de Héctor Melesio Cuén, su principal enemigo político. Con una frialdad espeluznante, las autoridades recogieron el cuerpo y organizaron un montaje burdo y perverso para hacer creer a la sociedad que la muerte había sido el resultado de un asalto fortuito en una gasolinera.
Es vital destacar que el desmantelamiento de esta mentira no provino de una investigación periodística independiente o de una agencia extranjera. Fue la propia Fiscalía General de la República, una institución pilar de la actual administración gubernamental, la que expuso el teatro, demostrando que la Fiscalía local había fabricado la escena del crimen. Y a pesar de esta revelación oficial, el resultado ha sido un silencio atronador. Nadie ha sido detenido. Ningún alto funcionario ha sido llamado a rendir cuentas por encubrir un asesinato político. La impunidad, avalada desde la cúpula, reina suprema.
Cuando hablamos de la tragedia nacional, las cifras son tan masivas que corren el riesgo de perder su significado humano. Sin embargo, es nuestro deber repetirlas hasta el cansancio. Fueron más de doscientos mil homicidios dolosos los que marcaron el sexenio pasado. Son más de ciento treinta mil personas desaparecidas, una cifra que equivale a borrar del mapa a ciudades enteras. Cada uno de estos números representa una silla vacía en una mesa familiar, una madre que escarba la tierra con sus propias manos buscando a su hijo, y una vida truncada por la barbarie. No fue el gobierno de los Estados Unidos ni ninguna otra potencia extranjera quien apretó el gatillo o cavó las fosas clandestinas. Fue la tolerancia de nuestro propio Estado la que permitió esta carnicería histórica.
A la par de la destrucción de la paz social, hemos sido testigos de una erosión sistemática de las instituciones democráticas. López Obrador fue el arquitecto de un asedio implacable contra los organismos autónomos que fueron creados durante décadas de lucha ciudadana para servir como contrapesos al poder presidencial. La reciente y controvertida reforma judicial, diseñada no para mejorar la impartición de justicia sino para someter al poder judicial a la voluntad del ejecutivo, es el golpe de gracia a la separación de poderes. A esto se suma la cooptación y el sometimiento de las autoridades electorales, elementos que hoy están ahuyentando las inversiones extranjeras, generando volatilidad económica y degradando profundamente nuestros estándares democráticos a los ojos del mundo.
Es en este paisaje de ruinas institucionales y sociales donde asume el poder la presidenta Claudia Sheinbaum. Estrictamente hablando, y siendo justos con la línea del tiempo, ella no fue la autora intelectual de la destrucción. Ella heredó un país en llamas, un territorio fragmentado y una economía lastrada por la incertidumbre jurídica. De hecho, al inicio de su mandato, existió un genuino atisbo de esperanza en amplios sectores de la sociedad. El nombramiento de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública y el anuncio de un aparente cambio de estrategia que prometía recuperar las labores de inteligencia y los operativos focalizados, fue celebrado como un paso hacia la racionalidad.
Sin embargo, la luna de miel ha sido breve y la terca realidad ha impuesto sus condiciones. Hoy, los problemas acumulados han comenzado a estallar con una violencia inusitada, y la presidenta Sheinbaum ya es absoluta y totalmente responsable de cómo su gobierno está reaccionando ante estas crisis. La herencia dejó de ser una excusa en el momento en que decidió abrazar las mismas prácticas de negación y protección política que caracterizaron a su antecesor.
Sheinbaum es responsable, en primer y principal lugar, de la inacción flagrante ante las graves acusaciones internacionales. Mantener el manto de protección sobre el gobernador Rubén Rocha Moya y figuras como Enrique Inzunza, quienes han sido señalados directamente en una corte del distrito sur de Nueva York por haberse aliado presuntamente con la facción de “Los Chapitos”, es una decisión política que la compromete. Escudarse en el endeble argumento de que “no hay pruebas”, mientras las acusaciones formales avanzan en tribunales que no están sujetos a la presión política mexicana, significa en la práctica una defensa pública e institucional de personajes bajo sospecha severa.
Esta responsabilidad se extiende a la terrible crisis de derechos humanos. El actual gobierno ha optado por continuar con la política de minimizar y, en muchos casos, negar abiertamente el problema de las desapariciones forzadas. La alteración de los registros y padrones de personas desaparecidas es una segunda desaparición administrativa que revictimiza a las familias. Peor aún, la administración ha rechazado con altivez la ayuda técnica y humanitaria que pretendía brindar el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Este falso nacionalismo, que prefiere esconder a sus muertos antes que aceptar ayuda internacional para encontrarlos, es una mancha indeleble en la autoridad moral del Estado.
La indiferencia gubernamental también ha costado vidas de servidores públicos valientes. Es responsabilidad directa del actual gobierno haber ignorado, de manera sistemática y negligente, los desesperados llamados de auxilio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Durante meses, Manzo denunció la extorsión asfixiante y el asedio del crimen organizado sobre su municipio. Rogó por la intervención de las fuerzas federales a través de múltiples canales, incluyendo espacios mediáticos. El Estado lo dejó solo, y en noviembre del año pasado, fue brutalmente asesinado. Su sangre mancha las manos de una burocracia que prioriza la lealtad política sobre la protección de sus ciudadanos.
